Uruguay | Crearán una comisión investigadora en el Congreso por el escándalo del pasaporte al narco Marset

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FA creará comisión investigadora en el Parlamento por el caso del pasaporte de Marset

El Frente Amplio continúa en “sesión permanente” y, en su tercer encuentro en cuatro días, analiza la actitud del presidente Luis Lacalle Pou con relación al escándalo político desencadenado por el caso del pasaporte de Sebastián Marset. La oposición considera que el mandatario pretende dar por cerrado el tema al haber anunciado las renuncias del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, del subsecretario Guillermo Maciel y de su propio asesor, Roberto Lafluf. Sin embargo, para la izquierda, esto está lejos de ser una realidad.

“El presidente está convencido de que con esto dio vuelta la página, pero para nosotros la página recién comienza”, dijo este domingo el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, en una conferencia de prensa.

El FA cree que quedaron muchas preguntas sin responder, porque el presidente “no quiso” o “no pudo» aclarar. Para ellos, el mandatario está involucrado porque estuvo en la reunión del 25 de noviembre de 2022, en la Torre Ejecutiva, más específicamente en el piso 11.

Según dijo la ex-viceministra de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, en dicha reunión se le pidió que «perdiera» el teléfono para que no trascendieran los chats en los cuales ella y el ex-viceministro del Interior, Guillermo Maciel, hablaban de la peligrosidad del narcotraficante Sebastián Marset, a quien el gobierno de Lacalle Pou le entregó un pasaporte uruguayo, con el cual pudo escapar de una cárcel en Dubai.

El dedo de Ache apuntando hacia Lafluf

Ache también afirmó que Lafluf había “eliminado” el primer protocolo que ella había presentado en Cancillería, el cual incluía dichos intercambios. Para la oposición, resulta esencial esclarecer cómo Lafluf, quien carecía de autoridad institucional, pudo “ordenar la destrucción de pruebas y documentos públicos” que, desde la perspectiva del Frente Amplio, ni siquiera debía haber tenido acceso. La incógnita que la fuerza política se esfuerza en develar radica en el grado de participación de Lacalle Pou en esta maniobra, a pesar de que existe una firme convicción de que el presidente dictó la pauta para dicho encuentro.

“El presidente le dio la orden para concertar esa reunión y poner de acuerdo a Maciel y a Ache”, agregó Pereira en la conferencia. “Lafluf dice que convoca a esa reunión en nombre del presidente”, insistió. “Hay gente acá que va a tener que dar explicaciones”. Esa reunión fue convocada, señaló, cuando ya conocía una orden judicial que, ante un pedido de acceso a la información pública presentado por el Frente Amplio el 9 de noviembre de ese año, había mandatado la entrega de esos chats. Y para Pereira, ese solo hecho “violenta una decisión judicial”.

La Red 21


PIT-CNT llama a preparar una “gran acción masiva en defensa de la democracia y contra la corrupción” tras escándalo por el caso Marset

Tras la crisis en el gobierno, que terminó con la renuncia del canciller Francisco Bustillo, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el subsecretario de la cartera, Guillermo Maciel, y el asesor de Presidencia, Roberto Lafluf, luego de que se divulgaran los audios y chats entregados por la exvicecanciller Carolina Ache vinculados a la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset, el PIT-CNT resolvió “responsabilizar al Poder Ejecutivo y sus máximos representantes por todos estos hechos”.

En esa línea también definió “actuar en tanto movimiento sindical para garantizar que se esclarezcan los hechos y que la Justicia pueda resolver en consecuencia”, y exhortó “al pueblo uruguayo a mantenerse atento, movilizado y en lucha frente a este modus operandi de engaño y corrupción”. Por último, a través de un comunicado, el Secretariado Ejecutivo convocó a “trabajar con todas las organizaciones sociales y el pueblo en general, para preparar una gran acción masiva en defensa de la democracia y contra la corrupción”.

Para la central sindical, los hechos “demuestran que desde el Poder Ejercutivo se urdió un plan para mentirles al Parlamento y a la sociedad” sobre el caso Marset, además de que se buscó “ocultar pruebas” a la Justicia.

Indicó que “existían alternativas legales” para evitar que el narcotraficante obtuviera el pasaporte que le permitió salir de Dubái. Esto, según se expresa en el texto, fue advertido por “los propios servicios internos de cancillería”, pero “el gobierno decidió ignorar[lo]”. Agregó que si el Ejecutivo hubiera cumplido con lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 129/2018, “hubiese cumplido con la ley, evitando la fuga de Marset, en lugar de propiciarla al facilitarle un documento uruguayo”.

Además, el PIT-CNT recordó que hubo otros “casos anteriores de corrupción ligados a seguimientos ilegales, a la entrega del puerto a un monopolio privado hasta el año 2081 y a maniobras para impedir el accionar de la Justicia en casos tan graves como el abuso de menores por parte de un exsenador”, en alusión a Gustavo Penadés.

La Diaria

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