Colombia, elecciones territoriales: El día de la quema – Por Carlos Gutiérrez Márquez

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Carlos Gutiérrez Márquez*

Parecen iguales, pero no lo son. Las elecciones territoriales por celebrarse el antepenúltimo día de octubre, revisten muchas particularidades, la fundamental es que, por primera vez en la historia nacional este tipo de expresiones de la democracia formal liberal servirán para medir la sintonía que el país nacional mantiene con un gobierno de corte diferente a los partidos tradicionales y sus disidencias, y al modelo económico neoliberal impuesto por estos.

Unos comicios que por el centralista liderazgo desplegado por Gustavo Petro a lo largo de su gestión presidencial, que subsume a su gabinete y atrae y coopta a los movimientos sociales alrededor de su orbita, se tornan en una consulta que gira y mide directamente el grado de favorabilidad que el mandatario conserva en comparación con el voto que lo llevó a la Casa de Gobierno  en segunda vuelta.

Una medición que, según diversas encuestas realizadas a lo largo de los últimos quince meses y que preguntan por el grado de aceptación de lo hasta ahora ejecutado por el “gobierno del cambio” debiera refrendar la pérdida de confianza en el mismo, así como su decreciente popularidad, cada vez más notoria (1) y, por tanto, concitar al Presidente y su equipo de gobierno a profundizar en la ruta hasta ahora seguida o reorientar su gestión tomando nota de las cifras que arrojen las urnas. Un timonazo, una corrección que los gobiernos hasta ahora conocidos no realizan, dada su dependencia del poder económico.

La elección a la vista, es un ejercicio de democracia liberal, formal-delegativa para elegir gobernadores, alcaldes, concejales y ediles, un total de 20.137 en todo el país (2), que por las particularidades del voto asociado o conectado y con raíz territorial, la certifican como diferente del voto nacional. Diferencia toda vez, que en lo regional/local pesan en especial grado y entre otros, factores como el abandono centralista, el ascenso de las economías subterráneas en aparejo con clanes políticos, conflicto armado, regionalismo/localismo, clientelismo, abstención ampliada, despolitización, control de la burocracia.

Un suceso de opinión pública que tiene el 29 de octubre como fecha final pero que está en marcha desde el 19 de junio de 2022, una vez fue conocido el resultado de la elección presidencial. Una nueva convocatoria en la cual los perdedores de hace un año largo tienen el reto de remontar y llevar hacia ese costado a la fuerza que hoy gobierna, y los triunfadores están ante el desafío de por lo menos conservar lo alcanzado e, idealmente ahondar su logro por medio de una mayor y más directa presencia entre núcleos de la población dominados, desde tiempos pretéritos, por el gamonalismo y los poderes económicos y políticos similares o adjuntos a la politiquería. Voto que, por demás, proyectará luces acerca del escenario electoral presidencial de 2026.

Para las fuerzas de la tradición el remonte, un escenario posible facilitado por el dominio que mantiene de la amplia burocracia gubernamental, miles de puestos de trabajo, con alcaldías y concejos municipales como únicos empleadores en cientos de municipios y cuyos beneficiarios sufragan en defensa de la continuidad que les garantiza sus ingresos y calidad de vida. Dominio burocrático también prolongado en los entes nacionales, con los organismos de control aún bajo su dominio y poco menguado en el orden ministerial en los cuales el trabajo de planta garantiza estabilidad. La ampliación de la planta de personal no es inmediata y en buena medida puede ahondar el déficit fiscal que registran las cuentas nacionales.

Es un posible cambio de escenario también asociado al amplio ambiente de inseguridad urbana, real y/o multiplicada por las grandes cadenas de comunicación que día tras día repiten hasta el cansancio que el peligro acecha a la ciudadanía, la cual ya no puede estar segura en ningún lugar. Según estas fuentes, creciente inseguridad producto de un gobierno central que no actúa contra la delincuencia al no fortalecer a la Policía y “ser complaciente con el crimen”.

