Elecciones en Guatemala: una contienda de agendas conservadoras – Por Andrea Dominguez
Elecciones en Guatemala: una contienda de agendas conservadoras
Por Andrea Dominguez
El 25 de junio Guatemala elegirá presidente y vicepresidente de la República, así como congresistas, alcaldes y representantes al parlamento centroamericano. Las posturas “antiderechos” están a la orden del día.
Rodas dice que ha presentado los documentos que exige la ley y que ese requisito adicional no está en la normatividad vigente y que, por tanto, no puede ser utilizado para invalidar su candidatura. Rodas es exprocurador de Derechos Humanos y durante su gestión fue crítico del expresidente Jimmy Morales y del actual presidente Alejandro Giammattei.
La Organización de Estados Americanos (OEA) a través de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, consideró preocupante que los mecanismos establecidos en Guatemala para impugnaciones y exclusiones de candidaturas “estén generando incertidumbre y tensiones”.
Por su parte, en su informe sobre la actual situación, la organización Human Rights Watch (HRW) afirma que la democracia guatemalteca atraviesa una crisis severa y que las autoridades han debilitado las garantías de derechos humanos y el sistema de pesos y contrapesos institucionales para impedir la rendición de cuentas por la corrupción que alcanza a las más altas esferas del poder.
Una agenda a largo plazo
Pero ¿qué está en juego en estas elecciones en cuanto a derechos de las mujeres, las infancias y las personas LGBTIQ? La socióloga e investigadora Ana Lucía Ramazzini, considera que desde 2019, grupos “antiderechos” se han venido posicionando en diversas ramas del Estado con objetivos a largo plazo. (Ver: “Muchas personas antiderechos hablan de ‘defender la familia’, pero rechazan a sus hijos LGBTIQ”).
“En los últimos años ha habido un avance de estos grupos que se auto nombran ‘provida’ y ‘profamilia’ pero que defienden una agenda específica en el legislativo, proponiendo iniciativas de ley o bloqueando aquellas en contra de sus propios intereses. Es una decisión de hacerse más visibles en el ámbito público y no sólo como una reacción contra el avance de los derechos de las mujeres, de la población LGBTIQ o de las juventudes”, expresa. (Ver: Los pasos de gigante de la avanzada conservadora).
Ramazzini se refiere a iniciativas legislativas como la 5272, una ley que el actual Congreso llegó a aprobar y que pretendía modificar el Código Penal para criminalizar incluso los abortos espontáneos o involuntarios, así como prohibir el acceso a la educación integral en sexualidad de infancias y adolescencias. (Ver: Los argumentos que sustentan la despenalización del aborto en Colombia).
A última hora, las protestas de los grupos defensores de derechos humanos impidieron que el presidente Giammattei sancionara dicha ley porque violaba la Constitución y los tratados internacionales que Guatemala ha firmado. La ley fue finalmente archivada.
Los grupos “antiderechos” manejan una dinámica de largo aliento centrada en mantener una jerarquía social basada en un supuesto “orden natural”.
En los actuales comicios, 83 de las 101 personas que votaron a favor de esa iniciativa legislativa están buscando reelección al Congreso. Aparte de esto, ya hay normas de este tipo en acción.
La Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia 2021-2032 fue sancionada por el actual Gobierno y oficializa una postura contra la interrupción voluntaria del embarazo, la educación integral en sexualidad y las familias diversas. (Ver: Despenalizar para no abortar).
“Estas políticas ya están vulnerando derechos a la igualdad, se están restringiendo los derechos a la familia, a la educación integral en sexualidad, a la dignidad y a la libertad. Entonces, ya estamos teniendo un efecto en la vida de muchas personas como lo dice nuestra investigación: ‘Entramado de poderes: el modus operandi de las organizaciones antiderechos sexuales y reproductivos en Guatemala’”, puntualiza Ramazzini.
Lo que se está afianzando en Guatemala son visiones religiosas fundamentalistas que le apuestan a la arena política. “Y eso está socavando los principios de la democracia, entre ellos el Estado laico”, agrega Ramazzini. (Ver: La mezcla entre religión y política, ¿inevitable?).
Desde la perspectiva de la socióloga Silvia Trujillo, investigadora uruguaya residente en Guatemala donde trabaja como catedrática en la Universidad Rafael Landívar, se trata de un esfuerzo de un amplio sector que no está dispuesto a que avancen intentos de reformar el establecimiento. (Ver: Rodrigo Uprimny: Dios sería el primero en defender el Estado laico).
Para impedirlo, las estructuras que han cooptado el poder usan diversas estrategias, entre ellas, Trujillo cita varios ejemplos: que el Estado no haya actuado con celeridad para lograr empadronar a cerca de dos millones de jóvenes que cumplieron los 18 años y estarían facultados para votar y potencialmente, inclinar la balanza.
