Argentina | Solidaridad en la región con los docentes jujeños – Por Luciana Jouli y Mayra Pedraza
Argentina | Solidaridad en la región con los docentes jujeños
Por Luciana Jouli y Mayra Pedraza*
Históricamente, la educación argentina ha sido parte de las luchas del pueblo trabajador y en la actualidad no es la excepción. El sector docente es actor protagonista de los conflictos que suceden en el norte argentino. A mediados del mes de mayo, el reclamo salarial comenzó a tomar escala para ser parte de una de las movilizaciones más grandes del pueblo jujeño. Esta, tuvo como respuesta golpes, balas y represión por parte del estado de la provincia de Jujuy, Argentina. Frente a estos hechos, los sectores de la educación de Argentina y Latinoamérica se solidarizaron conlxs docentesargentinxs.
La escalada del conflicto, la violación sistemática a los derechos humanos y la detención y represión a lxs docentes han hecho que diferentes actores de la comunidad educativa latinoamericana se pronunciaran en solidaridad con las y los trabajadores de la educación en argentina.
Así lo hizo el Congreso Mundial contra el Neoliberalismo Educativo, que reunió alrededor de 12.000 activistas sociales en el mes de junio y se posicionó acompañando “las demandas salariales de la docencia jujeña que dieron origen a las masivas movilizaciones, que luego se multiplicaron ante la toma de conocimiento de la reforma constitucional que el gobierno provincial pretende imponer a espaldas de la opinión popular”. El venezolano Luis Bonilla como secretario permanente del Congreso expresó: “Repudiamos enérgicamente la represión de las fuerzas de seguridad y el encarcelamiento de manifestantes que protestaban en San Salvador de Jujuy, Purmamarca, la quebrada de Humahuaca y en la Puna. Represión que dejó a muchas personas heridas y hospitalizadas con severos daños. Asimismo, abrazamos la causa de las comunidades originarias en defensa de sus tierras ancestrales y en rechazo a la explotación extractivista que pretenden imponer a manos de los capitales privados transnacionales, con las consabidas consecuencias de saqueo de los bienes comunes, contaminación de suelos y agua y empobrecimiento de las poblaciones”.
Por su parte, la Internacional de la Educación para América Latina (IA), federación sindical mundial de sindicatos de docentes del mundo, también se manifestó públicamente: “Las trabajadoras y los trabajadores de la educación de la provincia de Jujuy, Argentina, llevan meses movilizándose por salarios dignos y en defensa de la educación pública frente a las reformas regresivas impulsadas por el gobierno provincial. Las movilizaciones pacíficas de los trabajadores de la educación y de la sociedad civil que los acompaña, están siendo violentamente reprimidas por la fuerza pública. (…)”.
Así también, otro de los actores que se solidarizó con la educación argentina fue Julio Fuentes, presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores/as Estatales (CLATE) quien declaró que desde la organización
“se solidarizan con el pueblo jujeño que viene sosteniendo su rechazo a una reforma constitucional que claramente no cuenta con el consenso popular».
En Argentina los sindicatos que aglutinan a docentes públicos y privados argentinos también se manifestaron en el marco del paro nacional realizado el 22 de junio. La secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), Marina Jaureguiberry declaró en la conferencia de prensa de la Confederación General del Trabajo que: “Cuando las y los docentes estamos dando pelea después de 12 días de paro, con las compañeras y los compañeros en la calle, no solo estamos peleando por la dignidad del salario y de las condiciones de trabajo, sino que estamos peleando por una educación pública de calidad, respetando el derecho social y humano a la educación” y agregó: “la escuela es una caja de resonancia y cuando peleamos por nosotros estamos peleando por nuestros pibes, por nuestras pibas y por toda la comunidad educativa”.
Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) participó activamente en la conferencia que se realizó en la Cámara de Diputados Argentina para denunciar y repudiar la salvaje represión en Jujuy y promover una movilización a la Casa de la Provincia de Jujuy y actos en todo el país en el marco del Paro Nacional de CTERA en el mes de junio.
A días del paro nacional decretado por las centrales obreras, los hechos no cesan. La Justicia jujeña ordenó detener a 22 personas que se manifestaron en la localidad de Humahuaca contra la reforma constitucional. A su vez, el 12 de julio la policía de la provincia ingresó sin autorización a la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU) con la intención de conocer la resolución de la UNJU para actuar como querellante ante la justicia frente a las causas de detención, violentando, de esta manera, los derechos fundamentales de las personas y el principio de autonomía universitaria que reconoce la Ley de Educación Superior de Argentina. Mientras la policía jujeña acciona el plan del gobierno provincial, el gobernador Gerardo Morales se manifiesta públicamente en el Canal 7 de Jujuy acusando a lxs trabajadorxs de Universidad de Buenos Aires que residen en Tilcara de incentivar los cortes de ruta amenazando con expropiar la sede y tener identificadxs a lxs trabajadores. Frente a este hecho, la solidaridad de lxs trabajadores no se hizo esperar. CTERA volvió a repudiar la persecución y represión a lxs docentes y la Comunidad Educativa de Jujuy, así como lo hizo también la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) y la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).
Dice el escritor y profesor Aníbal Ponce: “la educación ha estado siempre al servicio de las clases dominantes, hasta el momento en que otra clase revolucionaria consigue desalojarlas e imponer su propia educación”. Lxs docentes jujeños salieron a las calles, como lo viene haciendo el sector educativo sistemáticamente cada vez que ve arrebatados sus derechos, diciendo basta a la precariedad laboral para llevar adelante una educación de calidad, donde todos y todas puedan acceder y donde los conocimientos que se aborden sean aquellos que permitan discutir y dar respuestas a las problemáticas locales donde se reivindique la cultura y la defensa de los derechos humanos.
