Brasil se suma a los gobiernos de América Latina que ofrecen residencia a nicaragüenses desterrados
Brasil ofrece acoger a opositores nicaragüenses despojados de su nacionalidad
Brasil se ofreció este martes a «acoger» los más de 300 opositores y críticos con el Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, despojados de su nacionalidad en las últimas semanas, en una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.
«El Gobierno de Brasil recibió con extrema preocupación la decisión de las autoridades nicaragüenses de privar de su nacionalidad a más de 300 ciudadanos nicaragüenses», indicó el representante brasileño, el diplomático Tovar Nunes, en su intervención, divulgada por la Presidencia.
Por ello, en línea con su «compromiso humanitario con la protección de los apátridas», Brasil se puso a disposición para «recibir a los afectados por esa decisión», amparado «en el estatuto especial previsto en la ley brasileña de migración».
Esa ley permite a los apátridas residir en Brasil y, después de regularizar su situación migratoria, también les faculta a solicitar la nacionalidad brasileña.
El representante brasileño en la ONU denunció las «graves violaciones a los derechos humanos» en Nicaragua, lo que supone la manifestación más firme en este sentido desde que Luiz Inácio Lula da Silva asumió la Presidencia el pasado 1 de enero.
«El Gobierno brasileño acompaña los eventos de Nicaragua con gran atención y está preocupado con los reportes de graves violaciones a los derechos humanos y de restricciones al espacio democrático en dicho país, en particular con las ejecuciones sumarias, las detenciones arbitrarias y las torturas de disidentes políticos», señaló Nunes.
Asimismo, se ofreció para explorar maneras de superar la crisis conversando con las partes «de manera constructiva».
Las autoridades nicaragüenses han decidido retirar la nacionalidad «por traición a la patria» a tres centenares de ciudadanos críticos con la gestión del presidente Ortega, la mayoría de los cuales están en el exilio.
Este gesto del Gobierno llega después de las críticas recibidas por parte de la oposición alineada con el expresidente Jair Bolsonaro en relación con la falta de contundencia de Lula a la hora de condenar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
«La manada de Lula calla contra el hombre dictador Ortega y no lo condenan en la ONU por los crímenes humanitarios que ha cometido y sigue cometiendo», expresó en sus redes sociales el senador Ciro Nogueira, quien fue ministro de Presidencia en el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022).
El también senador Flávio Bolonaro, hijo del líder ultraderechista, se sumó a las críticas al Partido de los Trabajadores (PT) de Lula por su postura frente a la grave situación en el país centroamericano.
«La ‘defensa de la democracia’ que repite el PT en las cuatro esquinas es solo discurso, la práctica es muy diferente…», denunció en sus redes sociales.
Nicaragua cancela otras dos universidades privadas y ordena decomisar bienes
El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este martes otras dos universidades privadas nicaragüenses, con lo que suman 19 las ilegalizadas desde diciembre de 2021, incluidas 7 de origen extranjero, y ordenó decomisar sus bienes muebles e inmuebles.
Los nuevos centros de estudios cancelados son la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN), ambas registradas como asociaciones, según un acuerdo del Ministerio de Gobernación, publicado en el Diario Oficial, La Gaceta.
Según el acuerdo de la cartera de Gobernación, que es la encargada del control y registro de las ONG, las asociaciones de ambas universidades incumplieron con las leyes que las regulan.
Entro otros mencionó que no están acreditadas en los indicadores de calidad, que no reportaron sus estados financieros y sus juntas directivas, y no presentaron aclaraciones sobre el patrimonio, activos fijos, ingresos, egresos, ejecución de fondos, ni aumentos y disminución en cuentas sin justificar.
La Universidad Juan Pablo II, inscrita desde el 26 de agosto de 2004, tiene su sede en Managua y sucursales en Chontales (centro), Matagalpa (norte) y Granada (suroeste).
En tanto, la UCAN, inscrita desde el 17 de junio de 2002, tiene su sede en León (noroeste) y sucursales en Chinandega (también noroeste), Estelí y Matagalpa (norte), Chontales (centro) y Masaya (suroeste).
Ordenan entrega expedita y ordenada
El Ministerio de Gobernación ordenó a las autoridades de las dos universidades canceladas entregar de forma expedita y ordenada al Consejo Nacional de Universidades la información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, bases de datos de matrícula y calificaciones o registro académico.
Asimismo, informó que el CNU procederá a reubicar a los estudiantes matriculados actualmente en el territorio nicaragüense en universidades que se encuentren acreditadas en el país.
Además, ordenó a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de los bienes muebles e inmuebles de los centros de estudios afectados a nombre del Estado de Nicaragua.
La Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría sandinista y ha petición del Ejecutivo, ha ilegalizado 14 centros de estudios superiores por petición del Ejecutivo desde diciembre de 2021.
Los otros cinco centros de estudios han sido disueltos por el Ministerio de Gobernación.
El rector de una de las universidades canceladas, Adrián Meza, ha denunciado desde el exilio que el Ministerio de Gobernación se ha negado a recibir los estados financieros de los centros de estudios superiores.
En febrero del año pasado, el Parlamento creó tres nuevos centros de educación superior con los documentos e infraestructura ocupadas a seis universidades privadas ilegalizadas, entre ellas la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que fue un bastión de las protestas antigubernamentales entre abril y junio de 2018.
