Colombia: el deber de evitar pasar de la Paz Total a la guerra total – Por Héctor Arenas
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Héctor Arenas *
Es un deber de todo Gobierno, como de todo proyecto político, cada tanto hacer alto en el camino, evaluar sus acciones, verificar aciertos y errores, precisar cómo ahondar en lo primero y cómo evitar que lo segundo vuelva a suceder, todo ello de cara a su programa de gobierno, como a sus planes de acción. Evaluar para educar, pedagogía para que toda la sociedad se sienta gobierno y en algún momento actúe como tal. Al Gobierno del Cambio, tras dos años de gestión, le corresponde proceder en consecuencia con ello.
Han transcurrido dos años de un gobierno no oligárquico en Colombia, el primero que registra la memoria popular en su prolongada lucha por otro país posible. Para lograr esta oportunidad, debieron vivirse decenas de cuatrienios azules y rojos, protectores de los intereses terratenientes, de la burguesía local, en sus distintos matices, así como de los imperios que sucesivamente han pesado sobre nuestro ser nacional
La memoria popular resguarda en lo más profundo de su psique la injusticia prolongada que sembraron unos y otros gobiernos, la misma que intentaron por todos los medios que llegara a su final. Control ideológico, la fuerza de la costumbre y ríos de sangre lo impidieron. Desde la segunda década del siglo XX se registra la persecución y encarcelamiento a los socialistas que ampliada a su asesinato aleve en las últimas cinco décadas, como la inclemente represión de las protestas obreras y campesinas.
Tenemos, entonces, que más de un siglo de aprendizajes populares fueron necesarios para cuajar una fuerza suficiente que catapultara a la presidencia a alguien que no solo no provenga de las estirpes del poder sino, además, que recoja el programa de lucha, sueños y necesarios cambios por realizar que han escrito las izquierdas y los movimientos sociales. Un programa que, por ahora, queda reducido –por el “realismo político”– a sus mínimos posibles. Llegada a la Casa de Nariño potenciada, de manera especial, por el profundo impacto sobre todo el tejido social del covid-19, con su virus de pobreza y miseria extendida.
Aprendizajes
Son dos años que nos invitan a mirar en el retrovisor y examinar lo hecho y lo aún pendiente de realización por parte de este gobierno. Para ello conversamos con el congresista Alirio Uribe Muñoz de la bancada del Pacto Histórico quien, apenas iniciada la conversación que da pie a esta nota, no dudó en resaltar un matiz que para muchos pasaría desapercibido: “Ha sido un gran aprendizaje de estos dos años experimentar la diferencia entre ser congresista de una bancada de oposición y ser integrante de una bancada de gobierno”.
Y enfatizo en ello, desde mi trabajo legislativo, porque “Cuando uno es oposición nunca aprueba leyes, solo ataja micos y trata de hacer control político”. El resultado transitorio de esto es que “[…] hemos logrado aprobar 64 leyes; con diferente nivel de importancia, pero todas forman parte de la agenda del cambio”.
Avanzar en este campo, a pesar de no ser bancada mayoritaria, permite entrever que hay temáticas que, aunque pueden percibirse como reivindicaciones contra el poder histórico que domina en el país, también encuentran apoyo en sectores de los partidos tradicionales, que no son tan monolíticos como pensamos comúnmente.
Pese a los logros resaltados en el recuadro (Como en botica), “[…] considero que el Gobierno se equivocó mucho en el relacionamiento con las bancadas en el Congreso para sacar adelante las reformas. Por ejemplo, fue un error haber negociado con los partidos y no con los congresistas, lo cual se tradujo en una acción que revivió personajes como Gaviria y otras personalidades de la caverna, resucitadas con el rol y el protagonismo que se les brindó. La mayor parte de los congresistas decían que no se sentían representados en esos interlocutores, y los que votan son los congresistas y no estos ‘líderes’ cuyo legado es de infausta recordación.
