El legado kirchnerista que contribuyó a Milei: justicia, servicios de inteligencia, medios de comunicación y construcción política – Por Carlos de la Vega
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
EL LEGADO KIRCHNERISTA QUE CONTRIBUYÓ A MILEI: JUSTICIA, SERVICIOS DE INTELIGENCIA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN POLÍTICA
Carlos de la Vega
El kirchnerismo encarnó un período de reconstrucción nacional para Argentina como no había existido desde la dictadura cívico-militar-eclesiástica de 1976 pero falló o claudicó en abordar transformaciones claves que fueron decisivas para hacer posible la llegada al gobierno por vía democrática de una propuesta de ultraderecha libertaria con el explícito designio de destruir el Estado y hacer retrocede a la sociedad al siglo XIX.
Cuando Néstor asumió Argentina venía de la mayor crisis de su historia, eclosionada en 2001. Había sido el resultado de 25 años de neoliberalismo a ultranza.
Con Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, entre 2003 y 2015, Argentina reverdeció. El PBI volvió a crecer, se recuperaron empresas estatales fundamentales, así como los fondos de jubilaciones luego de la ruinosa privatización menemista, se promovió la integración latinoamericana y el desalineamiento con los Estados Unidos de América (EE.UU), se incrementó la inversión en educación, salud, ciencia y tecnología; y se mejoró la distribución del ingreso.
Pero, a pesar de esos enormes logros, los Kirchner fallaron en la realización de transformaciones profundas de la dinámica del poder en Argentina.
Entre ellas, hay cuatro de esas fallas a destacar: el poder judicial, los servicios de inteligencia, los medios de comunicación y la construcción política. No todas ellas tienen el mismo peso relativo y seguramente podrían encontrarse otras más. No obstante, en los casos considerados se trataron de fallas que allanaron el camino al retorno de una derecha que, avalada por el reciente voto mayoritario, está dispuesta a llevar a cabo su sueño más delirante, la destrucción completa de Argentina, al menos, en la forma en la que se la ha conocido hasta ahora.
La impunidad judicial
El Poder Judicial argentino ha sido históricamente el más antidemocrático, antiinstitucional e ilegal de los tres poderes consagrados por la Constitución del País. Se incluye en la caracterización de este órgano gubernamental al Ministerio Público Fiscal que, aunque estrictamente es un “órgano extrapoder”, en la práctica conforma el sistema judicial.
Al arribar Kirchner a la Presidencia en 2003, el Poder Judicial existente era el resultado del formateo de la dictadura de 1976 más lo obrado por el menemismo en la década de 1990. Una estructura que, con escasas excepciones, se encontraba subordinada al poder económico más concentrado y con fluidos vínculos con la embajada estadounidense en Buenos Aires.
La promesa de Kirchner de terminar con la corrupción y dejar atrás las rémoras que habían llevado a la Argentina a tres décadas de caída libre, en materia judicial avanzaron sólo hasta el cambio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) cuando su presidente, Julio Nazareno, lo amenazó públicamente de fallar a favor de la apertura del “corralito”, la incautación de los depósitos bancarios que había dispuesto De la Rúa ante el colapso del plan económico denominado la “Convertibilidad” (paridad un peso, un dólar que había regido durante la década de 1990). Como no había fondos en el sistema financiero para afrontar el retiro masivo de esos depósitos por parte de sus titulares, un fallo judicial que hubiera avalado esa operatoria habría precipitado una nueva crisis cuando Argentina empezaba a recuperarse.
Kirchner promovió el cambió de la CSJN, pero salvo casos puntuales, no avanzó en una reforma integral del poder judicial. Al contrario, el kirchnerismo protegió del juicio político a los peores jueces. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Claudio Bonadío.
Bonadío fue nombrado en 1994 en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11 con asiento en la ciudad de Buenos Aires. A la magistratura llegó luego de haber sido subsecretario de Asuntos Legales de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación y asesor de uno de los más poderosos futuros ministros del Interior de Menem, Carlos Corach. En “Comodoro Py”, como se conoce a la sede de los tribunales federales porteños (Ciudad de Buenos Aires) en alusión al nombre de la calle que pasa por su frente, se bromeaba que en el juzgado de Bonadío no se aplicaba el derecho argentino.
