La difícil articulación de la democracia directa desde la institucionalidad – Por Philip Potdevin

En 17/04/2024

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Philip Potdevin*

¿De qué manera puede articularse la movilización y los mecanismos de participación ciudadana como un dispositivo de poder cuando ya se detenta el poder? He aquí una de las contradicciones de los gobiernos que han impulsado en sus campañas el cambo social para luego tropezar con dificultades en su implementación cuando ya ejercen su mandato.

El pasado 15 de marzo el presidente Petro propaló un nuevo debate nacional al anunciar desde Puerto Resistencia en Cali, el simbólico y controvertido bastión sobre el río Cauca de la Primera Línea, que si el gobierno no consigue que el Congreso apruebe las reformas propuestas iniciará un proceso para convocar una Asamblea Constituyente. Dos días después y ante la virulenta reacción de distintos sectores del establecimiento tradicional del país, que vio en el anuncio una grave amenaza a la continuidad del régimen y modelo que el país carga hace dos siglos, el Presidente dio pie atrás en entrevista concedida al diario El Tiempo, el primer y más grande medio opositor a su gestión desde que llegó al poder, para aclarar que no se trata de citar la Asamblea para cristalizar las reformas que el Congreso no ha querido tramitar o aprobar sino de un programa de seis puntos. Precisó así lo dicho:

“Propongo seis temas de diálogo que requieren atención urgente. En primer lugar, es crucial implementar de manera efectiva el Acuerdo de Paz de 2016, el cual fue desatendido y atacado durante el gobierno anterior. Se robaron los recursos de la paz y la Fiscalía de Barbosa nada investigó. Aspectos fundamentales como la Reforma Agraria y la solución al problema de las drogas ilícitas deben abordarse con premura. Además, proponemos complementar el Acuerdo para hacer frente a los desafíos actuales de violencia en los territorios. En segundo lugar, es esencial garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de vida para todos los ciudadanos, que incluyan salud, pensión y acceso al agua. En tercer lugar, se requiere una reforma judicial que acerque el sistema judicial al ciudadano, lo haga más efectivo y tenga una dimensión reparadora en términos de verdad y garantías de no repetición. La verdad como el eje de la justicia. Sin verdad no hay perdón ni reconciliación. La verdad no ha aparecido hasta el momento y la JEP se quedó corta, porque se han fragmentado los procesos investigativos en diferentes tribunales generando una verdad incompleta. Que nunca más se patrocine un Fiscal General que use la entidad como plataforma política contra un gobierno en ejercicio. Cuarto, proponemos el reordenamiento territorial, donde se fortalezca la autonomía local siempre y cuando el territorio excluido sea rápidamente incluido y empoderado. […] en quinto lugar, también me interesa el cambio climático, tema que no se tocó en la constitución del 91 por el contexto en el que se vivía en ese momento. Y, por último, instamos a establecer un diálogo en torno al fin de la violencia en Colombia y la reconciliación.

Todos estos objetivos pueden alcanzarse dentro de nuestro marco constitucional utilizando los mecanismos de participación ciudadana existentes (1).

¿Asamblea Constituyente para aprobar reformas fallidas o para lograr un cambio estructural?

Es decir, el discurso del Presidente cambió en menos de cuarenta y ocho horas, de una advertencia muy concreta a una propuesta tan amplia como nebulosa. Lo cierto es que de nuevo, el Presidente apela a la movilización ciudadana para reconectarse con quien lo llevó al poder para tratar de encontrar el apoyo que no ha conseguido desde adentro de la institucionalidad en la paradójica condición de ser Presidente de los colombianos pero con un establecimiento tradicional, corrupto y enquistado en viejas prácticas clientelistas; un establecimiento al que tiene en contra en toda su extensión: el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Público, y el poder de la gran prensa, además de tener que enfrentar, día a día, una férrea oposición de los partidos y movimientos derrotados en las elecciones del 2022.

