Culmina el proceso de presentación de pruebas para el juicio político contra Lasso
Fiscalización cierra la etapa de pruebas del juicio político a Lasso
La Comisión de Fiscalización llevó a cabo este 26 de abril de 2023 el último día de prueba del proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. En la jornada, se presentaron los alegatos de cierre de los asambleístas proponentes y de la defensa del Mandatario.
La sesión comenzó entre polémicas, pues el exgerente de Flopec, Jhonny Estupiñán, el principal testigo de la oposición, envió una carta en la que pidió ser atendido por vía telemática. Estupiñán fue citado en días anteriores, pero se excusó de atender.
Roberto Cuero (UNES) pidió que se lea su carta. Sin embargo, la presidenta encargada de la Comisión, Ana Belén Cordero (BAN), aseguró que la etapa de comparecencias se cerró, por lo que dijo que la carta se leerá más adelante.
El tema quedó para el final de la sesión cuando terminaron las exposiciones de los acusadores y la defensa del Presidente. Allí, la discusión se centró en si se podía o no escuchar a Estupiñán, dado que las comparecencias ya terminaron.
Cordero sugirió una votación de los miembros de la comisión sobre este tema. Sin embargo, en medio de los reclamos de la oposición, clausuró la sesión sin una decisión.
El juicio político se centra en una acusación por presunto peculado en contra de Lasso, por supuestamente haber permitido la renovación de un contrato entre la empresa pública Flopec y Amazonas Tanker Pool.
Los argumentos de la oposición
Los cuatro asambleístas proponentes del juicio político en contra del Presidente decidieron que sea Viviana Veloz (UNES) quien hable en su representación. La legisladora intervino durante cerca de dos horas, leyendo en su computadora todo su discurso.
Aseguró que hay “millones” de pruebas de la responsabilidad política del presidente Lasso, por haber conocido y consentido la corrupción en las empresas públicas y Flopec. “Esa es la verdad constitucional”, aseguró.
“Este juicio político busca despejar el camino del mayor obstáculo que hoy enfrenta el Ecuador, y ese obstáculo tiene nombres y apellidos: Guillermo Lasso Mendoza. Despejada esa vía, podremos avanzar hacia adelante”. Viviana Veloz (UNES)
Según Veloz, el Presidente “facilitó los esquemas de corrupción en Flopec“. Su argumento comenzó con la designación de Lasso a Hernán Luque como presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), y luego presidente de los directorios de las otras empresas públicas, entre ellas Flopec.
Veloz aseguró que esta designación permitió a su vez la designación de Oswaldo Rosero como gerente de Flopec, quien habría permitido la renovación del contrato con Amazonas Tanker Pool.
La legisladora mostró varios audios filtrados por La Posta, en los que supuestamente habla Luque sobre el esquema de corrupción en Flopec. “En materia de responsabilidad política, no existe la ilicitud de la prueba”, aseguró la asambleísta sobre los cuestionamientos a estos audios.
Según Veloz, Rosero es un “alfil” de Luque, que permitió el “desvío” de más de USD 6 millones a favor de terceros, a perjuicio del Estado.
La asambleísta vocera de la oposición insistió en la carta enviada por el exgerente Jhonny Estupiñán a Lasso, que denunciaba que supuestamente fue separado del cargo por haber dado por terminado el contrato con Amazonas Tanker.
Esta carta, según la defensa del Presidente, no dice que el mismo Estupiñán revirtió dicha terminación dos días después.
Veloz señaló que el Presidente no hizo nada a pesar de que “tuvo en sus manos la denuncia que planteaba la necesidad de terminar este contrato lesivo para el Ecuador”.
“Guillermo Lasso es responsable de todos los actos de que realizaron en Flopec porque incumplió su deber de precautelar los intereses del Estado y permitió que Luque siga con su estructura de corrupción”. Viviana Veloz (UNES).
Los argumentos de la defensa
La defensa del presidente Lasso, a cargo del abogado Édgar Neira, también tomó cerca de dos horas. El abogado enumeró una por una las acusaciones e inferencias realizadas por los proponentes del juicio polítco.
Sobre el argumento de la carta enviada por Estupiñán, el abogado aseguró que esta siguió su trámite normal en la Presidencia y nunca llegó a manos directas del Mandatario. Narró que toda comunicación que llega a Carondelet es tramitada por una oficina administrativa.
