Colombia | Petro autoriza la instalación de un diálogo con el “clan del Golfo”, la organización armada ilegal con mayor presencia en el país
Gobierno Petro se sentará a negociar con el ‘clan del Golfo’: este lunes se conoció la resolución que autoriza las conversaciones
Por Camilo A. Castillo
A través de la resolución 257 del 2024, el presidente Gustavo Petro autorizó la instalación de un espacio de conversación sociojurídico con el ‘clan del Golfo’, la estructura armada ilegal con mayor presencia en el país y que está al mando de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’. En el documento designan a Álvaro Jiménez Millán como el coordinador de los representantes del Gobierno ante esta organización criminal.
Con este grupo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) el Gobierno dará inicio a un proceso con miras al sometimiento. Hay que recordar que el ‘clan del Golfo’ es catalogado como una estructura armada organizada de crimen de alto impacto, por tanto, no goza con el estatus político de otras organizaciones como el Eln y las disidencias de las Farc.
«El Espacio de Conversación Sociojurídico estará dirigido a verificar la voluntad de transitar hacia el Estado de Derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos permitidos en la Ley», dice la resolución.
Con este grupo ya hubo un cese del fuego durante esta administración. Dicha tregua fue decretada el 31 de diciembre de 2022 y fue levantada por el Gobierno en marzo de 2023, luego de que el presidente Gustavo Petro los responsabilizó de varias acciones armadas en contra de la población civil en el Bajo Cauca antioqueño.
«Aquí debe haber miembros del Clan del Golfo. Yo les mando la razón: llegó la hora de la paz, no la hora de la viveza, como ya me ha ocurrido en otros lugares del país. Llegó la hora de la paz. Yo les estoy proponiendo aquí es más riqueza por generaciones hacia adelante, que el narcotráfico, que el sicariato, que la muerte», señaló el presidente Petro el pasado en la inauguración de la Junta de Internet–Comunidad de Conectividad en el corregimiento de Domingodó, Chocó.
El principal reto para el Gobierno en este caso -así como los de paz urbana de Buenaventura, Quibdó y Valle de Aburrá- es la incertidumbre jurídica que hay ante el eventual sometimiento de sus integrantes. Hay que recordar que en la sentencia C-525 de 2023, la Corte Constitucional avaló la legalidad de la ‘paz total’, pero le puso varios límites.
Uno de ellos tiene que ver con la decisión del alto tribunal de declarar inexequible que fuera “el juicio del Gobierno” el que definiera los términos del sometimiento a la justicia de estas estructuras criminales. Esa definición, advirtió la Corte, la debe hacer el Congreso a través de una ley de sometimiento, una que dos años después de la llegada de Petro al poder ni siquiera ha sido radicada.
El Gobierno reconoció a seis miembros del ‘clan’ como voceros
En otra resolución, la 279 de 2024, el Gobierno reconoció a seis miembros de ese grupo armado como voceros en el espacio. En el listado aparece Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, máximo cabecilla del ‘clan del Golfo’ y quien heredó la organización del extraditado Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Cabe mencionar que en 2018, el gobierno de Estados Unidos lo solicitó en extradición y hoy ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su captura.
En el documento firmado por el presidente Petro también aparecen Orozman Orlando Osten Blanco, alias Flechas; José Gonzalo Sánchez, alias Gonzalito; Elkin Casarrunio Posad, alias el Cura; José Miquel Demoya Hernández, alias Chirimoya; y Luis Armando Pérez Castañeda, quien funge como jefe pseudopolítico y es el encargado de direccionar la propuesta de acercamiento con el Gobierno.
El documento indica que una vez el consejero comisionado de paz Otty Patiño constate que los miembros de esa organización den «muestras objetivas de su compromiso con el desmantelamiento», se procederá a solicitar la suspensión de sus órdenes de captura.
Mesa entre Gobierno y Eln entra en fase crítica pese a llamado de Iglesia, Misión de Verificación de la ONU y organizaciones sociales
Por Camilo A. Castillo
La crisis en los diálogos entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) sumó el sábado un nuevo episodio. Pese a la presión de las comunidades, la Iglesia y la ONU, la posibilidad de extender el cese del fuego –el más largo conseguido con ese grupo armado en 60 años– no estuvo ni siquiera cerca de ocurrir. Ahora, el gobierno de Gustavo Petro se enfrenta a una situación inédita desde el restablecimiento de los diálogos a finales de 2022: tendrá que intentar descongelar un proceso al mismo tiempo que no hay un pacto de no agresión vigente.
La tarea no es sencilla. El sábado en la mañana, horas antes de que la tregua perdiera vigencia, el comando central del Eln emitió un comunicado en el que condicionó la extensión del cese del fuego a que se publique un decreto presidencial en el que se les deje de considerar como grupo armado organizado (GAO) –aunque ya exista la resolución 194 que les da estatus político–, algo que para exnegociadores de paz y exmiembros de esa guerrilla sería un craso error.
