Dueños de la dictadura Argentina, dueños del país (Las corporaciones del genocidio) – Por Carlos A Villalba y Aram Aharonian

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Dueños de la dictadura argentina, dueños del país (las corporaciones del genocidio)

Carlos A Villalba y Aram Aharonian*

Caminar por las callecitas porteñas “que tienen ese no sé qué” es hermoso. Aún después del vendaval neoliberal y de la pandemia, que se llevaron puestos comercios y fábricas y familias… Buenos Aires gusta y atrapa y, entre sus encantos, surgen más de 200 edificios de ladrillo a la vista que empujan fantasías de siglos y lugares lejanos, pero que, en realidad, son la cáscara del huevo de la serpiente.

Desde la Boca a Mataderos, de Floresta a Puerto Madero, cada uno muestra su escudo de armas en el que reza en relieve un “Domito Fulmine”, con que el italiano Juan Carossio anunció, apenas desembarcado en el Plata en 1911, que venía a “dominar los rayos”. Un año después puso en marcha la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad (CIADE) para dar pelea en un mercado que estaba en un período de expansión acelerada. Seguramente, ni imaginó que tras esas paredes se tejerían los planes y la arquitectura del golpe de Estado más destructivo y genocida en un país plagado de interrupciones a los gobiernos constitucionales.

Corría 1975 cuando, en las oficinas de uno de esos “palacios de luz”, se llenaron anaqueles y mesas con carpetas, informes, papeles de todo tipo y novedosas cintas de computación. Los administrativos recibían instrucciones directas de un hombre flaco, trajeado siempre, con camisas de cuello forrado con cinta lisa.

La figura desgarbada correspondía a quien, al promediar el año, era miembro del directorio de la Compañía y presidente de la siderúrgica Acindar, José Alfredo Martínez de Hoz, hijo del estanciero José Alfredo Martínez de Hoz (presidente de la Sociedad Rural entre 1946 y 1950 y accionista de la empresa de origen británico La Forestal, semiesclavista y depredadora de bosques en Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe, provincia que perdió el 86% de su foresta por acción el pulpo del quebracho, sus durmientes y su tanino.

Durante los meses previos al 24 de marzo de 1976 se sucedieron las reuniones. Algunas en el petit hotel ubicado en de Azcuénaga 1673 de Pedro Blaquier, ex titular del Ingenio Ledesma, que falleció impune el 13 de marzo de 2023 a los 95 años, acusado por su participación en La Noche del Apagón, en Jujuy entre el 20 y el 27 de julio de 1976, en la que se secuestraron unas 400 personas, de las cuales 55 aún continúan desaparecidas.

Un grupo más chico se trasladó al piso de Jaime Perriaux, ex ministro de Justicia de los dictadores Levingston y Lanusse, en la calle Gelly Obes, para recalar finalmente en las oficinas de la calle Austria, donde su propietario facilitaría encuentros entre representantes de la banca internacional y la local, de las filiales de las transnacionales y hasta de militares con militares. Además del ablandamiento para aceptar las herramientas represivas que aplicaría el golpe, en esas “tertulias” se llegó a confeccionar listas negras de cuadros políticos, sindicales, sociales y estudiantiles.

En el último de los encuentros, previo a la madrugada del 24 de marzo del 76, de Martínez de Hoz se trasladó al comando de la Armada, allí cerró detalles con quien era por entonces almirante, un tal Emilio Eduardo Massera.
Junto al recorrido por lo más granado de la arquitectura porteña, la lista de los civiles que representaron a cada uno de los poderes fácticos de la Argentina golpista –algunos de esos nombres, convertidos en “casos”, están siendo juzgados – constituyen radiografías superpuestas de golpistas, protagonistas del proceso de endeudamiento externo y de los juegos de desestabilización, con golpes de mercado y sociedades con jueces y fiscales tan venales como antipatrias.

