Argentina | El Tribunal que condenó a Cristina Fernández difundió sus fundamentos y organizaciones sociales realizaron una vigilia
Causa Vialidad: el tribunal difundió sus fundamentos y se inicia la etapa de apelaciones
El Tribunal Oral Federal 2 dio a conocer esta mañana los fundamentos de su veredicto en la causa Vialidad y desde ahora todas las partes podrán apelarlo ante la Cámara Federal de Casación Penal, entre ellas la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión en el juicio que culminó el 6 de diciembre pasado.
A partir de ahora se abriró un plazo de diez días hábiles para recurrir con la apelación al veredicto ante Casación, el máximo tribunal penal federal del país.
La instancia de revisión determina que el veredicto no se cumpla hasta que quede firme y esa instancia podría darse ante la Corte Suprema de Justicia, que no tiene plazos para resolver.
Tras dar a conocer su decisión al final de un juicio oral el 6 de diciembre pasado, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso distribuyeron un breve informe con un resumen de los motivos por los cuales se condenó a seis años de prisión a la vicepresidenta y se fijaron penas para otros acusados.
Pero como fija la ley, ahora difundieron los fundamentos completos, con una explicación fundada de su decisión, en base a la cual las partes ya anticiparon que apelarán ante Casación.
Pero a partir de esos primeros lineamientos todas las partes comenzaron a preparar sus apelaciones.
Del lado de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola se espera que cuestionen las absoluciones por el delito de asociación ilícita, lo que redundó en una disminución notoria de las penas.
Ambos habían reclamado 12 años de prisión para la Vicepresidenta, que fue condenada a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el otro delito que sí se consideró probado; el de administración fraudulenta.
Además, los integrantes del Ministerio Público irán a Casación contra las tres absoluciones resueltas, entre ellas la del exministro de Planificación Federal Julio De Vido.
La defensas apelarán
Por su parte, las defensas apelarán y pedirán revocar las condenas por defraudación y confirmar las absoluciones por asociación ilícita, en sintonía con los argumentos que esgrimieron en sus alegatos finales el año pasado.
En el juicio se sentó por primera vez en el banquillo a la expresidenta, acusada de beneficiar al empresario Lázaro Báez con el 80 por ciento de la obra pública nacional adjudicada en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015.
Poco después de la lectura del veredicto, la titular del Senado y dos veces presidenta dijo que su condena forma parte de un proceso que ya «no es ni lawfare ni Partido Judicial» sino «un Estado paralelo y mafia judicial».
Tanto la defensa de la vicepresidenta como la de otros condenados tendrían la posibilidad también de recurrir a tribunales internacionales, en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuyas decisiones son de cumplimiento obligatorio para la Justicia argentina.
En ese aspecto, la defensa de Fernández de Kirchner denunció violación de garantías constitucionales, persecución y «lawfare» por parte del Poder Judicial.
En el anticipo de los fundamentos dados a conocer a la opinión pública por la importancia institucional que se adjudica al juicio, los jueces argumentaron que se probó «una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional».
En cuanto a la Vicepresidenta, opinaron que tuvo «un interés manifiesto sobre el plan criminal» plasmado en la tramitación de 51 licitaciones de obra pública vial en rutas nacionales y provinciales de Santa Cruz.
Días antes, al hacer uso de sus «últimas palabras» ante el tribunal, Fernández de Kirchner había reiterado lo que argumentó desde el inicio del proceso: que la sentencia que recibiría «ya está escrita» por el «partido judicial».
En Casación, la sentencia será revisada por la sala IV, integrada en la actualidad por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, porque ya intervinieron en otras instancias del caso Vialidad.
Los tres jueces como se procede en estos casos, llamarán a las partes a una o varias audiencias previas y allí escucharán fundamentos.
Posteriormente, tendrán 20 días hábiles para resolver, aunque este plazo suele ser laxo, como se vio también el año pasado con las causas Hotesur-Los Sauces y la firma del Memorandum con Irán, cerradas ambas con sobreseimientos sin juicio oral por inexistencia de delito y a estudio de otra sala de Casación, la primera.
En ambos casos las audiencias se realizaron a fines de 2022 y todavía no hubo sentencia.
Una vez que Casación dicte sentencia, podría entrar en escena la Corte Suprema de Justicia, aunque sin límites de tiempo de ningún tipo para decidir.
