Argentina | El Senado votará el DNU después de las 21 y se acentúa la interna polítca entre el presidente y la vicepresidenta
“El DNU debe ser rechazado por su manifiesta nulidad absoluta e insanable”
Cuatro abogados constitucionalistas sostuvieron que el DNU 70l2023 firmado por el presidente Javier Milei, que será debatido este jueves en el Senado, debe ser rechazado “por su manifiesta nulidad absoluta e insanable” y consideraron que es “obligación” del Parlamento evitar los mecanismos que el Poder Ejecutivo propone para no pasar por el Congreso.
“La Corte Suprema de Justicia sostiene que la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”, explicaron Laura Clérico, Raúl Gustavo Ferreyra, Roberto Gargarella y Andres Gil Domínguez en un texto breve que publicaron en la red social X.
Los académicos recordaron que “el Poder Ejecutivo tiene prohibido constitucionalmente emitir disposiciones de carácter legislativo” y “no puede acudir a un DNU porque no tiene mayoría en el Congreso”.
“El DNU 70/2023 es un instrumento que se ha dictado por fuera de las ‘circunstancias excepcionales’ admitidas en forma restrictiva por la Constitución. Corresponde subrayarlo una vez más: la CN autoriza el dictado excepcional de un DNU solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes Y éste no es el caso ya que el Congreso se encuentra funcionando”, remarcaron.
Escribimos un texto breve, sobre por qué rechazar el DNU. Con Laura Clérico, Raúl Gustavo Ferreyra y Andrés Gil Domínguez https://t.co/3oIL6jzghW
— roberto gargarella (@Rgargarella) March 13, 2024
También hicieron hincapié en que “al modificar o derogar de manera definitiva 81 normas desnaturaliza las atribuciones del Congreso como órgano que titulariza la tarea constitucional de diseñar la legislación”.
“Tal accionar comporta la ruptura de la separación de poderes del Estado y favorece la concesión de la suma del poder público al Ejecutivo, algo expresamente prohibido por el art. 29 de la Constitución”, afirmaron los especialistas.
Para los constitucionalistas, “las facultades extraordinarias que se arroga el presidente permiten que los derechos y bienes de las personas queden a su merced: las libertades que se ‘conceden’ un día desde el poder, a través de una medida discrecional, pueden ser ‘removidas’ al día siguiente a través de otra medida discrecional”.
“El Congreso tiene la obligación de evitar que se consolide el mecanismo que propone el DNU 70/2023 mediante el cual el Poder Ejecutivo puede elegir discrecionalmente entre dictar un decreto de necesidad y urgencia o someterse al trámite ordinario previsto por la Constitución para la sanción de las leyes”, advirtieron.
El Senado ratificó este miércoles que hoy debatirá el DNU 70/23 que desregula la economía, luego de que la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, habilitara su tratamiento, mientras que el presidente Javier Milei advirtió que su eventual rechazo “conllevaría un grave retroceso en los derechos y necesidades del pueblo argentino”.
Ayer, se realizó la reunión de Labor Parlamentaria para acordar los temas de la sesión, convocada para las 11, y pese a que el jefe de Estado lanzó un duro comunicado mientras los legisladores estaban reunidos, se confirmó que se tratará el cuestionado DNU.
Cómo se desató la tormenta Milei- Villarruel y qué puede ocurrir en la sesión que trata el DNU 70/23
Hasta las seis y media de la tarde de este miércoles, cerca de Victoria Villarruel sólo acotaban que ya no había margen para lamentos desde la Casa Rosada. Aseguraban que le anticiparon «hace meses» a los funcionarios del presidente que la vida del DNU 70/23 se estaba acortando drásticamente en el Senado. «No sabemos si al número 1 le interese demasiado», eludió una fuente consultada sobre el presunto malestar de Javier Milei ante la decisión de la vicepresidenta de sumar a la sesión de este jueves el tratamiento del decreto más importante de su presidencia. Por la tarde arreciaron versiones de un volantazo, de una Villarruel que daba marcha atrás a pesar de las advertencias que había lanzado. Los planteos, que inundaron las redes en su contra, apuntaban a una decisión ejecutiva de la titular del Senado para deshacer la convocatoria que había firmado. No pensaba hacerlo y no lo hizo, pero intentó un acuerdo político para postergar el tratamiento una semana más. Genuina o no, Villarruel intentó postergar por unos días la sesión de este jueves y no tuvo éxito.
Lo propuso en la reunión de Labor Parlamentaria que estaba prevista para las 18 de este miércoles y ordenar el transcurso de la sesión que comenzará (comenzó) a las 11. La vicepresidenta repitió los intentos que habían hecho antes los integrantes de su bloque, una minoría de siete bancas. Los radicales y peronistas le contestaron que no, que no había margen para una postergación nueva. En el caso de Unión por la Patria repasaron la cantidad de pedidos de sesión que habían reclamado para tratar el DNU y que Villarruel había desoído. Detrás de cada pedido dicen que la titular del Senado avisó por todos los medios que se estaban gastando las balas para impedir que el rechazo pudiera llegar al recinto.