Cabe decir que lejos está de ser el primer presidente del mundo –pero quizás si en nuestro país– que tiene que lidiar con escenarios adversos para gobernar, es más, en sociedades altamente polarizadas esto es cada vez más frecuente. En los Estados Unidos, por ejemplo, presidentes como Obama y Biden han debido enfrentar un Congreso donde sus proyectos son hundidos o a una Corte Suprema que termina echando atrás las iniciativas del Ejecutivo; pero igual sucede en las democracias latinoamericanas y en las monarquías parlamentarias europeas donde los primeros ministros o presidentes de gobierno trabajan dentro de un estrecho margen de maniobra por la necesidad de formar múltiples y endebles alianzas con partidos, incluso, no de manera infrecuente, con grupos antagónicos con tal de alcanzar a formar un gobierno que permita cierta estabilidad. Prueba de esto último son las recientes alianzas en España del Psoe de Sánchez con los partidos nacionalistas y separatistas como los catalanes de Junts y ERC y los vascos de PNV.

Lo cierto es que, desde afuera, lo que sucede en Colombia parece una lucha de David contra Goliat, y la honda con la que el pequeño héroe pretende vencer al gigante opositor es aquella cuya munición es la “pedrada” de la movilización popular contra el establecimiento.

Movilización popular: ¿amenaza política o participación ciudadana efectiva?

Desde la llegada de Gustavo Petro al gobierno en agosto del 2022 se le ha visto agitar, convocar y acudir, una y otra vez, a la movilización popular y callejera para que el pueblo respalde sus propuestas de cambio social y pase, de esa forma, un mensaje de urgencia y severidad al establecimiento –esa amorfa y gaseosa superestructura, pero a la vez, conspicua y poderosa que representa dos siglos de dominación sobre las clases oprimidas– de modificar el modelo económico, político y social del país si se quiere disminuir la desigualdad, mejorar las condiciones de vida, lograr una paz total social duradera, atacar la base de la corrupción que desangra al país, reducir la dependencia de potencias extranjeras (naciones ricas y desarrolladas y organismos multilaterales) y financiar el gasto y la inversión con fuentes que no sean los recursos no renovables de la nación. Las pretensiones anteriores constituyen, en últimas, el modelo progresista que desde comienzos de este siglo varios gobiernos de izquierda de la región han pretendido sacar adelante con resultados inciertos y, casi siempre, muy limitados.

Progresismo tardío en Colombia

Colombia ha llegado tarde al progresismo, casi un cuarto de siglo después de Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Perú, Argentina y Ecuador; experimentos políticos que fueron recibidos con gran expectativa en toda la región y que luego debieron ceder, con excepción de Venezuela, al libre juego demócrata de la alternancia frente a propuestas de la derecha. En la mayoría de los casos, los cambios sociales esperados fueron insuficientes o nulos, y en muchos, la experiencia fue decepcionante: corrupción descarada, aumento del endeudamiento público, hiperinflación desbocada, movilizaciones y protestas sociales por promesas insatisfechas, exacerbación del modelo extractivista y poca o casi ninguna merma en los índices de desigualdad y de pobreza absoluta. En todos los casos, excepción de Venezuela, donde el régimen de Maduro se sostiene bajo un modelo corrupto y absolutista respaldado por el ejército, la derecha regresó con mayor ímpetu que antes y reeditó los modelos que la habían llevado a la derrota en las urnas a manos de propuestas sensibles con los de abajo y más desfavorecidos.

En el 2022 Colombia alcanzó finalmente lo hasta entonces inimaginable: que el establecimiento representado por las castas y elites cedieran el poder frente a una propuesta impetuosa y decidida como la que llevó a Petro a la silla de Nariño. Los continuos errores del gobierno Duque, que insistió en un modelo represivo frente a la propuesta social, una errática gestión de la pandemia y que desconoció y desaceleró la implementación de los Acuerdos de Paz firmados en el gobierno que le precedió, dieron pie a que un gran paro nacional y el llamado estallido social mostraran la potencia de la expresión popular. Por fuera de las urnas, pero después ratificado en ellas, se pudo exigir un cambio inmediato de una tradición de doscientos años de alternancia del poder entre grupos y sectores de la oligarquía nacional sin que en ningún momento hubiera en ella espacio para propuestas de carácter social.