Los jueces condenaron a la vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos como «autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».
Lázaro Báez, dueño de la empresa «Austral Construcciones», recibió la misma pena por el mismo delito en calidad de partícipe necesario.
También quedaron condenados a seis años de cárcel el extitular de Vialidad Nacional en ese período Nelson Periotti y el ex secretario de Obra Pública José López.
Exfuncionarios de Vialidad nacional y de la provincia de Santa Cruz recibieron penas de entre 4 y 5 años de prisión mientras que todos los acusados fueron absueltos por el delito de asociación ilícita.
El Tribunal dispuso el decomiso actualizado si la sentencia queda firme de 84.835.277.378,04 millones de pesos, suma considerada producto del delito.
Vigilia en apoyo a Cristina Kirchner
Cientos de militantes organizaron este miércoles por la noche una vigilia en la plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, en apoyo a la vicepresidenta Cristina Kirchner, y a la espera de que se difundan los fundamentos de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió la exmandataria en la causa Vialidad.
Bajo el lema «la proscripción al carajo», la agrupación La Cámpora encabezará junto con otras organizaciones kirchneristas esta actividad que comenzará a las 21 y se extenderá hasta la medianoche.
«En el marco de los fundamentos de la sentencia que se darán a conocer el 9/3, nos reunimos en Plaza Lavalle”, anunció un mensaje publicado en las redes sociales.
Esta vigilia se da en el marco de que el Tribunal Oral Federal Nª 2, que juzgó y condenó a la Vicepresidenta y otros imputados en la llamada ‘causa Vialidad’, dará a conocer este jueves los fundamentos de su veredicto y se abrirá durante diez días hábiles la etapa para presentar las apelaciones ante la Cámara Federal de Casación.
Desde el plano político, las agrupaciones kirchneristas motorizan la candidatura de Cristina Kirchner, por lo que además organizan para este sábado 11 un multitudinario acto en Avellaneda.
Mientras que la expresidenta asistirá este viernes 10 a la sede de la Universidad Nacional de Río Negro, en Viedma a recibir el doctorado honoris causa y brindará una ponencia que lleva por título «¿Hegemonía o consenso? Ruptura del pacto democrático en una economía bimonetaria: inflación y FMI, crisis de deuda y fragmentación política».
Poco después de la lectura del veredicto, el pasado 6 de diciembre, la titular del Senado y dos veces presidenta consideró que su condena forma parte de un proceso que ya “no es ni lawfare ni Partido Judicial” sino “un Estado paralelo y mafia judicial”.
“No voy a ser candidata a nada. Ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo. Como me volví el 10 de diciembre de 2015, a mi casa, a la misma casa de donde salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero (Néstor Kirchner)”, enfatizó la exmandataria en aquella oportunidad.
Por su parte, el presidente Alberto Fernández consideró la semana pasada ante la Asamblea Legislativa que la Vicepresidenta recibió una condena «en un juicio simulado en el que no se cuidaron las formas del debido proceso y se formularon imputaciones que rayan con el absurdo jurídico buscando su inhabilitación política», en referencia a la causa Vialidad.
Según anticiparon desde las defensas y la fiscalía, el veredicto del TOF 2 será apelado, ante lo cual no quedará firme mientras transite esa etapa de revisión, que podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, sin plazos para resolver.
La marcha de Ni Una Menos a Congreso: «Con esta Justicia no hay derechos ni democracia»
Bajo las consignas «con esta Justicia no hay derechos ni democracia» y «la deuda es con lxs trabajadorxs«, decenas de miles de mujeres volvieron a llenar este miércoles la Plaza del Congreso en el marco de un nuevo paro internacional feminista. Los ejes del documento de cierre estuvieron puestos en la situación económica que «a nosotras y nosotres nos afecta triplemente» y en el reclamo de «reforma judicial transfeminista«: «Hay un aumento de la persecución a las luchadoras populares con apertura de causas judiciales y allanamientos a las organizaciones sociales», denunciaron. En paralelo a la marcha a Congreso, las organizaciones del Frente de Izquierda y la Asamblea por el Derecho al Aborto de CABA se movilizaron hacia Plaza de Mayo.
