Venezuela: crónica anunciada de unos resultados no reconocidos – Por Paula Giménez y Matías Caciabue
Crónica anunciada de unos resultados no reconocidos
Por Paula Giménez y Matías Caciabue*
El domingo 28 de julio, cerca de la medianoche, el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano anunció el triunfo de Nicolás Maduro, cuando la tendencia era ya irreversible, con 51,2 % de los votos. La diferencia con Edmundo González, candidato testimonial de María Corina Machado, fue de 7 puntos al alcanzar 44,2%.
Durante la misma alocución el presidente del CNE, Elvis Amoroso, denunció que un sabotaje al sistema de transmisión de información -que según confirmó luego la Fiscalía General de la República provenía de Macedonia- impidió una entrega más rápida de tales resultados.
Como era previsible, los resultados no fueron aceptados por María Corina Machado y Edmundo González, quienes en un singular uso de las matemáticas dijeron haber ganado con el 67 por ciento de los votos, adjudicando 33 por ciento a Maduro y olvidando la participación de otras fuerzas políticas. La desprolijidad no fue motivo suficiente para evitar que el propio Elon Musk compartiera la gráfica difundida en redes sociales. Durante el lunes y el martes se desarrollaron focos de violencia en distintos puntos. Las cacerolas ciudadanas quedaron rápidamente opacadas por una ola de violencia, con focos organizados, que no lograron articular un escenario insurreccional. Ambas fuerzas políticas hicieron demostraciones de calle.
El miércoles 31, el escenario callejero y comercial se empezó a normalizar y el presidente Nicolás Maduro, se presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia para someter su victoria electoral a la Justicia, y anunciar que aportará todas las medidas de prueba a su alcance, que incluyen las actas en manos de los fiscales (“testigos”) del PSUV y la convocatoria a todas las fuerzas políticas a presentar las propias.
Luego de eso, informó que el día 30 de julio importantes dirigentes de la oposición de ultraderecha se reunieron en la Casa Blanca con Dan Erickson, el principal asesor de Biden para el hemisferio occidental. Allí se habló de incrementar la “guerra económica” y “cognitiva” contra Venezuela, y la promoción de una agenda de cerco internacional comandada por Luis Almagro desde la Organización de Estados Americanos (OEA).
En efecto, el organismo se reunió el miércoles 31 de julio y no logró el consenso necesario para emitir una declaración en la que buscaba instar al CNE a publicar “inmediatamente” las actas de la votación.
Finalmente, Luis Almagro comunicó que pediría una orden de arresto para Nicolás Maduro a la Corte Penal Internacional y el jueves 1 de agosto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró que el país norteamericano considera a González Urrutia como presidente electo de Venezuela y llamó al oficialismo y a la oposición a realizar una “transición pacífica” de poder.
La narrativa del fraude
En las semanas anteriores a las elecciones, se había observado ya una intensa campaña por parte de la oposición y ciertos actores internacionales. Esta estrategia tenía como objetivo principal sembrar dudas sobre la transparencia del proceso electoral, aun cuando el sistema electoral venezolano ha sido reconocido por su robustez, integridad y sofisticación.
Desde mediados de julio, la oposición venezolana, liderada por Corina Machado y secundada por Edmundo González se negó a firmar el acuerdo de garantías electorales acatado por 8 de los 10 candidatos.
A medida que se acercaba la fecha de las elecciones, diversas organizaciones internacionales, como Human Rights Watch, hicieron declaraciones alertando sobre una supuesta represión y falta de garantías democráticas en Venezuela.
El mismo día de la votación, entre las 5 de la tarde y el momento de entrega del boletín oficial, la oposición comenzó a instalar la idea de que “el gobierno” no le dejaría obtener las actas a los fiscales de mesas. “Venezolanos, esto es hasta el final. Eso significa quedarnos todos en los centros de votación hasta contar los votos y obtener las actas. Haremos prevalecer la verdad y respetar la Soberanía Popular” se expresó en X María Corina Machado, quien utilizó esta red luego para difundir el enlace donde colgó los resultados propios, mientras los sitios vinculados al CNE, se encontraban hackeados.
La ultraderecha internacional, con el protagonismo de Argentina, desempeñó un papel crucial en la narrativa de fraude electoral. A las 9 de la noche del 28 de julio, en un comunicado conjunto los gobiernos de Ecuador, Perú, Costa Rica, Paraguay, Argentina, Uruguay, Panamá y República Dominicana, expresaron: “Consideramos indispensable que se cuente con garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas. Eso solo podrá conseguirse mediante un conteo de los votos transparentes que permita la verificación y control de veedores y delegados de todos los candidatos”.
En Argentina, la canciller Diana Mondino, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el ministro de Defensa, Luis Petri, visitaron la concentración de migrantes y emitieron mensajes de apoyo para ellos en las redes. También antes de conocer los resultados oficiales, Bullrich realizó declaraciones en una entrevista en el canal La Nación+ que daban por ganador a Edmundo González.
El lunes 29, el presidente Javier Milei, posteó: “DICTADOR MADURO, AFUERA!!! Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica”.
También Mauricio Macri, antes de conocer los resultados oficiales se expresó: “La mayoría de los venezolanos hablaron fuerte y claro: Maduro debe dejar el poder. Ahora las Fuerzas Armadas de Venezuela tienen la oportunidad de ponerse del lado correcto de la historia y garantizar que se respete la voluntad del pueblo. Llamamos a la comunidad internacional, y en especial a los países de la región que deben velar por el compromiso con la democracia, a no permitir que esta dictadura se perpetúe en el tiempo”.