Ambiente urbano que en lo rural significa incremento del narcotráfico, más visibilidad y mayor intensidad del conflicto armado, fortalecimiento de los grupos insurgentes, del paramilitarismo de nueva generación, con eslabones internacionales, y la delincuencia en general y, en contraste, un debilitamiento del factor armado institucional, percibido en estos meses –o al menos así difundido por numerosos opinadores, políticos y grandes cadenas de comunicación– como menos activo y efectivo en comparación con años anteriores. Sensación o realidad que tiene uno de sus registros en la Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo No. 030/23 del 23 de agosto anterior que indica que el ejercicio electoral está en riesgo Extremo en 113 municipios; Alto en 286; Medio en 184 y bajo en 93. Es decir, la mitad de los municipios del país registran actividades ilegales y extra institucionales, en relación con el suceso electoral y la pretensión de control territorial asociado con la disputa política.

Un acontecer que conlleva una paradoja, en tanto una de las políticas centrales del gobierno en ejercicio es la oferta de paz total, con diálogos y negociaciones diversas que debieran llevar a una pacificación del país, con desescalamiento del conflicto y, por tanto, con mayor presencia institucional, con beneficios de vida más armónica en todos sus rincones, ambiente que no es el que puede concluirse de las 98 masacres padecidas en el territorio nacional desde el 7 de agosto del 2022 y sus 332 víctimas (3), los 125 líderes sociales asesinados entre enero y septiembre del año en curso, y en igual periodo de tiempo los 29 excombatientes de las Farc que no encontraron garantía de vida con un gobierno que la tiene como bandera (4); y los miles de pobladores sin registro de actividad política ni social alguna que fueron víctimas de delincuentes individuales o asociados.

Incertidumbre mucho mayor en zonas de abierto conflicto armado, como sucede en el Cauca, con registro continuo de combates abiertos entre tropas oficiales y de las insurgencias, ampliado a un clima de zozobra por el estallido de carros bomba en jurisdicción de los municipios de Suárez y Jamundí, las mismas que no encontraron una respuesta activa de parte del Ejército Nacional. Poder de intimidación, disuasión o contención sí desplegado para aterrorizar y someter población desarmada como aconteció en Tierralta Córdoba.

Es un escenario de seguridad necesaria en reclamo, derecho humano, dejado de nuevo como bandera a la oposición, cualquiera sea su matiz, y que es continuamente izado y del cual tratan de sacar su mejor provecho los derrotados en junio de 2022. Un factor que, llevado al plano de las negociaciones de paz con la insurgencia, alcanza a despertar críticas, cada vez más abiertas (5) por la manera como avanza la misma y que, en voces detrás del escenario aseveran que ‘parece una negociación entre amigos’. En todo caso, una oferta de paz para el largo plazo que aún no registra beneficios medibles en el amplio espectro de la geografía nacional, a pesar de sí arrojarlos de manera localizada, con beneficio de imagen para ambos contendientes, producto de los alivios humanitarios acordados en el curso de la negociación Gobierno-Eln.

Vientos de armonía social que por escasos días se han sentido en ciudades como Buenaventura y Quibdó, favorecidas por acuerdos hasta ahora temporales entre combos de delincuencia urbana, los cuales padecen el efecto de la dura realidad: más allá de las buenas o maquiavélicas intenciones de sus firmantes, sin cambios sociales reales es muy difícil, por no decir imposible, que esos acuerdos alcancen el sello de una prolongada eficacia.

Es una compleja y bifronte realidad entre el largo y el corto plazo, entre el poder militar oficial y el poder latente, resistente y desestabilizador de las insurgencias, con saldos de violencia creciente, en medio de los discursos de vida digna repetidos desde el gobierno central y la realidad de penurias aún no quebradas ni superadas entre las mayorías del país, que le dejan abierto un amplio escenario político y social a los discursos contrarios y de diferente signo.

En fin, un suceso electoral por acontecer, antecedido por un ambiente que parece adverso al gobierno en ejercicio, a cuya fecha de realización se va llegando en medio de una acumulada tensión en los planos social, militar y económico, la misma que permite intuir que el país se adentra en una disputa por el real control territorial que, de no arrojar la política de paz total su pretendido en un plazo de tiempo más breve, derivará en una agudización del conflicto bélico: con controles territoriales armados insurgentes cada vez más extensos, a la par de una creciente presencia del actor paramilitar, con una tensión social que podría tener manifestaciones de estallidos poblacionales urbanos y suburbanos, así como una abierta radicalización de la derecha más belicosa y extrema. Todo un cuadro que podría salir alimentado, en una u otra dirección el 29 de octubre.