Además, fue un gran error porque significó negociar dos veces con una clase política que odia al gobierno y, después, con los congresistas en bancadas”.
La vida nos permite un aprendizaje permanente, pudiera decirse que siempre estamos en clase, lo cual demanda humildad para reconocer que pese a todos los estudios cursados siempre existe algo por aprender, mucho más si actuamos con propósito y dinámica colectiva. De ahí que Alirio Uribe resalte, aclarando la necesidad de reconocerlo, que “[,,,] son más juiciosas las bancadas de derecha que las alternativas. Cuando el Gobierno sumaba a los conservadores para cualquier iniciativa o cualquier paquete de proyectos, todos votaban Sí, unánimemente. O cuando dicen No, todos se van o nadie vota. Nosotros teníamos como supuestos aliados a los verdes, y jamás votaron todos sí, ni jamás votaron todos no. Las bancadas alternativas son más dispersas”.
Con lo vivido en estas primeras dos legislaturas, nos dice nuestro interlocutor, “[…] creo que es conveniente que el Gobierno aprenda a negociar por bancadas. Y hay que aprender a negociar políticas o reformas, pero no ‘gota a gota’. El ministro de cultura, o la de educación, o la directora de víctimas, tratando de sacar adelante cada uno un proyecto, cada cual negociando por su lado, buscando mayorías. Esto es un error. La enseñanza es que deben negociarse a nivel macro las políticas y las reformas con las bancadas, no con congresistas individuales, y menos con partidos y ‘líderes políticos’ desprestigiados, que se reencauchan con la interlocución y el poder que se les otorga”.
“Otro aprendizaje de gran importancia –amplía Alirio– es que hay muchas cosas posibles de adelantar sin necesidad de pasarlas por el Congreso. El Gobierno no utilizó, a mi manera de ver, todas las opciones que brinda el poder reglamentario, el poder de los decretos y las reglamentaciones ejecutivas. Y como lo hizo tarde, cuando ya se habían caído las reformas en el Consejo de Estado, entonces esas reglamentaciones han recibido un fuerte ataque y sindican al Gobierno de dictador, arbitrario, que ‘como no las aprobaron en el Congreso, entonces lo saca por decreto’, y cosas similares”.
Son errores que limitan lo alcanzado en estos dos años, comenta nuestro entrevistado. Y va mucho más allá, enfatiza: “Luego de lo vivido pienso que el Ejecutivo, incluso, debió expedir vía decretos las reformas y simultáneamente sacar los decretos de implementación, que habrían pasado más desapercibidos, sin proceder a ello como ahora ha sucedido –cuando ya se habían caído las reformas–, permitiendo con ello que todos los lentes de los medios de comunicación y de la derecha política se centraran sobre los avances sociales”.
Sobre la Paz Total
La conversación, entre preguntas y respuestas, se adentra y sale de temas unos más espinosos que otros, todos de necesario abordaje. Es así como uno de los fundadores del Colectivo de abogados Alvear Restrepo, abogado de profesión, nos recuerda que “La primera ley aprobada por la bancada del Pacto Histórico y el Congreso fue la de Paz Total. Todos los partidos y movimientos expresaron estar de acuerdo con la norma dirigida a ampliar las facultades y posibilidades de acceder a una Paz de tal dimensión.
Es claro que ni es breve ni fácil el tránsito de las voluntades a la práctica y a los hechos”.
Con su mirada fijada en la pared, en la que parece estar mirando una película similar a la que vivimos a diario en un país donde las mayorías están acostumbradas a salir adelante producto de su tezón y esfuerzo diario, mayorías curtidas en promesas incumplidas, Alirio enfatiza que en cuanto a la Paz Total, es posible afirmarlo sin duda alguna, “[…] el proceso que más ha avanzado es el adelantado con el ELN, que ya cuenta con 28 acuerdos firmados, incluyendo un cese al fuego de más de un año, y otro sobre el punto 1 de la Agenda, que contempla la participación de las comunidades”.
