Ecuador | Lasso extiende el estado de excepción por 30 días en medio de la ola de violencia y el cierre de campañas electorales
Candidatos presidenciales cierran la segunda vuelta electoral en medio de medidas de seguridad nunca antes vistas en Ecuador
Por Santiago Molina
Candidatos con chalecos antibalas, agentes policiales y militares vestidos de traje portando mantas balísticas y caminando a centímetros del presidenciable, avanzadas de inteligencia policial, vehículos blindados, anillos de seguridad con agentes portando armas largas… Esas son las condiciones en las que llega a su final la campaña electoral de segunda vuelta de los candidatos presidenciales Luisa González, de la Revolución Ciudadana (RC), y Daniel Noboa, de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN).
Esas mismas condiciones se podrían mantener para los binomios presidenciales de estas dos agrupaciones, incluso, tiempo después de que se den a conocer los resultados finales de las elecciones anticipadas que tendrán su desenlace este 15 de octubre, con la jornada de votación que se dará en Ecuador y en las tres circunscripciones del extranjero donde viven ecuatorianos.
Desde el inicio de la campaña, el tema de seguridad fue una preocupación constante para los candidatos. Para inicios de julio pasado, solo seis de los ocho binomios a la Presidencia de Ecuador habían aceptado contar con seguridad de la Policía, pero para el 20 de agosto siguiente, para lo que fue la votación de la primera vuelta, todos contaban con personal de seguridad, ya sea solo de la Policía y las Fuerzas Armadas o una seguridad mixta, entre privada y pública.
Esta realidad se generó por la situación de inseguridad que atraviesa el país, una serie de ataques a funcionarios públicos electos en los cuales algunos fallecieron, pero principalmente por el asesinato al estilo sicariato del presidenciable de la alianza Construye-Gente Buena, Fernando Villavicencio. La tarde del 9 de agosto pasado, al candidato lo atacó un sicario que le asestó tres balazos en el cuerpo, justo en momentos que se subía a un automotor para abandonar un coliseo ubicado en el norte de Quito, en donde había terminado un mitin político.
Con todo este panorama, inmediatamente se conocieron los resultados de la primera vuelta electoral, los planes de seguridad relacionados con los dos finalistas se reforzaron y aumentaron las operaciones estratégicas. El presidente Guillermo Lasso, el 24 de agosto pasado, disponía que las Fuerzas Armadas se encarguen, de forma inmediata, de la seguridad de González y Noboa.
Dentro del Acuerdo Ministerial 055, de noviembre de 2018, en el que se expide el Reglamento que Norma las Actividades de Protección Pública que Desempeña la Policía Nacional, se establece que los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República deben estar catalogados y considerados como personas a las que se les tiene que brindar seguridad.
Esta norma mantiene un numérico establecido de acuerdo con el nivel de riesgo (amenazas y vulnerabilidades de las personas sujetas a protección), según el porcentual que se establezca dentro del análisis. Dentro del reglamento existen cuatro niveles de riesgo: bajo, medio, alto y muy alto. Para cada uno de estos niveles se ha establecido el número de servidores policiales que le corresponde al funcionario público o al candidato al que se le dará protección.
Para clasificar a una persona con un nivel de riesgo bajo debe tener porcentajes de riesgo que vayan del 1 % al 30 %; para el nivel medio, porcentajes entre el 31 % y el 60 %; para el nivel alto, porcentajes que van del 61 % y al 90 %; y finalmente para el nivel de riesgo muy alto, porcentajes que están entre el 91 % y el 100 %.
Una fuente policial relacionada con el tema de custodia de dignatarios indicó que en este último porcentaje se ubicarían los candidatos Noboa y González, no necesariamente porque han recibido una amenaza directa e inminente, sino ya por el hecho de que aspiran a un cargo de elección popular tan importante en medio de un complejo ambiente de inseguridad en el país.
Ya en el tema de seguridad inmediata, el ministro del Interior, Juan Zapata, ha indicado que por pedido directo del candidato Daniel Noboa su seguridad personal está en manos exclusivamente de las Fuerzas Armadas. Pese a ello, también se ha visto participando del entorno de seguridad un número de guardias que era parte de su escolta privada durante la primera parte de la campaña electoral.
“El candidato Daniel Noboa está al 100 % con una seguridad de las Fuerzas Armadas, sin embargo, nosotros (la Policía Nacional) coordinamos toda la información, la inteligencia, tanto de Fuerzas Armadas y Policía. Estamos abiertos a cualquier colaboración. (…) La disposición del presidente (Guillermo Lasso) fue clara, que reforcemos los equipos, lo hemos hecho y no hemos tenido hasta ahora inconveniente alguno (en esta segunda parte)”, señaló en su momento Zapata.
Respecto de la candidata del correísmo Luisa González, ella contaría también con seguridad de las Fuerzas Armadas, la cual estaría reforzada con personal de la Policía Nacional. Tres oficiales policiales estarían en coordinación con el personal de seguridad de las Fuerzas Armadas.
El 18 de septiembre pasado, González reconoció que luego que le informaran de la detención de una persona que mantenía material explosivo (granadas) para atentar contra su vida, ella se vio obligada a aceptar como parte de su seguridad el apoyo de las Fuerzas Armadas y a usar chaleco antibalas. La candidata presidencial explicó su situación el día que acudió a la Fiscalía para presentar una denuncia por la planificación de un atentado en su contra y pedir ser parte de un proceso penal ya abierto en el que se investigaría el supuesto atentado.
