La Cámara de periodistas exige respeto a la libertad de expresión tras investigación a medios por parte de la fiscalía
CGP exige que se respete la libre expresión y señala que hacer uso de ese derecho “no es un acto delictivo”
Ante los últimos acontecimientos en los que el Ministerio Público (MP) ha utilizado como indicios publicaciones en redes sociales para acusar a detenidos en el caso Toma Usac: Botín Político, así como el requerimiento de información a la plataforma X, antes Twitter, sobre cuentas de medios de comunicación y periodistas, la Cámara Guatemalteca de Periodismo (CGP) exige que se respete la libre expresión, un derecho que “no debe ser limitado por leyes o disposiciones gubernamentales”.
En un comunicado, la CGP mostró preocupación ante los últimos acontecimientos en los que, según varios sectores, se atenta conta la libre expresión, por lo que reafirmó “su dedicación inquebrantable a los principios de la libre expresión, un derecho fundamental establecido en el artículo 35 de la Constitución de nuestra República”.
#LHenBreve l La Cámara Guatemalteca de Periodismo emitió un comunicado en el que manifiesta su inquebrantable dedicación a la Libertad de Expresión y expresa que es un derecho que no puede ser limitado ni por las leyes, ni por las autoridades. Expresarse libremente no es un acto… pic.twitter.com/Ep3zCZX9vG
— Diario La Hora (@lahoragt) November 23, 2023
La entidad invitó a la reflexión y al diálogo constructivo “sin perder de vista que la capacidad de expresarnos es el cimiento de nuestra libertad y un indicador de la salud de nuestra sociedad”.
“La Cámara Guatemalteca de Periodismo reafirma su dedicación inquebrantable a los principios de la libre expresión, un derecho fundamental establecido en el artículo 35 de la Constitución de nuestra República. Este derecho es el pilar de la democracia, asegurando que todas las voces puedan ser escuchadas sin temor a censura o acciones punitivas”, detalla el documento.
El comunicado agrega que ante los recientes acontecimientos que han generado debate público, “es nuestro deber recordar a las autoridades que la libre emisión del pensamiento es un derecho que no debe ser limitado por leyes o disposiciones gubernamentales. Cualquier acción que contravenga este precepto es motivo de preocupación y requiere de nuestra atención y voz colectiva”.
“Expresarse libremente no es un acto delictivo sino un ejercicio de nuestra ciudadanía”, dice el comunicado de la Cámara, que insta a mantener la integridad del estado de derecho, “lo que implica un irrestricto respeto por el debido proceso y las garantías judiciales de cada individuo”.
“Nuestra posición es apolítica en lo que respecta a la defensa de los derechos constitucionales. Nos pronunciamos no en defensa de intereses particulares o figuras específicas, sino en protección de los derechos individuales de todos los ciudadanos, como lo es, la libre emisión del pensamiento”, dice la nota.
Además, detalla que “la legítima labor de los periodistas y medios de comunicación no debe verse amenazada por ningún motivo”.
“Hacemos un llamamiento a las autoridades y a todos los ciudadanos para que refuercen su compromiso con la salvaguarda de este derecho esencial. La libertad de expresión debe ser defendida para fortalecer nuestro sistema democrático. Invitamos a la reflexión y al diálogo constructivo, sin perder de vista que la capacidad de expresamos es el cimiento de nuestra libertad y un indicador de la salud de nuestra sociedad”, refiere el documento.
Presentan indicios
El MP utilizó el martes pasado varias publicaciones en las redes sociales como supuestas evidencias para acusar a la excandidata a diputada del Movimiento Semilla, Marcela Blanco, en un supuesto caso que también involucra al presidente electo, Bernardo Arévalo de León.
El fiscal del Ministerio Público Saúl Sánchez acusó a Blanco y cinco personas detenidas más por utilizar “violencia, hostigamiento y desorden en las redes sociales para lograr sus fines al margen de la ley”.
Blanco, de 23 años, está acusada desde el 16 de noviembre por un supuesto caso de daños al patrimonio de la Universidad de San Carlos, mismo señalamiento de la Fiscalía en contra del presidente electo, Bernardo Arévalo de León, para que le sea retirada su inmunidad.
El juez penal Víctor Cruz, sancionado por corrupción por Estados Unidos.
La excandidata a diputada por el Movimiento Semilla ha sido inculpada junto a otras 26 personas (cinco detenidas hasta el momento) por los delitos de asociación ilícita, usurpación y depredación de bienes.
La Fiscalía utilizó una fotografía de Blanco dentro de las instalaciones de la Universidad de San Carlos para intentar vincularla a la toma que un grupo de estudiantes realizó en 2022, como medida de rechazo contra supuestas anomalías en la elección de las autoridades de esa casa de estudios.
Blanco es una comunicadora graduada de otra universidad y ha defendido en reiteradas ocasiones su inocencia desde su captura el 16 de noviembre.
Arévalo de León calificó este caso como un nuevo intento de la Fiscalía, que dirige Consuelo Porras Argueta, para evitar que tome posesión el próximo 14 de enero y lamentó que se esté deteniendo a “personas inocentes”.
