Régimen de excepción: más de 140 capturas en 48 horas en un nuevo operativo
Más de 140 capturas en 48 horas de cerco militar en Soyapango
En menos de 48 horas de implementado el cerco policial y militar en el municipio de Soyapango, este fin de semana, las autoridades han capturado a más de 140 personas identificadas por estas como miembros de pandillas.
El operativo se enmarca en la fase 5 del Plan Control Territorial llamada “Extracción” y se implementó desde las 3:00 de la madrugada del sábado 3 de diciembre de 2022.
El presidente de la República, Nayib Bukele, informó de la cantidad de capturas logradas en menos de dos días completos. “El control territorial ya es totalmente del Estado”, escribió en Twitter. “El municipio de Soyapango está totalmente cercado desde ayer en la madrugada”, informó el presidente salvadoreño.
Primeras capturas.
Solo en la mañana del sábado con este operativo se detuvo a una docena de miembros de pandillas. “Es el resultado de las primeras horas del cerco militar acá en Soyapango, ya son 12 pandilleros los que se encuentran detenidos, todos debidamente fichados con antecedentes de delitos relacionados al quehacer pandilleril”, expresó Villatoro.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó de la captura de Guillermo Alexander Pineda, alias “Lazy”, perfilado como un “ranflero” (cabecilla) de la pandilla 18 Revolucionarios, quien fue detenido en la colonia San José. “Lazy era uno de los terroristas más buscados del país, quien ordenaba homicidios y extorsiones a nivel nacional. Entre 1999 y el 2020 fue procesado 10 veces”, asegura la PNC.
La Fuerza Armada detuvo a Cesar Ramón Trejo, alias “Chucky The Criminal Mafioso”, miembro de la MS-13, quien se escondía en un tragante de aguas negras en la colonia Las Margaritas.
Como parte del operativo, fue detenido Henry Balmore García, alias “Hueso”, señalado como miembro de la pandilla 18, en Apopa. “Este sujeto se comunicaba con su grupo criminal para dar alerta por el inicio de la fase 5”, publicó en Twitter el ministro Villatoro junto con un audio atribuido a García. Un video publicado por la cuenta de Twitter de Casa Presidencial muestra otras personas detenidas, de las cuales no se brindó información sobre su identidad.
Despliegue.
El ministro de la Defensa, René Merino Monroy, aseguró que se desplegaron 40 equipos de “extracción” en el municipio. “Son los equipos que están destinados para esos 40 puntos que, según la información que viene acumulando la Policía Nacional Civil, es donde se encuentran parte de los delincuentes que han quedado todavía en este municipio”, dijo Merino.
Participan del cerco militar 8,500 soldados y 1,500 agentes policiales, de acuerdo a un tuit publicado por el presidente Nayib Bukele la madrugada del sábado.
La intervención de las fuerzas de seguridad abarcó colonias como la comunidad 22 de Abril, Las Margaritas, Guayacán, San Rafael, Santa Lucía, El Matazano y La Campanera; urbanizaciones El Limón, Bosques del Río, Jardines de San José, entre otras.
Más de 40 capturados que tienen carta de libertad siguen detenidos, según PDDH
La procuradora adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos, Mireya Tobar, informó el lunes 28 de noviembre que en esa institución han recibido más de 40 denuncias de familiares de capturados que ya recibieron una carta de libertad de un juzgado pero no han sido liberados por la Dirección de Centro Penales.
“Recientemente atendimos el caso de personas que ya fueron puestas en libertad por parte de los juzgadores y no han quedado en libertad” aseguró Tobar.
La procuradora adjunta explicó que como institución ya iniciaron las acciones correspondientes para “impulsar la revisión de esos procesos en los centros penales”, con el fin que los afectados sean puestos en libertad lo más pronto posible.
“En estos casos en particular se ha mandado una comunicación de más de 40 personas, al director de Centros Penales, a los penales correspondientes, como el penal La Esperanza para visualizar el tema, y al ministro de Seguridad Pública”, aseguró Tobar.
Abogados consultados explicaron que al haber una carta de libertad, sin que las personas hayan sido puestas en libertad se violentan diversos derechos, pero además los funcionarios públicos estarían incurriendo en delitos.
La abogada Marcela Galeas, explicó que la orden de libertad pronunciada por un juez después de notificada a las autoridades, por medio del oficio de libertad, ha de ser ejecutada de manera inmediata, a menos que tenga orden de captura vigente por otro delito.
Galeas agrega que no acatar la orden del juez violenta varios derechos a los ciudadanos, por ejemplo: el derecho de libertad física o ambulatoria, el derecho de integridad física, psíquica y moral de las personas detenidas, la presunción de inocencia y garantía de audiencia y debido proceso de conformidad con lo dispuestos en los artículos 11 y 12 de la Constitución.
Así mismo, Jonatan Sisco, abogado de Cristosal, confirmó que las autoridades de la Dirección General de Centros Penales y los directores de cada centro penitenciario deben actuar de forma inmediata ante una orden judicial que dicte la libertad de una persona detenida.