A la denuncia se habrían adjuntado evidencias recabadas en una audiencia pública contra una persona detenida el 30 de agosto pasado y quien supuestamente aseguró que las tres granadas que tenía en una mochila eran para ser detonadas en un mitin político de la RC. Según González, en un audio filtrado de la audiencia realizada se escucharía claramente que la intención del ahora detenido era atentar contra su vida.
El blanco directo habría sido González, según lo dicho por el procesado, quien no solo aclaró a las autoridades que estaba siendo amenazado para perpetrar el ataque, sino que también refirió que su alerta sirvió para que la Policía detuviera a otra persona que tenía una metralleta para concretar el mismo fin. El proceso penal contra los implicados continuaría, pero, a decir de la presidenciable, no hay avances claros en la investigación y existen obstáculos por parte del Gobierno y el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) para hacer que comparezcan los detenidos y se aclare qué querían hacer y quiénes están detrás del posible atentado.
Durante estos casi dos meses en los que se ha desarrollado la segunda vuelta electoral ha sido evidente que los recorridos en vehículos o a pie mantienen personal policial y militar con armas de grueso calibre haciendo seguimientos e incluso se ha hecho casi normal ver uniformados con trajes camuflaje, casco y chalecos antibalas sobre y bajo los escenarios donde están los candidatos explicando sus propuestas de campaña.
El coronel de la Policía (sp) Carlos Blanco cree que si el candidato ganador no toma medidas radicales en el tema de seguridad, reformas que beneficien a los honestos y no a los delincuentes o el crimen organizado, cuadros, como por ejemplo, el tener grandes circuitos de seguridad para candidatos a elección popular, se repetirán.
“Esta es la elección que más seguridad se ha dado a candidatos de todo tipo. Esto ha sucedido por la cantidad de problemas que han existido: varios candidatos han sido asesinados, otros han sido amenazados. (…) El país se ha vuelto muy violento, de ahí que la seguridad ha crecido notablemente hacia los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta electoral (…). Es una cosa lamentable, es una cosa que no vemos en el resto de países, excepto la seguridad aquella que le dan al presidente de Estados Unidos, de Rusia, China, estamos hablando de situaciones completamente diferentes”, indicó el oficial retirado.
Pero la seguridad no solo tiene que ver con los acompañamientos a los candidatos, explica una fuente policial consultada, pues también existirían trabajos de inteligencia previos en los lugares a donde acudirían Noboa, González y sus acompañantes. La idea de estos análisis previos sería recabar la mayor cantidad de información respecto a riesgos y amenazas que deben ser informados para que sean tomados en cuenta por los equipos de avanzada de los presidenciables.
Otra línea que formaría parte de los circuitos de seguridad para los candidatos presidenciales la haría el eje preventivo de la Policía, es decir, la policía local de la zona a la que arribará la caravana, se realizará el mitin o se dará la entrevista.
Pese a que los presidenciables son los más visibles en el tema de seguridad, desde el Ministerio del Interior también se ha informado que los candidatos a la Vicepresidencia de la República mantienen su cápsula de seguridad. Andrés Arauz, compañero de fórmula de González, contaría con un equipo de seguridad de 25 miembros de la Policía; mientras que Verónica Abad, quien forma binomio con Noboa, mantendría 23 agentes policiales, entre ellos, un oficial, ocho técnicos operativos, cuatro tácticos, cuatro motorizados (dos por vehículo) y dos agentes de inteligencia.
El presidente Guillermo Lasso renueva el estado de excepción por 30 días más en Ecuador
El presidente de la República, Guillermo Lasso, renovó este domingo 8 de octubre el estado de excepción por grave conmoción interna en todo el territorio nacional, por 30 días más.
Lo hizo mediante Decreto Ejecutivo n.° 890. El 10 de agosto pasasdo el mandatario decretó un estado de excepción por 60 días, a raíz del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en Quito.
Entre viernes y sábado siete reclusos detenidos por el crimen del presidenciable fueron hallados sin vida en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, y en la cárcel de El Inca, en Quito.
Lasso dispuso una reestructuración del alto mando de la Policía y del director del SNAI. Luego de esto se han mantenido reuniones de seguridad.
El estado de excepción será con el mismo régimen del anterior. “Esta ampliación del estado de excepción será sin excepción alguna, en los mismos términos establecidos en los decretos ejecutivos n.° 841 y 843 del 10 de agosto de 2023″, se detalló en el Decreto n.° 890.
Allí también se detalla que la suspensión de derechos de inviolabilidad de domicilio e inviolabilidad de correspondencia a nivel nacional se sujetará a lo establecido en los decretos ejecutivos n.° 841 y 843 del 10 de agosto de 2023.
Es decir, la fuerza pública podrá realizar inspecciones y requisas que tengan como objetivo el hallazgo de armas, explosivos y sustancias sujetas a fiscalización
Entre las medidas que se seguirán aplicando son la movilización en todo el territorio de Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía en seguridad ciudadana y prevención de delitos.
Además que uniformados de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas quedan autorizados para hacer uso legítimo y excepcional de la fuerza en contextos de control de orden público, protección interna y seguridad ciudadana. Suspender el derecho a la inviolabilidad de domicilio.
