Venezuela vota este año bajo fuertes presiones externas – Por Paula Giménez y Jimena Montoya
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Paula Giménez y Jimena Montoya*
Rumbo a la séptima elección presidencial desde la primera victoria de Hugo Chávez en 1998, el pueblo venezolano se prepara para acudir a las urnas en un proceso que, a juzgar por los últimos acontecimientos no estará libre de presiones e injerencias externas, pero que, tras un arduo trabajo de negociaciones, cuenta con el apoyo del sector dialoguista de la oposición venezolana.
El pasado 20 de febrero, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, anunció la presentación de un documento con las conclusiones de la Gran Jornada de Diálogo Nacional. El proceso aglutinó 42 partidos políticos y 33 organizaciones de la oposición venezolana, incluída la llamada Plataforma Unitaria y elevó propuestas para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decida sobre la fecha y las garantías electorales para el proceso.
En octubre de 2023 el Gobierno venezolano y el sector de la oposición, aglutinado en la Plataforma Unitaria, firmaron en Barbados y con la mediación de Noruega dos acuerdos parciales de cara a las elecciones presidenciales, en los que se fijaron compromisos respecto de “la promoción de los derechos políticos y las garantías electorales” y “la protección de los intereses vitales de la nación en relación con los activos de la República en el exterior (referida particularmente a los activos de Citgo) y la defensa de la integridad territorial venezolana y la soberanía nacional (vinculado a la disputa del Esequibo).
Al día siguiente, el gobierno de Estados Unidos anunció el levantamiento por 6 meses de algunas Medidas Coercitivas Unilaterales que pesaban sobre la República Bolivariana. Recordemos que sobre Venezuela pesan 930 medidas coercitivas unilaterales y extorsivas y que en marzo del 2015 el Gobierno de Estados Unidos a cargo del demócrata Barack Obama, la República Bolivariana fue declarada como una “amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad del país norteamericano.
A propósito del levantamiento de las medidas, Rodríguez afirmó: “Se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos en la ley venezolana, asimismo conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución”.
Este punto es el más álgido en las tensiones por la conformación del proceso, ya que María Corina Machado, del partido opositor Vente Venezuela, fue inhabilitada por la justicia venezolana desde el año 2021 para ejercer cargos públicos por 15 años.
La medida se le aplica, según lo informado por el gobierno, por ser partícipe necesaria en la trama de corrupción que propició el despojo de empresas estatales en el exterior, por un valor de 34.000 millones de dólares, durante la autoproclamación de Juan Guaido; por propiciar el bloqueo extranjero a la economía venezolana y particularmente por incumplir disposiciones constitucionales que disponen «que los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, teniendo en cuenta que en 2014 Machado de acreditó como representante alterna de Panamá en la OEA. También por pedir una intervención militar extranjera en su país y atentar con esto “contra la ética pública, la moral administrativa, el estado de derecho, la paz y la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela”.
A pesar de esto, Machado se postuló en en una elección interna para ser la candidata a presidente por la oposición y, en un procedimiento que generó controversias incluso hacia el interior de esta fracción opositora, resultó electa. La Plataforma Unitaria había rechazado la participación del Consejo Nacional Electoral venezolano en esta elección, por lo que ni el proceso ni los resultados cuentan con avales institucionales que los legitimen.
Presiones externas
La inhabilitación de Machado, fue ratificada a finales de enero del 2024.Simultáneamente, el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Matthew Miller, anunció que Washington no renovaría a partir del 18 abril la licencia otorgada en apoyo al Acuerdo de Barbados. Además, revocó otra licencia que autorizaba transacciones con la empresa estatal de minería de oro venezolano, Minerven, imponiendo nuevamente medidas coercitivas unilaterales como forma de ahorcamiento económico, para presionar por la candidatura de Machado.