Aquellos grupos económicos que organizaron el golpe del ´76, con la intención de destruir el aparato productivo desarrollado a partir de la década peronista de 1945 a 1955 que transformó al “granero”, que ayer (y todavía hoy) desean las potencias y los agroexportadores locales, en una Nación con sustitución de exportaciones, valor agregado industrial y derechos laborales y sociales. Aquellos grupos golpistas son las corporaciones dueñas del país actual, que empobrecen, hambrean, endeudan al pueblo, manejan el mercado y producen una inflación que ya convirtió en “lujos” a la leche y el pan, el gas, el agua y la electricidad.

El recorrido de estas notas, une publicaciones del número 357 del semanario argentino Miradas al Sur, del 22 de marzo de 2015 (1) , de la que los autores fueron directores editoriales con el informe del Boletín del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) / la Revista Realidad Económica de la tercera semana de marzo de
2023, bajo el título “24 de Marzo: uno por uno, los jefes de AEA y la responsabilidad empresaria en el genocidio”.

Martínez de Hoz

Cinco días después del golpe del 24 de marzo se decretó la designación de José Alfredo Martínez de Hoz como ministro de Economía. El 2 de abril se sentó ante las cámaras ese personaje de relación histórica con la Sociedad Rural Argentina, articulador de intereses con grupos como Brown-Boveri, Bracht, Alpargatas o Roberts, asesor del Chase Manhattan Bank -encabezado en ese momento por David Rockefeller- devenido más tarde en el tristemente famoso JP Morgan.

Terminó de hablar al día siguiente; al cabo de dos horas y media dejó las cosas en claro. El abogado de las orejas ya famosas explicó que el programa económico que acababa de presentar “fue aprobado por las FFAA antes de hacerse cargo del poder y yo estoy ejecutando un programa aprobado por las FFAA”. Cambió el orden de los factores y precisó quiénes eran los jefes. El mismo declararía años después que, junto a otros miembros del Consejo Argentino Empresario, visitó al jefe del Estado Mayor Conjunto, (el luego degradado) general Jorge Videla, en 1975.

En la reunión explicó que “se estaba impidiendo la libertad de trabajo, la producción y la productividad»; y reclamó el retorno al “imperio del orden sobre todas las cosas»;. Hombre de arma al cinto, como cuadro de conducción fue a motivar a los jefes operativos y se puso a trabajar con los cerebros estratégicos; gracias a eso, durante las
primeras horas de gestión instaló gran cantidad de decretos y resoluciones, sentando el cimiento del aparato de subsidiaridad del Estado con relación a los grupos concentrados de la economía y de la apertura que destruyó la economía nacional, con una secuela de fábricas cerradas, filiales que abandonaron el territorio argentino y
dejaron un tendal de desocupados, damnificados de todo tipo, hambre y un tobogán por el que se desplomaron todos los indicadores sociales de un país que, hasta entonces, encabezaba los estándares de Latinoamérica y el Caribe.

El golpe de los grupos

La decisión de golpear sobre la economía nacional, las organizaciones políticas, sindicales, sociales, universitarias, religiosas y contra el gobierno constitucional tuvo el “consejo” y la visión estratégica de los sectores más concentrados del capital local, estrechamente ligado al capital trasnacional. José Alfredo Martínez de Hoz fue la encarnación de un conjunto que integran los nombres rutilantes de siempre, muchos siguen actuando con total normalidad en la trama de la vida diaria de los argentinos y sus dirigentes políticos, nominan desde autos hasta
televisores, comidas y azúcares; además de tener sus letras estampadas en las tarjetas de débito o crédito que usan la población.

El largo listado de estos pilares de la economía antinacional, en tiempos de la dictadura y con gran permanencia en la actualidad (como lo muestra el informe publicado por el IADE) va desde la A de Acindar hasta la Z de Zorraquín, pasando por la Sociedad Rural Argentina (SRA), con escalas en todo el abecedario y marcas tan conocidas como Astra, Atanor, Bagley, Bayer, Bemberg, Braun Menéndez-Menéndez Behety, Bracht, Bridas, Bullrich, Bunge y Born, Campbell, Capozzolo, Cargill, Celulosa Argentina, Cementos NOA, Ciba Geigy, Coca Cola, Colorín, Dow Chemical, Duperial-Imperial, Ingenio Ledesma Blaquier, Ericsson, Esso Fiat, Firpo, Ford, Fortabat, Gurmendi, Lever, Massalin y Celasco, Merck, Mercedes Benz, Minetti, Nestlé, Nobleza Picardo, Patron Costas, Pérez Companc, Peugeot, Phillip, Renault , Reynal King-Ranch, Suberbühler, Thyssen, Unitam-La Forestal, Volkswagen, Westinghouse-Galileo y se puede seguir sumando, como en cena recaudadora de Mauricio Macri.