También, que se hayan anulado o aprobado candidaturas sin seguir criterios técnicos uniformes, que se estén implementando recortes a la libertad de expresión que han empujado a muchas personas al exilio y que se estén usando discursos que estigmatizan la protesta social y la defensa de los derechos humanos.
“Vivimos un proceso de regresión de derechos. Tenemos ya casi un centenar de personas que tuvieron que salir del país, empezando por el fiscal, pero tenemos jueces, magistrados, magistradas, periodistas, comunicadores, defensores de derechos humanos que ya están fuera del país, porque ha habido una criminalización de la defensa de derechos humanos como de las personas vinculadas al sistema de justicia”, explica Trujillo, quien habla a título personal y no en representación de la universidad en la que trabaja.
En Guatemala las restricciones a la libertad de expresión han empujado a muchas personas al exilio.
Pese a que el 54% del padrón electoral está conformado por mujeres, sólo 4% de las candidaturas son de mujeres.
Narrativas de Guerra Fría
Al analizar el discurso político actual, Trujillo también aborda cómo las narrativas conservadoras se refieren a quienes defienden los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual y de género y otros derechos humanos.
“Es un discurso muy nocivo en el que se utilizan palabras que apelan incluso a la Guerra Fría, como cuando se califica a alguien de ‘comunista’”, expresa Trujillo.
Son narrativas posicionadas por estos grupos que se presentan a sí mismos como “provida” mientras que “el enemigo” -defensores y defensoras de derechos humanos- son calificados como “feminazis”, “abortistas” y “asesinos”.
Para las elecciones en Guatemala hay inscritos 23 binomios presidenciales lo que podría dar una idea de pluralidad, pero aunque son muchas las voces, las agendas son similares y hacen eco de posturas conservadoras en cuanto a educación sexual, derechos LGBTIQ y derechos sexuales y reproductivos, como explica Silvia Trujillo. (Ver: La educación sexual es un proceso, no una charla de un día).
Aunque los derechos sexuales y reproductivos no han sido particularmente protagonistas del debate electoral de este año, el Gobierno ha venido enviando mensajes conservadores alineados con las posturas de muchos aspirantes.
Como lo comentaba la activista por los derechos sexuales y reproductivos Joseline Velásquez en el webinar “Mi voto es por la Educación Integral en Sexualidad”, este proceso electoral no empezó en marzo cuando comienza la campaña oficialmente.
“Inició meses atrás cuando el mismo gobierno de Guatemala empezó a tener campañas para posicionar mensajes como el de la vida desde la concepción, el de ‘Guatemala es vida’.
Así, continua Velásquez, cuando llegan las campañas, se hace un match con lo que está haciendo el Gobierno. “Y aunque haya una apreciación de que este es uno de los peores gobiernos, las acciones para ‘proteger la vida’ son un buen amarre para las candidaturas presidenciales”.
Todo esto sumado a la apatía y a la desesperanza de buena parte de la población, dan cuenta de una campaña que los analistas han calificado como vacía. “Mucha imagen, mucha foto, pero poco contenido”, agrega Silvia Trujillo.
Con tanto en juego, ¿Guatemala se puede permitir unas elecciones vacías de contenido y marcadas por la apatía de los electores?
Una de las aspirantes a la Presidencia de Guatemala es Zury Ríos Montt, hija del dictador Efraín Ríos Montt, quien fue condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Opciones “antiderechos”
Algunas candidaturas van en contravía de los derechos sexuales y reproductivos, de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ. Es el caso de Zury Ríos Montt, hija del dictador Efraín Ríos Montt, quien fue condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad antes de fallecer. (Ver: Yusimil Carrazana, la médica dedicada a la salud de los hombres trans en Guatemala).
En una entrevista que concedió a Prensa Libre, Zury Ríos dijo: “la Constitución dice que se respeta la vida desde la concepción, no estamos a favor del aborto”. Y también aseguró: “el concepto de matrimonio por su origen de vida es entre un hombre y una mujer”.
Una posición similar ha sostenido el expresidente Jimmy Morales, hoy diputado en el Parlamento Centroamericano, quien está aspirando al Congreso. Morales -que practica la fe cristiana evangélica- ha dicho que no acepta el aborto ni el matrimonio entre personas del mismo sexo y que de aprobar una ley así se generaría desorden porque “en Guatemala el 97% de la población tiene un pensamiento cristiano”.
Otro candidato “antiderechos” es el diputado y expresidente del Congreso, Allan Rodríguez, quien busca ser reelegido para esa instancia. Durante su presidencia en el Congreso se aprobó el “Día por la vida y la familia”, dedicado por los grupos a protestar contra el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo.
También fue quien radicó la iniciativa de ley para “Garantizar la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia contra los Trastornos de la Identidad de Género” que, en la práctica, equivalía a ahondar en la patologización de las identidades trans. Rodríguez fue sancionado recientemente por corrupción por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro Estados Unidos.