Petro llegó al poder con un programa de gobierno bajo el brazo que tituló Colombia, potencia mundial de vida, henchido de propuestas importantes y sensatas y no, es importante señalarlo, demasiado revolucionarias: reformas estructurales en materia tributaria, política, de salud, de justicia, de pensiones, y otras más, pero, al mismo tiempo, con una representación minoritaria en el Congreso que le generó un aterrizaje forzoso y obligó, desde el primer día, a tratar de forjar alianzas para lograr sacar adelante su ambicioso plan. Una dura bienvenida al sistema democrático de férreas oposiciones ideológicas, pero, sobre todo, cabe resaltarlo, oposiciones de clase. El resultado, casi dos años después, es revelador: ninguna propuesta de reformas estructurales cuajó, la tributaría apenas alcanzó a cambiar aspectos mínimos de la pretendida redistribución de riquezas; la reforma política se hundió sin llegar a ser presentada, la de salud agoniza si no es que está muerta para cuando salgan publicadas estas líneas, y las demás tienen casi ninguna posibilidad de salir adelante.

En resumen: un gobierno inmovilizado por parte de una oposición que ha aprovechado la correlación de fuerzas, la tibieza del gobernante en su afán por darle cuerpo y prolongar un Acuerdo Nacional por arriba, la falta de autonomía de los movimientos sociales que decidieron guardar sus demandas de cambio por temor a favorecer a sus contrarios, la persistente improvisación del Ejecutivo y su equipo ministerial, la prolongación de prácticas corruptas que han extendido en la opinión pública la sensación de que “todos son iguales, así como la inexperiencia en administrar lo público.

Una realidad que permite afirmar que el gobierno de Petro está siendo derrotado en su día a día, no solo por la visceral oposición del establecimiento y la gran prensa, sino por sus propias limitaciones y errores, que van desde las contenciones que impone el mismo resultado electoral, logrado en segunda vuelta y sin abultada ventaja, pasando por una endeble estrategia de comunicación, hasta errores de gestión, administración y de cumplimiento de una taxativa normatividad que da pie a que nombramientos, actos administrativos y decisiones sean efectivamente imputadas por los entes de control, las Cortes y el Ministerio Público. Como se dice a nivel popular “si se da papaya…”.

Tropiezos para gobernar desde la izquierda

“Nunca nos imaginamos que gobernar sería tan difícil” (2) admitió hace unas semanas Alirio Uribe, uno de los representantes a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico que ha visto cómo los esfuerzos del gobierno y su bancada son infructuosos frente a una bien aceitada maquinaria compuesta por partidos políticos, un anquilosado funcionariado estatal, entes de control como la Procuraduría y la Fiscalía, además de las tres cortes superiores en donde en ninguna de ellas el gobierno tiene magistrados aliados que permitan inclinar decisiones a su favor. El país y el gobierno han comprobado que llegar al poder con únicamente una mayoría electoral es insuficiente para intentar adelantar los cambios sociales tan largamente esperados por el pueblo colombiano. El “pushback”, es decir, la resistencia del establecimiento es de tal magnitud que la mayoría en las urnas es apenas una de las muchas condiciones para el cambio, pero por si sola es exigua, por no decir insignificante.

Frente a esa situación de un gobierno maniatado que no logra la aprobación de las reformas en el Congreso, el Presidente acude una y otra vez, a querer hacer valer su capital político representado en el apoyo de los movimientos sociales y populares, las primeras líneas, las fuerzas estudiantiles, los sindicatos más poderosos como la USO y Fecode, las agremiaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, los grupos Lgtbiq+, etcétera, para advertirle perentoriamente al establecimiento que si no es posible que las reformas urgentes requeridas sean aprobadas, será el pueblo en las calles y a través de los mecanismos de participación ciudadana, quien haga valer el derecho que tiene de ver cristalizadas las aspiraciones por las cuales votaron mayoritariamente en el 2022.

