Chile, un país de miedo – Por Juan Pablo Cárdenas S
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Chile, un país de miedo
Juan Pablo Cárdenas S.*
Por su peculiar geografía, los habitantes de Chile estamos muy acostumbrados a vivir con miedo. Con temor a los terremotos, maremotos, erupciones volcánicas y otras severas inclemencias que a lo largo del tiempo han cobrado cientos de miles de vidas. Asimismo, los conflictos sociales se han sucedido a lo largo de toda nuestra historia, tanto que después de cinco siglos todavía el país no logra la paz en la Araucanía, y el Estado chileno continúa combatiendo con los mapuches que quieren conquistar sus derechos fundamentales y recuperar sus propiedades ancestrales.
Lo que no teníamos en Chile es tanta violencia delictiva, tanto que por mucho tiempo podíamos ufanarnos de que nuestros índices de violencia y corrupción eran discretos en relación al conjunto de países del Continente. Pero esto ahora ya no es así, lamentablemente. Solo en el último año ha crecido un 43 por ciento el número de homicidios y se han multiplicado en muchas veces los asaltos a mano armada a los hogares, el robo de automóviles y la destrucción más insensata de los bienes públicos. Personas que han llegado a quemar iglesias y asaltar compañías de bomberos y, por cierto, cuarteles de las policías.
Las estadísticas señalan que hoy los miembros de la tercera edad son los principales agredidos por las bandas de delincuentes. Que ya no existen niños que puedan concurrir a sus colegios sin arriesgar un asalto con violencia. Hace pocos días un padre fue brutalmente golpeado para robarle su auto, computador y celular mientras hacía fila para matricular a su hija en un establecimiento escolar, dado este absurdo sistema que obliga a los apoderados a pasar la noche y días enteros a la intemperie para asegurarse el derecho a concurrir a un colegio decente. Que, entre otras cosas, no exhiba tan altos casos de violencia estudiantil y agresiones a los maestros.
Uno de estos jóvenes residentes del barrio más acomodado de la Capital fue captado destruyendo a pedradas un grifo del agua potable simplemente para seguir entretenido, después de una celebración en que se bebió en exceso y posiblemente se consumió droga, cuyos decomisos suman todas las semanas cientos de toneladas de marihuana y otros estupefacientes que llegan al país por las mismas aduanas. El afán de tener dinero lleva a la corrupción y la delincuencia, tal es así que una joven tenista es expulsada de las competencias internacionales por dejarse ganar a cambio de un suculento pago.
Los administradores del Transantiago acaban de denunciar que los ventanales de decenas de sus buses son destruidos cotidianamente mediante combos y los martillos de seguridad robados desde los carros del Metro. Advirtiéndonos, además, que la reparación de los mismos es muy onerosa y toma varios días antes de que estos buses puedan volver a circular.
Habría que hacer un cálculo de cuánto tiempo le dedican los noticiarios de la televisión para dar cuenta de todo el caos urbano materializado por la delincuencia organizada. Los medios de comunicación han dejado para la cola de sus espacios lo que sucede en el mundo, en la política y qué decir en la cultura mundial y de nuestro país. De esta forma, la sensación de miedo se acrecienta y sirve a aquellos sectores que reclaman mano dura contra los delincuentes. Porque hasta los más incautos observadores advierten que, de seguir todo igual, no sería extraño que el sucesor de Boris en La Moneda sea alguien de la extrema derecha o que los militares recurran de nuevo a un golpe de estado.
Suma y sigue. Se dice también que los incendios que asolan nuestros bosques y destruyen las poblaciones más modestas se producen en un 90 por ciento por causa humana. Y ya no se descarta que muchos de estos sean ocasionados por grupos organizados para este fin, sobre todo para combatir las ocupaciones ilegales de terrenos y la construcción informal a lo largo de todo Chile, cuestión que ciertamente afecta a las inmobiliarias. Pero incluso que estos siniestros se propongan destruir los bosques y las instalaciones madereras establecidas en los territorios reclamados por los pueblos ancestrales.
En plena época estival, parte importante de la delincuencia se ha trasladado a los balnearios y el temor allí de los veraneantes es sobrecogedor. Al grado que un alcalde ha decretado restricciones a la circulación nocturna y las playas son a diario testigo de los enfrentamientos entre bandas criminales que ponen el riesgo, y también matan, a otros que nada tienen que ver con sus pleitos.
El narcotráfico ya está plenamente instalado en nuestro país y en el lenguaje popular los nombres de los carteles y de sus mafiosos cabecillas están plenamente identificados por la población, así como Gendarmería reconoce que es desde las cárceles donde se conciben y se ordenan muchos delitos de alta connotación e impacto.
A todo lo que sucede, hay que sumar los numerosos casos de corrupción política y policial, algunos de los cuales logran ventilarse en los Tribunales y la prensa. De esta forma es como recién se descubre que en el pudiente Municipio de Vitacura el ex edil se favorecía de una organización delictual para asaltar el erario municipal, pagar sobresueldos y distraer para sus bolsillos varios miles de millones de pesos. Un alcalde de derecha, en este caso, que se suma a las de otras autoridades socialistas y de otros colores de nuestro arcoíris partidario.
Desfalcos enormes en Viña del Mar y la comuna de Maipú con recursos robados a la educación y la salud pública. Casos que felizmente empiezan a descubrirse, aunque los especialistas reconocen que es en los municipios donde se acometen mayormente los desfalcos y malversaciones. Tales como los acometidos por centenares de médicos sorprendidos por la emisión de miles de licencias médicas fraudulentas. Agreguemos, además, la impunidad que sigue favoreciendo a los más poderosos delincuentes del mundo empresarial, que no cesan de cometer colusiones en sus precios y servicios, como ahora, falsificaciones (al estilo de los de La Polar) en desmedro de los millones de consumidores.
En la jerga judicial se habla de jueces “garantistas”, expertos en descubrir vicios procesales que les sirven para sobreseer y dejar en la impunidad a no pocos hechores. Y aunque el país ha recuperado cierta confianza en sus efectivos policiales, todavía se constatan robos y otros delitos perpetrados por ellos mismos. Y las cifras de la delincuencia organizada siguen creciendo.
De norte a sur, Chile huele a humo con miles de hectáreas y poblaciones arrasadas por el fuego. Y a la propia contaminación ambiental se ha sumado el ruido de las balas que silban cotidianamente en los supermercados, las multitiendas, calles y barrios. Especialmente al caer la tarde y la noche. Como en todo drama social el pueblo vive con miedo e impotencia, pero no sería tan extraño que se resignara a someterse y asumir la tragedia como nuestro pan de cada día. Mal que mal, se dice que somos animales de costumbres.
La deslealtad como ingrediente de la política
Si la fidelidad ideológica ya no es una característica de los gobernantes y de la generalidad de los partidos, todavía mucho menos la amistad cívica y la solidaridad entre los diversos actores políticos. Cuesta pensar en las razones que pueden tener ministros de estado, asesores y otras personalidades convocadas a formar parte de los gobiernos de los cuales en cualquier momento pueden ser removidos e imputados de cometer errores que más bien son de sus superiores.
“El hilo se corta por lo más delgado” se repite en estos días cuando La Moneda le ha pedido la renuncia a la Ministra de Justicia, Marcela Ríos, y al jefe del gabinete presidencial, Matías Meza Loperhandia. Los que se suman a varios otros despidos de personas de confianza en estos pocos meses de gobierno.
Esta vez, ambos renunciados se habrían comportado “desprolijos” en la ejecución de una decisión adoptada por el presidente Boric en uso de su facultad constitucional de indultar a presos ya condenados por la Justicia. Algo que ha causado escándalo en la oposición de derecha y también en sectores del propio oficialismo.
Se hizo tan flagrante el error presidencial de dejar en libertad al menos a dos de los trece indultados que el Ejecutivo tuvo que endosarle esta “esprolijidad” a dos de los principales ejecutores de reunir los antecedentes y tramitar los decretos respectivos. No son pocas las opiniones fundadas de juristas que encontraron improcedentes estas resoluciones presidenciales, toda vez que a la propia Corte Suprema expresó también su estupor por lo ocurrido.
En un primer momento, el Jefe de Estado asumió toda su responsabilidad en esta decisión, e incluso alegó la inocencia de un líder frentista en la segunda condena que recibiera después de haber sido anteriormente por el presidente Patricio Aylwin por una serie de delitos calificados entonces de terroristas. Sin embargo, a las horas la Vocera Oficial, Camila Vallejo, debió asumir la incomodidad de exculparlo, insinuando que los errores administrativos se habían cometido antes que el Presidente estampara su firma en estas resoluciones.
Con su remoción, la Ministra de Justicia también debió pagar por los dos fracasos gubernamentales en la designación del nuevo Fiscal Nacional, cuyos candidatos no obtuvieron los dos tercios del Senado para ser ratificados en este alto cargo. Al respecto, también trascendió que fue la propia Presidencia de la República la que se negó a realizar las negociaciones pertinentes con la oposición para concurrir en una sólida mayoría senatorial. Una tarea que más bien recae en el propio Jefe de Estado como en sus ministras de Interior y de la Presidencia. Según se acostumbra en las prácticas cupulares de nuestra feble democracia.
La cuestión es que ahora la ex ministra podría ser objeto además de una acusación constitucional de parte del Parlamento que, de prosperar, podría inhabilitarla por cinco años para cumplir cualquier cargo público. Dependerá de la Oposición llevar adelante este proceso que podría perfectamente causarle un nuevo agravio a la ex secretaria de Estado. Toda vez que se cree que el libelo en el Poder Legislativo podría contar con los votos de varios parlamentarios oficialistas, de forma de rematar una sanción que muchos saben es injusta, arbitraria y aleve.
Lo grave de todo esto es la forma que la política discurre para dejar impunes a los grandes responsables achacándole sus errores a sus subordinados. En Chile se dice desde hace mucho tiempo que los ministros de estado y otros funcionarios son meros fusibles destinados a quemarse en las crisis políticas como la que vivimos por estos incidentes y otros. Y tal es así que en los últimos años no hay políticos así maltratados que defiendan su dignidad y se atrevan a dejar en evidencia pública los falsos testimonios en su contra, como las deslealtades de que han sido objeto. En este sentido, se confía en que los afectados se imputen así mismos en la esperanza de recibir próximamente algún otro cargo que los redima en la política.
De esta forma, también se puede observar cómo los hasta ayer compañeros de ruta y oficio ( en este caso dentro de La Moneda) rápidamente dan un paso al costado para no arriesgar la misma suerte de los despojados de sus cargos. Incluso prestarse cínicamente para defender públicamente una decisión tan arbitraria.
Como siempre, lo que también sorprende es la rapidez con que el Ejecutivo logra dar con los reemplazantes de los desalojados. Lo que demuestra la avidez que existe por alcanzar notoriedad y buenos emolumentos, así sea que sus funciones se prolonguen por tan poco tiempo y terminen horadando su prestigio en la abyección que siempre exigen las autoridades de poca solvencia y precaria adhesión ciudadana.
*Periodista y profesor universitario chileno. En el 2005 recibió en premio nacional de Periodismo y, antes, la Pluma de Oro de la Libertad, otorgada por la Federación Mundial de la Prensa
