Colombia | Liberan a los 60 militares secuestrados en Guaviare mientras se sostiene el paro armado del ELN
Fueron liberados los 66 militares que estaban secuestrados en zona rural del Guaviare
Por José David Rodríguez
Hacia las 4:30 de la tarde de este lunes, 12 de agosto, fueron liberados los 66 militares que estaban secuestrados por más de 72 horas en zona rural de San José el Guaviare por presión de las disidencias de las Farc a la comunidad. Esto como respuesta ante las operaciones militares que se estaban realizando para combatir la extorsión en esa zona del país.
Sin embargo, mediante la mediación de entidades gubernamentales y de la Defensoría del Pueblo, además de autoridades departamentales, se logró un acuerdo para que los uniformados fueran liberados por la comunidad que los tenía rodeados.
Uno de los militares relató a W Radio: “no podemos salir del perímetro, tenemos que hacer las necesidades en el cambuche o en los alrededores, nosotros no podemos estar más de 24 horas en un mismo sitio”.
Según información confirmada por este medio, las autoridades señalan como el responsable de este constreñimiento a la población civil a alias ‘Alexis’, cabecilla principal y financiero de la estructura Jorge Briceño Suárez de las disidencias de las Farc en el departamento de Guaviare, además de Caqueta y Meta.
De hecho, información de las autoridades indica que la población estaba citada a zona rural de San Jose del Guaviare para que pagaran cuotas extorsivas, cuando las tropas que adelantaban labores de patrullaje se dieron cuenta de lo ocurrido.
El general Raúl Vargas, comandante del Comando Conjunto N.3 de las Fuerzas Militares, confirmó que además de la extorsión hay una guerra entre las estructuras de alias ‘Calarca’ y alias ‘Iván Mordisco’.
“Están evitando los soldados los enfrentamientos entre las estructuras que están en rivalidad (…) sacar la fuerza pública es quedar a merced de los delincuentes”, dijo.
Fueron liberados los 66 militares que estaban en cerco humanitario en Guaviare
Este diario pudo establecer que la Misión de Verificación de la ONU está por salir con los 60 soldados que permanecían en el cerco humanitario realizado por organizaciones sociales y la guardia campesina en el Guaviare.
En horas de la mañana de este lunes, una comitiva de la Defensoría, de la Misión de Verificación y de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) viajó hasta esa zona tratar de mediar para la liberación de los militares pertenecientes al Comando Específico del Oriente de la Fuerza de Tarea Omega y que aún permanecían retenidos en la zona.
Según la versión oficial, los uniformados “se encontraban realizando acciones de control y presencia institucional”, cuando los interceptaron las personas que harían parte de las guardias de las veredas Chuapal y Bocas de Caño Cafra.
“Las tropas continuarán desplegadas en la zona, trabajando en pro de la seguridad y el bienestar de la población y combatiendo todos los fenómenos de criminalidad”, dijo el Ejército.
Colombia | El ministro de Defensa advirtió que el cese al fuego está en riesgo tras el secuestro de 60 militares en Guaviare
ELN anuncia «paro armado indefinido» en el Chocó
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), anunció un «paro armado» que comenzará a la medianoche de este domingo en cinco municipios del departamento colombiano del Chocó, debido a la ofensiva del Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia.
Esta situación afectará a los municipios de Istmina, Medio Baudó, Sipí, Nóvita y Medio San Juan, que están en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí y Cajón, además de la carretera que conecta a Nóvita con Torrá, de acuerdo con un comunicado del Frente de Guerra Occidental Ómar Gómez del ELN.
«Las unidades del Frente de Guerra Occidental Ómar Gómez del ELN seguimos en defensa de las comunidades y el territorio, cumpliendo nuestro deber y compromiso revolucionario, como prevención para evitar que la población se vea afectada en el desarrollo de operaciones defensivas el ELN decreta ‘paro armado indefinido’ en los ríos San Juan, Sipí y Cajón», dice el documento.
El paro armado es una estrategia delincuencial que impide cualquier actividad comercial o cotidiana de las poblaciones afectadas a la que el ELN recurre con frecuencia, siendo el Chocó una de las regiones donde más la impone a sus pobladores.
En el escrito, el ELN subraya que en la región hay una supuesta alianza entre militares y paramilitares del Clan del Golfo.
A propósito de la seguridad del Chocó, el Ejército anunció el despliegue de 5.000 hombres en esa parte del país para contrarrestar el accionar de los grupos guerrilleros, de los grupos narcotraficantes y de los traficantes de personas.