Esos grupos, que subyacen a las “caras de la dictadura”, son el resultado de la articulación ente intereses extranjeros con otros propiamente nativos, establecidos en el país durante el periodo original de la oligarquía, con ramas que, finalmente, se radicaron definitivamente en los países de origen de sus fundadores. También de los sectores internos, que confluyeron en esta matriz a partir del dominio político porteño o provinciano, comerciantes de cueros, alcoholes y prostitutas. Son los Grupos Económicos de la Oligarquía, son los dueños del golpe, siguen siendo los duelos de país.

Jefes, más que cómplices

Una sociedad es algo mucho más complejo y menos lineal que una estructura militar. Un sistema económico y social es mucho más sofisticado que la junta de directores de una empresa; incluye instituciones y organizaciones estatales, civiles y privadas, normativas, creencias, ideales…, y una ideología que empuja el pensamiento, a pesar de cada uno, hacia los intereses de los sectores más poderosos.

Cómplice es el responsable penal de un delito, no por haber sido autor directo del mismo, sino por haber cooperado en la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. Muchos empresarios y gerentes cometieron delitos de lesa humanidad, otros fueron “cómplices” de ellos: mandaron a matar rivales, denunciaron trabajadores que después desparecieron, hasta participaron de interrogatorios en salas de tortura. La derogación de las leyes de impunidad ordenada por el presidente Néstor Kirchner, permitió abrir un proceso de enjuiciamiento y condena contra los mandos militares, muchos de los cuales permanecen detenidos por graves violaciones a los derechos humanos y hasta fallecieron en condición de condenados por ello.

Sin embargo, los responsables civiles del proceso de destrucción del patrimonio nacional -que necesitó de esas violaciones- no estuvieron en el ojo de la Justicia, con excepciones, como las de José Alfredo Martínez de Hoz, quien falleció con prisión preventiva domiciliaria por su “presunta” vinculación con el secuestro de los empresarios Gutheim, o Jaime Smart, ministro de Gobierno del gobernador de facto de la Provincia de Buenos Aires, ex general Ibérico Manuel Saint Jean.

Los grupos económicos concentrados -la oligarquía- como sostén del sistema y beneficiarios del mismo, fueron responsables de los hechos; sus hombres fueron jefes de lo actuado. Martínez de Hoz es solo un emergente, tal vez el más exacerbado -gerente y oligarca-, de ese proceso en que los intereses económicos se alinearon con la dinámica impuesta por las transnacionales. Se situaron en el puesto de mayor jerarquía y tuvieron la autoridad, no siempre documentada, de decidir y exigir acciones y, desde ya, de financiarlas.

El modelo macrista de gabinete (diciembre de 2014-2019) en el que cada área estratégica del Estado fue puesta en manos del gerente de alguna de las corporaciones del ramo, replicó el modelo de la dictadura cívico-militar, sin la violencia sistemática que caracteriza a toda dictadura, por haber sido electo por el voto, como ordena la Constitución Nacional.

En el libro sobre “Los cómplices económicos de la dictadura” 3 su autor, Juan P. Bohoslavsky, junto a Horacio Verbitsky, presentan un caso paradigmático como es el Procesamiento de Blaquier (luego revocado por la Cámara Federal de Casación Penal Nº IV) que va más allá de los hechos y desentraña su estructura. El 15 de noviembre de 2012 el juez federal Fernando Poviña consideró que “Los encarcelamientos, torturas, asesinatos y desapariciones de personas por parte de las fuerzas de seguridad durante la última dictadura cívico-militar”, buscaron la “instauración y defensa de una economía de tintes neoliberales, exenta de amenazas de reclamos y reivindicaciones gremiales”, además de intentar la “preservación de una determinada ideología”.