El viceministro de Políticas Antibloqueo del Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, William Castillo, analizó la acción como una respuesta a la inhabilitación de Machado, señalándola como “la mujer Washington” y denunciando que pretenden imponerla “a punta de sanciones”.
Por su parte, la Cancillería venezolana difundió por redes sociales un comunicado en el que expresaba que no cederían “ante ningún chantaje”, rechazando “el intervencionismo neocolonialista que desde Washington se intenta imponer contra un país independiente que ejerce plenamente su soberanía nacional y que tiene derecho a elegir su propio destino”.
A juzgar por los hechos recientes, las tensiones irán en aumento en la medida en que no logren imponerse las condiciones impuestas a nivel externo, para presionar por la participación de actores políticos que ya fungieron de comisarios estadounidenses en el país.
Los meses de enero y febrero han estado signados por el desbaratamiento de la operación “Brazalete Blanco” que, de acuerdo a lo denunciado por el gobierno, tenía como fin atacar la XXI Brigada del ejército Bolivariano y el Batallón Negro Primero, ambos ubicados en el estado de Táchira, limítrofe con Colombia, para hacerse de este parque de armas y desde allí atentar contra la vida del Gobernador, Freddy Bernal, e iniciar luego una escala de conflictos que logren llegar hasta Caracas y atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro Moros.
De acuerdo con la información que dió a conocer el gobierno la activista Rocío San Miguel, líder de la ONG Control Ciudadano se preparaba para jugar un papel en la difusión de los acontecimientos entrevistando en tiempo real a los golpistas, para legitimar la acción, ante la mirada internacional. San Miguel se encuentra detenida actualmente. En las evidencias incautadas también figura la ONG Cruz Roja encargada de evitar la reacción de defensa del ejército Bolivariano. Esta operación fue frustrada gracias a la detención del prófugo Angelo Heredia quién intentó ingresar a Venezuela desde Estados Unidos el 1 de enero del 2024. También fue detenido el primer oficial Guillermo César Siero a quién se le secuestró el plan de operaciones. El hecho fue denunciado por el Presidente Nicolás Maduro como la ruptura del Acuerdo en Barbados: “La plataforma de la oposición se cayó con los kilos al romper el Acuerdo de Barbados. No se han atrevido a apoyar las investigaciones de las cinco conspiraciones, ni han condenado los intentos de magnicidio”, manifestó el mandatario en su cuenta de X.
Frente a la detención de Rocío San Miguel, para ser investigada por su participación en la operación, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, emitió un mensaje vía X, donde catalogó la detención como una “desaparición forzada”. El exabrupto, decantó en la decisión de suspender las funciones de esta oficina en Caracas.
“Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país.Desde la firma de la referida Carta de Entendimiento, la Oficina del Alto Comisionado ha mantenido una postura claramente sesgada y parcializada, procurando constantemente generar impunidad para las personas involucradas en diversos intentos de magnicidio, golpes de estado, conspiraciones y otros graves atentados contra la soberanía y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a pesar del daño que este tipo de prácticas criminales pueden generar sobre la paz y la convivencia de una sociedad”, expresó el comunicado oficial mediante el que la Cancillería venezolana anunció la noticia.
El hecho fue aprovechado de manera internacional por un conjunto de ex cancilleres y ex funcionarios de centro de diferentes países de la región, encabezados por Michelle Bachelet, que en una misiva condenaron la decisión venezolana y la tildaron de autoritaria. Ninguno utilizó su renombre internacional para condenar con ahinco las violaciones a los derechos humanos en las cárceles de El Salvador, o el genocidio palestino en la Franja de Gaza.
