Ecuador | Consulta popular de Noboa es calificada como innecesaria y no tiene el respaldo de aliados del gobierno
Siete de las once preguntas de la consulta popular de Daniel Noboa incluyen reformas a leyes vigentes y acortan plazos a la Asamblea Nacional para su trámite
En siete de once preguntas del plebiscito del presidente de la República, Daniel Noboa, se le consulta al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo con que se envíen a la Asamblea Nacional cinco proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), una reforma a la Ley de Extinción de Dominio, otra a la Ley de Movilidad Humana y una ley sobre casinos; y se fija un plazo de 60 días al Parlamento para debatirlo y aprobarlo.
Pero en la Ley Orgánica de la Función Legislativa se determina un plazo de hasta seis meses para aprobar un proyecto de ley ordinaria en dos debates, antes de la calificación de la propuesta por parte del Consejo de Administración Legislativa. Esos tiempos, incluso, podrían extenderse entre 20 y 90 días más porque hay derecho a pedir prórroga.
#Ecuador| La bancada de la Revolución Ciudadana expresa su posición con respecto a la Consulta Popular planteada por el presidente Daniel Noboa. "La consulta popular no resuelve nada" titula el comunicado ⤵️ pic.twitter.com/B5CdrIXkoz
— Elena Rodríguez Yánez (@ElenaDeQuito) January 4, 2024
En el proceso de formación de la ley, según la norma, se deben dedicar al menos quince días para la socialización con los ciudadanos y organizaciones involucradas con la temática para que puedan presentar sus observaciones. En ningún caso, el informe para primer debate puede presentarse antes de 20 días, contados desde que la comisión respectiva avoque conocimiento de la propuesta.
La Corte Constitucional, en su dictamen de control constitucional, tendrá que interpretar los plazos y, sobre todo, verificar que el cuestionario sometido a votación cumpla con parámetros que no estén encaminados a establecer excepciones puntuales que beneficien un proyecto político específico; y que la propuesta normativa tenga efectos jurídicos y modificaciones al sistema jurídico, como lo determina la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su artículo 105, señaló el legislador del movimiento Construye Jorge Peñafiel.
El legislador de Pichincha considera que, antes que una consulta, la propuesta del Noboa constituye una herramienta para tener un espaldarazo político, porque, de las once preguntas, diez al menos son “inoficiosas” e inclusive podrían rayar en la inconstitucionalidad, porque no puede consultar al pueblo la posibilidad de enviar un proyecto de ley a la Asamblea cuando esa facultad ya consta en la Constitución.
El socialcristiano Vicente Taiano manifestó que las siete preguntas relacionadas con temática penal ya son objeto de un análisis en la Comisión de Justicia, de la cual es parte, y podría máximo hasta el mes de febrero próximo presentar los informes de segundo debate para conocimiento del pleno.
Indicó que el texto de la consulta popular que plantea reformas al COIP establece un plazo de 60 días para que la Asamblea Nacional tramite las reformas, y la Corte Constitucional tiene que pronunciarse sobre el alcance que significa el término conocer, porque el procedimiento legislativo manda conocer una reforma desde que se presenta y es admitida a trámite, tratarla, y el trámite de una ley en la Función Legislativa está reglado, y luego su aprobación; por lo tanto, ahí debe haber un primer pronunciamiento de la Corte para coordinar los tiempos propuestos por el presidente de la República con los tiempos de la ley.
La organización política del PSC presentó en la Asamblea reformas al COIP relacionadas con aumento de penas en delitos como la extorsión, ‘vacunas’, asesinato, femicidio y delitos execrables, y que quienes hayan sido sentenciados por esos delitos cumplan la totalidad de la pena en la cárcel y no se acojan a régimen semiabierto o abierto.
Adrián Castro, del bloque ADN, reiteró que recién conoció el contenido de la consulta popular, pero su criterio como abogado es que la Corte Constitucional tiene que hacer un trabajo minucioso en revisar cada pregunta, porque algunas de ellas no merecen necesariamente una consulta popular, porque ya están en trámite en el Parlamento, como el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Gisella Garzón, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), señaló que gran parte de las preguntas formuladas en la consulta popular que constituyen reformas al COIP lo puede hacer la Asamblea; y, de hecho, existen avances en su trámite en la Comisión de Justicia que tramita las reformas a la ley de extinción de dominio.