Entre el bombardeo informativo y las victorias cantadas antes de tiempo la opinión pública perdió de vista las condiciones que el proyecto bolivariano había reunido para ganar las elecciones. La recuperación económica y las políticas sociales del gobierno le han permitido al candidato oficial, Nicolás Maduro, reunir un núcleo duro de votantes. La masiva manifestación a su favor, fue invisibilizada por la prensa internacional, que se dedicó a recortar la realidad venezolana a los focos de violencia y la marcha de la oposición hacia el CNE, que se realizó el 29 de julio.
Sin embargo, no todo fue rechazo en el ámbito de la comunidad internacional. Líderes de países de la región como Cuba, Bolivia Nicaragua y Honduras felicitaron a Maduro después de su victoria, subrayando el apoyo y la legitimidad del proyecto bolivariano en la región. Tanto México, Colombia como Brasil instaron al gobierno a publicar las actas y a llamaron a la comunidad internacional a esperar a que esto suceda.
El sistema electoral venezolano: un bastión de integridad
El software de los procesos de votación, escrutinio y totalización se auditan y certifican con participación de los partidos políticos y observadores.
Además, los centros de votación están sujetos a verificación ciudadana, con previsiones tales como el sorteo de 30 miembros por cada mesa, de los que ejercerán la función 3 de ellos acompañados por los fiscales de cada partido político. Todo ello, bajo minuciosa normativa y reglamentación, con rango constitucional.
La tecnología empleada, proporcionada por Smartmatic, incluye la impresión del voto en papel con características de seguridad avanzadas y la autenticación biométrica, lo que fortalece la integridad del sufragio. Además, el sistema cuenta con una red de transmisión encriptada, aislada de Internet, que asegura la protección de los datos electorales contra posibles ciber amenazas. La combinación de estas medidas, junto con las múltiples instancias de verificación (que cuenta desde el voto físico hasta el acta de totalización) establece un mecanismo confiable y transparente.
Si bien es imposible alterar el contenido de la información transmitida, el ataque cibernético denunciado por el gobierno se dió al disminuir las conexiones y ralentizando el tráfico de información. Era una situación prevista por los organismos de inteligencia y fue solventada, pero no impidió el retraso en la entrega de los resultados.
La organización estadounidense Centro Carter, envió desde junio una misión técnica de observación electoral. En su informe preliminar, habían destacado que el proceso se había llevado a cabo conforme a estándares internacionales. En un segundo informe, sin embargo, la organización del ex presidente estadounidense expresó que la elección “no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral y no puede considerarse democrática» y que «el Centro Carter no puede verificar ni corroborar los resultados de las elecciones» debido a que el CNE no ha anunciado los resultados desglosados por mesa electoral lo que “constituye una grave violación de los principios electorales».
La ley estipula que la autoridad electoral venezolana cuenta con 30 días para publicar los resultados desagregados por mesa y a la fecha, no ha pasado una semana de los comicios. La página del CNE continúa hackeada.
La doble vara de la comunidad internacional
La respuesta internacional hacia Venezuela contrasta de manera notable con otros casos en América Latina. En El Salvador, bajo la administración de Nayib Bukele, se han reportado serias dudas sobre la transparencia de un proceso electoral que requirió previamente una modificación constitucional y que con una participación más baja que la de Venezuela dio vía libre al presidente para repetir mandato y hacerse del control casi completo del Congreso. El respeto a los derechos humanos, en aquel país, en el que se contabilizan más de 3000 detenciones arbitrarias, a partir de las políticas de seguridad y el uso del estado de excepción permanente, es otra de las cuestiones que la comunidad internacional prefiere callar. Igualmente, en Panamá, un proceso electoral ocurrió este año con la inhabilitación de Ricardo Martinelli, un caso que no generó el mismo nivel de cuestionamiento internacional.
La narrativa de fraude en las elecciones venezolanas también puede contrastarse con las elecciones estadounidenses de 2020. Es importante recordar que, en Estados Unidos, autoproclamados paladines de la democracia y la libertad, los sistemas de votación son gestionados a nivel estatal (y no federal), lo que resulta en una variedad de tecnologías y procedimientos. Esta diversidad puede llevar a inconsistencias en la administración y verificación de votos. En las elecciones presidenciales de 2016, Donald Trump fue electo en medio de una serie de controversias y acusaciones de fraude, tanto en relación con la interferencia de Rusia como sobre la veracidad de los resultados. A pesar de las investigaciones y auditorías, las tensiones en torno a la integridad del proceso reflejan las vulnerabilidades inherentes en un sistema descentralizado y sujeto a múltiples interpretaciones y procedimientos.
No es nueva la situación en la que la comunidad internacional, entrampada en valores y requisitos que pocos países podrían cumplir al pie de la letra, exige a la República Bolivariana de Venezuela que dé explicaciones, compruebe doblemente o presente las actas (algo que ningún sistema electoral del mundo contempla hacer dentro de sus procedimientos regulares y en caso de excepcionalidades, no logra hacer el mismo día o el día después de las elecciones).
La profunda disputa, por quién controle el destino del territorio venezolano, suelo bajo el cual reposa la reserva de petróleo convencional más grande del mundo, es muy profunda, claro está y poco tiene que ver con defender el concepto de democracia, bastante malogrado ya por muchos países de la comunidad internacional.
*Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos, Directora de NODAL. Caciabue es Licenciado en Ciencia Política . Ambos son investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