Al llegar Kirchner a la Presidencia, Bonadío ya acumulaba varias causas en su contra por mal desempeño, cada una de las cuales con suficiente entidad para promover su destitución por juicio político. Pero nada se hizo al respecto. A lo largo de los años de gobierno kirchnerista las denuncias contra el juez se fueron acumulando y, sin embargo, ello tampoco concitó la alarma de los máximos niveles del poder político.
Bonadío, fallecido de cáncer en 2020, fue la punta de lanza y uno de los más osados ejecutores del programa de persecución contra el kirchnerismo empleando al poder judicial, el famoso “lawfare”, que en Argentina, junto a Ecuador, se desplegó con la mayor virulencia, efectividad y continuidad de todos los países latinoamericanos. Recién cuando esta estrategia, que comenzó a ser implementada durante el segundo mandato de Cristina Fernández, mostró su real potencia de daño, los Kirchner se acordaron de personajes como Bonadío e intentaron sustanciar los respectivos juicios políticos. Ya era tarde.
Para peor el recambio de la CSJN también se hizo mal. Junto a juristas de insospechada probidad como Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay, se designó a Ricardo Lorenzetti, un abogado y doctor en Derecho de la provincia de Santa Fe, sin antecedentes que ameritaran su promoción a la CSJN y que en 2006 llegó a la presidencia de dicho cuerpo. Lorenzetti fue acusado por haber participado, antes de llegar a la CSJN, en un entramado de gerenciadoras de salud en la ciudad de Rafaela (Santa Fe) que lucraban a costa de contratos y juicios contra el PAMI, la obra social estatal para jubilados que en tiempos de Menem fue uno de los mayores antros de corrupción del Estado nacional.
A partir del segundo mandado de Cristina Fernández, Lorenzetti encabezó las acciones para la recolonización de la CSJN por los intereses del capital más concentrado y de la embajada de los EE.UU, tal como en tiempos del menemismo.
Cuando a partir de 2012 el lawfare contra Cristina y sus principales colaboradores comenzó a arreciar, el kirchnerismo intentó volver a la carga con la reforma judicial. El encargado de la iniciativa político-legislativa fue un muy joven secretario de Justicia, con rasgos de arrogancia nada favorables, que había llegado al cargo por el exclusivo antecedente de pertenecer a la agrupación política personal de la presidenta, La Cámpora. Por supuesto, con un kirchnerismo debilitado el encargo de Alejandro Julián Álvarez se estrelló contra la monolítica resistencia de la alianza entre la oposición legislativa de derecha, las corporaciones mediáticas del capital concentrado y el poder judicial.
Los servicios de inteligencia
El 18 de julio de 1994 Argentina padeció el mayor atentado terrorista perpetrado en suelo latinoamericano, la voladura de la sede de la AMIA, la mutual de la comunidad judía en la Ciudad de Buenos Aires. Hubo 85 muertos y al día de hoy la única certeza que hay sobre el caso es que el poder judicial y los servicios secretos argentinos, en combinación con el gobierno estadounidense y el israelí interfirieron en la investigación y el juicio posterior sobre el atentado para ocultar pruebas, orientar las acusaciones a enemigos políticos de Washington y Tel Aviv, como Irán, y garantizar la impunidad de los verdaderos autores.
Un personaje clave en todo ese proceso fue Antonio “Jaime” Stiuso, director general de Operaciones por 34 años de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la principal institución de espías argentina, hoy denominada Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Stiuso había ingresado a la SIDE en 1972, durante la dictadura militar del general Agustín Lanusse, había ascendido en los terribles años de la dictadura de 1976 y permanecido en su estratégico puesto a lo largo de todos los gobiernos democráticos posteriores. A pesar de su responsabilidad directa en la frustrada investigación del caso AMIA y a su rol fundamental en uno de los organismos más oscuros del Estado, ni Kirchner, ni Cristina Fernández lo removieron de su estratégico puesto cuando llegaron al gobierno. Por el contrario, Kirchner lo transformó en su hombre de confianza para intentar reencauzar la investigación del atentado contra la mutual judía.
