El Proyecto AMLO – Por Edwin F. Ackerman
El Proyecto AMLO
Por Edwin F. Ackerman*
El sistema político mexicano fue sacudido el 1 de julio de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su nuevo partido MORENA lograron una contundente victoria electoral, ganando el 53% de los votos en una contienda a cuatro bandas, una ventaja de treinta puntos sobre su partido. contendiente más cercano. Este fue, con mucho, el margen más amplio desde la «transición a la democracia» del país en el cambio de milenio.
Los partidos que habían dominado el campo político a lo largo del período neoliberal quedaron repentinamente reducidos a escombros. Hoy, los índices de aprobación del presidente se mantienen en los sesenta, a pesar de una prensa implacablemente hostil, una pandemia mundial, la crisis económica que la acompaña y las presiones inflacionarias. Las rivalidades de larga data entre los partidos de oposición han sido archivadas, con el PRI, el PAN y el PRD obligados a unirse o perder cualquier posibilidad de tener éxito en las urnas.
La idiosincrasia de la presidencia populista de izquierda de AMLO lo ha enfrentado no solo contra la derecha neoliberal, sino también contra la intelectualidad cosmopolita ‘progresista’ y los autonomistas adyacentes neozapatistas. Estos grupos lo han acusado de diversas formas de ‘convertir al país en Venezuela’, de vender ‘conservadurismo’ y de actuar como un ‘secuaz del capital’. Sin embargo, cuando su mandato de seis años llega a su última vuelta, una mirada más cercana al historial de AMLO revela un panorama mucho más complejo. Su proyecto general ha sido alejarse del neoliberalismo hacia un modelo de capitalismo nacionalista-desarrollista. ¿Hasta qué punto ha tenido éxito y qué puede aprender la izquierda de este esfuerzo?
Como regla general, las transiciones desde el neoliberalismo deben tener lugar en un entorno estructural moldeado por el propio neoliberalismo: la erosión de la clase trabajadora como agente político y el desmantelamiento de la capacidad estatal. De ello se deduce que la tarea histórica básica de la izquierda contemporánea es la reactivación de la política de clase y la relegitimación del Estado como actor social.
Por lo tanto, podemos evaluar la gestión de AMLO con base en tres criterios fundamentales: la reincorporación de la división de clases como organizador principal del campo político; el esfuerzo por reconcentrar el poder de un aparato estatal vaciado por décadas de gobierno neoliberal; y la ruptura con un paradigma económico basado en la corrupción institucionalizada. Consideremos cada uno de estos a su vez.
1.
En mayo de 2020, cuando estallaron las primeras protestas de derecha contra el gobierno de AMLO, un video viral recorrió las redes sociales. Muestra multitudes de manifestantes de clase alta participando en una marcha en automóvil en una avenida importante en Monterrey, Nuevo León. Desde la ventana de un autobús público, un pasajero anónimo comienza a arengar a los automovilistas: ‘¡ Esto es lo que mueve a México!’ él dice. ‘¡Los trabajadores… los trabajadores mueven a México!’ Para muchos, la escena capturó el regreso de la política de clases a la conciencia pública después de una larga ausencia.
Apenas unos meses después de su presidencia, AMLO declaró la muerte del neoliberalismo mexicano. Fue una declaración audaz, más una aspiración que un hecho consumado . Los primeros signos de su realización fueron retóricos. Anteriormente, el discurso político se centraba en la división entre una ‘sociedad civil’ vagamente definida y el Estado. Los funcionarios públicos reconocieron cada vez más la necesidad de aumentar el ‘control ciudadano’ sobre la ‘gobernanza’. El antagonismo de clases casi había desaparecido de los comentarios de la corriente principal.
Sin embargo, bajo AMLO resurgió bajo el disfraz de Laclauian: como una confrontación entre ‘el pueblo’ y ‘la élite’ ( fifis y machuchones como él los llama burlonamente), estos últimos definidos por su riqueza, autoengaño meritocrático y desdén por la clase trabajadora. cultura.
Este cambio verbal fue acompañado por un proceso descarnado de realineamiento del partido. En las elecciones de 2018, los votos de la clase trabajadora se dispersaron entre diferentes partidos, incluido el bloque neoliberal, mientras que AMLO tuvo una ventaja con los profesionales de clase media. En ese momento, el 48% de los votantes con un título universitario apoyó a los candidatos al Congreso de MORENA. En el medio término de 2021 , en cambio, esa cifra cayó al 33%.