Es decir, defendieron un sistema, además de sus propios intereses empresariales. La revocación y la impunidad de la que gozó el imputado, también constituye un ejemplo del manejo judicial.

En el plano nacional, Martínez de Hoz ya había adelantado a los jefes militares que «No es factible pensar que puedan tener vigencia las condiciones ideales de libre contratación entre la parte obrera y la empresarial para la fijación del nivel de los salarios", al exigir que se suspenda “toda actividad de negociación salarial entre los
sindicatos y los empresarios, así como todo proceso de reajuste automático de salarios de acuerdo con índices preestablecidos»

Durante las primeras horas del golpe la ferocidad de los genocidas, por ejemplo, secuestró y desapareció a doscientos delegados de base solo en Córdoba y produjo centenares de arrestos y desapariciones en la estratégica franja industrial que iba desde el Gran Rosario hasta San Nicolás. Triste récord, el de la clase trabajadora, cuyos hombres y mujeres nutren el 46 % de los detenidos-desaparecidos por la dictadura de los grupos económicos y sus Fuerzas Armadas.

Ya en funciones, el régimen mostró rasgos claros de su carácter: participación inédita de cuadros orgánicos de los grupos económicos más destacados, con clara visión de los intereses de su clase y de sus intereses y fuerte presencia complementaria de miembros de alto nivel de las Fuerzas Armadas, integrados en las máximas responsabilidades de gestión, incluso las económicas.

Villa Constitución

Algunos instalan el plan piloto del golpe del ´76 en la localidad santafecina de Villa Constitución, ubicada a 68 km de Rosario y 285 km de la Ciudad de Buenos Aires. Para más datos, lo fechan el 20 de marzo de 1975 cuando las fuerzas de seguridad nacionales reprimieron con violencia la huelga de los metalúrgicos, los trabajadores en general y del pueblo del lugar. Fue el acto final de una huelga de 59 días llevada adelante en la planta de Acindar, encabezada por Alberto Piccinini, secretario local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), opuesto a la línea dialoguista de Lorenzo Miguel. Martínez de Hoz, entonces a cargo de la empresa, convenció al ministro de Interior, Alberto Rocamora; se declaró la ilegalidad de la huelga y llegó la represión.

Numerosos huelguistas fueron secuestrados, muchos sometidos a simulacros de fusilamiento y otros, con menos suerte, directamente asesinados. Unos 300 trabajadores y militantes de las organizaciones que apoyaban el accionar de los metalúrgicos fueron detenidos e integraron las listas de presos políticos que se multiplicarían 12 meses después. Las denuncias aseguran que las instalaciones de la fábrica se convirtieron en el primer «quot;centro clandestino de detención»– con una veintena de desapariciones- de los que sería un plan sistemático poco después.

Un año y una semana más tarde, Martínez de Hoz presentó los lineamientos centrales del experimento económico que deterioró la vida de la sociedad argentina a lo largo de décadas, y hasta el presente. Con el golpe de las Corporaciones, comenzó una etapa de “valorización financiera”, opuesta al funcionamiento de una economía de producción y trabajo. La lógica de una supuesta “inserción económica basada en la ventaja comparativa”, empujó a la producción económica hacia su primarización, con sobrevalorización financiera y abandono de todo tipo de industrialización.

Con otra vuelta de tuerca liberalizó el mercado y empujó el crecimiento de un grupo de bancos que realizaron grandes negocios gracias a su reforma financiera de 1977. La rentabilidad del sector creció y lo alejó del “desarrollo económico”. La “tablita” del ministro fue la hoja de ruta de los negociados y la descapitalización nacional.

Eso sí, Martínez de Hoz aclaró cuáles serían los dos rubros a los que se limitaba el dólar más barato de aquel entonces: importación de combustibles y Papel Prensa. Eligió un método -además de la expropiación bajo tortura de las acciones de la única fábrica de papel para periódicos- que le permitiría llevarse bien con los dueños de diarios y,
también, con los petroleros; subsidiados por el Estado ambos. Tuvo otra perlita más personalizada, al estatizar, con un gran sobreprecio y como ministro, una “empresa de capital privado” como era la Italo, de la que acababa de ser director.