Viabilidad de una Asamblea Constituyente por fuera del trámite legislativo y con base en la participación ciudadana

El último intento es el ya citado al comienzo de estas líneas, cuando a mediados de marzo el Presidente advirtió que si la reforma de salud se hundía llamaría a una asamblea constituyente para que allí fuera discutida y aprobada. Las voces de protesta no se hicieron esperar. Parece que el Jefe de Estado sabe donde hundir el dedo, el “botón caliente” con el que el establecimiento reacciona de manera más agresiva: la sola mención de una asamblea constituyente convocada por un gobierno que ejerce legítimamente el poder huele a muchos a autogolpe, a cierre de Congreso, a alargamiento de periodos presidenciales, a perpetuación de un presidente en el poder. Las voces de reacción desde el día siguiente y hasta hoy, rechazan una figura que tildan, equivocadamente, como “antidemocrática” a pesar de que el mecanismo está previsto en la Constitución del 91 y que cualquier estudiante de primer semestre de Derecho Constitucional sabe que el constituyente primario es siempre el pueblo y que en ese sentido es soberano. Por eso Petro ha hecho el énfasis en la diferencia entre poder constituyente y el poder constituido. Él mismo se reconoce, correctamente, como poder constituido (3).

Sin embargo, la “amenaza” de Petro se desvanece casi antes de terminar de ser propuesta y argumentada: reformar la constitución por vía de participación ciudadana y por fuera del trámite legislativo establecido en el artículo 114 de la Constitución del 91, que dice expresamente que corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, es una apuesta de dudoso éxito. Eso lo sabe muy bien el Presidente, que se reafirma siempre que puede como un demócrata convencido. Dos días después del anzuelo lanzado en Puerto Resistencia, en Tierralta él mismo respondió los ataques del presidente del Congreso: “Las armas de la Nación no van a apuntar al Congreso; Name, por Dios, yo soy un demócrata”. Y al diario El Tiempo dijo: “Soy un demócrata que aboga por una democracia más profunda y garantista, aunque esto no impide plantear preguntas ni abrir un diálogo público sobre ciertas decisiones judiciales” (4).

No es difícil entrever, en medio de la polvareda que levantó la propuesta, que se trata de una típica jugada política a tres bandas, impulsar el debate de una arriesgada iniciativa que podría llevar a un “mal mayor” –una eventual asamblea constituyente–, para lograr un resultado político, en apariencias más sencillo, como es la aprobación de las reformas sociales que no han logrado cuajar hasta ahora.

Pero si no fuera suficiente lo anterior, al menos en el caso de Petro, cada vez más frustrado ante la imposibilidad de lograr los ansiados cambios, insiste en la improbable posibilidad de reformar la constitución desde abajo a través de los mecanismos de participación directa establecidos en la misma constitución, a saber, el cabildo abierto, la consulta popular, la protesta pública pacífica. Específicamente, ha manifestado que quiere acudir a los mecanismos de participación ciudadana en lugar de usar la vía legislativa por cuanto “los poderes constituidos no han hecho estas reformas que tienen que ver con la paz. Porque afectan el sistema político y no cambian. Porque la manera de gobernar después de expedir la Constitución del 91 fue la manera de gobernar paramilitar. Porque la Constitución del 91 nunca se aplicó. Sino que se aplicó de facto un régimen construido en una alianza entre el poder político, sectores del Estado, y dejó 200.000 colombianos muertos(5)”.

Es evidente que el Presidente en su desasosiego por no ver un camino claro por la vía legislativa, quiera agitar el fantasma, el espectro oscuro e insondable de a dónde pueda llevar una asamblea constituyente y que tanto asusta al establecimiento para insinuar que la puede adelantar por fuera del tramite del Congreso con la simple convocatoria del constituyente primario, es decir, el pueblo. En un país tan altamente legislado y normatizado como Colombia dicha posibilidad es, a todas luces, jurídicamente inviable. Tampoco se puede vislumbrar que pueda hacerse bajo el imperio de la fuerza, por ejemplo, con unas fuerzas armadas que respalden dicha iniciativa; eso está fuera de toda posibilidad práctica pues Petro, a diferencia de Chávez en su momento, no emerge del corazón del Ejército, al contrario, proviene de un movimiento que en su momento fue subversivo.