Para ello habrá despliegue de puestos de control terrestres y fluviales, además de patrullaje aéreo en todo el departamento. Además, se tendrán consejos de seguridad en varios municipios para aunar esfuerzos para combatir el delito.
En ese contexto el Gobierno informó el sábado que presentó a la delegación de paz del ELN una «propuesta confidencial» para avanzar en los diálogos, que pasan por un momento crítico por las exigencias de esa guerrilla de que el Ejecutivo los retire de la lista de grupos terroristas y la terminación del cese el fuego bilateral.
Los términos de la propuesta serán dados a conocer más adelante, según las instrucciones recibidas del presidente, Gustavo Petro, según dijeron el senador Iván Cepeda, que hizo el anuncio junto con la jefa negociadora del Gobierno, Vera Grabe.
El cese del fuego bilateral con el ELN venció el pasado 3 de agosto y no se ha podido prorrogar. El grupo armado solicitó esta semana al Gobierno que lo retire del listado de grupos armados organizados (GAO) para reanudar la tregua.
Gobierno intensifica apuesta por la ‘paz total’ en medio de escollos jurídicos y la falta de resultados
Por Camilo A. Castillo
En la misma semana en la que se cumplieron sus dos primeros años en el poder, el presidente Gustavo Petro revivió dos frentes problemáticos de su estrategia de ‘paz total’: las ‘conversaciones sociojurídicas’ con el ‘clan del Golfo’ y con ‘los Pachenca’, que se instalarán en medio de una sucesión de crisis en las mesas con el Eln y las disidencias, con serias dudas jurídicas sobre las condiciones del sometimiento de grupos criminales totalmente dedicados al narcotráfico y con el tiempo corriendo en contra.
La negociación con el ‘clan’, banda criminal que se presenta como ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ para tratar de aparentar una intencionalidad política y que tiene por cabeza a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, fue anunciada sorpresivamente el lunes a través de la resolución 257. Con este grupo, los acercamientos arrancaron bajo la gestión de Danilo Rueda como comisionado para la Paz.
En diciembre de 2022, el Gobierno decretó un cese del fuego bilateral con esta organización por seis meses, acuerdo que se rompió en marzo de 2023, cuando el propio presidente Petro los acusó de jugarle sucio a la ‘paz total’. “Miembros del ‘clan del Golfo’, yo les mando la razón: llegó la hora de la paz, no la hora de la viveza, como ya me ha ocurrido en otros lugares del país” fue el mensaje reiterado del mandatario antes de ordenar levantar uno de los fallidos ceses de fuego con los grupos ilegales.
La pregunta del millón es si algo realmente ha cambiado en los últimos 15 meses que permita pensar que esta vez ‘Chiquito Malo’ y su banda no van a tratar de sacar ventaja de las intenciones de paz de un gobierno que hasta ahora no encuentra la brújula para llevar a buen puerto su ‘paz total’. De hecho, apenas esta semana, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconoció que la Fuerza Pública ha venido perdiendo control en varias zonas del país en medio de esos acercamientos (ver entrevista).
El ‘clan del Golfo’ es el grupo ilegal con mayor presencia territorial en el país –está en 16 departamentos y 238 municipios según cifras de inteligencia militar– y no solo se dedica al narcotráfico, sino que ha encontrado en otras economías criminales, como la minería ilegal, la extorsión y el contrabando y tráfico de migrantes, la forma de expandirse y de convertirse en un ‘holding criminal’.
En la resolución firmada por el presidente Petro se establece que el objetivo del proceso es “fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos permitidos en la ley”, hecho que resulta llamativo si se tiene en cuenta que ese grupo y sus voceros han manifestado en múltiples ocasiones que no están dispuestos a considerar ese camino. De hecho, si llegaran a aceptarlo, hoy el Gobierno no tiene las herramientas jurídicas para llevarlo a cabo. El escenario es casi idéntico con ‘los Pachenca’, que se hacen llamar ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra’, con los que hay conversaciones gracias a la resolución 300 de esta semana.
La Corte Constitucional, a través de la sentencia C-525 de 2023, declaró inexequible que fuera “el juicio del Gobierno” el que definiera los términos del sometimiento a la justicia de este tipo de estructuras y advirtió que esa era una tarea del Congreso; sin embargo, 10 meses después de esa decisión, el Ejecutivo sigue sin radicar un proyecto de ley en ese sentido.
