Perú | Familiares de víctimas reclaman justicia e indígenas convocan a nuevas protestas contra Boluarte
Masacre en Juliaca: familiares de víctimas demandan una Fiscalía de Derechos Humanos en Puno
Por Milagros Corrales
Familiares de víctimas de la masacre del 9 de enero en Juliaca demandan la creación de una Fiscalía de Derechos Humanos en la región de Puno. Hicieron de conocimiento público que los casos están a cargo de una Fiscalía común y que ellos necesitan una adecuada, donde se pueda sancionar a los responsables de las muertes y heridos.
Desde el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Lima, los deudos de las víctimas de la represión policial denunciaron irregularidades y retrasos en la investigación. Dicen que ya son cerca de dos meses y aún no se han realizado muchas de las diligencias correspondientes. Hasta el viernes pasado, solo recogió documentos y ese mismo día se inició con la revisión de cámaras que se encuentran por el aeropuerto.
En su intervención, el abogado Wilmer Quiroz dijo que la Fiscalía no está haciendo su trabajo y que faltan pericias importantes, como las balísticas o psicológicas, que requieren que la Policía y el Ejército entreguen la orden de operaciones para saber cómo han intervenido en las protestas. Aseguró, también, que el jefe de la Dinoes a cargo de la seguridad del aeropuerto de la ciudad de Juliaca, Juan Manuel Pedrera Ruiz, debe responder por qué ordenó matar a tantos ciudadanos.
Los reportes sostienen que son 22 muertos (21 civiles y 1 PNP), 39 heridos con proyectil de arma de fuego, 45 heridos con perdigones, 23 heridos graves por fracturas, y otros 77 civiles y 20 policías heridos. Ese fue el saldo de la intervención del Estado.
«Nosotros hemos venido a Lima a pedir solidaridad con Puno. En Puno se han suspendido las fiestas porque estamos de luto, y la frase continua es siempre: ‘Mamita Candelaria, han matado a tus hijos’. Nosotros somos del Perú porque tenemos nuestro DNI, necesitamos que nos miren, necesitamos que se den cuenta de que hay personas que sufren, que lloran y que lo único que les hará encontrar algo de paz es cuando alcancen justicia», dijo Quiroz a la prensa de Lima.
Los integrantes de la asociación de mártires y víctimas del 9 de enero Juliaca – Puno contaron todo lo que vivieron aquel lunes 9 de enero en Juliaca. Dijeron que la Policía les disparó a quemarropa y que los heridos estaban regados en todos los pasillos del hospital. Por último, pidieron justicia para todo el pueblo de la provincia de San Román.
🔴 #AHORA | «Venimos a denunciar que en #Puno hubo una masacre. El Estado tiene derecho a investigar, pero no a matar», asevera Wilmer Quiroz, abogado de las víctimas de la represión policial en la región sureña.
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#ReporteCrisisPolítica y protesta social de @Defensoria_Peru. A las 5:00 p. m. del 23/2/2023 registramos 36 bloqueos de vías nacionales. Movilizaciones, paralizaciones o bloqueos de vías en 13 provincias, equivale al 6.6 % del total. Conoce más 👉🏾https://t.co/OgOslHGRY8 pic.twitter.com/ApuZbSGsR6
— Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) February 24, 2023
Aimaras y quechuas se alistan para viajar de Puno a Lima y continuar las protestas
Por Liubomir Fernández
Protestas contra Dina Boluarte. Para la primera semana de marzo, las poblaciones aimaras y quechuas tienen previsto arribar a la capital del Perú para continuar sus movilizaciones contra el Gobierno y exigir la salida de la mandataria. En ese sentido, en el día 49 de la huelga indefinida, iniciaron las colectas públicas que les permitan trasladarse hasta el destino.
En los distritos de Kelluyo, Huacullani y Desaguadero, en Juli, al sur de la ciudad lacustre, las autoridades comunales convocaron a sus paisanos a fin de inscribirse voluntariamente para partir hacia la capital.
La recaudación de recursos económicos es en cada comunidad. El monto que acumulen permitirá financiar el transporte, la alimentación y otros gastos de los manifestantes que harán el papel de sus representantes. Quienes se queden garantizan la continuidad de la huelga indefinida con flexibilización de los sábados y domingos para abastecerse de alimentos.
