Perú | Boluarte busca anular la denuncia constitucional por enriquecimiento ilícito presentando un hábeas corpus
Caso Rolex: Dina Boluarte acredita a Ernesto Blume y Domingo García Belaúnde como sus abogados ante el TC
Por Diego Casimiro
La presidenta Dina Boluarte ha recurrido al Tribunal Constitucional para anular la denuncia constitucional que presentó el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, por el denominado caso Rolex. Dicha denuncia fue declarada procedente la semana pasada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucional del Congreso.
Boluarte busca dejar sin efecto la denuncia constitucional a través del habeas corpus que presentó el abogado Marco Riveros a su favor en marzo de este año, luego de que la Fiscalía y la Diviac allanaran el domicilio de la mandataria y el despacho presidencial.
La jefa de Estado había desautorizado el referido habeas corpus; sin embargo, esto nunca surtió efecto alguno debido a que no ratificó el desestimiento ante el Poder Judicial. Ahora que el recurso se encuentra en el TC, la mandataria sí lo respalda y ha acreditado como sus abogados al exmagistrado Ernesto Blume y al reconocido jurista Domingo García Belaunde.
La República accedió al escrito de apersonamiento de los referidos letrados, que consideran la denuncia constitucional del fiscal de la Nación como un elemento que confirma una presunta “persecución” contra la presidenta. “(Juan Carlos Villena) no se ha dado cuenta que tal denuncia es insostenible a tenor de lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución”, se lee en el documento de fecha 31 de mayo, días después que se presentara la denuncia ante el Congreso.
La pretensión
El habeas corpus que presentó el abogado Marco Riveros pide, en concreto, que se anule la investigación del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, contra Dina Boluarte, por supuesto enriquecimiento ilícito, cohecho pasivo impropio y omisión de consignar declaración en documentos. Sin embargo, la pretensión de la mandataria no coincide con la de Riveros, según declaró Domingo García Belaunde a La República.
“Nos han llamado porque, más allá de la buena fe del abogado anterior, no creen que esté muy acertado, con toda cordialidad. No se le puede tocar al presidente en ejercicio. Así de simple. Se le puede investigar, pero no se le puede tocar. Punto. Lo que quieren es acusarla y llevarla a un proceso. Eso no puede ser, lo prohíbe la Constitución. Hay que esperar que ella termine su mandato”, dijo García Belaunde a este Diario.
El jurista sostiene que la Fiscalía de la Nación se ha «precipitado» en denunciar constitucionalmente a la mandataria por una causal que no está establecida en el artículo 117 de la Carta Magna (traición a la patria, impedir elecciones, disolver inconstitucionalmente el Congreso e impedir el funcionamiento del sistema electoral). No obstante, sí considera que un jefe de Estado en funciones puede ser investigado preliminarmente, tal como lo ha reconocido la Corte Suprema en doble instancia.
“La denuncia no se puede hacer todavía. La investigación (preliminar) sí, pero no la denuncia. La denuncia es empezar un proceso. La investigación sí para que no se pierdan las pruebas y quede todo pendiente, que es como debe ser. (…) Lo único que se puede hacer es investigar, los plazos se suspenden mientas la presidenta sea presidenta. Ahí el fiscal de la Nación actual y la anterior, la doctora Benavides, están mal. No pueden acusar a un presidente en funciones, solamente investigar preliminarmente”, reiteró García Belaunde.
Ernesto Blume y Domingo García Belaunde han pedido al Tribunal Constitucional que se les dé el uso de la palabra en la audiencia a programarse.
Poder Judicial confirma incautación de aretes de oro de Dina Boluarte que compró Wilfredo Oscorima en Casa Banchero
Por Elias Guillen
El Poder Judicial confirmó, este lunes 22 de julio, la incautación de aretes de oro de la presidenta Dina Boluarte, los cuales fueron brindados por el titular del Gobierno Regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Dichos artículos de alta gama fueron objeto de investigación por los medios de comunicación, luego de que se supiera que Boluarte Zegarra utilizó relojes de la marca Rolex en sus eventos oficiales.
En ese sentido, el magistrado supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, ratificó la decisión de incautar los aretes de oro, los cuales fueron comprados por el también empresario de tragamonedas el 22 de junio de 2023, según las boletas de la Casa Banchero, ubicada en el distrito de Miraflores que fueron mostradas en los reportajes periodísticos.