Stiuso era una persona con una fluida relación con la CIA norteamericana y la Mossad israelí. También fue quien le recomendó a Kirchner el nombre del fiscal Alberto Nisman para conformar, en 2004, la Unidad Fiscal de Investigación AMIA (UFI-AMIA) en un intento por hallar la verdad sobre el atentado. EE.UU e Israel también apoyaban al fiscal. Nisman no era un personaje nuevo en este entramado. Había sido ayudante de los fiscales Eamon Muller y José Barbaccia en la primer investigación del ataque, elevada a juicio a fines de la década de 1990, bajo la conducción del entonces juez federal Juan José Galeano. Ese fue el corazón del encubrimiento y la tergiversación de la causa. En 2019 Galeano fue condenado a seis años de prisión por su actuación en el caso AMIA, y Mullen y Barbaccia a dos años. De esos orígenes provenía Nisman y ello era bien conocido.
Durante los años de Nisman al frente de la UFI-AMIA, familiares de las víctimas del atentado lo acusaron por no avanzar en la investigación. Con el tiempo se conocería que el fiscal, además, realizaba viajes personales, como salidas al exterior con modelos, mientras supuestamente estaba cumpliendo su funciones laborales. Entre tanto sus vínculos con la embajada de los EE.UU y la de Israel se estrecharon tanto que la delegación diplomática norteamericana llegó a controlar previamente los escritos que él incorporaba a la causa.
Nisman, luego de haber alabado reiteradamente en público el apoyo recibido de los Kirchner en su investigación sobre la AMIA, de pronto en 2014 comenzó a acusar a Cristina de buscar la impunidad de los supuestos perpetradores iranies. El fiscal falleció el 18 de enero de 2015 de un disparo en la cabeza en su lujoso departamento del exclusivo barrio porteño de Puerto Madero. Llevaba un nivel de vida imposible de justificar con sus ingresos oficiales. Luego de su muerte se descubrió una cuenta bancaria en Nueva York (EE.UU) y campos en Uruguay, nunca declarados. Todas las pericias serias sobre su fallecimiento indicaron que había sido un suicidio.
Sin embargo, casi todas las grandes corporaciones mediáticas, el poder judicial y Stiuso instalaron que Nisman había sido asesinado y Cristina era la responsable. Para peor, ella misma, en la primera entrevista a la prensa que dio luego de la muerte del fiscal, aconsejada por la SIDE, abonó esa tesis. En octubre de 2015 eran las elecciones presidenciales en Argentina.
Cristina recién había removido a Stiuso de la SIDE en diciembre de 2014, semanas antes de la muerte de Nisman, cuando fue claro que uno de los orígenes de la usina de acusaciones en su contra por la causa AMIA eran los servicios de inteligencia. Con la partida del ex espía superpoderoso se inició un proceso de transformación y transparentado de la SIDE pero ya era tarde también para eso. El lawfare en contra suya y de quienes la acompañaban estaba en marcha, con amplio apoyo mediático y gran convencimiento de una parte significativa de la población.
La política mediática
Argentina ostenta desde la década de 1990 uno de los mercados de medios de comunicación más concentrados del planeta con el grupo Clarín como el actor descollante. Aliado de la dictadura de 1976 y luego del menemismo de los ’90, el mega conglomerado dirigido por Héctor Magnetto no ha tenido ningún prurito en atacar a los gobiernos que antes había apoyado una vez obtenido de ellos los beneficios que deseaba.
Desde los inicios de la década de 2000 uno de los temas que más le interesaba a Clarín era obtener la autorización gubernamental para la fusión de Cablevisión con Multicanal, entonces las dos compañías de televisión por cable más importantes de Argentina. La primera ya estaba en manos de Clarín y por la segunda había un acuerdo de compra que no se podía concretar hasta no obtenerse una resolución favorable de la Secretaría de Comercio. Kirchner dilató la resolución sobre el tema hasta el 7 de diciembre de 2007, cuando tres días antes de dejar la Presidencia, su gobierno autorizó la fusión.