Pero no todo son avances, pues en los últimos meses ha tenido inconvenientes producto de “[…] un proceso de negociación que también ha sufrido tropiezos, en especial por la apertura en Nariño de una mesa paralela con el Frente que allí tenía esta guerrilla. Como es conocido, el aceptar como contraparte a ese frente ha tenido polémicos resultados –por decir lo menos”.
Pero también existen otras negociaciones en marcha. “Tenemos el diálogo sostenido con el Estado Mayor Central de las Farc –EMC–, integrado por guerrilleros que no se acogieron a los Acuerdos firmados con las Farc en el 2016. Con esa organización se ha pactado una agenda y se acordó un cese al fuego en algunas regiones del país e interrumpido en otras. El grupo se dividió en la mesa de negociaciones, una situación novedosa y difícil para el Gobierno porque unos querían cese al fuego, y otros no. Creo que este proceso hay que retomarlo y hay que avanzar. Existe una agenda y es la Mesa. Ante esta realidad, creo que tenemos el deber de evitar pasar de la Paz Total a la guerra total”.
“Con los marquetalianos sucede algo similar. Hay una agenda, se instaló una mesa y se adelantó un primer ciclo. Hay un cese de hostilidades y de los secuestros de naturaleza económica; también existe una agenda exploratoria. (en esto, creo, ya existe una agenda, que de ser así podría resumirse o al menos aludir a sus dos o tres puntos centrales)
Tenemos, entonces, tres mesas de negociación de naturaleza política que están andando, con altibajos, pero se han conservado y es necesario mantenerlas.
No oculta la mirada de Alirio una sombra de preocupación ante los altibajos que sufren estos procesos, que también enfrentan la dictadura del tiempo, el cual comienza su cuenta regresiva ante el próximo 6 de agosto de 2026. Una realidad que no debe quedar oculta.
Retoma nuestro entrevistado el hilo de su evaluación. “Por otra parte, están los grupos urbanos, en Buenaventura, Medellín y Chocó, con mesas constituidas que tienen conversaciones y negociaciones. Estos son diálogos más complejos, pues están cruzados por el negocio de los narcóticos, el sicariato, extorsiones, venta de servicios de seguridad, sin asomo de pretensiones políticas. Son negociaciones que en un momento dado pueden marchar bien pero en cualquier instante, por factores externos –e internos que van más allá de quienes integran las bandas– pueden tensionarse e, incluso, reventar.
“Creo, en lo más profundo de mi ser
–exclama entusiasmado quien por décadas resalto por su labor como defendor de Derechos Humanos, que este gobierno, sí o sí, está impedido de arriar la bandera de la paz e izar la bandera de la guerra! ¡La bandera de la guerra es la que históricamente ha operado en el país, probando una y otra vez su fracaso! Miremos un ejemplo: en el Cauca distintos gobiernos han insistido con la militarización, con la presencia de tropas, incluso, cinco veces mayor que la que existe hoy , y su cosecha fue fortalecer en su momento a las Farc. ¿Para qué ‘llover sobre mojado’”, se pregunta y su gesto con las manos y todo su rostro brinda de manera nítida la respuesta.
De otro lado, de no continuar apostando a la paz, llegaremos a las elecciones de 2026 con todos los grupos armados enfrentados al Gobierno y al Pacto Histórico. Y de ser así, de nuevo tendríamos un escenario de enfrentamientos y combates que impedirían unas elecciones en paz, además de capturar el debate político, una vez más, en las redes de la guerra.
Por ello veo necesario, concluye Alirio Uribe, un plan para estos dos años que contemple hasta dónde se llegaría con el ELN. y hasta dónde con cada uno de los otros grupos armados. Considero que esto es esencial para poder avanzar en un escenario de diálogo y negociación. Pese a todas las dificultades que tengamos que enfrentar, es necesario que la causa de la paz continúe y avance”.
