Guatemala | Arévalo suspende la transición de gobierno y denuncia a fiscales por un “golpe de Estado en desarrollo”
Bernardo Arévalo exige la renuncia “inmediata” de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana y suspende proceso de transición
Luego de que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) decidiera intervenir al menos 160 cajas electorales, donde se resguardaban los votos emitidos por miles de guatemaltecos en la jornada del pasado 25 de junio, el presidente electo, Bernardo Arévalo, en conferencia de prensa exigió la renuncia “inmediata” de la fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, a quienes calificó de golpistas.
Las declaraciones de Arévalo se suman a las de varias organizaciones nacionales e internacionales, que ven con preocupación cómo se deteriora el estado de Derecho en el país, pues, según el presidente electo, los operativos del Ministerio Público (MP) contravienen lo establecido en la Ley Electoral y de Partido Políticos, que en su artículo 243 dice que solo las juntas electorales, compuestas por ciudadanos, pueden hacer el escrutinio de los votos.
Los golpistas deben renunciar pic.twitter.com/wkutxohSDj
— Bernardo Arévalo de León (@BArevalodeLeon) September 13, 2023
“Los golpistas deben renunciar. La fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana en asociación perversa han emprendido una nueva escalada en el golpe de Estado en desarrollo que iniciaron al finalizar la primera vuelta electoral”, dijo Arévalo.
Agregó que “otorgando un disfraz judicial a una acción política espuria del partido UNE, esta vez en su intento de anular la voluntad popular y burlarse del pueblo honesto han ordenado la apertura de algunas de las cajas que preservan los votos emitidos en las elecciones del 25 de junio”.
Las acciones de hoy constituyen delitos flagrantes de abuso de autoridad con propósito electoral y violación a la Constitución Política de la República de Guatemala. pic.twitter.com/d56OAiBkBy
— Bernardo Arévalo de León (@BArevalodeLeon) September 13, 2023
El presidente electo dijo que “las únicas autoridades competentes para verificar el resguardo del material electoral son el TSE y las Juntas Electorales; sin embargo, Porras, Orellana, Curruchiche y el personal a su cargo han ordenado y ejecutado el allanamiento del Centro de Operaciones del Proceso Electoral (…) estas acciones constituyen delitos flagrantes de abuso de autoridad con propósito electoral y violación a la Constitución Política de la República de Guatemala”.
“Porras, Curruchiche y Orellana son responsables de violentar el proceso electoral y el orden democrático, contradiciendo lo que argumentan públicamente han desviado su función constitucional de investigar y perseguir plenamente hacia un claro golpe de Estado en desarrollo que sigue en curso”, agregó Arévalo
Ante la situación provocada por Porras, Curruchiche y Orellana, hemos informado al Presidente Giammattei que suspendemos temporalmente nuestra participación en proceso administrativo de transición en tanto se restablecen las condiciones políticas institucionales necesarias. pic.twitter.com/oigpWSrNxU
— Bernardo Arévalo de León (@BArevalodeLeon) September 13, 2023
Añadió que “como presidente electo me dirijo a estos funcionarios para exigirle que renuncien inmediatamente de sus cargos, que cese este asalto a la Constitución y que detengan esta persecución comandada por grupos y élites mafiosas. Solo su salida del cargo permitirá garantizar el orden constitucional del país”.
“Estamos presentando una solicitud de antejuicio en contra de la fiscal Consuelo Porras y el juez Freddy Orellana y una denuncia en contra del fiscal Rafael Curruchiche y la auxiliar fiscal Cinthia Monterroso; además, en los próximos días presentaremos una acción de amparo en defensa de la integridad del proceso electoral y pediremos a la ciudadanía que nos acompañe a presentarlo a la sede de la Corte de Constitucionalidad”, agregó Arévalo.
También dijo que “ante la situación provocada por estos funcionarios hemos informado al presidente Alejandro Giammattei que suspendemos temporalmente nuestra participación en el proceso administrativo de transición en tanto se restablecen las condiciones políticas e institucionales necesarias”.