«Declarar fundado el Requerimiento de Confirmatoria judicial de la medida de incautación instrumental presentado por la Fiscalía de la Nación; en consecuencia, confirmar la incautación dispuesta en el acta de exhibición de un par de aretes argolla de oro amarillo con diamantes (BTE) del 8 de mayo de 2024, levantada en las oficinas del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, respecto del par de aretes argolla de oro amarillo con brillantes, adquirido el 22 de junio de 2023, según la boleta de venta N.º B002-0008884, que describe dicho artículo como ‘aretes diamante (BTE)’, se lee en la resolución judicial.»
Incautación de aretes requería ser ratificada por el PJ
El representante del Poder Judicial señala en el documento que la incautación de los aretes de oro, los cuales fueron usados por Dina Boluarte en sus actividades como jefa de Estado, debió ser ratificada por el mencionado poder del Estado, pese a lo dispuesto por la Oficina del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación.
«La incautación realizada, al no haberse efectuado por mandato judicial, requiere de la decisión confirmatoria del juez de Investigación Preparatoria, que resulta imprescindible luego de ejecutada una medida de incautación por la fiscalía. La evaluación judicial debe centrarse en lo general, al tratarse de una medida que restringe un derecho fundamental, con arreglo al principio de proporcionalidad y en la medida que existan suficientes elementos de convicción, y siendo que la medida ha sido dispuesta por la fiscalía, conforme al artículo 218° numeral 2 del CPP, deberá verificarse la existencia de peligro en la demora», se indica.
Además, se detalla que la incautación se realizó, debido a que existirían «indicios de criminalidad» que vinculan con hechos de «enriquecimiento ilícito y falsedad». Consideraron que si no se ejecutaba dicha acción, no se podría llegar a la «averiguación de la verdad» y que se configuraría una «obstrucción a la investigación».
«De acuerdo al documento denominado Acta de exhibición de un par de aretes argolla de oro amarillo con diamantes (BTE) de 8/5/2024, la incautación se realizó al considerarse que respecto al par de aretes argolla de oro amarillo con diamantes, existirían indicios de criminalidad mínima que lo vinculan ‘con los supuestos de enriquecimiento Ilícito y falsedad’, existiendo el riesgo que de no incautarse el bien podría hacer ineficaz la averiguación de la verdad, con probable obstrucción de la investigación, garantizando de este modo que lo exhibido no desaparezca o se oculte, lo cual podría dificultar su apreciación como objeto de prueba o frustraría el ulterior decomiso», se indica.
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Fiscalía sostiene que Oscorima cometió el delito de cohecho activo genérico
El Ministerio Público sostiene que las acciones de Wilfredo Oscorima al haber entregado los aretes de oro a la presidenta de la República a cambio de otro beneficio a su favor, podrían constituir el presunto delito de cohecho activo genérico.
«En la referida acta también se consignó, al requerirse, la entrega voluntaria del par de aretes argolla de oro amarillo con diamantes, que constituirían indicio de la comisión del delito de cohecho activo genérico que se atribuye al investigado», se lee.
Poder Judicial amplió investigación contra Boluarte y Oscorima
El Poder Judicial informó que, por disposición n.º 5 emitida el 24 de abril del presente año, se ampliaron las pesquisas preliminares contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de cohecho pasivo impropio y contra el gobernador ayacuchano Wilfredo Oscorima por el presunto delito de cohecho pasivo genérico. Esta medida disponía que el cuestionado funcionario regional debía exhibir los aretes de oro que le otorgó a la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
«Por disposición N.º 5 de 24/4/2024, se amplió la investigación preliminar, a efectos de comprender a Boluarte Zegarra por la presunta comisión del delito de Cohecho Pasivo Impropio (artículo 394°, primer párrafo, del Código Penal) y a Wilfredo Oscorima Núñez, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo genérico (artículo 397°, segundo párrafo, del Código Penal); ordenándose entre otras diligencias, requerir a Oscorima Núñez, que exhiba un par de aretes argollas de oro amarillo con brillantes, adquiridos a la empresa Casa Banchero el 22/6/2023, según boleta de venta electrónica N.º 002-08884, debiendo concurrir el 8/5/2024 a las 14:30 horas o al finalizar su declaración indagatoria», se señala.