Un conflicto sindical que se transformó en defensa del territorio y lucha por la democracia
En el mes de mayo, la represión a maestrxs en la norteña provincia argentina de Salta, reavivó el debate sobre la función represiva del Estado y en particular hacia lxs actores de la educación. Frente a la demanda de aumentos salariales, una consigna histórica por parte del sector docente en Argentina, el estado respondió con detenciones. Al 27 de mayo, 19 docentes salteños fueron detenidos e imputados por desobediencia judicial y entorpecimiento de las vías de transporte. A lo que diferentes organismos de derechos humanos argentinos respondieron con denuncias de violencia institucional.
No fueron solo los docentes quienes salieron a las calles, sino que distintos gremios de trabajadores públicos del ámbito de la salud, empleados estatales y de educación entre otros marcharon y presentaron un pedido formal al Gobierno provincial para solicitar la reapertura de paritarias. Diferentes sectores salieron a las calles en reiteradas oportunidades esperando respuestas por parte del gobierno provincial. La respuesta a cargo del gobernador y pre candidato vicepresidencial argentino por la coalición Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, fue un enérgicamente rechazado aumento salarial del 10%.
En el marco de las movilizaciones de diferentes sectores de trabajadores, las consignas se unieron en reclamo de condiciones laborales dignas y el rechazo a la reforma constitucional que el gobernador aprobó y juró el 20 de junio. Esta reforma constitucional implicó, entre otros puntos, la eliminación de las elecciones de medio término, el no reconocimiento de los tratados internacionales a favor de las comunidades indígenas y la prohibición de expresiones de la protesta social permitiendo al estado provincial el enjuiciamiento de quien por acción u omisión aliente a vulnerar o vulnere la convivencia. La aprobación y jura de la reforma de la constitución de la provincia de Jujuy generó mayores movilizaciones y reclamos por parte del pueblo. El sector docente, que ya tiene en su historia largas y diferentes medidas de fuerzas, en este caso utilizó como forma de lucha paros, movilizaciones, asambleas, encuentros en plazas, entre otros. El 20 de junio el sector educativo hizo la marcha de antorchas bajo la consigna “Somos docentes, no delincuentes”. Para entonces, estaban detenidas 53 personas y sus abogados estaban exigiendo que sean liberadas en base a un requerimiento de habeas corpus, debido a que llevaban más de 24 horas alojadas en la cárcel. Frente a este hecho, la comunidad educativa argentina se solidarizó con lxs docentes jujeños y tanto la CTERA como la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) convocaron a un paro nacional. La consigna “arriba los salarios, abajo la reforma” recorrió diferentes plazas argentinas en apoyo al pueblo de Jujuy.
Al final del mes de junio el gobierno provincial realizó nuevas ofertas salariales que fueron aceptadas por algunos sectores y rechazadas por otros. El sector docente no acordó con la propuesta realizada por Morales y decidió continuar en estado de paro y movilizaciones.
Es julio y el gremio docente mayoritario de Jujuy, la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), continúa con la medida de paro por tiempo indeterminado mientras grupos de docentes acampan frente al Ministerio de Educación de Jujuy. A su vez, las comunidades de pueblos originarios continúan en las calles y han sostenido por 18 días los cortes de rutas en toda la provincia. Frente a las medidas de protestas llevadas adelante por los diferentes sectores de trabajadores en Jujuy, el ministro de Seguridad, Guillermo Corro, declaró, el 4 de julio, que se buscará la detención inmediata y el embargo a lxs manifestantes. A la fecha hay ya más de 150 personas imputadas y se han sentenciado a cinco de ellas, cuyas multas van de los 500 mil a los 2 millones de pesos, en palabras del propio ministro. A 13 días del mes de julio el estado provincial avanzó en la detención de 22 personas e ingresó sin autorización a la Universidad Nacional.
La lucha de lxs trabajadorxs por los salarios, las tierras y el rechazo a la reforma constitucional sigue en pie. Los cortes de ruta que aún están activos demuestran que a pesar del amedrentamiento y de los enfrentamientos de alta intensidad por parte del estado provincial como estrategia para el control social; las fuerzas del pueblo, de trabajadorxs, impulsan su propio entramado popular, profundizando la organización de manera colectiva y en red, construyendo y realizando poder en las calles, al grito de “abajo la reforma”.
El pueblo jujeño fue el centro de las protestas en Argentina y la solidaridad de los pueblos de América Latina se ve reflejada en los posicionamientos que dan muestra de la unidad del pueblo trabajador frente a las causas justas y en defensa de los derechos de las mayorías. La educación como derecho está siendo defendida por cada docente y estudiante en las calles de Jujuy, entendiéndolo también como nos decía Paulo Freire una forma de liberación, una educación humanizadora que contenga las voces de todxs y construya en función de las realidades presentes. Frente a las políticas deshumanizantes de un sistema que profundiza su violencia, lxs trabajadorxs se manifiestan sin miedo ni vacilaciones, desde una profunda desobediencia a todo acto de inhumanidad.
* Jouli es Licenciada en Educación Especial. Pedraza es Licenciada en Ciencias Políticas. Ambas miembros del Centro de Estudios y Formación en Política Educativa (CEFOPED), asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