Requiere información
El pasado martes trascendió que el MP le solicitó información a la red social X, antes Twitter, de los perfiles de varios medios de comunicación, de la periodista Leslie Sánchez de Guatevisión y de la diputada fallecida Lucrecia Hernández Mack, según informó el diario La Hora.
De acuerdo con la publicación, el requerimiento se hizo por medio de un escrito bajo la causa penal 01070-2023-00023, que identifica el Caso Toma Usac: Botín Político, por el cual se solicitó el retiro de la inmunidad del binomio presidencial electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, y por el que seis personas se encuentran detenidas.
La solicitud fue hecha por el juez Décimo Penal, Víctor Cruz, quien se encuentra a cargo del caso Toma Usac: Botín Político, quien está sancionado por el Departamento de Estado de EE. UU. que lo incluyó en una lista de actores corruptos.
Entre las cuantas de las cuales el MP solicita información están las del diario La Hora, Ruda GT, Prensa Comunitaria, de la periodista de Guatevisión Leslie Sánchez y de la diputada del Movimiento Semilla Lucrecia Hernández Mack, quien falleció el pasado 6 de septiembre.
De acuerdo con el escrito que publicó La Hora, la solicitud fue fechada el 26 de septiembre pasado y fue dirigida a la oficina de X en San Francisco, California, Estados Unidos.
Caso Toma Usac: MP imputa a seis detenidos y juez posterga audiencia de primera declaración
Los seis detenidos por el caso Toma Usac: Botín Político fueron imputados este miércoles 23 de noviembre por el Ministerio Público (MP) por los hechos relacionados por la toma de la Universidad de San Carlos en 2022 en rechazo a la elección del rector de esa casa de estudios, Walter Mazariegos, un proceso que alcanza al binomio presidencial electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, informaron fuentes judiciales.
#AHORALH l Los seis detenidos por la supuesta toma de la Usac son ingresados a Torre de Tribunales para continuar con la audiencia de primera declaración.
Javier de León y Marcela Blanco sostienen una conversación sobre el frío que hace por la noche en las celdas de Mariscal… pic.twitter.com/EMvdo8bnM1
— Diario La Hora (@lahoragt) November 22, 2023
El juez Décimo Penal, Víctor Cruz, sancionado por EE. UU., escuchó la imputación de los fiscales del MP y luego de una larga jornada del segundo día de audiencia de primera declaración determinó suspender la diligencia y la reprogramó para el viernes 24 de noviembre a las 11.30 horas.
La Fiscalía fundamentó la imputación contra los seis señalados con videos y publicaciones que se hicieron en redes sociales. “Se denota odio contra Walter Mazariegos”, dijo el fiscal ante el juez en relación con la toma de la Usac a raíz de la oposición por la elección de Mazariegos.
El fiscal a cargo también dijo que “se establece una calara relación de interés político de los partidos políticos en la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala (…) para liberarla a 11 días de los comicios generales”.
Los imputados por la Fiscalía, dirigida por la fiscal general Consuelo Porras Argueta, son Eduardo Velásquez Carrera, catedráticos de la Universidad de San Carlos (Usac); Marcela Blanco, excandidata a diputada por el partido Movimiento Semilla; Javier de León, graduando de la Licenciatura en Física de la Usac; Alfredo Beber Aceituno, decano de la Facultad de Ingeniería de la Usac; Rodolfo Chang Shium, decano de la Facultad de Veterinaria; y Martín Macario, sindicalista de la Usac.
Los delitos que se les atribuyen son usurpación agravada en forma continuada, depredación de bienes culturales en forma continuada, sedición en forma continuada y asociación ilícita.
Además, en este mismo proceso, el MP solicitó el retiro de la inmunidad del binomio presidencial electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, así como a dos diputados del Movimiento Semilla, a quienes busca investigar y procesar.
Respecto a la audiencia de este miércoles, Velásquez Carrera señaló que las imputaciones que hizo el MP son en forma general y que las jornadas han sido extensas y no han tenido la oportunidad de declarar.
“Fueron jornadas muy largas en donde solo tuvo uso de la palabra el fiscal del MP y, en consecuencia, hasta el viernes tendremos la oportunidad de poder expresarnos en cuanto a estas acusaciones”, dijo el catedrático universitario.
Señaló que como profesor no pensó estar implicado en un caso como este, pues su trabajo ha sido enseñar, tanto en Guatemala como en otros países.
“Entendemos que es una venganza política porque nosotros como profesores, estudiantes y trabajadores denunciamos el escandaloso fraude electoral que pasó en la Universidad de San Carlos, violando totalmente la autonomía universitaria”, refirió Velásquez.
Agregó que en su momento los colegios profesionales y cuerpos electorales presentaron amparos contra los resultados electorales, pero estos no han sido resueltos.
“Si el proceso de justicia no funciona en el país, definitivamente la ciudadanía se queda amarrada de pies y manos”, dijo Velásquez.
Arévalo de León calificó este caso como un nuevo intento de la Fiscalía para evitar que tome posesión el próximo 14 de enero, y lamentó que se esté deteniendo a “personas inocentes”.
Desde el 12 de julio, la Fiscalía ha judicializado el proceso electoral de Guatemala. Las acciones de la Fiscalía han sido criticadas por diversos actores internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de los Estados Unidos, por considerar que se trata de intentos por “desconocer la voluntad popular expresada en las urnas”.