“Nuestras decisiones son colectivas. No vamos a retroceder. Cuando la traidora Dina Boluarte dice: salgan a trabajar no más, lo que nos está diciendo es: ustedes limítense a sus negocios, no tienen por qué luchar por temas políticos. Nos creen ignorantes. Pero ya hemos despertado. Solo queremos que renuncie y nada más. No queremos una traidora, que antes lloraba por ser ministra y ahora, para mantenerse en la presidencia, se alía con la derecha”, aseguró Leonel Quispe Torres, dirigente del distrito de Acora.
Mientras se ultiman detalles para lo que será su segundo viaje a Lima, en las 13 provincias se acató un paro total.
La ciudad de Puno amaneció paralizada. Los comerciantes suspendieron la venta de productos para sumarse a la huelga, mientras los transportes de servicio urbano cerraron todas las vías con sus unidades para garantizar que no circule ningún vehículo particular.
Todas las carreteras fueron cerradas por comuneros que cada cuatro horas se turnaron para garantizar la contundencia de la medida. El panorama fue similar en Juliaca. Trabajaron hasta las 9:00 a.m. y después se sumaron a las movilizaciones.
“A otras regiones se habrá atemorizado después de las muertes registradas. Pero acá no estamos dispuestos a aceptar que después de 21 muertos, represión, discriminación, quieren acallarnos. No vamos a levantar la huelga, pase lo que pase. Vamos a resistir. Y no hay diálogo con el Gobierno. Después que nos han maltratado, y estigmatizado, menos”, indicó a La República Elizabeth Choque, dirigente aimara de la provincia de Chucuito-Juli.
Debido a la actual crisis política, el director de la Unidad de Gestión Educativa de Puno (Ugel), David Cornejo, informó que el inicio de las clases será el 20 de marzo en las 13 provincias de la región Puno. No obstante, dejó entrever que la fecha podría aplazarse aún más si las protestas continúan.
Docentes se sumarán a la huelga
El Sutep Puno informó que, al retornar de vacaciones, la totalidad de maestros se sumarán a la huelga indefinida en cada provincia. La Unión de Comunidades Aimaras informó que a medida que pasen los días irán aplicando sus estrategias de protesta.
Por su parte, dirigentes de los comerciantes de Juliaca advirtieron que, si el Congreso no adelanta las elecciones para el 2023, adoptarán medidas mucho más radicales.
El dato
Acciones. El viernes está programado el lavado de la bandera en todos los mercados de Puno, desde las 9:00 horas.
En las comunidades izarán banderas de color negro en señal de duelo y colocarán carteles en puntos públicos por la renuncia de Dina Boluarte.
Referendo por iniciativa popular, la alternativa en marcha para pedir elecciones anticipadas en Perú
Por Gonzalo Ruíz Tovar, desde Lima
Grupos políticos y cívicos de Perú iniciaron una campaña de recolección de firmas para tratar de forzar, mediante un referendo, que se celebren elecciones generales anticipadas ante la falta de definiciones concretas por parte del Ejecutivo y del Congreso.
La campaña, que comenzó esta semana con el pedido de planillas oficiales para reunir firmas, es «un primer proceso político para unificar el sentir mayoritario de la ciudadanía”, le dijo a Télam Jarek Tello, representante legal del Partido Morado (PM), fuerza de centro que lidera la iniciativa al lado de al menos 36 organizaciones de alcance departamental.
A pesar de que las encuestas muestran que más de 90% de la ciudadanía pide elecciones generales anticipadas y que unas 60 personas murieron desde diciembre en movilizaciones exigiendo este reclamo, el Gobierno, y sobre todo el Congreso, ambos fuertemente desprestigiados, dilataron avanzar con el asunto.
Así, en sectores ciudadanos se instala la idea de que la presidenta Dina Boluarte y los congresistas pretendan quedarse hasta 2026, cuando termina el período original, pese a que analistas como Paulo Vilca ven prácticamente imposible que puedan lograrlo.
Tello, cuyo partido tiene como principal figura al expresidente interino Francisco Sagasti, indicó que la primera tarea será reunir las algo más de 75.000 firmas (0,3% del padrón electoral) que se necesitan para plantear un referendo que, de todas maneras, necesitaría del visto bueno de al menos 66 de los 130 congresistas.
Ese número, según el abogado del PM, puede conseguirse con presiones de los movimientos departamentales sobre sus actuales legisladores.
La fuerza política tomó la iniciativa después de que sus principales dirigentes, tras una reunión privada con Boluarte, quedaron con la sensación de que la mandataria, a pesar de sus dichos, no se percibe a sí misma como una gobernante de transición que debiera salir anticipadamente.