Manifestó que se pueden optimizar las cosas, porque la Asamblea Nacional ha dado muestras de que, cuando se llega a puntos en común, existen los votos para aprobar las leyes, y varias ya están en el Registro Oficial, como por ejemplo la evaluación al sistema de justicia que fue aprobado en el anterior periodo legislativo.
Garzón dijo que hay la posibilidad de invertir mejor los recursos y que esos $ 60 millones que costaría la consulta podrían ir a un fondo para equipar a la Policía Nacional y dejar a la Asamblea Nacional avanzar en las reformas al COIP que se incluyen en la consulta del presidente Daniel Noboa.
Las siete preguntas que incluyen reformas y plazos
Pregunta 3
¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad, o se les ordene arresto domiciliario, mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 3?
Plazo: La Asamblea Nacional contará con el plazo máximo de 60 días para debatir y aprobar la reforma legal.
Pregunta 4
¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de (I) terrorismo y su financiación, (II) producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, (III) delincuencia organizada, (IV) asesinato, (V) sicariato, (VI) trata de personas, (VII) secuestro extorsivo, (VIII) tráfico de armas, (IX) lavado de activos y (X) actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 4?
Plazo: La Asamblea Nacional contará con el plazo máximo de 60 días para debatir y aprobar la reforma legal.
Pregunta 5
¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta 5, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo?
Plazo: La Asamblea Nacional contará con el plazo máximo de 60 días para debatir y aprobar la reforma legal.
Pregunta 6
¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 6?
Plazo: La Asamblea Nacional contará con el plazo máximo de 60 días para debatir y aprobar la reforma legal.
Pregunta 7
¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 7?
Plazo: La Asamblea Nacional contará con el plazo máximo de 60 días para debatir y aprobar la reforma legal.
Pregunta 9
¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme el anexo de la pregunta 9?
Plazo: La Asamblea Nacional contará con el plazo máximo de 60 días para debatir y aprobar la reforma legal.
Pregunta 11
¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, bajo las condiciones que se detallan en el anexo de la pregunta 11?
Plazo: La Asamblea Nacional contará con el plazo máximo de 90 días para debatir y aprobar la reforma legal.
La consulta popular no cuenta con respaldo político
El gobierno no luce muy convencido de su propia consulta, y aunque intenta sostenerla a punta de discursos, esa dinámica discursiva tiene grietas, se le ve la quilla.
Una vez que se hizo público el pliego de 11 preguntas, la propuesta se dio de frente contra la realidad. La expectativa gubernamental era recibir respaldos unánimes porque el tema principal es el de la seguridad, pero amargo fue el desengaño.
Porque en vez de aplausos llegaron las observaciones: que si lo propuesto podía ser planteado por otras vías, que si lo propuesto en el fondo no cambia nada.
Ni siquiera los aliados legislativos estuvieron ahí para apuntalar la propuesta; por el contrario, los socialcristianos apuraron un comunicado para que decirle que el tema de la seguridad es importante, pero que muchos de los temas propuestos ya están en trámite en la Asamblea.
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Y anuncia que presentará un proyecto de reforma constitucional abordando los temas que se le olvidaron al gobierno: trabajo por horas, supresión del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana, que la Corte Constitucional responda legalmente por sus actuaciones, entre otros.
La otra pata del acuerdo legislativo, la que tiene la mayor cantidad de votos, digamos que fue más directa, según el correísmo.
La consulta no resuelve nada y señala que el mecanismo de consulta popular no puede ser usado irresponsablemente y no debe entenderse como una encuesta de aprobación de una gestión presidencial naciente.
Para defender la propuesta, el gobierno sube al ring a la líder de Construye, a María Paula Romo, y dice que Construye destruye e intenta estigmatizarla como correísta. Irónico cuando menos viniendo de él, que tiene una alianza legislativa con el correísmo.
El jefe de estado, con la misma facilidad que se fue al cuadrilátero se baja de él, y al ring lo reconviene en mesa de diálogo o al menos de escucha cuando dice que está dispuesto a revisar las propuestas de los pokemones y de los correístas. De los socialcristianos no dice nada, pero no tiene por qué decirlo si están a metros de su despacho.
Lo cierto es que a esta hora, el gobierno tiene abierta una ventana para proponer más preguntas y quizás así tratar de contentar a muchos, sino a todos o al menos reducir esa resistencia casi unánime que ha generado una consulta que se lee inoficiosa, estéril. Hoy el régimen es un cazador de vientos para empujar una nave que en su primera salida ha encallado.