“La exclusión de la lista GAO les facilitaría enormemente buscar la declaración de ‘beligerantes’ que es una vieja aspiración siempre negada rotundamente en las negociaciones adelantadas por gobiernos anteriores a este. Ojalá el gobierno Petro no vaya a caer en esta trampa que le tiende el Eln aprovechándose del afán que existe para sacar estas negociaciones del impasse en que se encuentran”, señaló Juan Camilo Restrepo, negociador ante el Eln en el gobierno Santos.
Para Restrepo, habrá que ver qué tanto está dispuesta a ceder esta administración con tal de llegar a su ansiada paz. Pero más allá de ese interrogante, lo cierto es que del lado de la delegación que lidera Vera Grabe parece haber voluntad de seguir con la mesa. Prueba de ello es que el viernes, la Conferencia Episcopal y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia propusieron una reunión extraordinaria para hallar caminos que conduzcan al final de la crisis, mensaje que fue respondido casi de inmediato por los voceros del Gobierno con un sí rotundo.
Al llamado de los dos acompañantes del proceso de diálogo se sumaron los partidos políticos cercanos al Gobierno. “La experiencia nos muestra que la suspensión del cese del fuego se convierte en un obstáculo aún más difícil para el proceso de paz que la propia confrontación existente antes de iniciar las conversaciones”, indicaron en un comunicado de prensa las bancadas del Pacto Histórico, el partido Comunes y las curules de paz.
El último capricho del Eln se suma a una larga lista de pretensiones que para los miembros de la delegación del Gobierno son líneas rojas, pero que han sido el motivo de varias crisis. En mayo de este año, cuando el frente Comuneros del Sur –una estructura guerrillera que opera en Nariño– tomó la decisión de separarse del comando central y pedirle al consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, estar en los diálogos regionales, acusaron al Gobierno de cometer perfidia y de montar un “show mediático” para dividirlos.
Más tarde rompieron el compromiso sobre el final del secuestro que se había pactado luego del secuestro de Mane Díaz tras argumentar que el Ejecutivo había incumplido en la creación del fondo multidonante para financiar a ese grupo. En ese momento, negociadores como Iván Cepeda o José Félix Lafaurie, con los acuerdos en la mano, desmintieron a la guerrilla e insistieron en que el propósito de dicho fondo era aportar únicamente en labores de paz.
Esta sucesión de crisis ha generado que desde febrero no haya un encuentro formal en un ciclo de negociación y que el único avance haya sido la firma del primer punto de la agenda, el relacionado con la participación de la sociedad en el proceso.
Para José Félix Lafaurie, estos acontecimientos hacen temer una arremetida violenta de esa guerrilla, motivo por el cual, el viernes, en la Casa de Nariño, le pidió al presidente Petro suspender los diálogos. “Es posible (una ofensiva), porque ellos usan la lógica del terror, que es que escalan para hacerse sentir y me parece que se equivocan, porque la sociedad, que finalmente es el juez natural de cualquier proceso, en vez de percibir estos diálogos como un avance para poder tener un día una situación de orden público bajo control, por el contrario, los pueden ver como un hecho negativo y equivocado”, le dijo a EL TIEMPO el negociador y presidente de Fedegán.
Las próximas horas serán determinantes para el futuro de este proceso, pues más allá de las declaraciones de Lafaurie, aún no hay una respuesta oficial por parte de la delegación de Gobierno o del comisionado Patiño a la condición del Eln.
Para Carlos Velandia, excomandante del frente ‘Domingo Laín’ y ahora promotor de paz, en este momento, y si no se logra un acuerdo para la extensión de la tregua, “es conveniente hacer una pausa e insistir en el desescalamiento”. Además, considera que la decisión del Eln de imponer condiciones al Gobierno es un mal precedente y que es aún peor aceptarlas. “Retorcer el brazo detrás de la espalda del contrario es llevar el proceso al fracaso”, añadió.
León Valencia, director de Pares, sostiene, por el contrario, que se debe insistir en la continuación de los diálogos y en buscar el camino para prolongar la tregua. “No ha sido poco el alivio que ha traído el cese del fuego para las comunidades en algunas regiones, el incumplimiento de compromisos de lado y lado o las dificultades que atraviesa un cese en medio de la violencia múltiple que vive el país no puede ser excusa para parar la negociación y amenazar con destruir lo que se ha logrado y para seguir en un conflicto”, escribió en su cuenta de X.
A este llamado se unió la Coordinadora Humanitaria, corporación que agrupa a más de 700 organizaciones sociales de los 16 territorios más afectados por el conflicto en el país. “Insistimos en continuar y extender los ceses del fuego que se han logrado consolidar con grupos armados. Es necesario impulsar un cese del fuego multilateral para salvaguardar la vida”, manifestaron, y agregaron que en lo corrido de 2024, según información recabada a nivel nacional, las violaciones al cese disminuyeron un 64 por ciento.