El presidente electo añadió que “insto a todas las instituciones y funcionarios del Estado a no prestarse a estas arbitrariedades, ya que de acuerdo con lo expresado en el artículo 156 de nuestra Constitución, ningún funcionario o empleado público civil o militar está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito”.
“Se quebró la custodia del voto”
La presidenta del TSE, Irma Palencia, aseguró este martes que “se quebró la custodia del voto”, después de que el MP decidiera abrir varias cajas electorales y revisar las boletas fuera de los parámetros que indica la ley.
La magistrada Palencia advirtió que con las acciones de la Fiscalía “ya no son responsables del voto” y que la intervención “es grave y pone en riesgo el proceso electoral”.
Palencia calificó como “grotesca” la acción de la Fiscalía y recordó que los resultados electorales ya han sido oficializados por lo que “de ninguna manera se pueden invalidar” ya que los cargos públicos ganados en las urnas ya han sido adjudicados.
El TSE recordó que según el artículo 243 de la ley electoral solo las juntas electorales, compuestas por ciudadanos, pueden realizar el escrutinio de los votos.
Además, el magistrado Gabriel Aguilera aseguró que el tribunal electoral no tiene acceso a la investigación con la que la Fiscalía justificó el acceso a los votos.
El allanamiento de la Fiscalía fue liderado por el fiscal Rafael Curruchiche, quien fue sancionado en 2022 por Estados Unidos bajo acusaciones de corrupción y socavamiento de la Justicia.
Las cajas electorales que fueron intervenidas contienen los votos emitidos para la elección de presidente, diputados y alcaldes municipales y según la Fiscalía la diligencia continuará el resto de la semana.
Desde que Arévalo de León, ahora presidente electo de Guatemala, avanzó al balotaje, la Fiscalía y el juez penal Freddy Orellana emprendieron acciones judiciales para intentar cancelar su partido, el Movimiento Semilla, por un supuesto caso de firmas falsas durante su proceso de creación.
De acuerdo con la presidenta Palencia, el tribunal electoral emprenderá acciones legales contra la Fiscalía por violentar la cadena de custodia del voto.
El próximo 14 de enero, Arévalo de León debe asumir la presidencia de Guatemala para el periodo 2024-2028 y se convertirá en el primer mandatario socialdemócrata del país.
Qué dice el MP
Respecto al pronunciamiento de Arévalo, el MP dijo que “como presidente electo es conocedor de la ley y del procedimiento legalmente establecido para el efecto, por lo que debe ser respetuoso de la Constitución Política de la Republica de las leyes del país”.
Además, detalló que “la fiscal general ha sido clara respecto a las campañas de desinformación que advierten una clara intención de detener las investigaciones en curso”.
“El Ministerio Público no es una institución política, es una institución eminentemente técnica cuya función es investigar las denuncias ciudadanas y dar respuesta a las víctimas de delitos, por lo que como en varias ocasiones se ha manifestado, se rechaza categóricamente cualquier señalamiento que pretenda involucrar al Ministerio Público con el resultado del evento electoral”, dice la Fiscalía.
Gobierno se pronuncia
Respecto a la suspensión temporal del proceso de transición por parte del binomio electo, el Gobierno de Guatemala se pronunció al respecto.
En un comunicado el Gobierno dijo que “ha tomado nota del anuncio hecho por el binomio presidencial electo conformado por el Dr. Bernardo Arévalo y la Dra. Karin Herrera de suspender temporalmente el proceso de transición, tal como se había venido desarrollando”.
“Esta es una decisión que respetamos, pero no compartimos, pues se realizó derivado de acciones ajenas al Organismo Ejecutivo, que no interfieren con el proceso que se había desarrollado a la fecha. Reiteramos nuestra firme disposición de retomar inmediatamente el proceso de transición en el momento en que las autoridades electas lo soliciten”, dice el documento.
