La violencia en la región frontera de Chiapas – Por Mariana Bermúdez

Durante las últimas dos décadas, en México se ha incrementado la violencia de manera exponencial, cuyos factores determinantes fueron y son la declaración de “guerra” contra el narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón; el incremento del crimen organizado; las políticas económicas neoliberales; el despojo de tierras, los territorios y los recursos de pueblos y comunidades indígenas por trasnacionales y empresas privadas, entre otros.

Aunado a esto, las políticas de seguridad se han encaminado a militarizar el país, lo que en gran parte perpetua las violaciones graves a derechos humanos, como las desapariciones, el desplazamiento interno forzado, las detenciones arbitrarias, la prisión política y las violencias extremas hacia las mujeres. Las víctimas de estas consecuencias han sido muchas. Sin embargo, Chiapas ha sido una de las zonas donde no sólo se ha disputado la protección de las tierras, sino la vida misma de las comunidades y sus integrantes.

Por ello, el Colectivo de MonitoreoFrontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala–México y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes, el pasado martes 13 de febrero publicaron el informe Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos (https://acortar.link/1kgil7). Se presentaron los hallazgos de la documentación de las violaciones graves a derechos humanos y al derecho internacional en la región frontera entre Chiapas y Guatemala.

Es importante mencionar que desde 2021 se ha identificado un conflicto armado en esta zona que no está reconocido como tal, pero que ha implicado una disputa entre grupos de la delincuencia organizada por las personas, los productos de diversas índole, las tierras y los servicios, etcétera que hay en esas territorialidades. Esto ha implicado que exista un control de la vida por estos actores, en el cual el Estado mexicano a nivel local y nacional ha sido omiso en las responsabilidades que le corresponden en materia de derechos humanos y, en algunos casos, contribuyente a que estas situaciones continúen. De acuerdo con el informe, entre junio de 2021 y noviembre de 2023, al menos 7 mil 500 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado interno en la zona, representando aproximadamente 15 por ciento del total de la población, y otros tantos residentes han sido tomados como rehenes entre los enfrentamientos armados. Se documentó que durante las confrontaciones frecuentes se usan drones, artefactos explosivos, se bloquean carreteras y queman vehículos para limitar el tránsito y la comunicación entre las comunidades.

Asimismo, se identificó un incremento de prestanombres, pago para el uso de suelo, extorsiones y reclutamiento forzado, entre otros, del crimen organizado, acciones que condicionan la vida o el trascender de las personas y los pueblos. Lo anterior tiene repercusiones diferenciadas, principalmente por género, edad, nacionalidad y condición étnica. Para las mujeres y las niñas estas confrontaciones implican una lucha no sólo por sus tierras, sino por la defensa de sus cuerpos, considerados también territorio de disputa, intercambio y conquista para el narcotráfico.

Para los jóvenes representa el riesgo de ser cooptados para trabajar forzadamente para la delincuencia organizada, lo que significa dejar a sus comunidades, sus familias y sus sueños. Para quienes se encuentran en movilidad en búsqueda de mejores condiciones de vida, transitar por esta región involucra la posibilidad de ser víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos que interrumpen sus sueños y deseos; asimismo, para las poblaciones indígenas significa la descomposición del tejido social y de su vida en comunidad construida y cuidada por años, así como la perpetuación del abandono del Estado, las injusticias y las desigualdades estructurales.

Ante ello es importante reflexionar ¿cómo podemos construir la paz y mantener la esperanza en nuestros territorios frente a la violencia generalizada y al alza? ¿Hasta cuando el Estado intervendrá en el cuidado y protección de la vida de las comunidades y los territorios desde un enfoque de derechos humanos? ¿Cuántas víctimas más de la violencia necesitamos para que el gobierno atienda la problemática desde quienes sufren las afectaciones de este conflicto armado no reconocido?

Una respuesta podría ser recuperar la construcción de paz desde el fortalecimiento de la vida comunitaria y las alternativas colectivas para afrontar la violencia generalizada. Otra pista es continuar exigiendo al gobierno mexicano y a las instituciones correspondientes garantizar la protección de la vitalidad personal y colectiva con base en los derechos humanos y desde las perspectivas de género e interseccional, con el fin de sanar el cuerpoterritorio, la tierra y la comunidad para la continuidad de la vida en dignidad.

La Jornada