Los nadies: 55 millones de índigenas desprotegidos e invisibilizados
Los nadies: 55 millones de índigenas desprotegidos e invisibilizados
Eduardo Camín
La crisis sanitaria y socioeconómica derivada de la pandemia de la Covid-19 ha afectado desproporcionadamente a los pueblos indígenas, poniendo de relieve las barreras preexistentes a que dichos pueblos se enfrentan en el acceso a la atención de salud, la seguridad social, la educación, entre otros.
En los más diversos contextos geográficos existen múltiples factores que configuran un patrón que vincula de manera compleja a pueblos indígenas y pobreza: las comunidades indígenas no tienen las mismas oportunidades de empleo y acceso a los servicios públicos, la protección de la salud, la cultura y la administración de justicia que otros grupos sociales.
Es un patrón que se observa tanto en países desarrollados como no desarrollados -incluso cuando los pueblos indígenas son la mayoría de población nacional- y ha sido históricamente construido por factores políticos, económicos, sociales, militares y ambientales, que articularon experiencias cualitativas y cuantitativas de privación material, jurídica y simbólica, y de reproducción de relaciones de desventaja.
Hay varias causas o condicionantes que generan la fuerte correlación observada entre pueblos indígenas y la pobreza, y en general tienen que ver con el colonialismo y la explotación que crearon las condiciones histórico-políticas que desvincularon a los pueblos indígenas del control de sus territorios, los sometieron a condiciones de pobreza y los relegaron a los márgenes de la sociedad o directamente los exluyeron.
Hoy, frente a esta situación, las reacciones politicas se traducen en reclamos de autonomía, autodeterminación y/o reformulación de las relaciones de los pueblos indígenas con el Estado.
Obviamente, la reinvindicación de los derechos territoriales constituye una plataforma común de los movimientos indígenas a nivel internacional y es una respuesta directa a las situaciones de desventaja que padecen ante quienes se han apoderado de su territorio –tanto oligaquías locales como potencias extranjeras-, y explotan su trabajo.
La territorialidad se transforma en un aspecto fundamental del debate contemporáneo acerca de la libre determinación de estos pueblos y la pobreza, están relacionadas con las experiencias coloniales y la construcción de los estados. El control del territorio ha sido medular en la construcción histórica de cualquier forma del Estado conocida y se ejerció expropiando los derechos históricos de los habitantes originarios, señala una investigación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso).
La cuestión de la autodeterminación emerge entonces como un aspecto central para entender el desafío socioeconómico de la reducción de la pobreza en los pueblos indígenas. Una de las razones del fracaso de los programas estatales es la falta de reconocimiento y niveles concretos de autodeterminación de los pueblos indígenas.
La pandemia y la problemática en Latinoamérica
La crisis provocada por la Covid-19 puso en evidencia la vulnerabilidad en la que viven más de 800 pueblos indígenas en América Latina, y replanteó el desafío de lograr una mejor cobertura de los sistemas de protección social en toda la región.
“La crisis ha afectado desproporcionadamente a los pueblos indígenas, poniendo de relieve las barreras preexistentes a que dichos pueblos se enfrentan en el acceso a la atención de salud y a la seguridad social”, destacó la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tras señalar que ésto ha sido “consecuencia de la discriminación y marginación histórica”.
“Las brechas preexistentes en el acceso a la protección social han colocado a estos pueblos en una situación de mayor vulnerabilidad enmarcada en el contexto pandémico”, añade el documento, que señala que en Latinoamérica hay casi 55 millones de mujeres y hombres indígenas, representando el 8,5 por ciento del total de la población latinoamericana.
Advierte, asimismo, que “hay tendencias globales que se reproducen en la región, como la sobrerrepresentación de los pueblos indígenas en la economía informal y entre los más pobres, el bajo acceso al trabajo decente, así como los obstáculos a su acceso a la educación y a la participación política”. Entre los pueblos indígenas se está produciendo un crecimiento de la población que vive en centros urbanos : el 52 por ciento de la población indígena vive en zonas urbanas y el 48 por ciento en zonas rurales.
La migración hacia zonas urbanas está impulsada por la falta de soluciones de alimentación y trabajo, promoviendo la búsqueda de mejores oportunidades de generación de ingresos y también por factores impulsores como el despojo de tierras, el cambio climático, el deterioro ecológico, los desplazamientos debido a conflictos y violencia, entre otros.
Un 85 por ciento de las mujeres y hombres indígenas en América Latina y el Caribe están ocupados en la economía informal, muy por encima de la tasa de alrededor de 50 por ciento para la población ocupada en general. Los trabajadores indígenas tienden a ser más autoempleados y trabajadores familiares no remunerados que el resto de la población.
El 16 por ciento de los indígenas en edad de trabajar están en el trabajo familiar no remunerado, el porcentaje para sus contrapartes no indígenas es del cuatro por ciento. Además, América Latina es la región con la mayor brecha de ingresos laborales. Los salarios indígenas equivalen a un 33 ciento de los que perciben los no indígenas.
De los 18 países de América Latina y el Caribe que disponen de información de encuestas de hogares y empleo, solo ocho cuentan con información étnica de las personas, indagando sobre su pertenencia a pueblos indígenas: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá y Perú, lo que genera una situación de “invisibilidad estadística”, que constituye “el primer peldaño dentro de una secuencia de tratos no igualitarios que pueda recibir este segmento de la población”, según la OIT.
Al no estar representados en las estadísticas oficiales es más difícil incluirlos dentro de los indicadores de metas de desarrollo de los países, y su condición de bienestar tiene menos probabilidades de ser materia de políticas públicas. Garantizar el acceso a oportunidades de trabajo decente para los indígenas, así como su acceso a la protección social, son pasos decisivos para corregir la situación de postergación, dice el informe.
En cuanto a la protección social, los pueblos indígenas de la región son en menor proporción aportantes y pensionistas que los no indígenas, y tienen menor acceso a los sistemas de salud. Las mujeres y hombres indígenas dependen más de los sistemas de ayuda social que los no indígenas.
La OIT considera que el establecimiento de sistemas de protección social, incluidos los pisos de protección social, que consideren las particularidades de los pueblos indígenas es fundamental para acortar la brecha de las desigualdades y vulnerabilidades que los afectan.
El documento recuerda que la Recomendación número 202 de la OIT, indica que los pisos de protección social deberían comprender por lo menos cuatro garantías básicas:
- La protección social de la infancia: beneficios familiares y por niño
- La protección social de las mujeres y de los hombres en edad de trabajar: prestaciones de maternidad y discapacidad, protección en caso de accidentes laborales, enfermedad profesional y desempleo, pensiones de invalidez, prestaciones de enfermedad
- La protección social de las mujeres y de los hombres mayores: las pensiones de vejez y sobrevivientes
- La protección de la salud
La necesidad de garantizar una mayor protección en materia de seguridad social y en salud a los pueblos indígenas también está claramente establecida en el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) de la OIT . América Latina y el Caribe es la región que más ha ratificado esta norma internacional, con 14 de las 24 ratificaciones.
*Periodista uruguayo, analista de temas sociales y comerciales de organismos de Naciones Unidas, del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