Asamblea Constituyente…
La complejidad de la gobernanza no es poca, más cuando heredas un aparato estructurado y blindado por todos los costados según los intereses de quienes por dos largos siglos han vivido del mismo. Es así como a cada paso te encuentras con un inconveniente, con una norma que te levanta un dique, o con unos funcionarios que hacen todo lo posible por impedir que salga adelante una u otra norma que pretende renovar lo administrativo, hacerlo abierto a los cambios que requieren las mayorías.
Tal vez por ello, comenta Uribe Muñoz, es que el Presidente se imagina e impulsa la Asamblea Constituyente, sin claridad suficiente sobre la misma pues “Inicialmente habló sobre ella, luego de un Proceso Constituyente. En ocasiones también alude a un Acuerdo Nacional’. Sin embargo, pareciera que el Gobierno tiene escepticismo sobre lo que podría ser un gran ‘Acuerdo Nacional’ por la falta de voluntad política de lo que podríamos denominar “los otros”: la clase política, y los grandes empresarios o entramado económico, adverso a un proceso de cambio.
Potenciar el ‘Acuerdo implicaría dialogar con los diferentes y con los opuestos, y tratar de construir un proyecto de país común entre todos, tanto en lo económico, como en lo social, lo ambiental, lo educativo, y otros muchos aspectos centrales para la consolidación de la Nación…”
(Alirio baja la voz, pasa su mirada sobre los papeles que le acomañan y retoma su reflexión), … “Aunque díficil, todo parece indicar que es más fácil lograr un acuerdo con los empresarios que con la clase política, en la cual hay mucha mesquindad. Con los propietarios toca negociar el cómo reducir el porcentaje de sus ganancias, cómo obrar para disminuir la desigualdad en el país, inocultable ante los ojos sensibles, tan preponderante como lo recuerdan todos los estudios”.
“Mantener la iniciativa política es fundamental –nos recuerda Alirio, y enfatiza–, esto lo sabe cualquier persona implicada en asuntos de gobierno, y esa debe ser una inquietud del Presidente, de ahí su preocupación frente al qué y cómo hacer para que las promesas de cambio no se queden guardadas en las gavetas de la Casa de Nariño.
En esa dimensión el Proceso Constituyente es fundamental, ya que implica la movilización –con poder de mandato– por las reformas sociales. Proceso constituyente territorial, que debe ser en plurar, tomando los colores y potenciando los sueños acumulados en cada territorio de nuestro extenso y amplio país. Es un ejercicio, que a la par debe ir acompañado de una pedagogía por la politización social de las mayorías, en el cual esas mismas mayorías se asuman como poder. En otras palabras, y desde otras imágenes, en el/los Proceso/s Constituyente/s significa cimentar poder popular. De ser así, el Ejecutivo no podría delimitarlos ni pretender colocarles dique: sabemos dónde iniciarían pero no dónde terminarían –aunque la aspiración sea que culminen, en un proceso que nunca tiene final absoluto, aunque de tratarse de objetivos parciales, debería proponer y tener un punto de llegada intermedio registrado como un régimen fundado en democracia directa, además de participativa y radical”.
La disputa mediática
Esta valoración del congresista que nos acompaña en esta valoración, no para ahí. “Al mismo tiempo que estos procesos se desenvuelven, observamos que no cesan las acciones dirigidas a crear un clima favorable a un golpe suave contra el Gobierno. Hay una campaña permanente dirigida a desprestigiar, impedir gobernar y tumbar al Presidente. Se confunde y desinforma a la ciudadanía con bulos.
En esa disputa, que es por un imaginario social resuelto al cambio y que rompe el temor a lo nuevo –así no sea revolución–, es deber de las fuerzas políticas de izquierda y democráticas defender la institucionalidad y no hacerle juego a las campañas mediáticas dirigidas a promover un ‘golpe blando’ o un ‘golpe duro’.