«Hoy, 8 de marzo de 2023, día internacional de les y las trabajadoras, los feminismos volvemos a ocupar las calles masivamente en una nueva jornada de lucha y paro feminista«, se escuchó desde el escenario pasadas las 18.45 horas, en el inicio de la lectura del documento final de un nuevo 8M. Abajo ya escuchaban las decenas de miles de manifestantes que, agrupadas en organizaciones sociales, políticas y sindicales, llenaban como cada año la Plaza del Congreso. La columna encabezada por Ni Una Menos concentró a las 16.30 en Avenida de Mayo y 9 de Julio y desde allí marchó ocupando varias cuadras de la avenida.
Desde el escenario montado sobre un camión, a las puertas del palacio legislativo, desde temprano bajaba música y se escuchaban las consignas del paro feminista. Alrededor del escenario colgaban pasacalles de La Garganta Poderosa que exigían la «Ley de reconocimiento salarial para las cocineras comunitarias«, proyecto que la organización presentó este 8M.
«Organizadxs contra la injusticia, la deuda es con nosotrxs«, exclamaba otro pasacalles que cruzaba la Avenida Rivadavia. Las paredes de los edificios que rodean la plaza estaban empapelados por afiches del colectivo «la lengua en la calle» con una foto de la Facultad de Derecho: «Reforma judicial transfeminista«, se leía sobre las escalinatas de la Facultad.
«Denunciamos el intento de magnifemicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la falta de investigación del hecho y su posterior proscripción», siguió la lectura del documento, haciendo eje en la cuestión judicial. «En este marco se inscribe el aumento de la persecución a las luchadoras populares con apertura de causas judiciales y allanamientos a las organizaciones sociales», continuó. También se denunciaron las detenciones de las cuatro mujeres mapuche de Villa Mascardi y «la continuidad del hostigamiento judicial contra Milagro Sala y demás compañeras de la Tupac».
«La deuda es con nosotras»
El otro eje principal del documento de cierre repitió una consigna que ya se viene levantando en los últimos 8M: «La deuda sigue siendo con nosotras y nosotres«. «Decimos eso porque nosotras sufrimos el doble las consecuencias de la dependencia que impone el pago de la deuda con el Fondo. Tenemos salarios más bajos, menor acceso al trabajo registrado, y eso en los casos en los que podemos conseguir un laburo», explicó a este diario Romina Juan, que llegó al Congreso desde Don Torcuato.
En el documento también se hizo hincapié en ese punto: «Paramos y nos movilizamos frente a la agudización de la crisis económica, frente al avance de la inflación, el aumento de la precarización laboral y la desocupación que a nosotras y nosotres nos afecta triplemente», se escuchó desde el escenario.
«Las consecuencias del pago de la deuda ilegítima con el FMI, contraída por el Gobierno de Mauricio Macri, siguen recayendo de manera diferencial sobre las mujeres, las lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binaries», siguió el documento, que exigió «que se investigue la deuda ilegítima con el FMI».
Por las víctimas de femicidios
A pocos días de que se conozca la sentencia por el femicidio de Lucía Pérez, en el documento firmado por más de 800 organizaciones también se pidió justicia por ella y «por todas las víctimas de femicidios«.
Desde temprano estuvieron frente al Congreso los familiares de víctimas agrupados en Atravesados por el Femicidio, que colgaron en las rejas de la plaza una bandera con los rostros de sus familiares. «Convocamos a todas y todes a acompañar a la familia de Lucía el 14 de marzo en La Plata a la audiencia del jury y el 17 de marzo en Mar del Plata a la lectura del fallo del nuevo juicio», sostuvieron en el documento.
La marcha a Plaza de Mayo
También a las 16 30 concentraron en 9 de Julio y Avenida de Mayo las organizaciones de mujeres y disidencias de los partidos del Frente de Izquierda, entre otros, como la Asamblea por el Derecho al Aborto de CABA. A diferencia del año pasado, cuando se habían realizado dos actos paralelos en Plaza Congreso, esta vez la izquierda decidió marchar a Plaza de Mayo. La columna estuvo encabezada por una bandera que rechazaba «el ajuste de los gobiernos y el FMI» y pedía «acceso efectivo a la IVE».
Con la consigna «los pañuelos no se bajan», desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, en tanto, advirtieron que, «aunque conquistamos la ley, la implementación sigue encontrando obstáculos, barreras políticas, objetores, sigue habiendo presas por abortos y eventos obstétricos, y se sigue criminalizando a quienes garantizan la IVE y la ILE».