Sisco expuso que si un empleado o funcionario incumple la orden dictada por el juez de vigilancia penitenciaria entonces podrían incurrir en acciones delictivas, de conformidad a los artículos 290 y 321 del Código Penal.
En ese punto Galeas agrega que también el artículo 4 de la Ley penitenciaria se refiere precisamente a que las autoridades penitenciarias no pueden omitir el cumplimiento o el ejercicio de un derecho de manera arbitraria.
Según Galeas, los delitos que pueden configurarse en estos casos son la privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública, limitaciones indebidas de la libertad individual y atentados relativos al derecho de la igualdad, establecidos en los artículos 290, 291 y 292 del Código Penal.
“Ya que poseen calidad de garantes al ejecutar una conducta lesiva excediéndose o valiéndose de sus cargos, siendo funcionarios, empleados públicos agentes de la autoridad o autoridad pública” explicó Galeas.
La procuradora adjunta hizo un llamado para que las personas tengan confianza en la PDDH a partir de esta nueva administración, y se acerquen a exponer sus casos con total libertad.
Tobar explicó que con la llegada de Raquel Caballero de Guevara a la Procuraduría, se está utilizando un software para poder dar ingresos a todas las denuncias de una forma ordenada.
Por el momento, según los datos de la PDDH, San Salvador, La Libertad y Santa Ana son los departamentos que presentan el mayor número de registros de denuncias sobre supuestas violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción.
Gobierno de El Salvador ha destinado más de $180 millones al régimen de excepción
El Gobierno de El Salvador ha destinado más de $180 millones a la implementación del régimen de excepción, una estrategia enmarcada en la «guerra contra las pandillas» lanzada por el presidente Nayib Bukele a inicios de 2022, que ha sido ampliamente rechazada por organismos defensores de derechos humanos.
El régimen fue decretado el pasado 27 de marzo de 2022, luego de un repunte de homicidios que acabó con la vida de más de 80 salvadoreños. Desde entonces, la Asamblea Legislativa ha aprobado ocho prórrogas a esta suspensión de derechos constitucionales de los salvadoreños, y destinado numerosos recursos para ello.
El primer refuerzo se hizo en marzo de 2022, a solo tres días de iniciado el régimen. En esa ocasión, se modificó la ley del presupuesto de 2022 para crear una nueva línea de ejecución: el «Programa Especial de Combate a Terroristas», a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que recibió $60 millones tras una reorientación aprobada por la Asamblea Legislativa.
A estos se sumaron otros $10.9 millones que destinó la Asamblea Legislativa al Centro de Intervención a las Telecomunicaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en el margen de la suspensión de las garantías de inviolabilidad de las telecomunicaciones durante el régimen de excepción.
Otros dos refuerzos llegaron en junio de 2022. El primero fue de $50 millones, únicamente para «apoyo en labores de seguridad», y el otro por $25 millones, destinados a la compensación económica que se otorga a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y al régimen de disponibilidad, que debe pagarse a los empleados de la institución por los servicios prestados al Plan Control Territorial y al mismo régimen de excepción, medidas que ha combinado el Gobierno en el manejo de sus mensajes comunicacionales.
Además, la Asamblea avaló una reorientación de otros $20 millones solo al Ministerio de la Defensa Nacional para el pago de salarios, bonos y aguinaldos de 25 mil efectivos del Plan Control Territorial y el régimen de excepción el pasado 15 de noviembre.
Sin transparencia
El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, consideró que «es normal que los congresos hagan ajustes al presupuesto para resolver ciertas coyunturas»; sin embargo, aseguró que «el Gobierno debe rendir cuentas sobre el dinero que ha movilizado para estos gastos», en diferentes partidas presupuestarias.
Y es que, además de los $165 millones reorientados por la Asamblea Legislativa vía decreto, hay erogaciones hechas por otras carteras de Estado en el marco del régimen.
Según el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín, el Ministerio de Hacienda reorientó $16.2 millones para «compras de emergencia» en los primeros dos meses del régimen, de los cuales $14.9 millones se canalizaron a través del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID).
El presidente de la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (TRACODA), Carlos Palomo, aseguró que «FOPROMID está pensado para desastres, no para emergencias de seguridad pública» por lo que, a su juicio, «no está justificado el uso de este fondo». FOPROMID, recordó, también ha sido cuestionado por habilitar mecanismos para evadir la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).
Sobre el origen de los recursos, las solicitudes hechas a la Asamblea mencionan únicamente que los fondos provienen de «excedentes» en la recaudación de impuestos. Al respecto, la investigadora del Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción (ALAC), Graciela Ayala, aseguró que el Gobierno «debe rendir cuentas de este gasto», específicamente para explicar qué instituciones han sufrido recortes para financiarlo; o bien, por qué destina fondos de excedentes de tributación que «deberían financiar el presupuesto del próximo año».