El analista Germán Valencia, del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, asegura que si bien era claro que las conversaciones con las bandas criminales eran una de las ‘patas’ de la mesa de la ‘paz total’, “debe haber cautela porque ese componente, el de los espacios sociojurídicos, es el más abandonado: no se sabe cómo funcionan ni hacia dónde se puede avanzar”. Considera que en este frente, además, el comisionado Otty Patiño ha estado “totalmente ausente”.
En ese sentido, Valencia recuerda los espacios de ‘paz urbana’ instalados en Buenaventura, Quibdó y Valle de Aburrá, tres procesos que luego de más de 20 meses están a la deriva, justamente porque no hay una base jurídica para el desmantelamiento y el sometimiento de esas estructuras criminales, totalmente enmarcadas en el delito común.
Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), considera que esta situación es el reflejo de la “incertidumbre metodológica que ha acompañado a la ‘paz total’ ”. Y añade otro factor para el análisis: el poco tiempo que tiene el Gobierno para sacar adelante estos dos procesos y los otros siete en los que se embarcó y en los que, a excepción de acuerdos de las treguas –que han tenido graves dificultades y vacíos– y del punto firmado sobre la participación con Eln, no hay avances.
“Para los grupos armados resulta un buen negocio tener un proceso de negociación mientras están en un proceso de clara consolidación y fortalecimiento. Lo que no es muy claro es cuál es el beneficio para el Gobierno” y tampoco para el país, dice Preciado. Considera que “las cosas se van a complicar por el momento político” que hoy se vive en el país y que se refleja en el Congreso y porque el año próximo, ya con la campaña presidencial a la vuelta de la esquina, al Gobierno le va a quedar aún menos margen para moverse.
Pocos avances
El margen de maniobra es menor si se analiza el lento avance de las mesas con el Eln y con lo que ahora el Gobierno denomina ‘Estado Mayor de los bloques Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio y el frente Raúl Reyes de las Farc’. Esa es la facción que se separó de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y que hoy está bajo mando de alias Calarcá.
El primer proceso pende de un hilo después del final del cese del fuego y de completar casi cuatro meses de congelamiento de la mesa. Los intentos de la delegación de Vera Grabe por destrabar los diálogos y por tratar de extender la tregua se han visto condicionados por el Eln. Esa guerrilla le dio plazo al Gobierno hasta el 23 de agosto para que publique un decreto presidencial en el que se los retire del listado de grupos armados organizados, aunque ya existe una resolución, la 194 de 2023, que los cataloga como organización armada rebelde y que les da estatus político.
Para exnegociadores como Juan Camilo Restrepo, este pedido tiene un claro propósito estratégico: abrirle la puerta a declarar el ‘estado de beligerancia’. “El estado de beligerancia es una calificación que reconoce el derecho internacional a aquellos grupos que se rebelan contra las dictaduras o contra los Estados ilegítimos. Cosa que, por supuesto, no es el caso de Colombia”, sostiene Restrepo.
“El Eln busca reivindicar que ellos son el único grupo armado que realmente tiene un carácter político y que, por lo tanto, son realmente los legítimos representantes “de las comunidades y con quien se debería discutir la agenda de país”, agregó Jorge Mantilla, experto en conflicto armado, gobernanza criminal y seguridad.
También hay que recordar que en 2016, tras la firma del acuerdo de paz, el Estado colombiano fijó nuevas reglas apegadas a las del derecho internacional humanitario (DIH) para establecer claramente las condiciones del uso de la máxima fuerza legítima: los bombardeos. Dicha medida se limitó solo a grandes estructuras criminales consideradas GAO. De ahí se desprendería buena parte del interés en salir de dicho listado.
Por ahora solo se sabe que el presidente Petro le pidió ayer a Vera Grabe enviar una propuesta confidencial al Eln para que ellos la evalúen y se pueda destrabar la mesa. “Es una propuesta que busca salir adelante, impulsar los diálogos y no solamente encallar en unas discusiones fácticas y procedimentales. Esperamos que el Eln cuanto antes responda a esta contrapropuesta que en su momento el Presidente hará pública, cuando lo considere”, señaló el senador y miembro negociador del Gobierno, Iván Cepeda.
La guerrilla de ‘Antonio García’ ya había puesto en jaque la mesa cuando el Gobierno aceptó sentarse a negociar con el frente Comuneros del Sur en Nariño y luego de romper el acuerdo sobre el final del secuestro.