Insatisfacción social con lo prometido, poco o no cumplido hasta ahora por el gobierno que lidera Gustavo Petro, que se extiende a sus ofertas de reformas en diversas planos, como a la prolongada o ampliada realidad de empobrecimiento que afecta a millones de connacionales. La continuidad del modelo económico y de la política social, ambos sujetos a máximas como la Regla fiscal y similares mandatos neoliberales que dejan el anuncio del cambio como simple promesa.

Una realidad que pone en duda la capacidad de gobernar y girar el modelo heredado por quien así lo prometió. Duda que debiera tener su expresión en las urnas como voto de castigo, y un incremento de la abstención como expresión pasiva de inconformidad, indiferencia y/o rechazo a lo hasta ahora realizado por un gobierno que prometió un giro sustancial en favor de los excluidos y negados, es decir, las mayorías nacionales. Con ese yunque y mazo presionándolo el Gobierno actúa.

El llamado al país a marchar el 27 de septiembre por las reformas del cambio, y la disposición del músculo oficial para que se sientan por todo el país, es parte de ello. Una actuación no sin contrapeso, toda vez que el factor judicial muy seguramente tendrá escenario en las semanas y días previos al ejercicio electoral con la posible decisión frente a Oscar Iván Zuluaga y el mayor empapelamiento de Nicolás Petro, junto con la ampliación de denuncias sobre la presencia del factor narco en las elecciones que ungieron al hoy Presidente, las que, más allá de ser ciertas o no extenderán un manto de duda sobre su moralidad y la efectiva realización de lo conocido como “Pacto de la Picota” y, por tanto, la conveniencia o no de la oferta de paz a ello asociada.

Un proceso de posible remonte de los partidos tradicionales y todos sus derivados electorales que no encuentra un fuerte contrapeso en el Pacto Histórico. Fuerza política en función, desde un primer momento y hasta ahora, del simple ejercicio electoral, con poca movilización y convocatoria social para aterrizar modelos alternos de otras economías y formas de convivencia, sin depender para ello de las jornadas electorales ni de la convocatoria gubernamental. Pacto Histórico, fuerza política con mínima cohesión interna e, incluso, sin autonomía ante decisiones tomadas en el alto gobierno y que llevan a asimilar la política alternativa con aquello que prometió combatir y enterrar el hoy Presidente como marca del pasado.

Asiste el país, por tanto, a un proceso electoral complejo, de inmediato, amplio y prolongado impacto, que acontece en medio de una especial coyuntura internacional en la cual con discurso ha tratado de actuar el jefe de Estado, sin resonancia ni apoyos reales ganados, enfatizando en medidas por tomar por la humanidad en procura de su pervivencia, así como de una geopolítica global renovada. Medidas necesarias pero que más allá de ser bien recibidas en la opinión pública, poco impacto tendrán a la hora de que millones decidan su voto.

¿Alcanzará este panorama político a pasar a lo largo del mes de octubre de gris a azul celeste? El día de la quema veremos el color del humo.

Notas:

1. https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/presidente-gustavo-petro-su-desaprobacion-esta-en-63-por-ciento-segun-e+ncuesta-809277
2. Se elegirá un total de 20.137 cargos públicos representado en 32 gobernadores y 418 diputados que conformarán las asambleas departamentales. Así mismo, 1.102 alcaldes y 12.072 concejales de todos los municipios del país, incluyendo Bogotá D.C.; así como a los 6.513 ediles que conformarán las Juntas Administradoras Locales (JAL). https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/030-23.pdf
3. @Julieduque1 vía twiter, 22 de septiembre/23
4. https://indepaz.org.co/lideres-sociales-defensores-de-dd-hh-y-firmantes-de-acuerdo-asesinados-en-2023/
5. https://twitter.com/jflafaurie/status/1704914408349003828

*Director de Le Monde Diplomatique, edición Colombia.Desde Abajo