Las presiones internacionales sobre el gobierno Venezolano, no terminan allí. A la convulsión interna que causó el desmantelamiento de la operación magnicida el 15 de enero se sumó el 19 de febrero la medida que habilitó el poder judicial argentino, que ordenó, partir de la solicitud de EEUU, la entrega a la nación norteamericana de la aeronave Boeing 747-300, de la empresa estatal venezolana Emtrasur. El avión se encontraba retenido en Argentina desde junio del 2022 bajo la argumentación de sospechas por “terrorismo” en el marco de la supuesta violación de los controles de exportación de entidades “sancionadas” pese a que no se encontró nada de procedencia ilegal durante las inspecciones. Ante esta acción, el gobierno venezolano denunció el robo del avión a través de un comunicado, manifestando la “violación por parte de ambos gobiernos de las regulaciones internacionales”. En la misiva, el gobierno expresó: “Esta acción ilegal se inscribe en la lista de agresiones delictivas en contra Venezuela, las cuales han sido aplicadas por más de una década desde EE.UU y que incluyen el secuestro de activos, como la empresa CTGO y la aplicación de más de 930 sanciones ilegales, en complicidad con la extrema derecha opositora que actúa como agentes directos del imperio norteamericano contra Venezuela”.
La oposición sí quiere participar
Pese a las controversias sobre la candidatura de Machado y las presiones extranjeras, la actitud del arco opositor se presenta diferente a la de la última elección presidencial, en la cuál el grueso de este sector político desconoció el proceso.
Los gobernadores de los estados de Zulia, Barinas, Cojedes y Nueva Esparta, identificados con la oposición, mantienen contacto fluido con el gobierno debido a los quehaceres diarios de la gestión y ven con naturalidad el proceso electoral, donde es probable que pongan en juego su reelección.
También hubo un punto de encuentro con el Gobierno en el reclamo territorial a Guyana, por el Esequibo. Los ex candidatos presidenciales Henrique Capriles Radonski y Javier Bertucci, el dirigente Henry Ramos Allup del partido Acción Democrática y Benjamín Rausseo, candidato presidencial, además de alcaldes y gobernadores de la oposición, participaron del proceso y manifestaron públicamente su alineación con el gobierno en defensa de la soberanía territorial venezolana.
En ese proceso que ocurrió el pasado 3 de diciembre, el gobierno experimentó una victoria en las urnas. El pueblo venezolano se pronunció masivamente con más de un 95% de los votos, a favor del reclamo de este territorio en disputa con el país vecino que posee unas reservas de cerca de 11.000 millones de barriles de petróleo que están siendo explotados mayormente por la empresa estadounidense ExxonMobil. En esa ocasión la participación, calificada histórica por el CNE, superó los 10.500.000 venezolanos y venezolanas.
Nicolás Maduro y su homólogo guyanés, Irfaan Ali, se reunieron el 14 de diciembre y se comprometieron a resolver el diferendo de manera pacífica. En aquella ocasión emitieron un un comunicado en conjunto en el que expresaron: «Guyana y Venezuela, directa o indirectamente, no se amenazarán ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia, incluidas las derivadas de cualquier controversia existente entre ambos Estados”. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos, no ahorró provocaciones para escalar las tensiones. En febrero de este año, el Comando Sur, anunció que realizó reuniones con autoridades de Guyana para “coordinar programas de asistencia humanitaria”. El hecho fue denunciado por el Gobierno Venezolano por esconder “ fines militares e injerencistas”, y violar “los acuerdos de negociación para resolver la controversia territorial”.
La riqueza que reposa en el Lago de Maracaibo en Venezuela, prueba que los intereses externos por controlar el territorio, avivados por la escasez de combustible que provoca el conflicto entre Rusia y Ucrania, no escatimarán en acciones destinadas a lograr un gobierno, más afín a sus intereses.
Sin embargo, el Gobierno bolivariano acumula una larga experiencia de lucha y disuasión contra reiterados intentos de golpe y estrategias desestabilizadoras, a lo que ha sabido responder con estrategias inéditas que provocan giros inesperados en los procesos democráticos, como el Gran Diálogo Nacional y el retorno a sus bases políticas para dar grandes debates.
*Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Montoya es Licenciada en Comunicación Social y miembro del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico- CLAE.