Nos compete revisar la estrategia de medios del alto gobierno, revisar cómo hacer para potenciar todos los medios de comunicación y voces de base, cómo estimular y crear condiciones para que los cientos de iniciativas existentes en este campo se articulen, creen su agendas propias y logren llegar con mayor potencia a su audiencia específica, y mucho más allá de ella. Sin esas experiencias potenciadas es muy difícil romper el monopolio que ostentan los grandes poderes mediáticos”.
Corrupción
En su evaluación de los dos años transcurridos, Uribe Muñoz no desconoce una realidad que sabe pesa en la imagen y la evaluación que hace la gente del gobierno Petro, pero también es consciente de la distancia que existe entre la sempiterna corrupción que caracteriza a la elite gobernante, a la que también ha manchado esta nobel experiencia. Y así lo expresa: “Ni debemos ni podemos comparar lo que no es comparable. Es muy diferente que aparezcan casos aislados de corrupción en medio de una gestión gubernamental integra y dirigida a efectuar los cambios que la nación votó, a tener gobiernos –como los que nos han antecedido–, en los que la corrupción se ha apoderado por completo del accionar estatal.
Sí creo que el Gobierno puede y debe adelantar una cruzada contra la corrupción. Generar espacios claros para que la Fiscalía investigue y las instituciones entreguen la información no solo a las instituciones de control sino, y esto es muy importante, a toda la sociedad. Hacer un real gobierno de puertas y ventanas abiertas, producto de lo cual las gentes dejen de ser espectadoras y se asuman en gobernantes de los gobernantes. Este es la mejor ruta para impedir la corrupción, para colocarle un dique. Son miles y miles las investigaciones acumuladas por hechos de corrupción, más de un 94% por ciento están en la impunidad total. Hay que avanzar en procesos de verdad y justicia frente a toda esa macro criminalidad, frente a la captura corporativa de franjas enteras del Estado. Si el Gobierno quiere remontar, debe presentar y, en especial, ejecutar una estrategia muy clara de lucha contra la corrupción enquistada en diversos sectores del Estado”.
Movimiento social/autonomía
Más allá de la norma, pensamos en desdeabajo, de hacerle culto a la letra esculpida en tablas intocables, están las gentes, asentadas en sus territorios, urbanos o rurales, centrales y accesibles por tierra o aire, o periféricos, penetrables solo por ‘carreteras acuáticas’. Y allí, en unos y otros, los movimientos sociales, tan diversos como la Colombia real, movimientos que durante estos dos años de gestión han decidido replegarse y darle tiempo al gobierno, que lo consideran propio, para que cumpla con lo prometido en campaña. Un silencio que deja en dudas su real autonomía.
Precisamente sobre ello expresa Alirio Uribe, “Creo que el papel del movimiento social y popular, de los intelectuales y académicos, es mantener la independencia y ejercer una tarea de vigilancia y control sobre el Gobierno. Pero junto a ello, también creo que es indispensable que estos sectores adelanten una tarea de esclarecimiento para que la comunidad no permanezca cautiva de las narrativas masivas, sistemáticas y falaces que apuntan a sabotear la gestión gubernamental.
En esa ruta y reto, deben actuar para impedir que Estado, gobierno, partido y movimientos sociales terminen siendo, aunque parezcan diferentes, una sola y única cosa. Esa, que es la realidad conocida de los países otrora socialistas, y en alguna medida de otros países que sin serlo se reclaman progresistas, debe ser evitada pues de tornarse cuerpo es la antesala para avanzar hacia un régimen autoritario. Todo lo contrario de lo que pretendemos con nuestra experiencia en marcha.