Todo estaba en marcha. Los muertos enterrados, los secuestrados desaparecidos, los presos entre rejas, los trabajadores con sus condiciones diezmadas, las industrias destruidas y el “deme dos” de la plata dulce causando la sonrisa fácil de un día, que después pagarían durante décadas las argentinas y los argentinos, generación tras
generación.

Y el 24 de marzo de 1976 se concretó el golpe cívico-militar. El informe que reproduce IDEA también señala que el papel de las “grandes empresas” en la dictadura tiene varios hitos, a partir de “su participación en los preparativos golpistas que incluyeron lock-outs (paros patronales) y solicitadas reclamando que las fuerzas armadas tomen el poder”, “el aporte de muchos de sus gerentes a los equipos de gobierno de Videla y compañía: ministros, secretarios de Estado y todo tipo de funcionarios” y “su participación en la represión, entregando listas de delegados y activistas, llegando a montar centros de tortura en sus instalaciones”.

Como cuarto componente incluye “las leyes y negociados que permitieron a muchos grupos aumentar sus ganancias y la cantidad de empresas al final de la dictadura”, además de “un beneficio no menor: la estatización de sus deudas privadas por parte del Banco Central en 1982, miles de millones de dólares que todavía seguimos pagando”. Considera que se trató de “un golpe de clase”, en el que “los grandes empresarios, banqueros y terratenientes impulsaron un genocidio para aplastar las rebeliones obreras y juveniles que venían desde el Cordobazo e imponer sus intereses económicos” y constituyó “la dictadura más brutal, pero esa violencia no era una novedad.

Desde los orígenes del país la clase empresaria construyó su fortuna a «;sangre y lodo». Hasta imponer sus ideas liberales a través del terrorismo estatal”. Lucho Aguilar, autor del informe y editor general de la sección Mundo Obrero de La Izquierda Diario 4 , destaca que, a pesar de los hechos y las pruebas que marcan esas responsabilidades, “los ´comandantes´ del gran empresariado siguen impunes.

Gobierno tras gobierno. Por eso es impactante analizar la foto que se sacaron, hace pocos días, los integrantes de AEA (Asociación Empresaria Argentina)”. En la misma, que ilustra esta nota, posan “los eternos dueños del país: los que se enorgullecen de ´dirigir empresas que facturan USD 53.000 millones anuales, exportan por USD 9.604 millones y emplean a 240.000 personas´ y pasa a contabilizar “Nombre por nombre, empresa por empresa, prontuario por prontuario” a la que considera “pata civil de la dictadura”.

El registro incluye a Arcor, Luis Pagani; Techint de Paolo Rocca;, PanAmerican Energy, Alejandro Bulgheroni; Nordelta Consultatio, Eduardo Constantini; BGH, Alberto Hojfman; Bemberg, Carlos Miguens; FIAT, Cristiano Rattazzi; Braun-Menéndez-La Anónima, Federico Braun; Pecom, Luis Pérez Companc; Grimoldi, Alberto Grimoldi; Ledesma, “Charlie” Blaquier; Clarín, Héctor Magnetto; La Nación, Julio Saguier; Roggio, Aldo Roggio; Santander-Rio, Enrique Cristofani; Petroquímica Comodro Rivadavia, Martín Brandi; Oxenford, Alex Oxenford y Duhau, Enrique Duhau.

Señala que muchos de los otros grupos empresarios que integran AEA “fueron parte de la misma historia y las mismas acciones”, y otros como SOCMA, perteneciente al expresidente Mauricio Macri, que no la integran por supuestos conflictos de intereses, “hicieron lo mismo”. Agrega a la familia Bago, Aceitera General Deheza, José Cartellone Construcciones, Amadeo Vázquez, IBM, Jorge Aufiero dueño de Medicus.

En síntesis, los dueños del golpe no son sino la fotocopia de los dueños del país, responsables del terror de ayer, responsables de las miserias de hoy.

*Villalba es periodista, investigador y psicólogo argentino; analista senior de CLAE. Aharonian es comunicólogo, periodista y director del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico