Perú: el neoliberalismo criollo en crisis

Gonzalo García Núñez

El proceso de privatización y desposesión de los bienes públicos, iniciado en la década de los noventa significo, primero, el cierre por extinción de las firmas peruanas y luego, por liquidación, la cesión a terceros de los activos de esas empresas y actividades económicas. Las firmas fueron reorganizadas o extinguidas mediante decisiones dictadas verticalmente- desde el propio y concentrado gobierno del Estado.  Luego, el proceso iniciado con el autogolpe de 1992 se extiende a la compraventa de los grandes circuitos de producción y consumo, la energía, la construcción, la pesca, la industria y la minería, el turismo y el agro, en fin, los que aparecen en la matriz insumo producto y los  que nos deja como obra casi concluida, Francisco Durand.  Estas redes funcionaban articuladas por empresas estatales a las que se le despoja de capacidades y medios regulatorios como fuera el caso de la energía- Y se le sustituye por los tableros de planeamiento estratégico de los conglomerados no públicos-Veamos algunos resultados. Empecemos por el inicio. Se trata de una muestra apretada de lo que fuera la cercenacion de las capacidades económicas de la nación, sus fábricas, sus empleos, sus conocimientos. La quiebra de sus Circuitos productivos y comerciales que llevaron a la informalidad laboral a centenares de miles de trabajadores. Estos procesos fueron identificados por una Comisión multipartidaria del parlamento nacional que investigo la transferencia de dichos activos hacia espacios de ganancias privadas como, citamos, fueron los casos de:  Sindicato Nacional de Productores de Harina de Pescado S.A., Marítima Balboa Absorbentes S.A., Consorcio Pesquero del Perú S.A., Empresa Promotora del Carbón S.A. (Procarbón), Lilly S.A., Pesquera San José Planta de Harina S.A. Y Empresas del sector energético como la Compañía de Electricidad Yuncán S.A., otras como Negociación Avícola El Cencerro, Tiendas Afiliadas S.A.- Taepsa, Iquitos Plywood S.A., También la extinción de la Mina El Águila S.A., empresas reconocidas como Tractores Andinos S.A. Otras de comercialización como Tasa, (14) Administración y Gerencia S.A.  Agepsa y Super Mercados Epsa S.A. – Superepsa – Banco de Materiales, una    Empresa de Cine, Radio y Televisión Peruana S.A.  Cementos Pachacútec S.A, Empresa Regional de Turismo de Kuelap S.A., Empresa Regional de Turismo ERTUR S.A.,  Empresa Regional de Transporte Urbano Arequipa S.A. -ERTUR  Arequipa,  Empresa Regional Transporte Puno S.A. – ERTSA Puno, Empresa Pesquera Regional Grau S.A.,  Empresa Pesquera Samanco S.A.,  La Papelera Peruana S.A. – PAPESA., Asimismo, la  Compañía Peruana de Vapores S.A. CPV,  Flota Pesquera Peruana S.A. FLOPESCA., Empresa Turística Regional Inka S.A. EMTURIN S.A., Planta Lechera de Sullana S.A. PLESULSA., Empresa Regional de Transporte Grau S.A. ERTRU PIURA, Empresa Regional de Transporte Urbano de Pasajeros S.A. (Trujillo) – ERETRU,  Empresa Servicios Petroperú S.A. SERPETRO, Consultores Minero Metalúrgicos S.A. COMMSA, Sider Perú Selva S.A. Industrial Cachimayo S.A. INCASA,  Empresa Comercializadora de Alimentos S.A. ECASA. Además, la Empresa para el Desarrollo y Explotación de la Palma Aceitera S.A. EMDEPALMA Empresa Regional de Palma Aceitera S.A. EMREPALMA. Empresa Petróleos del Mar S.A. PETROMAR,  Empresa Nacional de Turismo S.A. ENTUR PERÚ, Ampollas Farmacéuticas S.A. AMFA, Empresa Pesquera Regional del Sur S.A. EPERSUR., Empresa Comercializadora de Productos Mineros S.A. MINPECO, Empresa Regional Derecho Privado Ganadera Ucayali S.A. ERGUSA., Empresa Minera Especial Mishki S.A. MISHKI, Almacenes Generales de Depósitos Agropecuarios del Comercio e Industria S.A. ALMACENA. Empresa Nacional de Transporte Urbano S.A. ENATRU, Fertilizantes Sintéticos S.A. FERTISA. Cerradas, liquidadas entre otros paquetes de acciones y participaciones públicas transferidas a los negocios particulares. Las medidas de extinción fueron las primeras en la tarea de liquidar empleos y activos. Vendrían luego medidas sistemáticas diseñadas desde el consenso de Washington para subastar los recursos públicos a conglomerados y grupos empresariales internacionales, colectándose unos diez mil millones de dólares por   dicho remate, según las describe el dictamen de la Comisión investigadora de delitos financieros que presidio Javier Diez Canseco (CIDEF) entonces asesorada por el profesor Francisco Durand. Allí también queda la memoria de un ex ministro de economía, el Sr. Carlos Boloña, un reporte exhaustivo dando los detalles sobre la privatización de lo público durante una década. Anota Durand, maestro de las ciencias sociales, que esa información permite la explicación minuciosa de la constitución de grupos empresariales hegemónicos que capturan el manejo de la estructura productiva y financiera, la conformación de nuevos grupos emergentes a partir de la compra de los activos públicos que se convierten en patrimonio y beneficio privados. Describe el funcionamiento de las modalidades de captura del Estado, el rol de las sillas giratorias, de los deficitarios controles de los poderes concentrados por fusiones y ofertas públicas de transacciones sobre acciones entre grupos con solidos anclajes bancarios, financieros y administrativos. El resultado inicial es escalofriante.  Mas de 228 activos principales de la propiedad de todos pasaron al sector privado: 90% de las empresas mineras, 86% de las industriales, 70% de las energéticas, petróleo y electricidad, 35% de la agricultura. Los proyectos concesionados a precios discutibles hacen que las grandes inversiones públicas realizadas en la infraestructura de riego y energía abaraten los costos de producción del agua y las tierras privatizadas y generen así enormes sobreutilidades a los inversionistas extranjeros y algunos relevantes grupos nacionales.  Y para consolidar aquello se diseñan contratos ley, contratos de estabilidad tributaria, insolentes tratamientos y devoluciones tributarias y una parafernalia de instrumentos legales elaborada para amparar el proceso de   privatización-de posesión que marco el rumbo de neoliberalismo criollo. La superestructura del despojo fue una dictadura, una constitución artera, un   referéndum amañado, la macro corrupción.  Hoy día los peruanos se yerguen contra el despojo y pugnan por nuevas reglas de coexistencia colectiva.