Panamá: el interés general de una sociedad que cambia – Por Guillermo Castro H.

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Guillermo Castro H.

“Los soberbios son los enemigos de la libertad:  los únicos conservadores verdaderos, los que juntan y apaciguan, son los liberales. Lo que no conservan, es el odio y la altanería. […] La justicia, la igualdad del mérito, el trato respetuoso del hombre, la igualdad plena del derecho: eso es la revolución.”

José Martí, 1894[1]

Ya son diez los candidatos debidamente acreditados para las elecciones presidenciales que tendrán lugar en Panamá en mayo de 2024. Cuatro problemas mayores aguardan por ellos: un crecimiento económico incierto; una inequidad social persistente; una degradación ambiental constante, y un deterioro institucional creciente.

En nuestra cultura política, culpar es el recurso de primera instancia. Para la mayoría de los candidatos, como para los medios de comunicación, la culpa mayor radica en la corrupción generalizada de la gestión pública, y la trayectoria siempre interesada de quienes han venido ocupando las funciones de gobierno de 1990 a la fecha.

En esta perspectiva, la política tiende a tornarse mesiánica: se trata de elegir al Elegido que expulse a los mercaderes del templo, y de que los creyentes no les permitan regresar. Sobran los voluntarios para la tarea, y van desbordando poco a poco los improperios que intercambian, y que llegarán a ser marea.

En esta ocasión, sin embargo, hay una novedad que puede amenazar la trama. Una profesora de economía, de origen modesto y vinculada desde hace mucho a movimientos sociales, ha logrado reunir las firmas necesarias para convertirse en candidata de libre postulación – que no independiente -, y ha escogido como compañero de fórmula a un distinguido politólogo formado en los Estados Unidos, proveniente de nuestras capas medias educadas.

Las reacciones en la opinión rédica, que no necesariamente pública, han corrido por tres vertientes. Una ha sido entusiasta, ante la esperanza de ver representados en la contienda electoral, de manera directa y clara, los intereses y las aspiraciones de los trabajadores manuales e intelectuales, del campo y de la ciudad. Otra se alegra de que finalmente haya la posibilidad de elevar el nivel del debate político, para escoger al mejor de los conservadores posibles. Y están finalmente los asustados de oficio, y asustadores de vocación, que miran bajo la cama cada noche, no sea que el fantasma del comunismo se les haya emboscado allí.

El punto, en todo caso, es que esta será –en pensamiento, palabra, obra y omisión– una campaña centrada en realidades. Una de esas realidades consiste en que el país no padece por una suma de problemas que puedan ser enfrentados por separado. Esos problemas, en efecto, constituyen expresiones diferentes de una misma crisis: la que resulta del agotamiento de un modelo de desarrollo organizado en torno a un enclave de servicios a la circulación de capitales, mercancías y personas – al cual se agrega otro de minería metálica a cielo abierto en los linderos del Corredor Biológico del Atlántico Mesoamericano.

Ese modelo ha seguido el patrón establecido en el Istmo por la Corona española en el siglo XVI. Se trata, en esencia, del monopolio del tránsito por un solo corredor interoceánico; del control de ese corredor por el Estado que controle el Istmo; de la concentración de los beneficios del tránsito en los sectores sociales que controlan el Estado, y de subordinar el desarrollo del país a las necesidades del tránsito así organizado.

Así las cosas, el crecimiento económico incierto está directamente asociado a lo estrecho de la base social del mercado en ese modelo de desarrollo. Ya es evidente la necesidad de ampliar esa base social mediante el fomento de formas innovadoras de organización productiva – desde Organizaciones de Base Comunitaria hasta cooperativas -, capaces de atender a las demandas de alimentos y bienes de consumo en mercados locales y regionales, de contribuir a la creación de un mercado de servicios ambientales, y de participar en la diversificación de nuestras exportaciones. Un banco de desarrollo cooperativo no le vendría mal al país, pero lo esencial radicaría, siempre, en que esas organizaciones se constituyeran desde abajo hacia arriba, región por región.

Una economía así organizada podría contribuir de manera importante a la lucha por la equidad en la distribución de la riqueza nacional. No solo se trata de que convertiría en productores organizados a buena parte de nuestra enorme multitud de trabajadores informales, sino de que esas organizaciones podrán colaborar activamente en la creación y el desarrollo de modalidades innovadoras de gestión de los servicios públicos de educación y salud que hoy están en vías de colapso. Además, como tales organizaciones productivas, podrán desempeñar un importante papel en la tarea de salvaguardar a nuestra seguridad social del riesgo de una privatización de cuyas consecuencias dan cuenta sobrada los resultados de esa medida en países como Chile.

La ampliación de la base social del mercado así entendida, pondrá a las organizaciones de productores en la capacidad de incidir en la producción de las condiciones naturales de producción que garanticen la sostenibilidad de la actividad económica – incluida la del Canal de Panamá – y contribuyan a hacer sostenible el desarrollo humano en nuestro país. A esa base social ampliada le corresponderá, también, la tarea de contribuir a la construcción de una institucionalidad nueva, adecuada a la renovación cultura y moral de nuestra sociedad, y beneficiada en todo momento por el control social de la gestión pública.

Un obstáculo mayor a la solución de estas necesidades radica en el agotamiento de la capacidad que pueda haber tenido el régimen político establecido tras la intervención militar extranjera de 1989 para asumir y expresar el interés general de nuestra sociedad. En los grandes momentos de crisis de la historia de la sociedad, ese interés expresa de la aspiración de sus sectores fundamentales en superar un conjunto de obstáculos que se oponen a su propio desarrollo.

Una vez superada esa crisis, el interés general de la sociedad pasa a expresarse en términos nuevos y más complejos, correspondientes a los nuevos niveles de desarrollo alcanzados – para bien o para mal – por los distintos componentes de la sociedad en su conjunto. Eso es lo que está en curso en Panamá, donde el interés general de la sociedad se expresa ya en la demanda de liberarse de las causas de origen de los problemas que la aquejan.

En esta perspectiva, cabe decir que los problemas económicos, sociales, ambientales y políticos ya mencionados aquejan de una u otra manera a todos los sectores de la sociedad. Por lo mismo, pueden y deben ser encarados desde el interés general que todos comparten en lograr una situación de prosperidad equitativa, sostenible y democrática. En épocas de cambio como la que vivimos, lo sensato es abrir paso ordenado al cambio, privilegiando lo sustantivo sobre lo adjetivo.

Bien lo decía el historiador Ricaurte Soler: lo sustantivo no es lo que se llame liberal o conservador, sino lo que se aspire a liberar o a conservar. En Panamá, la creación de una economía de amplia base social, y una sociedad capaz de velar por la atención a las necesidades de sus mayorías sometiendo a control la gestión pública de sus recursos será una auténtica revolución liberal. Aquí, lo que realmente está en cuestión es el medio más adecuado para lograr esos fines.

Nota:

[1] “Los cubanos de Jamaica y los revolucionarios de Haití”. Patria, 31 de marzo de 1894. Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975. III, 104-105.