Observación de la OEA ve agudización de estrategia para cuestionar las elecciones
La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó, su «profunda preocupación» tras los allanamientos realizados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y afirmó que estas acciones constituyen una prueba más de que el Ministerio Público (MP), lejos de ajustarse a los estándares democráticos, viene agudizando una estrategia de cuestionamiento a las elecciones.
En el comunicado compartido a horas de que la FECI de Rafael Curruchiche desarrollara las órdenes de allanamiento en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE), la Misión de Observación aseveró que toma nota del artículo 243 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), de rango constitucional.
«El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las Juntas Electorales Departamentales (JED) son los únicos órganos competentes para verificar y calificar la documentación electoral. La apertura de paquetes electorales por parte de personas e instituciones distintas a las señaladas por ley representa un ataque frontal a la integridad del voto y una afrenta a la voluntad popular», agregó.
SE INTIMIDA A AUTORIDADES ELECTORALES
Por eso la Misión agregó que estas acciones constituyen una prueba más de que el MP, «lejos de ajustar sus acciones a los estándares democráticos, viene agudizando una estrategia de cuestionamiento al proceso electoral y de intimidación a las autoridades electorales, al personal electoral y a las miles de personas que, con enorme compromiso cívico, llevaron adelante dos jornadas de votación pacíficas y transparentes».
En ese sentido la Misión reitera que la falta de oportunidad y de proporcionalidad de las acciones del ente investigador, y del juzgado penal del juez Fredy Orellana, que nuevamente lo autoriza, «son evidencia de una instrumentalización política del aparato de persecución penal».
Sobre lo anterior, recuerdan que es tal y como lo expresó ante el Consejo Permanente, la MOE que considera que estas acciones pueden constituir conductas típicas de los delitos de prevaricato y abuso de autoridad.
SE CUESTIONA VOLUNTAD POPULAR
Por eso creen que, «cuestionar estas elecciones ya celebradas es cuestionar la voluntad misma del pueblo de Guatemala, que el 20 de agosto se expresó de manera contundente en las urnas».
En tanto afirman que, el presidente electo, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta, Karin Herrera, han recibido sus credenciales por parte del TSE.
«El proceso de transición política se encuentra plenamente en curso, con el respaldo y bajo el auspicio del presidente Alejandro Giammattei y con el acompañamiento de la OEA. Una democracia se mide tanto en su capacidad de registrar la preferencia del electorado como en su capacidad de garantizar la transmisión pacífica del mando, sin amenazas, ni actos que socaven el principio constitucional de alternabilidad en el poder», explicó la MOE OEA.
NO HAY EVIDENCIA DE ALTERACIONES
A la vez indican que la Misión ha analizado los hallazgos sobre los que se basan las denuncias planteadas en torno a supuestas irregularidades en la primera y segunda vuelta electoral, y ha comprobado que estas carecen de sustento y que por eso, «no existe evidencia de que en la primera vuelta electoral se hayan alterado las copias amarillas de los Documentos Número 4».
Además indican que si bien hay casos muy aislados de errores en las actas en ambas rondas, estos no llegaron a alterar el orden de las preferencias, ni mucho menos alcanzaron una magnitud que pudiera poner en duda una diferencia que, en la segunda vuelta, fue de más de 20 puntos porcentuales y casi 875,000 votos.
«Cuestionamientos en torno a la agilidad con que operó el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) el 20 de agosto se basan en cálculos equivocados sobre el ritmo en que se procesaron las actas: como informó la Misión, el flujo de las actas fue totalmente acorde con la mayor simplicidad de la elección presidencial y se ajusta a lo observado en el simulacro nacional del 18 de agosto, así como a la observación directa de la Misión el día de la elección», agregó la Misión.
Por último, la Misión afirmó que continuará acompañando el proceso y no cesará en sus esfuerzos por asegurar que se respete la voluntad popular expresada en las urnas.
Nota relacionada: Autoridades del Ministerio Público realizan allanamientos en las instalaciones del Tribunal Electoral