Lo contrario ocurrió en el extremo inferior del nivel educativo: el 42 % de las personas que solo tenían educación primaria votaron por MORENA en 2018, mientras que el 55 % lo hizo en 2021. Encuestas recientes muestra que quienes más apoyan a AMLO son los trabajadores comunes, el sector informal y los campesinos, mientras que sus oponentes más vociferantes son los empresarios y los profesionales con educación universitaria. El fenómeno de la ‘izquierda brahmán’, que caracteriza cada vez más los patrones de votación en Europa y Estados Unidos, evidentemente se ha revertido en México.
¿Qué explica este giro? Los últimos cuatro años han visto una avalancha de reformas a favor de los trabajadores. Se han reconocido por primera vez los derechos formales de las trabajadoras del hogar y se han eliminado las prácticas de contratación precaria. Como resultado, el pasado año 2022 un incremento del 109% en el reparto de utilidades: pagos de participación en los beneficios a los que todos los trabajadores tienen derecho formalmente, pero que los empleadores podrían eludir anteriormente mediante la ‘tercerización’ de sus contrataciones.
Bajo AMLO, el proceso para formar nuevos sindicatos se ha simplificado considerablemente, los días de vacaciones legales se han duplicado y la legislación está actualmente en trámite para una semana laboral de cuarenta horas (frente a 48 horas). Su administración ha instituido el mayor aumento del salario mínimo en más de cuarenta años. Antes de la crisis económica que siguió al confinamiento por el Covid-19, el sector más pobre de la población vio crecer sus ingresos un 24% .
Estas arenas movedizas han resultado en el resurgimiento tentativo de la clase trabajadora como actor político. Quizás la evidencia más clara es el levantamiento de los trabajadores de las maquiladoras en Matamoros, Tamaulipas, donde decenas de miles de empleados lanzaron las huelgas salvajes más grandes en la historia del sector. Animados por los aumentos del salario mínimo, exigieron aumentos en otros beneficios, negándose a aceptar los intentos de los empleadores de evitar que los bonos aumenten en línea con los salarios. El movimiento produjo nuevos y exitosos esfuerzos de sindicalización e impulsó a una de sus líderes, Susana Terrazas, a un escaño en el Congreso en la candidatura de MORENA.
El enfoque de AMLO en los programas sociales ha fortalecido aún más esta nueva política de clase. Las transferencias de efectivo ahora llegan a un 65% más de personas que en gobiernos anteriores. En 2021, a pesar de la crisis económica, el gasto social como porcentaje del gasto público total alcanzó su nivel más alto en una década. Este modelo de bienestar opera bajo una lógica completamente diferente al modelo neoliberal anterior, alejándose de la focalización micro y la comprobación de recursos hacia un enfoque más universal.
Si bien las transferencias monetarias aún están reservadas para amplios subgrupos (personas mayores de 65 años, estudiantes, discapacitados, etc.), las condiciones para acceder a ellas son mínimas. Los programas de bienestar han sido consagrados en la Constitución, cimentando su estatus como derechos en lugar de ‘dádivas’, derechos en lugar de caridad.
Del otro lado del espectro político, los partidos desplazados por MORENA han formado una coalición que proclama abiertamente su lealtad al gran capital. Magnates como Claudio X González y Gustavo de Hoyos, exjefe de la confederación de empresarios, han jugado un papel crucial en el financiamiento de la oposición y dictando sus temas de conversación. Además de denunciar las leyes laborales de AMLO, el sector empresarial ha resistido ferozmente su nuevo enfoque fiscal.
Aunque el gobierno generalmente adopta una línea ortodoxa en temas macroeconómicos, ha realizado un esfuerzo concertado para aumentar la capacidad de recaudación de impuestos del estado, que históricamente se ha quedado atrás de los promedios de la OCDE y ALC. Sin alterar la estructura tributaria actual, estas medidas de aplicación han tenido un impacto redistributivo significativo.
Según cifras oficiales, el gobierno aumentó la recaudación de impuestos de los más ricos del país en más de un 200%. (Por lo tanto, laFT describe a Raquel Buenrostro, exsecretaria de Administración Tributaria de AMLO y actual secretaria de Economía, como una ‘dama de hierro’ que golpea el ‘látigo sobre los impuestos de las multinacionales’).
Al mismo tiempo, la pérdida de sectores de la clase media acreditada de la base de apoyo de AMLO refleja su degradación simbólica en la gran narrativa de la nación, que el presidente ha venido construyendo en sus conferencias de prensa diarias. Mientras que en gobiernos anteriores, un gabinete repleto de figuras de élite formadas en universidades indicaba respetabilidad y autoridad, los llamados a la «experiencia» ahora se ven como tácticas vacías de marketing político. Los ministros son elogiados por ‘estar cerca de la gente’, no por sus títulos y elogios.
