Panamá | Represión y criminización de la protesta – Por Anayansi Turner
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Anayansi Turner
Gramsci decía que ‘el poder es un centauro: mitad coerción, mitad legitimidad’. A su vez enfatizaba de que los sectores dominantes en una sociedad capitalista logran la hegemonía política cuando permean a toda la sociedad de sus posiciones ideológicas a través de la persuasión y el consenso, ya sea por la vía de la educación, los medios de comunicación o las instituciones religiosas.
El actual clima de protestas contra el contrato minero, con más de 40 días en las calles, por parte de jóvenes, obreros, educadores, indígenas y de la ciudadanía en general, ha producido una crisis de credibilidad y, por ende, de legitimidad de la clase dirigente.
El gobierno y la empresa privada acuden alegre y prejuiciosamente a la llamada teoría de la ‘revolución molecular disipada’, para explicar los acontecimientos. La misma, proveniente de políticos ultraconservadores como Álvaro Uribe, considera que las manifestaciones públicas latinoamericanas de los últimos 30 años obedecen a un plan macabro de la izquierda radical para suprimir la democracia. De esta manera enmarcan a las protestas chilenas en contra del alza del pasaje (2019) y las de los jóvenes colombianos en contra de la reforma tributaria (2021), negando la capacidad reactiva y autonomía de los diversos sectores de población frente a los problemas específicos de su realidad social.
La narrativa de los medios tradicionales ahora se enfoca en atribuir a los ‘disturbios’ y ‘cierres de calles’, las pérdidas económicas, desenfocando la atención de la Ley 406 y el despojo archimillonario de nuestros recursos minerales de que hemos sido víctimas, dándole así un respiro a los intereses mineros para lograr su propósito de bajar o anular la presión sobre la Corte Suprema, o bien impedir su derogatoria a través de la Asamblea Nacional.
Paralelamente el gobierno ha acudido a las amenazas de judicializar o criminalizar a los protestantes, o bien, ha utilizado la represión directa ocasionando múltiples detenidos y heri dos. Ni hablar del acto de provocación que fue la violación de la autonomía universitaria de la Universidad de Panamá por parte de una patrulla policial; o bien el cierre arbitrario de las cuentas bancarias del SUNTRACS en detrimento del honor, libertad sindical y seguridad económica de sus asociados por parte de la Caja de Ahorros.
Cuando se acude tan rápidamente al uso de la fuerza en detrimento del Estado de Derecho es porque se ha perdido la legitimidad para gobernar.