En la última semana hubo un acelerador de la interna que estalló en las entrañas de la fórmula presidencial. Villarruel demoró la decisión para frenar el aumento del 28% en las dietas de los senadores y emular lo que hizo su vecino Martín Menem en Diputados. La vicepresidenta se habría opuesto a hacerlo y Milei le ordenó hacer lo contrario con un tono muy distinto al afectuoso abrazo que se dieron hace dos semanas, cuando ella lo recibió en la puerta del Congreso en la previa de la Asamblea Legislativa para inaugurar el período 142 de sesiones ordinarias. Si todo sale a contrapelo de los deseos del Gobierno, este año de trabajo legislativo será el primero en registrar el rechazo de un DNU por parte de una de las dos Cámaras del Congreso.
Cuando avanzaba la reunión de labor, la vicepresidenta supo del comunicado oficial de la Oficina del Presidente. Se enteró al mismo tiempo que los senadores que estaban en la reunión. Todos leyeron desde sus celulares el texto de dos páginas. Estaba dirigido a ellos y a Villarruel en especial. Desde ese momento el tema que parecía no importarle demasiado se transformó en una expresión pública del presidente que busca condicionar la sesión y, por sobretodo, a la vicepresidenta. «El potencial rechazo del DNU 70/23, que actualmente se encuentra próximo a una definición de la Corte, conllevaría a un grave retroceso en los derechos y necesidades del pueblo argentino, implicando, por ejemplo, el regreso de la Ley de Alquileres, el retorno al sistema rígido de obras sociales sindiales, el sostenimiento del modelo corrupto de los Registros Automotor, y la anulación de la política de cielos abiertos, entre otras», advirtió una parte del comunicado.
La otra pareció apuntar a Villarruel. «El Gobierno Nacional espera que el Poder Legislativo no se deje cautivar por el canto de sirena de quienes pretenden «anotarse» victorias de corto plazo en detrimento del futuro de los 45 millones de argentinos», insiste el párrafo donde alimenta las intrigas polisémicas. La mención de victorias podría apuntar a la oposición pero también a la titular del Senado. Los presentes en la reunión de labor creyeron lo segundo en forma unánime, incluso los del PRO que acompañarán al oficialismo como sea. En la Rosada deslizaron que incluso hubo presiones directas, casi a la misma hora, para que ella retrocediera sobre sus pasos.
Milei cree que meter el tratamiento del DNU 70/23 ahora «entorpce las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política». «Tanto el tratamiento apresurado del DNU como la iniciativa de promover una fórmula jubilatoria sin consenso violentan el espíritu de acuerdo promovido por el presidente en su convocatoria al Pacto de Mayo», remarcó el texto que, quizás, fue lanzado antes de las 19 para que fuera leído en vivo mientras transcurría la reunión de labor.
La virulencia discursiva de la Rosada liberó a José Luis Espert. El economista, que preside la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados se reconcilió el año pasado con Milei y esta semana confirmó su incorporación oficial al bloque de La Libertad Avanza. Se enteró del pronunciamiento de Milei durante una entrevista al canal de cable LN+. Le preguntaron si Villarruel pretendía desestabilizar al Gobierno con esta decisión. «Acá hay una decisión política (…) Además se podrían haber tratado los DNU anteriores», contestó Espert y ante la insistencia disparó: «No se, a la luz de esto me genera dudas» y confirmó la desconfianza del entorno presidencial con la titular del Senado.
El comunicado presidencial le subió el voltaje a una sesión que ya venía recargada por las sucesivas postergaciones que Villarruel impuso, hasta que pudo. Milei cree que podría haberlo evitado y ganar más tiempo. En el Senado aseguran cerca de la vicepresidenta que avisó con tiempo que la oposición tiene amplias chances de voltear el DNU en una de las dos Cámaras del Congreso. La ley 26.122 establece que un DNU sólo pierde vigencia cuando es rechazado por las dos Cámaras. Sin embargo, si una de las dos lo hace, hiere la legitimidad del instrumento y resquebraja su aplicación. El texto de la oficina de Milei confirma que esa posibilidad les preocupa y si sucede decidieron echarle la culpa a Villarruel, en una disputa que escala a cielo abierto entre el presidente y su vice, en una impensada reedición de la pésima relación que tuvieron, mientras estuvieron en el poder, Alberto Fernández y Cristina Kirchner entre 2019 y 2023
Milei considera una amenaza el tratamiento del DNU y la equipara con el fallido intento opositor por emplazar y acelerar el debate para modificar la fórmula de actualización jubilatoria. Acorde a la política del shock, en esta etapa se arremolinaron los tiempos en el Congreso. La sesión fallida fue el miércoles al mediodía y cayó, en parte, por la ausencia de los diputados que responden a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, de Rio Negro, Alberto Weretilneck, de Misiones, Hugo Passalaqua y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Todos lo hicieron como parte de las negociaciones que mantienen con la Casa rosada. El paquete de intercambios no pasaría solamente por la sesión de la Cámara Baja, sino también para evitar que prospere la votación negativa del DNU. Los aludidos no habrían aceptado y el cuórum no esta en duda. No se sabrá si es parte de un gesto o porque La Libertad Avanza también bajará al recinto para tratar los demás proyectos con dictamen que están en el temario.