AMLO ha sido objeto de críticas en los círculos socialmente liberales, compuestos predominantemente por las clases acreditadas, por su falta de interés en promover los derechos al matrimonio homosexual o al aborto. Se ha negado a tomar posición sobre estos temas, proponiendo en cambio que se sometan a referéndums populares; sin embargo, esto es mayormente un punto discutible ahora que ha habido un progreso significativo en tales asuntos a nivel estatal (curiosamente, las ganancias más significativas se han logrado en áreas donde MORENA controla la legislatura local).
El presidente también tropezó en respuesta al movimiento feminista combativo que surgió en 2019 para responder a los persistentes feminicidios en México. De entrada, AMLO parecía más interesado en ‘desenmascararla’ como una campaña orquestada por la derecha (que sí ha intentado secuestrar el levantamiento) que en escuchar sus demandas. Ha criticado las tácticas de acción directa de las movilizaciones recientes y elogiado el trabajo de las cuidadoras, en lo que muchos vieron como un ejemplo de condescendencia masculina. Aunque AMLO se ha ceñido a una política estricta de paridad de género en la selección de su gabinete, es comprensible que las detractoras feministas consideren que su presidencia no se preocupó lo suficiente por las jerarquías de género del país.
2.
Una de las principales prioridades de la administración de AMLO ha sido revertir el vaciamiento del Estado. Este proceso ha tomado diversas formas. Primero, ha habido un impulso para recentralizar las funciones gubernamentales que se habían subcontratado a empresas privadas y semiprivadas. Se ha abolido la subcontratación de servicios públicos, con el objeto de reintegrarlos a las instituciones estatales centralizadas. El gobierno también se deshizo de los fideicomisos que administraban los dineros públicos de manera opaca y altamente discrecional, poniendo dichos fondos dentro del ámbito de los ministerios gubernamentales.
Este programa se ha visto respaldado por una serie de ‘megaproyectos’ de infraestructura liderados por el estado, la cancelación de proyectos privados como el aeropuerto de Texcoco y la expropiación pública de partes de las vías férreas. Los esquemas de construcción emblemáticos de AMLO incluyen el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya alrededor de la península de Yucatán, un corredor de transporte que conecta el Golfo de México con el Océano Pacífico, un proyecto de construcción de caminos rurales y un importante plan de reforestación. Tales empresas se promocionan como medios para crear empleo a través de obras públicas y rechazar la fallida doctrina del laissez-faire .
La soberanía energética ha recibido especial atención por parte del gobierno de AMLO, que ha tratado de modernizar la capacidad productiva de la empresa petrolera estatal, PEMEX, y convertirla en un motor de crecimiento. También ha trabajado para frenar, aunque sea modestamente, el poder de las empresas mineras extranjeras. Una nueva Ley de Hidrocarburos abre la posibilidad de revocar permisos a empresas privadas que cometan ciertas infracciones, mientras que una Ley de la Industria Eléctrica apunta a aumentar la potencia generada por CFE, la empresa estatal de electricidad, al limitar el requisito de que compre electricidad del sector privado. Ambas medidas se esfuerzan por mejorar la posición relativa del sector público y hacer retroceder la ola de reformas neoliberales. El Gobierno reafirmó recientemente este compromiso con la compra de trece centrales eléctricas propiedad de la energética Iberdrola.
El prolongado período de atrofia estatal que precedió al mandato de AMLO inevitablemente ha obstruido algunas de sus políticas más ambiciosas. El estado aún no se ha sacudido su dependencia de las asociaciones público-privadas. Se ha visto obligado a utilizar la infraestructura administrativa de Banco Azteca, propiedad del magnate de los medios Ricardo Salinas Pliego, para implementar sus programas de transferencia de efectivo. Si bien existe un plan para que los bancos públicos asuman estas responsabilidades, la transición ha sido lenta. El proyecto de infraestructura insignia de AMLO, el tren de Yucatán, es propiedad del estado, pero incluirá componentes de empresas públicas y privadas. Los servicios gubernamentales anteriormente subcontratados, como el cuidado de niños, se cerraron con la intención de llevarlos internamente, pero no todos fueron reemplazados. lo que significa que las personas deben usar vales estatales para comprar servicios esenciales en el mercado privado. Al carecer de capacidad administrativa real, AMLO se ha vuelto cada vez más dependiente de los militares para construir y operar muchos de sus proyectos de infraestructura.