Además, cuestionó que dicha información incluida en la carta también fue enviada a la asambleísta Mireya Pazmiño, quien tampoco hizo una denuncia en la Fiscalía sobre las presuntas irregularidades de las que se hablaba allí.
Neira también cuestionó el contenido de la carta, pues esta era “alejada de la realidad” y contenía un “ocultamiento deliberado de la verdad”.
El abogado de Lasso puntualizó además que el informe de la Contraloría nunca habló de la terminación unilateral del contrato, por lo que no se puede exigir esa actuación.
“Las actuaciones del señor Estupiñán no merecen ninguna credibilidad y no pueden ser tomadas para inferencias de responsabilidad política”. Edgar Neira, abogado del presidente Guillermo Lasso.
Neira también cuestionó que, dentro del proceso, se sigan usando los audios filtrados por La Posta. Dijo que la Comisión de Fiscalización no puede infringir la garantía al debido proceso, al vulnerar la legalidad de la prueba.
El abogado señaló que hay una “debilidad insuperable de las inferencias” que buscan llevar a Lasso hacia su destitución.
El abogado insistió en el buen desempeño que ha tenido Flopec en 2022, que reportó utilidades que superan los USD 170 millones.
Por ello, dijo que no se ha evidenciado cuál ha sido esa distracción de fondos hacia terceros de la que hablan los proponentes del juicio político. Aseguró que no hay análisis de en dónde está el perjuicio.
“La administración de las empresas públicas escapa de la esfera de las atribuciones constitucionales del Presidente, por lo que la supuesta omisión (de denunciar el caso Flopec) no corresponde al delito de peculado. La omisión de denuncia está en un tipo penal autónomo”. Edgar Neira, abogado del presidente Guillermo Lasso.
Asambleístas calculan votación del juicio político contra Lasso para la segunda quincena de mayo
Asambleístas proyectan que la votación del juicio político contra el presidente, Guillermo Lasso, se dará en la última quincena de mayo próximo, es decir, después de que la Asamblea Nacional cuente con nuevas autoridades.
Así lo señalaron los legisladores Viviana Veloz (UNES) y Esteban Torres (Partido Socialcristiano) este martes 25 de abril del 2023, a un día de que sesione la Comisión de Fiscalización para cerrar la etapa de práctica de pruebas en esta causa.
Una vez cerrada la fase de pruebas, la Comisión tendrá un plazo de 10 días, sin posibilidad de prórroga, para entregar un informe no vinculante y recomendar o no el enjuiciamiento político a Lasso en el Pleno de la Asamblea Nacional.
«Estaríamos hablando que este proceso, tanto de debate en el Pleno y la posterior votación estaríamos culminando entre el 18 y el 21 de mayo», dijo Veloz, una de las cuatro proponentes del juicio político.
Esto supone que la votación de una posible censura y destitución de Lasso se dará después de que la Asamblea designe nuevas autoridades para lo que resta de su mandato, lo que se prevé para el 14 de mayo.
Torres, quien es coordinador del PSC, explicó que esto se debe a los plazos específicos que tiene el juicio político y responsabilizó al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, de haber «demorado el inicio del proceso».
«Todo esto hace que necesariamente tenga que votarse posterior al 14 de mayo, eso significa entre 17, 18 de mayo», aseveró.
La vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Cordero, manifestó que todo dependerá de cómo el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, maneje los tiempos y a cuántos asambleístas permite intervenir en el debate del juicio político.
Una vez cerrada la fase de pruebas, la Comisión tendrá un plazo de 10 días, sin posibilidad de prórroga, para entregar un informe no vinculante y recomendar o no el enjuiciamiento político a Lasso en el Pleno. En este caso, hasta el 6 de mayo.
«Hay que ver los calendarios cómo se manejarían. Una vez que la Presidencia de la Asamblea conozca este informe tiene hasta 48 horas para poner en conocimiento de los 137 legisladores. Luego tiene hasta 72 horas para convocar al Pleno, luego se daría un debate», mencionó Cordero.
La legisladora calcula que el debate de esta acusación constitucional tomará entre dos y tres días. Y una vez cerrado el debate, el Presidente de la Asamblea tiene un plazo de 5 días para convocar a la votación.