Movilizar al pueblo desde la presidencia: ¿es tan eficaz como desde la oposición?

Entonces, ¿qué caminos le quedan al inquelino de la Casa de Nariño para movilizar las fuerzas sociales a su favor? Y más allá de lo anterior ¿hasta dónde están esas fuerzas dispuestas a acompañarlo para hacer valer y sacar adelante su programa de gobierno? El presidente dice: “Cuando se abre la puerta para una constituyente, el pueblo decide. Y a eso le llamo democracia. Puede que a una persona en particular no le guste lo que el pueblo decida, pero la democracia es así. Yo he convocado que el pueblo decida (6)”.

La coyuntura actual tiende luz sobre una de las contradicciones mayores de un gobierno progresista que ha llegado al poder en segunda y disputada segunda vuelta, y con el respaldo de una mayoría de fuerzas sociales que convergen en torno a un proyecto de cambio. Estas fuerzas ni son monolíticas, ni obedecen a una sola voz, al contrario, cada una tiene su propia agenda y pretensiones, y al contrario de lo que pretenda el Gobierno, son más las reivindicaciones que consideran insatisfechas que los logros que alcanzan a valorar o dimensionar por los esfuerzos realizados desde el gobierno que quiere representarlos. La renuncia a su autonomía, la institucionalización de infinidad de sus cuadros, el llamado realismo político y sus cálculos sobre la pertinencia o no de la protesta abierta por cambios efectivos, la desilusión, el desencantamiento y el desengaño le ganan a lo que, antes de llegar al gobierno, hacía que estas fuerzas salieran masivamente a las calles para exigir un cambio social inmediato. Al contrario, son las fuerzas de la oposición las que ahora catalizan el descontento de los que no votaron por el proyecto de Petro para salir a marchar en contra del gobierno; y se hacen sentir, apoyados por el establecimiento, por la gran prensa y por la multiplicación viral de las redes sociales.

La pregunta de fondo es ¿de qué manera se puede articular la movilización y los mecanismos de participación (recuérdese que el preámbulo de la Constitución afirma que nuestra democracia es esencialmente participativa “[…] dentro de un marco jurídico, democrático y participativo –s.m.– que garantice un orden político, económico y social justo”), como un dispositivo de poder cuando ya se administra el gobierno? Y todo lo anterior, dentro del sistema institucional de un establecimiento que precisamente repele y resiste todo tipo de presiones que rayen en la ilegalidad o en el desconocimiento de las instituciones y de los mecanismos considerados los legítimos para encausar las pretensiones de un pueblo.

El presidente Petro tiene, a su favor, quizás desde su personalísima perspectiva, el ejemplo de diez años atrás, que gracias a la movilización popular cuando era alcalde de la capital y el Procurador de turno intentó destituirlo, las vigilias en la Plaza de Bolívar de miles de personas impidieron que este lograra su pretensión. Petro pudo terminar su periodo de elección popular con la satisfacción de no haberse dejado sacar del gobierno distrital gracias al respaldo popular que tuvo. ¿Es posible reeditar, mutatis mutandi, este respaldo ahora que es presidente? Todo parece indicar que no, y mientras tanto el Gobierno prosigue debilitándose con los bandazos que da el Presidente en sus discursos, un día en Puerto Resistencia, al otro en Tierralta, en Córdoba donde manifestó que los empresarios de la costa están recogiendo fondos para tumbarlo, y al día siguiente ante El Tiempo donde recoge lo dicho y plantea algo diferente en su propuesta de los seis puntos para una asamblea constituyente.

Agitar a las masas con un doble propósito de buscar su apoyo pero también intimidar a las elites para que le bajen la presión que no han aflojado sobre él desde que subió al poder parece ser una estrategia extrema frente al margen de maniobra cada vez más limitado que tiene en su gobierno.

Notas