Juez supremo anuncia si dicta segunda prisión preventiva contra Pedro Castillo
Pedro Castillo: PJ dará lectura de sentencia sobre pedido de prisión preventiva este jueves
Por Kristell Costilla
El juez supremo Juan Carlos Checkley anunciará si acepta o no el pedido del Ministerio Público, que solicita 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente de la República Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Durante la última audiencia, el magistrado citó a las partes para este 9 de marzo, a las 3.00 p. m., con el fin de dar lectura ante el requerimiento de la Fiscalía.
El Ministerio Público también solicita el mismo pedido contra los exministros Juan Silva Villegas (Ministerio de Transporte y Comunicaciones) y Geiner Alvarado López (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento).
Durante la audiencia del último miércoles, la fiscal suprema adjunta Galinka Meza sustentó la prognosis de la pena conforme a la acusación contra el vacado exmandatario. Al respecto, indicó que a este último le correspondería una condena de 32 años de prisión.
«La sanción a estimarse, dado que en concurso real se está atribuyendo al señor Castillo Terrones la comisión de los delitos, tenemos que la sumatoria, conforme al artículo 50, nos permite establecer que la pena a imponerse, en el caso (de) que sea así —en un supuesto—, sería sentenciado a una pena privativa de la libertad de 32 años», detalló.
En esa línea, la representante del Ministerio Público señaló que en el caso de Geiner Alvarado podría ser sentenciado a 17 años y 8 meses; mientras que en la situación del prófugo Juan Silva podría ser una condena de 24 años y 8 meses.
Actualmente, Pedro Castillo Terrones viene cumpliendo 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo por el supuesto delito de rebelión y alternativamente conspiración tras el golpe de Estado fallido que perpetró el 7 de diciembre del 2022.
Tras entierro de soldados se reavivan protestas contra el Gobierno
Por Liubomir Fernández
Los familiares de los soldados ahogados en el río Ilave fueron enterrados en sus comunidades y sus paisanos acordaron honrar su memoria, manteniendo la huelga indefinida por la renuncia de Dina Boluarte.
Tras las exequias de los militares que cumplían servicio militar obligatorio, las comunidades quechuas y aimaras anunciaron que radicalizarán las medidas de protesta para la dimisión de la mandataria y el retiro de los militares de sus pueblos, por las 21 personas que perdieron la vida en los enfrentamientos.
“Jamás nos vamos a rendir (…). Sobrino, usted ha ido a servir a la patria, [y] no a servir a estos gobiernos corruptos. Este Gobierno corrupto tiene que caer sí o sí, aunque nos cueste la vida”, exclamó Lucio Montalico Tacora, tío de soldado Carlos Daniel Mamani Montalico, quien murió ahogado el domingo 5 de marzo tras cruzar el río Ilave por orden del capitán EP Josué Frisancho Lazo.
Momentos antes que el cuerpo de su hijo fuese enterrado en el cementerio central de Ilave, dijo que se ha vuelto a convencer de que en el Perú no hay justicia, porque hasta la fecha no hay investigación ni sanción alguna, y muy por el contrario el Ejército busca desvirtuar los hechos. “El capitán ingresó al río, y nadando salió. Y [desde la orilla] disparó al aire para que los soldados rápido crucen. Después se ahogaron”, precisó Celia Montalico Tacora, madre del soldado Carlos Daniel Mamani Montalico.
También en el entierro de Frans Juan Canaza Cahuaya (20), Samuel, padre de la víctima, responsabilizó de lo ocurrido al Gobierno y mandos del Ejército. Deslindó de la versión del Comando Conjunto de las FF. AA. que pretende responsabilizar de los decesos a los comuneros aimaras. “Sobre eso tengo una posición firme, la población nada que ver. En ese caso, el directo responsable es el capitán (Josué) Frisancho Lazo”, dijo.
Canaza se dirigió a Dina Boluarte: “Quiero pronunciarme hacia el Gobierno: ¿qué está pasando, señora Dina? Estoy dolido, señora Dina. Por favor, escúchame, mírame y recapacita (…). Por favor, tú no mereces ser gobernante del país”, dijo en el sector Suancata, en Juli.
Se recrudecen protestas
Antes de participar en los entierros, los representantes de las comunidades aimaras de la zona sur de Puno tuvieron una reunión en horas de la mañana en la frontera entre Ilave y Juli. Establecieron que, a medida que pasen los días, la protesta se radicalizará.
“Ya hemos despertado. Creíamos que había democracia. Nuestra voz no es escuchada. Nos discriminan. Piensan que no sabemos pensar y por eso nos enviarán programas para aprender a cría cuyes. ¿Qué es eso? Nos creen ignorantes. Esta es una lucha política y no vamos a retorcer. Este Gobierno tiene que irse”, aseguró Raúl Morocollo, presidente de la comunidad de Calliri, de la zona alta de Juli.
Hoy las comunidades del distrito de Zepita y Pomata arribarán a Juli para apoyar a los pobladores de Ilave y Juliaca y la zona norte del altiplano. Definirán las nuevas estrategias que seguirán los siguientes días.
“Estas muertes han demostrado que el Gobierno estaba usando a nuestros propios hijos en el servicio militar para matarnos. Esto no lo vamos a perdonar. Vamos a viajar más a Lima”, aseguró Juan Yujra de la comunidad de Caipara, de Ilave.
En El Collao
Con danzas. Los otros cuatro soldados fueron enterrados en sus comunidades de origen ubicadas en la provincia de El Collao, acompañados por sus respectivos tenientes gobernadores y delegaciones de comunidades vecinas, en medio de danzas que entonaban música fúnebre.“¿Qué está pasando, señora Dina? Estoy dolido. Por favor, escúchame. Por favor, tú no mereces ser gobernante del país”, dijo el padre de Canaza.