La necesidad de recuperar el poder del Estado también es evidente en la persistencia de la violencia severa relacionada con los cárteles de la droga, un problema que llevó a AMLO a crear una nueva Guardia Nacional, compuesta por miembros del ejército (y nuevos reclutas adicionales), reentrenados para realizar labores policiales. Los críticos afirman que esto representa la militarización de la vida pública. También señalan el uso por parte de AMLO del aparato represivo a lo largo de la frontera sur del país, donde las caravanas de migrantes de América Central a menudo se enfrentan con fuerza. Estas acciones son en gran parte una capitulación a la demanda perenne de los EE. UU. (antes y después de Trump) para que México detenga el flujo de solicitantes de asilo. Al igual que sus predecesores, AMLO ha aceptado tales restricciones a la soberanía nacional, quizás porque puede usarse como palanca en las negociaciones con su vecino del norte. Ha dedicado una energía considerable a evitar que las caravanas lleguen a los EE. UU.: ofrece visas de trabajo mexicanas, pide un ‘Plan Marshall para América Central’ y hace la vista gorda mientras la policía realiza devoluciones brutales. Su historial general en esta área es pésimo, aunque una excepción importante fue su negativa a aprobar el intento de Trump de declarar a México un ‘tercer país seguro’, lo que habría impedido que prácticamente todos los refugiados centroamericanos buscaran asilo en los EE. UU.
3.
En su discurso de toma de posesión como presidente en diciembre de 2018, AMLO afirmó que ‘la característica distintiva del neoliberalismo es la corrupción’. El neoliberalismo, como él lo ve, no es meramente la contracción del Estado sino su instrumentalización al servicio del mercado. Este proceso ha transformado a México en una especie de economía rentista inversa, en la que una red de empresas privadas desviaba dinero de las arcas públicas a través de una serie de mecanismos legales e ilegales: privatizaciones, tercerizaciones, venta de servicios sobrevaluados y la creación de empresas fantasma diseñadas para aprovechar los contratos estatales y las oportunidades de evasión de impuestos.
La noción del neoliberalismo como una economía política de la corrupción ha informado los objetivos de gasto público de AMLO. El concepto insignia de su gobierno es contraintuitivo: austeridad republicana , o ‘austeridad republicana’. En la práctica, esto significa la reorganización y recentralización permanente del gasto público con el objetivo de ‘recortar desde arriba’. Dado que el neoliberalismo mexicano forjó amplios vínculos entre el Estado y la empresa privada, la austeridad se ve como un medio para romper tales conexiones, desechando empresas parásitas cuyas ganancias dependen de la generosidad del gobierno.
A largo plazo, la estricta adhesión a la austeridad republicana puede dificultar, si no imposibilitar, la creación de un sólido sistema de bienestar. Sin embargo, por el momento, ha logrado relegitimar el estado después de décadas de amiguismo y clientelismo. Los temores de que resulte en despidos masivos se han disipado. Además del gasto a gran escala en obras públicas y transferencias de efectivo, sectores como la ciencia , la educación y la salud han visto incrementados sus presupuestos, aunque mínimamente. El problema más urgente con la restricción fiscal de AMLO es que socava el caso de una reforma fiscal de gran alcance, ya que implica que la izquierda puede lograr sus objetivos únicamente a través de un gasto más eficiente: reequilibrar las cuentas en lugar de redistribuir la riqueza.
En teoría, los críticos de izquierda de AMLO podrían reconocer sus avances mientras montan una crítica sólida de su política de género, políticas fronterizas y programas de austeridad. Sin embargo, en la práctica, han perdido la oportunidad de construir una alternativa seria a MORENA. Hasta ahora, las críticas de izquierda a AMLO han sido monopolizadas en gran medida por la intelectualidad ‘progresista’, que a su vez ha sido absorbida por el bloque de oposición dominado por la élite. El movimiento autonomista, por su parte, sigue desinteresado en hacerse con el poder estatal. Abandonó este terreno hace mucho tiempo y se centró en cambio en oponerse a proyectos desarrollistas, con poco que mostrar a cambio.
Cualquier evaluación de AMLO y MORENA debe reconocer las dificultades de reiniciar un estado de bienestar con un aparato administrativo en ruinas y revitalizar una clase trabajadora que ha sido casi derrotada como agente colectivo. La administración actual está, por supuesto, afligida por muchas más incertidumbres y contradicciones más allá del alcance de esta breve reseña. ¿Qué tan viable es el neodesarrollismo en el contexto de la crisis climática? ¿Puede la tributación progresiva tener éxito en medio de un crecimiento estancado? ¿Qué tan rápido puede un país dejar de invertir en el extranjero? Estas son preguntas para la izquierda en todo el mundo. Cualesquiera que sean las deficiencias de las respuestas de AMLO, su intento de romper con el neoliberalismo no puede descartarse fácilmente.
*Profesor de Sociología de la Universidad de Syracuse.