Como parte de ello, amplia Alirio, le corresponde a los movimientos sociales liderar iniciativas de cambio, incluso que vayan más allá de las pretendidas por el Gobierno, a pesar de que eso suscite tensiones o mal entendidos. No hay que olvidar que el compromiso de esos movimientos es con la comunidad antes que el gobierno. Todo lo que afecta a las mayorías merece el rechazo de los liderazgos de base. No podemos dudar ante ello. Y en esa puja ya se encontrarán las vías y el método para resolver las contradicciones que lo mismo despierte con el Gobierno”.
Ya han trascurrido cerca de tres horas de conversa y los compromisos apremian a nuestro entrevistado, quien va cerrando sus reflexiones, ahora centradas en los actores de base. Retoma el hilo su reflexión y nos dice: “Como es evidente, existe un entramado de poderosos intereses económicos y políticos concentrados en impedir gobernar, tumbar al Presidente o, por lo menos, impedir la continuidad de las políticas del cambio en el 2026. Su principal objetivo es el fracaso del Gobierno. En este sentido, tanto los movimientos sociales y populares, como los sectores intelectuales y académicos, deben preguntarse si van a defender o no los cambios propuestos por el Gobierno, si van a responder al ataque de la ultraderecha contra el Ejecutivo y las transformaciones pretendidas, acompañandolo y demostrando que el Gobierno ni está solo ni está aislado”.
Nos despedimos, con la gratitud expresada por el tiempo brindado para esta evaluación, y nosotros nos dirigimos hacia nuestra oficina cargados de interrogantes provocadas por la avalancha de ideas que de manera desintesada nos ha compartido quien es reconocido entre los actores políticos y sociales por su consecuencia con el cúmulo de ideas labradas en décadas de lucha por justicia y vida digna, en una patria desgarrada por la violencia desplegadas por los circulos de poder que concentran riqueza y multiplican pobreza y miseria. Realidad que no será posible superar si no logramos que la sociedad se movilice de manera consciente y dedicida por sus anhelos de que el plato no falte en la mesa, el trabajo sea estable y bien pagado, sus hijos puedan estudiar sin impedimiento alguno, incluso hasta en la universidad, el derecho a la salud no esté determoinado por la tutela que llena los juzgados…
Aún quedan dos años, compartimos entre nosotros, mientras vamos entrando a la oficina a transcribir esta grabación.
Como en botica
Entre las normas aprobadas de mayor importancia podemos destacar la Ley del Reconocimiento del Campesinado como sujeto de derechos constitucional, consagración en la que habíamos insistido muchas veces y hasta ahora no había sido posible. Con la aprobación de esta norma se reconoce la importancia de este actor social a nivel constitucional. A la par de ella, avanzamos con la reforma constitucional que creó la jurisdicción agraria, un tema íntimamente relacionado con el anterior y con la cual aspiramos a que los conflictos por la tierra no se resuelvan a bala, por la fuerza y por medio del despojo.
La norma que eleva el periodo de trabajo legislativo, también tiene notable importancia. Significa que los congresistas trabajen más tiempo y así alcancen a abordar mayor número de iniciativas en cada legislatura.
Por otra parte, la ley que aprueba el Acuerdo de Escazú, norma de singular valor por todas sus implicaciones en el avance del cuidado del medio ambiente. En este momento, la ley que aprueba el Acuerdo está bajo examen de la Corte Constitucional.
La Ley de Presupuesto merece una consideración aparte, porque es la primera vez que se aprueba una reforma tributaria progresiva con la que los que tienen más pagan más. La Corte Constitucional la ha modificado con tres sentencias que disminuyen sus alcances iniciales.
La Ley que creó el Ministerio de la Igualdad, también carga un extraordinario significado por fortalecer una política pública dirigida a disminuir o cesar desigualdades estructurales que han afectado a la vida colectiva: entre hombres y mujeres, entre pudientes económicamente y no pudientes; entre el campo y la ciudad; entre jóvenes y mayores; entre mundo heterosexual y población LGTBI, entre pueblos blancos y mestizos, y pueblos originarios y afros.