Carlos Velandia, exmiembro de esa guerrilla, advierte que el Gobierno está frente a una encrucijada porque quedarse sin el Eln en la ‘paz total’ parece un escenario impensable, pero ceder sería un “mal precedente” de cara a las otras mesas.
Con las disidencias de ‘Calarcá’, el panorama tampoco es alentador. Hoy no existe una agenda clara, y si bien se han logrado acuerdos parciales en lo territorial, la delegación liderada por Camilo González Posso se ha tenido que dedicar a apagar incendios. El más reciente, la polémica luego de que un grupo de hombres de esa organización con órdenes de captura vigentes y que no hacen parte del proceso fueron sorprendidos en camionetas de la Unidad Nacional de Protección.
Deterioro en seguridad
Varios sectores políticos consideran que las intenciones del Presidente no se han traducido en una hoja de ruta clara. Gobernadores y analistas señalan además que la ‘paz total’ ha contribuido al deterioro del orden público en algunas regiones, como se ve en Nariño, Arauca, Meta, Valle del Cauca y Cauca.
Gran parte de las críticas recaen sobre los ceses del fuego que ha decretado el Gobierno –de los cuales solo está vigente el que se inició en octubre del 2023 con las disidencias de las Farc–. Según el balance que hizo la Fundación Ideas para la Paz sobre los dos primeros años de la política de paz de esta administración, las disidencias crecieron un 30 por ciento y su presencia territorial pasó de 230 a 299 municipios. Un caso similar se evidenció con el Eln, que pasó de 189 municipios a 231 con respecto al año 2022.
El balance en términos de protección de la población civil en medio de las treguas es agridulce. El número de casos de desplazamiento individual y masivo durante el segundo año del gobierno Petro en comparación con el último año del gobierno Duque se redujo en 27 y 8 %, respectivamente, según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios citados por la FIP. También hubo una disminución en las masacres (-16 %), los homicidios en contra de líderes sociales (-8 %) y en los accidentes con minas antipersonales (-45 %). Sin embargo, crecieron los casos de confinamiento (44 %), la extorsión (42 %) y los secuestros (87 %), según cifras del Ministerio de Defensa.
“La forma en la que fueron diseñados y monitoreados los ceses del fuego, en vez de mejorar las condiciones de seguridad terminaron por exponer políticamente a las mesas. Además, para la Fuerza Pública sigue siendo confuso actuar cuando hay múltiples grupos en cada territorio y no todos están incluidos en los ceses”, concluye el informe de la organización.
Desde el plano militar también hay críticas. El presidente de la Asociación de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore) y excomandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), general (r) Guillermo León León, considera que el gobierno Petro dio inicio a la política de ‘paz total’ mostrando “debilidad”. Considera que los ceses bilaterales fueron “mal planeados, sin protocolos, sin georreferenciación, ni localización y sin determinación clara de las acciones permitidas y no permitidas”. “Eso amarró a la Fuerza Pública y, ante esa ambigüedad, lo que hizo la Fuerza fue perder la dinámica operacional que se traía y duramos tres meses para tener los primeros protocolos, tiempo que fue aprovechado por los grupos armados para hacer presencia en los cascos urbanos para mostrar que tenían una fuerza, que no tenían, para suplantar al Estado”, explicó León.
Todo lo anterior, agrega el general (r), dio paso a un debilitamiento de la Fuerza Pública que ya se venía consolidando en los gobiernos anteriores. “En la actualidad no hay cómo cubrir todo el territorio debido a que tenemos 100.000 hombres menos”. Además, resaltó que “se perdió el alistamiento de los equipos para atender todas las tareas y misiones. Ya no tenemos los helicópteros MI-17, los Black Hawk del Ejército están también en una condición de muy bajo alistamiento por temas de presupuesto y de contratación, también hay problemas de recursos que hacen que no se cuente con la movilidad suficiente para las operaciones y movilizar las tropas”.
En la negociación con las disidencias de ‘Iván Márquez’ –que tampoco tiene certeza jurídica– y con los Comuneros del Sur, el Gobierno hizo un ajuste y no se decretó cese de fuegos mientras avanza la negociación. ¿Corregirá la plana con el ‘clan’ y ‘los Pachenca’ y evitará condiciones que amarren a la Fuerza Pública y que pongan en situación de indefensión a la población civil?
