El oficialismo en el Senado aprueba nueva ley de medios y el Frente Amplio denuncia un “atropello”
Senado aprobó la nueva ley de medios, que se trató de forma “grave y urgente”, y FA denunció “atropello” de la coalición
Sólo con los votos de la coalición de gobierno (16 en 29), la Cámara de Senadores aprobó este martes la nueva ley de medios, que contó con algunas modificaciones y un aditivo propuesto por Cabildo Abierto (CA) [ver recuadro] que fue cuestionado por la academia. El tema fue propuesto de forma grave y urgente, pese a que no se trató en la Comisión de Industria de esa cámara una vez que fue aprobada por Diputados a fines del año pasado. El Frente Amplio (FA) entiende que se trata de un “atropello”, e incluso la presidenta de la cámara, Beatriz Argimón, se mostró sorprendida y dijo que no estaba enterada de que se iba a plantear el tema en esta jornada.
En conferencia de prensa, al término de la votación, el senador del FA Óscar Andrade lamentó la derogación de la normativa vigente y afirmó que con la nueva ley –aunque resta la aprobación de los cambios en la Cámara de Diputados para su sanción definitiva– “perdió la calidad democrática”. Dijo que “la historia de la adjudicación de medios en Uruguay es una historia no transparente”, basada en “una relación perversa entre el poder mediático y el poder político”.
Por su parte, el también frenteamplista Alejandro Sánchez aseguró que la nueva ley implicará “una concentración de los medios de comunicación que va en contra de cualquier estándar internacional”, puesto que la norma aprobada, sostuvo, “habilita una concentración desmedida”. Apuntó, además, que “se generan mecanismos por los cuales los medios de comunicación no tendrán que abonar por utilizar el espacio radioeléctrico nacional”, que es propiedad del Estado uruguayo, y “se desfinancia el Fondo Nacional Audiovisual”.
En tanto, el senador del FA José Carlos Mahía, coordinador de la bancada de la oposición, informó que, tras la decisión del oficialismo de tratar el proyecto sin aviso previo, el FA resolvió, “por primera vez desde la restauración democrática”, no participar más en la coordinación interpartidaria. A partir de ahora, sostuvo, la oposición anunciará sus iniciativas “a través del propio pleno”. “Se rompieron los códigos de los relacionamientos entre los partidos”, subrayó.
Debate caliente
En la sesión, el FA cuestionó duramente cómo se dio el tratamiento del proyecto. De acuerdo a Mahía, hubo problemas de “fondo” y “forma”. “Esto no fue planteado para tratarse hoy, hablamos de lo contrario” en la reunión de coordinación interpartidaria, dijo, y agregó que dicho proyecto tuvo “apenas la entrada en la Comisión de Industria, no hubo un tratamiento de un solo día, de un solo artículo, absolutamente nada”, lo que “deslegitima el funcionamiento de una coordinación interpartidaria”.
Por su parte, la senadora frenteamplista Silvia Nane, que preside la Comisión de Industria, señaló que “esta urgencia no estuvo” en la comisión, que es el lugar “donde esto se debería tratar”. “La única explicación que le veo a todo esto es que se vienen los tiempos electorales, esa sensación en el aire de que la coalición no va a volver a gobernar se ve que está apurando el período de los mandados, y acá tenemos una muestra más de un atropello a todos los diálogos que nos está regalando una vez más la coalición de gobierno”, fustigó.
De acuerdo con Nane, “esto no queda acá, porque no nace de un repollo la discusión. Esto ya ha venido con varios embates en las rendiciones de cuentas, en el Presupuesto, que han ido como tomando tajadas de eso que les es tan necesario, se ve, para la campaña electoral a modo de una cuenta”.
En tanto, Andrade, del FA, dijo que le hubiese gustado que la urgencia hubiera estado para el proyecto de primera infancia, para garantizar la alimentación en las escuelas o para aprobar la ley de financiamiento de los partidos políticos. Sin embargo, cuestionó que “la urgencia sobre tablas es para definir esto. Esperemos que haya algún informe que nos diga que es buena la extranjerización de los medios de comunicación y ese fundamento [esté] con claridad en el articulado, cuando la norma anterior permitía como máximo el 49% de las acciones. Seguramente quienes tienen urgencia en aprobar esto lo podrán explicar, pero se eligió el peor camino”, criticó.
El senador blanco Jorge Gandini apuntó que el proyecto está en el Parlamento “casi desde que se inició el período parlamentario”. Señaló que en Diputados se “discutió mucho, fue y vino”, y que llegó al Senado al final del período. “Lo que está en el fondo es que una parte del Parlamento quiere que quede vigente la ley anterior y otra parte quiere que se cambie. Quienes quieren que quede la anterior, obviamente quieren que se discuta y se discuta y vengan unos y vengan otros, porque ya estamos sobre la hora y va a perderse la oportunidad de cambiarla y nosotros queremos cambiarla”, indicó Gandini.
Asimismo, el nacionalista dijo que, a diferencia de lo sucedido en la cámara baja, ahora hay acuerdo con los socios. “Hoy es prácticamente la última sesión antes de la interna; yo no sé si en junio vamos a tener sesiones, y si las tenemos, capaz que no tenemos cuórum, porque es lo que está pasando en algunas comisiones. Hoy hay que votarla; si no se vota hoy quedará para antes de la elección, y mejor estas leyes aprobarlas antes de que se contaminen con todo el proceso electoral en el que se disputa un nuevo gobierno”, argumentó.