Hay que tener claro que la Corte Constitucional declaró inconstitucional la creación de este Ministerio, pero difirió la inconstitucionalidad hasta julio del 2026; es decir, tenemos Ministerio por dos años; si no se hace una nueva Ley, el Ministerio desaparecería con este gobierno. Una situación sui generis en la que la Corte encontró una fórmula que permite no afectar las políticas públicas del actual gobierno.
También es importante referenciar el único Código expedido en esta legislatura y que está en revisión en este momento en la Corte Constitucional, el Código Electoral, que mejora un poco las prácticas y las auditorías. También es necesario mencionar la Ley de Violencia Política contras mujeres, mejorar las condiciones de su participación en política y evitar su persecución.
La prohibición de las corridas de toros es un avance emblemático para la cultura de la vida y el repudio de la tortura sobre otras formas de vida como espectáculo.
La reforma pensional es una medida de excepcional valor con relación a la vida digna de las personas mayores. Hay más de dos millones y medio de ancianas y ancianos que no reciben ningún ingreso y podrán recibir una suma mensual, a manera de renta básica, que al menos servirá para obtener un mínimo de alimentos o ayudar a pagar un techo donde descansar cada noche. También se aprobó la pensión familiar en mejores condiciones para reunir las cotizaciones del compañero y la compañera. También se aprobó la renta vitalicia para quienes han cotizado entre 300 y 999 semanas, así sea proporcional, al menos medio salario mínimo, de acuerdo a las cotizaciones. Y se reconoce un ingreso a las personas mayores de cincuenta años en situación de discapacidad.
Además, se aprobó la Ley de Mujeres Buscadoras de personas desaparecidas forzadamente, mujeres familiares de seres desaparecidos, se les reconoce su labor de búsqueda y se les dan derechos socio económicos en materia de salud, pensional y educativa.
El código electoral es un asunto de primera importancia. Se mejoró mucho en la Cámara. Esa ley está en revisión de la Corte Constitucional y es el primer código que se aprueba en este gobierno.
Hundidas
Si hablamos de las reformas que se hundieron, que fueron varias, las más sensibles la reforma a la salud y la reforma a la educación. La que prohibía el fracking. Se hundieron más o menos 28 proyectos de ley. La amnistía para las personas encarceladas por la protesta. La ley Estatutaria de protesta social. Es muy probable que el haber intentado sacar adelante tantos proyectos de ley de modo simultáneo fue un error. Quizás hubiese sido mejor haber hecho el proceso de modo más gradual.
Uno de los proyectos que también se hundió es el de la reforma política. De hecho fue la primera que corrió esa suerte. Este hundimiento pone de presente que no hay una atmosfera para democratizar los partidos, democratizar el sistema electoral, crear una corte electoral, realizar consultas, poner limites a la financiación de campañas, que la financiación sea más estatal que privada. Nosotros, en el 2022, hicimos en la práctica una reforma política; hicimos listas cerradas, aunque no democráticamente, e hicimos unidad ¡Esto es una reforma política! En el mundo real, sin que se modificaran las reglas de juego, hicimos listas paritarias que garantizaron que la mitad de los congresistas electos por el pacto histórico fuesen mujeres. ¡Esto es una reforma política: la paridad, la coalición, el voto programático, la lista cerrada…!
Hacia el futuro tenemos un problema: ya no somos una minoría, somos mayorías. Y ya no podemos hacer lo mismo, pero los partidos que integran el Pacto no se quieren deshacer de sus personerías.
* Catedrático investigador en las facultades de Economía y Jurisprudencia de la Universidad del Rosario fue fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la misma Universidad. Creador de la Fundación América Latina para la Educación, la Vida y la Integración, editor, periodista e investigador independiente. Responsable de la sección cultural de la edición colombiana de Le Monde Diplomatique.
