El Salvador | El gobierno desestima escrito de la ONU sobre el régimen de excepción
Estado salvadoreño desestima escrito de la ONU sobre el régimen de excepción
La representación de El Salvador respondió a una comunicación de la ONU en la que seis relatores plantearon que el régimen de excepción permanente no es compatible con el derecho internacional.
El Estado salvadoreño recordó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no intervenir en asuntos internos y criticó un escrito sobre las graves violaciones a derechos humanos en el régimen de excepción elaborado por seis relatores, asegurando que tiene serios vacíos metodológicos por utilizar fuentes no confiables.
El 8 de julio de este año, relatores relacionados a la defensa de los derechos humanos de la ONU expusieron al gobierno salvadoreño, que un régimen de excepción de forma permanente no es compatible con el derecho internacional y mostraron su preocupación por dos decretos legislativos aprobados por la Asamblea Legislativa que permiten juzgamientos masivos y amplían los plazos de detención, lo cual, propicia graves violaciones a derechos humanos.
La respuesta del Estado salvadoreño que consta de 57 páginas inicia con tres consideraciones técnicas, entre ellas el principio de no injerencia.
“Así, el respeto a la soberanía estatal implica que las decisiones sobre asuntos internos, como el mantenimiento del orden público, la administración de justicia y la protección de los derechos humanos, deben ser tomadas por las propias autoridades salvadoreñas sin interferencia externa”
La representación de El Salvador agrega que “este enfoque permite al Estado implementar políticas y reformas de acuerdo con las necesidades y contextos locales, garantizando que cualquier asistencia o cooperación internacional se realice en pleno respeto a la voluntad y soberanía del país.
Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario, lamentó la respuesta del Estado porque considera que se sale del respecto al marco universal y enfatizó que el país debe cumplir con pactos y tratados internacionales.
“En ese sentido están diciendo no se metan con El Salvador, no hagan injerencia en El Salvador, pero con eso lo que hacen es desconocer tratados, pactos, convenios internacionales, resoluciones y declaraciones de Naciones Unidas que El Salvador se ha comprometido a respetar”, manifestó.
Justifica continuidad del régimen
Asimismo el Estado salvadoreño justificó la necesidad de continuar con el régimen de excepción alegando que un número considerable de pandilleros aún se encuentran en libertad y muchos cabecillas continúan operando en la clandestinidad.
“Un número considerable de pandilleros y terroristas aún se encuentran en libertad, representando una amenaza para la seguridad y la estabilidad del país. La información de inteligencia indica que muchos líderes pandilleros continúan operando desde la clandestinidad, coordinando actividades delictivas y perpetúan la violencia”, se lee en el escrito enviado a la ONU.
Pese a asegurar que, desde el inicio de la implementación del régimen de excepción, en marzo de 2022 y luego de 28 prórrogas, han sido capturadas más de 80,500 personas relacionados con actividades pandilleriles, de las cuales 1,201 son cabecillas de alto rango.
Ante el planteamiento de los relatores especialistas en derechos humanos que “entre el gran número de detenciones realizadas bajo el régimen de excepción en El Salvador muchas de ellas constituyen, o podrían haber llegado sido calificadas como detenciones arbitrarias y, en ocasiones, desapariciones forzadas¨, el Estado se mostró ofendido.
“Se reitera que es inaceptable que se incluyan afirmaciones (…) sin ningún tipo de soporte o metodología que indique si quiera la fuente de dicha afirmación, que por lo demás incluye acusaciones graves en contra del Estado”, manifestaron.
Con respecto al régimen de excepción como un estado permanente por más de dos años, el Estado salvadoreño niega que se haya “adoptado de manera indefinida”.
“Es importante reiterar que el Estado salvadoreño no ha adoptado de “manera indefinida”, este mecanismo de contención a graves perturbaciones de orden público, dado que las prolongaciones al Régimen de Excepción que se han adoptado hasta la fecha, surgen de un análisis preciso del contexto temporal” aseguraron.
Sin claridad
En cuanto a los decretos legislativos aprobados por la Asamblea Legislativa que permiten juzgamientos masivos y la ampliación de plazos de detención, el Estado se excusa que las pandillas son grupos terroristas y por tanto no pueden ser juzgados como delincuencia común.
Sin embargo, la directora del Socorro Jurídico explica que el Estado no ha respondido a las preguntas de la ONU sobre la suspensión de garantías del debido proceso que provocan el decreto 803 y el 804.
“El 803 suspende plazos y el 804 deja en desventaja la defensa, entonces el Estado le está diciendo a Naciones Unidas que no tiene el contexto completo, pero no le explica cuál es el contexto al que se refiere, solo da detalles vagos”, indicó Escobar.
Verónica Reyna, representante del Servicio Social Pasionista, considera que la respuesta del Estado muestra una posición irresponsable frente a un análisis básico de derechos humanos sobre la aplicación del régimen de excepción.
“Es una posición irresponsable, a mi juicio, del Estado, frente a un análisis básico de los derechos humanos de los tratados internacionales a los que el Estado se ha comprometido y más pareciera que cuestiona a los sistemas de Naciones Unidas, en lógica de que no deberían de interferir en las decisiones estatales y cuestionan su fuentes o su capacidad técnica de realizar la realidad del país”, expresó.