Esa probablemente sea una de las decisiones más inexplicables de la historia del kirchnerismo. Para entonces Magnetto y su empresa ya se perfilaban como férreos enemigos de quien sucedería a Kirchner en la presidencia, su propia esposa, Cristina. Magnetto había intentado bloquear su candidatura y en el futuro las compañías nucleadas bajo el paraguas de Clarín se tornarían en los más agresivos hostigadores del gobierno, y de la propia persona y familia, de la presidenta. Con la autorización para la fusión de Cablevisión y Multicanal, Kirchner le había entregado a su enemigo el control casi completo del sistema mediático argentino y una fuente de recursos económicos gigantesca. Cristina misma recordaría el 22 de agosto de 2022 este luctuoso hecho con lágrimas en los ojos al finalizar su alegato por streaming en la denominada “causa Vialidad”, otro armado del lawfare en su contra fogoneada por Clarín en alineamiento con el poder judicial.
El kirchnerismo intentó en 2009 democratizar el sistema de medios de comunicación argentino con la Ley 26.522, conocida como “Ley de Medios”, pero su capital político ya estaba erosionado luego del conflicto del año anterior con los productores agropecuarios, principalmente sojeros, por los derechos de exportación. Clarín percibió la debilidad e impugnó judicialmente la ley por inconstitucional. El poder judicial se alineó con el grupo mediático y si bien, luego de cuatro años de litigio, en 2013, la CSJN declaró la constitucionalidad de la norma dejó abierta la posibilidad para que volvieran a ser cuestionados en sede judicial cada uno de los planes de desinversión que el gobierno le exigiera a los principales grupos mediáticos del país en función de aquella norma. Esto tornó, en la práctica, a la ley en letra muerta hasta que Mauricio Macri (Presidencia 2015-2019) derogó sus partes fundamentales por medio de un decreto.
La construcción política
El kirchnerismo gobernó durante 12 años consecutivos (2003-2015), y luego otros cuatro más, entre 2019 y 2023, en una alianza con otras fuerzas políticas. En su primer ciclo fue uno de los espacios políticos más exitosos de la histórica argentina. Néstor se fue de la presidencia con un 70% de imagen positiva y Cristina fue reelegida en 2011, en primer vuelta, con el 54,1% de los votos. Sin embargo, la construcción política profunda fue abandonada luego de esa resonante victoria.
Durante su segunda presidencia fue escasa la presencia de Cristina en el interior del país, distritos enteros de suma importancia política y electoral, como Córdoba, segunda provincia en población y con una larga tradición conservadora, directamente fue olvidada en términos de construcción política. Una vez fuera del gobierno la situación empeoró.
En los dos años que mediaron entre el fin del segundo mandato de Cristina y su elección en 2017 como senadora por la Provincia de Buenos Aires, la presencia de Cristina en el interior de Argentina, fuera de sus viajes a su residencia alterna en El Calafate (Provincia de Santa Cruz), fueron escasísimas. No hubo ninguna construcción política por sí misma o por interpósita persona en las provincias, libradas en cada caso a las iniciativas de los grupos políticos locales. La situación no cambió cuando fue electa senadora, y ni siquiera lo hizo cuando llegó a la vicepresidencia en 2019, a través de una fórmula armada por ella y encabezada por Alberto Fernández.
En estos años el kirchnerismo se fue transformando en una agrupación política casi exclusiva del conourbano bonaerense, el cinturón de municipios que rodean a la Ciudad de Buenos Aires, constituyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero asentados en territorios de la Provincia de Buenos Aires. La proyección nacional se perdió y ello dio vía libre al avance de todo el espectro político antikirchneristas conformado en su veta central por partidos tradicionales como la UCR, por formaciones de la derecha empresaria como el PRO, o más recientemente por los libertarios de ultraderecha de La Libertad Avanza.
Agravando la situación descripta, Cristina se erigió en la electora de los candidatos presidenciales que la sucederían dentro del espacio kirchneristas. En 2015 el ungido fue Daniel Scioli, ex funcionario menemista, en ese momento gobernador de la Provincia de Buenos Aires, hombre muy vinculado a la derecha neoliberal quien en la actualidad es un ferviente defensor de Milei y su secretario de Turismo, Ambiente y Deportes. Scioli perdió las presidenciales contra Macri pero en 2019 el elegido para la contienda electoral fue Alberto Fernández quien sí derrotó a aquél.