“Esta respuesta refleja su falta de voluntad (de Boluarte) para abordar la crisis y su evidente interés en permanecer en el poder, a pesar de los fuertes cuestionamientos sobre su legitimidad en el cargo y las lamentables muertes producidas durante las protestas que piden con urgencia un adelanto de las elecciones generales”, señaló el PM en un pronunciamiento suscrito además por las agrupaciones regionales, varias de ellas con fuerte influencia en sus jurisdicciones
“De igual manera, se ha evidenciado que la mayoría del Congreso no tiene ninguna voluntad para convocar elecciones generales para este 2023, ni para los años siguientes. Su desconexión con la realidad nacional es una muestra clara de la superposición de sus intereses personales frente al real interés de la población”, agregó.
Aunque el Congreso aprobó en principio unas elecciones anticipadas para abril de 2024, todo volvió al limbo cuando los propios legisladores, por insistencia de Boluarte, dejaron atrás ese acuerdo para debatir la idea de que por la urgencia los comicios fueran ya en octubre de este año.
Pero diversos proyectos en ese sentido, incluido uno presentado por el Ejecutivo, fueron derrotados con diversos argumentos, por lo que, al margen de que el tema se mantenga abierto, no hay avances reales.
Tello indicó que el trabajo apunta a crear las condiciones para que el referendo se realice a mediados del año, aunque admitió que ya es “más realista” pensar que las elecciones se hagan en 2024 por la forma como corren los plazos.
Además, el dirigente aclaró que los comicios propuestos deben tener las características de los ordinarios, es decir, que quienes resulten elegidos para el Ejecutivo y el Legislativo lo sean por cinco años, en lugar de la propuesta que manejan varios congresistas de unos comicios “complementarios”, que solo generarían autoridades hasta julio de 2026, fin del actual mandato.
La realización de elecciones anticipadas requiere de una modificación constitucional transitoria, que ya tiene antecedentes en Perú, cuando en 2001, tras la caída del gobierno autoritario de 10 años de Alberto Fujimori, se hicieron comicios bajo la presidencia interina consensuada en el Congreso de Valentín Paniagua.
Una reciente encuesta de la firma Ipsos señaló que un 70% de los ciudadanos quiere que las elecciones sean este año, frente a un 22 % que las prefiere en 2024, contra apenas un 7% que pide que las cosas continúen como están hasta 2026.
Entretanto, los mismos sondeos indican que la desaprobación popular a Boluarte se acerca a niveles récords próximos a 80%.
La idea de seguir hasta 2026 solo es defendida en forma explícita por dos partidos de derecha dura, Renovación Popular y Avanza País. En las demás bancadas, de derecha e izquierda, se afirma que sí se quiere el adelantamiento, pero en el momento de resolverlo con votos en el plenario el asunto queda empantanado.
Otra posibilidad constitucional para anticipar los comicios es que renuncie Boluarte, quien desde el 7 de diciembre reemplaza al destituido -y preso- Pedro Castillo, ya que eso le entregaría la jefatura de Estado interina al presidente del Congreso, José Williams, quien sí estaría obligado legalmente a convocar los comicios a la mayor brevedad posible.
Pero Boluarte, quien ha generado con varias bancadas una alianza que en opinión de Vilca es menos fuerte de lo que se pretende aparentar, descarta por completo la posibilidad de dimitir, con el argumento de que quienes quieren su salida, contra lo que indican los sondeos, son “sectores minoritarios, radicales y violentos”.
El anunciado propósito original de la presidenta de quedarse hasta 2026 desató protestas en todo el país, aunque con mayor intensidad en los siempre postergados Andes sureños, las que no se aplacaron cuando la mandataria retrocedió en esa posición y dijo que sí es partidaria de que haya elecciones en 2023, pero sin efectos reales.
Cuarenta y ocho civiles murieron en acciones de las Fuerzas Armadas; un policía fue incinerado por manifestantes y otras 11 personas fallecieron por consecuencias colaterales a la protesta. Los heridos se cuentan por centenares, en medio de denuncias de organizaciones nacionales y extranjeras sobre violaciones graves a los derechos humanos.
Las protestas amainaron en los últimos días, pero analistas creen que se trata solo de un repliegue por cansancio y que la acción probablemente volverá al no estar superadas las causas del malestar ciudadano.
En ese marco surgió la iniciativa del PM y sus aliados regionales -entre los que hay varios que ostentan o han ostentado gobiernos departamentales-, la que, aclaró Tello, está abierta a todos los sectores sociales, gremiales, sindicales y estudiantiles que quieran sumarse.