En el tratamiento en la cámara alta se eliminaron los artículos 51 y 52 del proyecto que vino de Diputados. El primero indicaba que “para el caso de los servicios establecidos en Montevideo y la zona metropolitana, ya sean servicios de televisión abierta, de televisión para abonados en sus señales propias y las señales de televisión que sean difundidas o distribuidas por servicios para abonados con licencia para actuar en la misma zona, al menos el 60% de la programación total emitida deberá ser de producción o coproducción nacional, sin contar la publicidad y la autopromoción”. El segundo, en tanto, decía que “los servicios de radiodifusión de radio abierta establecidos en Montevideo y la zona metropolitana deberán emitir al menos 30% de música de origen nacional del total de su programación musical, o realizar campañas de promoción de artistas nacionales a los efectos de difundir la cultura nacional”.
El aditivo cabildante
Pese a que no estaba de acuerdo en principio con la iniciativa, CA acordó con los socios incorporar un aditivo sobre el «derecho a una comunicación política completa, imparcial y equilibrada», una iniciativa que había impulsado en la discusión en Diputados. El aditivo indica que “los ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada” y fue aprobado sólo con los votos del oficialismo.
El aditivo aprobado añade que “los servicios de difusión regulados por la presente ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos”. “Esta obligación comprende a todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, parlamentario, jurídico, académico y electoral”, apunta.
Quedan exceptuados de esta disposición “los programas o espacios de comunicación de partidos políticos, agrupaciones partidarias, instituciones universitarias y académicas públicas y privadas, sindicatos, asociaciones estudiantiles, cooperativismo, centros comerciales, organizaciones rurales, cámaras empresariales, agrupaciones profesionales y otras fuerzas sociales de la República”.
Organizaciones sociales cuestionan votación de nueva ley de medios por su “forma y contenido”
Por Mauricio de los Santos
El pasado martes, de manera sorpresiva, la coalición de gobierno presentó en el Senado el proyecto de ley de medios en el pleno, sin haber pasado por la comisión de Industria donde estaba siendo evaluado. La propuesta fue aprobada únicamente con los 16 votos de la Coalición, ya que en el momento de la votación, la bancada del Frente Amplio se había retirado. Las senadoras Carmen Asiaín, Irene Moreira y Pablo Lanz impulsaron la urgencia del tratamiento del proyecto de ley que regula el régimen de los servicios de difusión de contenido audiovisual.
Incluso la vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, expresó su desconcierto al afirmar que no fue informada previamente sobre este asunto, dejando en claro su sorpresa ante la situación. Ante esta situación, la organización Cainfo, emitió un comunicado en donde afirma que “El Estado uruguayo comenzará, en plena campaña electoral, a incidir en los contenidos de los medios de comunicación”.
Cainfo, Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública, es una asociación civil sin fines de lucro que desarrolla acciones en Uruguay por el derecho a la información pública, la libertad de expresión y la participación social. Para esta organización la norma, que debería haber pasado nuevamente por Diputados pero “se aprobó sin la discusión en la Comisión de Industria, sin el aviso en la coordinación de bancada a la oposición y sin escuchar a ninguna delegación sobre su contenido”, dicen en el comunicado hecho público este miércoles.
Cainfo denuncia que la norma sancionada ”obliga” a los medios a brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos lo cual configura una “incidencia en los contenidos”.
Fabian Werner, presidente de Cainfo, dijo a Diario La R que se trata de un “retroceso muy grande en materia de Ddhh para el Uruguay y un desconocimiento absoluto de los estándares internacionales sobre libertad de expresión” Para Werner la normativa también “desconoce los mecanismos de participación ciudadana, de la academia y de la organización ciudadana” y que es “negativa para los periodistas en general”. Cainfo asegura que se trata de una redacción sugerida por Cabildo Abierto “el partido que años atrás había propuesto crear un mecanismo de control de los contenidos de los medios de comunicación, asignando ese cometido a la Corte Electoral, a través de una Junta de Garantías en la Comunicación Política, aplicando sanciones y multas”.
Concentración y extranjerización
Para Gustavo Gómez, director del Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia ( Observacom) la aprobación urgente de la normativa “es sorpresiva y no es sorpresiva porque claramente este tema ha sido una prioridad para el actual gobierno desde que asumió” y que responde a los intereses de los empresarios de los medios. Como ejemplo de esto Gómez señala que uno de los empresarios dueños del Canal 4 participaron en la redacción de la primera versión del proyecto presentada en el año 2020.
“Ya lo preveíamos el año pasado cuando se presentó un proyecto de ley que derogaba gran parte de la normativa vigente que se iban a flexibilizar los límites a la concentración de medios permitiendo que algunas empresas puedan tener más medios de los que pueden tener actualmente”, agregó Gómez. Para el especialista estos grupos han ido creciendo irregularmente “bajo la mirada del gobierno actual y la Ursec sin que hicieran nada para evitarlo”.
El director de Observacom dijo a La R que cuando “por fin” se conoce lo que se aprobó se revela “que el Senado fue aún más allá y amplía la concentración. Gómez reconoce la legitimidad de un gobierno con mayorías para modificar la legislación vigente pero cuestiona la falta de debate ante un tema “tan sensible para el sistema democrátivo”. Por su parte el Pit-Cnt emitió este miércoles un comunicado en donde califica esta aprobación de “retroceso” y denuncia que “facilita el avance del preocupante aumento de la concentración de medios de comunicación que ya se está verificando en el país” y su “extranjerización”.