La intensidad de los contactos entre la Rosada y los gobernadores confirman que Milei no cuenta con Villarruel para persuadir a nadie. En la oposición reiteran que tienen los votos de sobra para los 37 del cuórum y para una mayoría que podría arañar los 40. La base la aportarán los bloques de UxP, con 33 voluntades, que podrían crecer a 35 con dos de los tres integrantes del cisma peronista encarnado en Unidad Federal. El entrerriano Edgardo Kueider y el correntino Carlos «Camau» Espínola votarán en contra y se diferenciarán de Alejandra Vigo, del peronismo cordobés. El gobernador Martín Llaryora no movió a sus diputados para la sesión por las jubilaciones y podría hacer lo mismo con la senadora y consorte del exmandatario Juan Schiaretti.
El pdf de la ley ómnibus con la última versión que autorizó Milei: así es el borrador que recibieron los gobernadores
El gobierno de Javier Milei ya les entregó el borrador de la nueva ley ómnibus a los 23 gobernadores y al Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Fue a través del ministro de Interior, Guillermo Francos. Consta de 177 páginas y entre los puntos más relevantes se observa que le da un año de facultades delegadas al Presidente. Pide la privatización de doce empresas estatales y avanza fuerte contra los trabajadores de la administración pública ya que abre la puerta a despidos masivos, suspensiones sin goce de sueldo, apercibimientos y jubilaciones forzadas.
«Le estamos entregando una copia durante el día de hoy a todos los gobernadores y también a los jefes de bloque en el Congreso», confirmaron desde Casa Rosada a El Destape sobre el proyecto que además incluye blanqueo laboral, desregulación Económica y cuestiones previsionales.
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El Destape accedió al borrador. Son 269 artículos de la nueva «Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos». Se llama igual que la anterior que fue rechazada en Diputados y que Milei ordenó retirar.
Ya en el primer artículo se le otorga superpoderes al Presidente. «Declárase la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un (1) año. Deléganse en el Poder Ejecutivo nacional las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia, en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases aquí establecidas y por el plazo dispuesto en el párrafo precedente», comienza la ley.
Luego, el Presidente pide poder liquidar organismos y cuestiones del Estado. Igualmente, quedaron excluidos de la facultad de disolución total las universidades nacionales, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Además, el Poder Ejecutivo pide poder modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos. Y propone intervenir, por el plazo previsto en el artículo 1° de la presente ley, los organismos descentralizados, empresas y sociedades. Allí llega el párrafo para las privatizaciones. ¿Qué empresas del Estado? Son doce. Aerolíneas Argentinas, Enarsa (Energía Argentina S.A), RTA (Radio y Televisión Argentina). Esas tres serían privatizaciones totales. En las parciales o transformarlas en concesión están: Aysa, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Sofse (Sociedad operadora ferroviaria, Corredores viales y YCRT.
Asimismo, las empresas que sólo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias: Nucleoeléctrica Argentina, Banco Nación (y todas las empresas del Grupo Nación) y Empresa argentina de soluciones satelitales.
Sobre las jubilaciones, la ley propone actualizarlas mes a mes por IPC pero tomando dos meses anteriores. Y le suma una recomposición del 10% más en abril. O sea que una jubilación de abril tomaría los datos de febrero.
En el plano laboral, el proyecto pide blanquear trabajadores de la siguiente manera. «Los empleadores podrán regularizar las relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley. La regularización podrá comprender relaciones laborales no registradas o relaciones laborales deficientemente registradas», expresa. Para los empleadores habrá retiro de multas y sanciones y condonación de deuda de aportes a trabajadores.
Y hay un capítulo breve dedicado a la «desregulación económica». Allí el Poder Ejecutivo podrá por un año «disponer la derogación o modificación de regulaciones sobre la actividad económica privada que importen un incremento de sus costos, limiten el ejercicio de la autonomía de la voluntad o provoquen la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente». Argumentan que es «con el objeto de facilitar la mayor eficiencia y eficacia en el ámbito alcanzado por la regulación de que se trate».