El Acuerdo de Escazú y la disputa por un modelo soberano para los recursos de la región – Por Agustina Medina, especial para NODAL
El Acuerdo de Escazú y la disputa por un modelo soberano para los recursos de la región
Por Agustina Medina*, especial para NODAL
Este 21 de abril, Buenos Aires fue sede de la 2da Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú. Es el primer Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. En esta cumbre, se eligieron los siete primeros representantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del tratado, y hubo un llamado de los países miembro a profundizar su implementación, basándose en la cooperación destinada a fortalecer las capacidades nacionales con ese objetivo. Se eligieron representantes de Chile, Uruguay, Granada, Costa Rica, Argentina, Jamaica y Panamá.
Mientras la cumbre finalizaba, organizaciones ambientales, sindicales, políticas, tanto de pueblos originarios como de derechos humanos, se movilizaron hacia su sede. Marcharon pidiendo la correcta implementación de Escazú y la visibilización de la falta de acceso a la justicia que enfrentan todos los días los y las activistas ambientales de la región.
Entre otras, las reivindicaciones en las calles fueron: Reforma judicial con perspectiva ambiental y de género. Acceso a la tierra para quienes la trabajan y Derechos Humanos para quienes la defienden. Implementación del Acuerdo de Escazú como instrumento eficaz para las comunidades en conflicto. Soberanía sobre nuestros bienes comunes naturales y sobre las Islas Malvinas.
De esta manera, observamos en los reclamos por la cuestión ambiental, una mirada integral que los entiende como parte de discusiones de derechos humanos y soberanía. En este sentido, las problemáticas ambientales son pensadas en íntima relación con problemáticas sociales y económicas. Como sabemos, los países del sur global nos llevamos la cara más cruda de la crisis climática que vivimos. Los países de la región se encuentran en gran medida endeudados con acreedores financieros que luego limitan la capacidad de decisión soberana de los Estados sobre sus políticas económicas, sociales y ambientales, entre otras. Esta situación lleva a la región a tener una alta conflictividad en cuanto a las diferentes problemáticas ambientales. Según la ONG Global Witness, en los últimos 10 años, el 68% de los 1733 asesinatos a líderes ambientales que se produjeron, sucedieron en América Latina y el Caribe.
Un acuerdo como el de Escazú aporta un marco de protección y de garantías de seguridad para estas personas que actúan en defensa de sus territorios y recursos. Estas disputas se dan en un contexto de agudización de la crisis climática y del sistema capitalista cuya forma de producción y concentración de las riquezas en pocas manos (Según Oxfam, el 1 % más rico acapara ⅔ de la riqueza generada desde 2020 a nivel global) deja nuestros territorios a merced de las grandes potencias que tienen en sus planes presentes y futuros la apropiación de nuestros recursos al menor costo económico posible. Esto se da de tal manera, que llegan a disputarse entre ellas nuestras riquezas tales como litio, gas, petróleo, agua, desconociendo o atropellando nuestra autodeterminación y soberanía sobre ellos. Como ha declarado Laura Richardson jefa del Comando Sur y quien visitó recientemente la Argentina: «Beijing continúa expandiendo su influencia económica, diplomática, tecnológica, informativa y militar en América Latina y el Caribe». Para las potencias, preocupadas por la incidencia en la región, evidentemente, nuestras economías y recursos están en disputa, pero no formamos parte de la discusión.
En Argentina, por un lado, están quienes responden a los intereses extranjeros, siendo funcionales y beneficiándose de que los países del sur global deban flexibilizar sus normas ambientales para pagar sus deudas económicas, concentrando poder y riquezas, provocando una profundización de las desigualdades y, precarización en los modos de vida como malas condiciones de hábitat y falta de acceso a recursos y bienes básicos. Tal como lo expresó Máximo Kirchner durante el Plenario de la militancia, realizado el pasado sábado en la Ciudad de Buenos Aires: “El Fondo aprieta, la Argentina cede y terminamos cediendo por baratijas. Buscan la flexibilización laboral, impositiva y de las grandes normas ambientales para poder dañar y acumular grandes ganancias a costa de nuestro territorio”.
Por otro lado, estamos quienes sostenemos que la Argentina (y la región), dada su gran reserva ambiental (sumado al hecho de ser acreedores ambientales, término acuñado por Néstor Kirchner), tenemos la oportunidad de valernos de ellos para protegerlos, que formen parte del desarrollo local, generación de puestos de empleo, desarrollo científico-tecnológico, y redistribución de la riqueza. Como es el caso de la nacionalización de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) que hoy tiene un lugar central en el abordaje soberano de la política energética.
En síntesis, en estos momentos de tensión entre estos dos polos de intereses o fuerzas nos urge el abordaje integral de la discusión en materia ambiental y de decisión sobre nuestros recursos de una manera autodeterminada y soberana para, parafraseando al Papa Francisco, poner el futuro en manos de los pueblos y en su capacidad de organizarse.
* Medina es Licenciada en Biología Molecular (UNSL), Doctoranda de la Universidad de Buenos Aires con mención en Fisiología, (FFyB). Diplomada en Bases y Herramientas para la Gestión Integral del Cambio Climático, por la UNJu y la UNQ. Diplomada en Activismo y Política Socioambiental por Eco House Global y la carrera de Ciencias Políticas de la UBA. Investigadora del Observatorio de Energía Ciencia y Tecnología (OECyT), asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
