Bolivia | La Comisión de DDHH de Diputados pide investigar los hechos de violencia cometidos durante el paro en Santa Cruz
Comisión de DDHH de Diputados pide investigar los actos violentos cometidos durante el paro cívico
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados solicitó a la Fiscalía “actuar de acuerdo a la norma” y “realizar la investigación correspondiente sobre los autores materiales e intelectuales de los actos violentos que se ejecutaron en el departamento de Santa Cruz” durante los 36 días de paro cívico.
“La palabra de persecución política en Bolivia es una fachada para evadir a la justicia de actos violentos, como los provocados por autoridades y cívicos cruceños”, cita un comunicado de la Comisión.
Tras varias negativas a dialogar y no explicar su propuesta de realizar el Censo en 2023, el Comité Interinstitucional de Santa Cruz impuso un paro de actividades desde el 22 de octubre y lo prolongó hasta el 26 de noviembre.
Respaldado en el grupo paraestatal Unión Juvenil Cruceñista (UJC), la entidad impuso la medida de presión con puntos de bloqueo donde, incluso, grupo delincuenciales exigían dinero para transitar.
El propio vocero del Comité Interinstitucional, Manfredo Bravo, admitió que personas en estado de ebriedad, “delincuentes y drogodependientes” controlaban varios puntos de bloqueo.
Pero no solo ello. En el trascurso del paro se registraron cuatro personas fallecidas. Una de las primeras muertes se dio en Puerto Quijarro, en el primer día del paro. Se trataba de una persona que exigía su derecho al trabajo y fue asesinada a golpes.
En la ciudad de Santa Cruz ocurrieron el resto de muertes, entre ellas de un mototaxista que se degolló con un alambre, como parte de los bloqueos, extendido de un extremo a otro de una vía.
También se denunció la violación múltiple de una menor y que los bloqueadores no dejaban pasar ambulancias en los días de paro y en muchos lugares se dedicaron a consumir bebidas alcohólicas.
Mientras que el 11 de noviembre, grupos de choque violentos vinculados a la UJC incendiaron la sede de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos y saquearon las oficinas de la Central Obrera Departamental (COD) cruceña.
Además, cercaron oficinas del Instituto Nacional de Estadística (INE), de Entel, de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), de Bolivia Tv y agredieron a policías y a varios periodistas que cubrían los protestas.
En el marco del paro, también se registró la agresión a mujeres del pueblo indígena Ayoreo por parte del subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez, Daniel Velásquez, el 28 de octubre.
Procesado por la presunta comisión de los delitos de racismo, discriminación, difusión e incitación al racismo, lesiones graves y leves, el subgobernador mantiene detención domiciliaria, arraigo y debe presentarse en Ministerio Público cada siete días.
De acuerdo con la Comisión legislativa, el paro provocó pérdidas económicas por $us 1.200 millones.