La elección de Fernández también fue otro mal paso. Ex jefe de Gabinete de Ministros, tanto de Néstor como de Cristina, se había ido del gobierno luego del enfrentamiento con las patronales agropecuarias en 2008. Desde ese momento y hasta que Cristina lo eligió para encabezar la fórmula de la que ella sería vicepresidenta, se había dedicado a criticarla a punto de participar en marchas organizadas por los fiscales que, en consonancia con los deseos de EE.UU e Israel, la acusaban por la muerte de Nisman. Como era de esperar el gobierno de Fernández-Fernández fue una experiencia frustrada, con malos resultados económicos, deficiente gestión política y un clima de permanente interna entre él y ella.
Caminos pavimentados
¿Qué pensaba Néstor Kirchner que iba a ocurrir cuando le dio Multicanal a Clarín? ¿Qué creía él y Cristina que sucedería pactando con el poder judicial y los servicios de inteligencia que habían avalado, encubierto o ejecutado buena parte de los peores delitos contra la sociedad de las últimas cuatro décadas?¿Hubiera podido retornar la derecha al gobierno sino hubiera abandonado el kirchnerismo la construcción política seria?
Esta última pregunta tiene una respuesta concreta y no meramente contrafáctica. Axel Kicillof, quien fuera ministro de Economía de Cristina entre 2013 y 2015, comenzó en 2017 a recorrer en silencio y con escasísimos recursos la Provincia de Buenos Aires. Iba acompañado de un reducidísimo grupo de colaboradores y transportado en un viejo Renault Clío. Visitó pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, habló con propios y con ajenos, en el campo y en la ciudad.
En ese momento la gobernación estaba a cargo de María Eugenia Vidal, elegida en 2015 por la coalición de derecha de Juntos por el Cambio (UCR, PRO y ARI), la misma que encabezaba Macri. Vidal fue instalada desde el primer momento como la futura sucesora del entonces presidente. Dotada de ingentes recursos económicos, políticos y mediáticos para apuntalar su proyección nacional fue barrida por Kicillof en las elecciones de 2019 con el 52,1% de los votos. Cuatro años más tarde, en medio del vendaval de votos libertarios, en el que Macri apoyó abiertamente a Milei, Kicillof logró ser reelecto en la gobernación bonaerense con el 44,8% de los votos sin ocultar en ningún momento su ideario kirchnerista. La construcción política territorial sí daba resultados.
El poder judicial junto a los servicios de inteligencia heredados de la dictadura de 1976 que los Kirchner dejaron intactos, o incluso empeoraron, fueron fundamentales para el montaje de una persecución que paralizó al kirchnerismo. El sistema mediático de la derecha, también fortalecido por los desatinos del ex matrimonio presidencial, quebró su vínculo de confianza con buena parte de la sociedad y fue el gran impulsor de Milei a la presidencia. La ausencia de una construcción política nacional de calidad le ahorró obstáculos a los enemigos.
Si hubiera que elegir cuál de los cuatro legados negativos señalados de los Kirchner resultó el más dañino seguramente sería seleccionado el judicial. Veamos un ejemplo de innegable actualidad. Federico Sturzenegger, el flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Milei y armador del Decreto DNU N° 70/2023 y de la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, los dos instrumentos legales refundacionales por medio de los cuales los libertarios están destruyendo al Estado y pretenden retrotraer a la sociedad argentina al siglo XIX; ya fue funcionario de dos gobiernos previos, el de de la Rua y el de Macri.
En ambas ocasiones las políticas promovidas por aquél llevaron a desastres descomunales y terminó imputado judicialmente por manejos ilegales. En los dos casos el poder judicial que los Kirchner dejaron intacto lo protegió debidamente con sendos sobreseimientos. Si en al menos uno sólo de esos casos hubiera existido una condena ejemplificadora quizás hoy, al menos él, no estaría tan dispuesto a redoblar la apuesta por la destrucción del país. Pero la subestimación del mal que aquejaba a la Argentina, y que los Kirchner habían prometido erradicar, permitió que todo se reciclara en una versión aún más siniestra que las previas. Tenerlo presente puede ser una buena lección si llega haber una nueva oportunidad para reconstruir el país.
