Causa Vialidad: Cristina Fernández dijo que el tribunal que la juzga es “un pelotón de fusilamiento”
De fusilamientos: las palabras finales de Cristina y el veredicto que se viene
“Este no es un tribunal, sino un pelotón de fusilamiento”. “Como lo dije el 2 de diciembre de 2019, al comienzo de este juicio, la sentencia está escrita. Lo que no sabía es que está tan mal escrita y que la acusación fue una serie de mentiras e incluso de hechos que no existieron”. “La mujer que acompañaba a quien quiso matarme, Brenda Uliarte, seguía al fiscal Diego Luciani en las redes sociales. Eso muestra la ligazón entre este fusilamiento y el intento de fusilarme del 1 de septiembre”. Estos fueron los conceptos esenciales de Cristina Fernández de Kirchner al hacer uso de lo que llaman “las últimas palabras” en el juicio por las rutas de Santa Cruz. La vicepresidenta eligió este enfoque global, político, porque las defensas ya habían contestado todas las acusaciones. Aun así, CFK, instantes después, dio a conocer Las 20 mentiras de la causa Vialidad que fueron expuestas con tanta solidez por las defensas que los fiscales Luciani y Sergio Mola ni siquiera optaron por responder. El Tribunal Oral Federal número dos fijó audiencias para el lunes y martes que viene. En este último día, el martes 6 de diciembre, se dará a conocer el veredicto.
Una mención llamativa y la sentencia
Más allá del enfoque político, Cristina afrontó sorpresivamente y de manera directa uno de los estigmas que la alianza judicial-mediática-política viene instalando desde hace años en su contra: “el 10 de diciembre de 2015 me fui del gobierno exactamente con los mismos bienes con los que había llegado y que ahora quedaron para mis hijos. Tres jueces (Rodolfo Canicoba Corral, Norberto Oyarbide y Julián Ercolini) me investigaron por enriquecimiento ilícito y no encontraron nada. Vivo en el mismo departamento que cuando nos fuimos con Néstor a vivir a Olivos. En cambio, alguna otra dirigente importante de la oposición (en referencia a María Eugenia Vidal), vecina del barrio, un poco más para allá, en un lugar más selecto, la isla, compró un departamento a mitad de precio, que además se lo vendió la hija de su contador y que además se lo vendió prestándole la plata. Pero la ladrona y la chorra soy yo. Esto es lo que se está viviendo en la República Argentina”.
Los jueces del TOF número 2 leerán la sentencia el martes 6 después de una breve audiencia en la que diría sus últimas palabras Juan Carlos Villafañe, expresidente de Vialidad Provincial de Santa Cruz. Los medios aliados a Juntos por el Cambio ya adelantaron que Cristina será condenada a una pena de alrededor de seis años de prisión, no por asociación ilícita, sino por fraude al Estado. En el juicio -seguido en todas las audiencias por Página/12– , ambas acusaciones sufrieron una auténtica paliza. Empezando por el hecho incontrovertible de que todas las obras se hicieron, era falso que hubiera alguna ruta que no conducía a ningún lado y que no se pagó nada que no se hubiera construido. Eso fue certificado por dos auditorías, ambas encargadas por el macrismo. O sea, no pudieron acreditar ningún perjuicio para el Estado. Respecto de la asociación ilícita, además de que el delito fue plantado para agrandar la pena, no hubo un solo testigo en tres años y medio que dijera que recibió un llamado, que le dieron una instrucción o cualquier maniobra para favorecer a Lázaro Báez. Las licitaciones se hicieron en Santa Cruz, igual que las adjudicaciones y el control de las obras, de manera que las autoridades nacionales -entre ellas Cristina- no tuvieron participación directa. Al haber comunicaciones sólo atribuibles a las funciones de gobierno, CFK señaló: “quieren calificar de asociación ilícita a un gobierno votado por los argentinos».
Un veredicto y después
En la lectura del fallo, el martes próximo, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, fijarán la fecha en la que se darán a conocer los fundamentos de la sentencia. Seguramente será en febrero o marzo. Después, las defensas -si hay condenas- podrán apelar a la Cámara de Casación y en última instancia a la Corte Suprema. Todo el trayecto es un campo minado de magistrados aliados a Juntos por el Cambio. En cualquier caso, la resolución recién quedará firme en uno o dos años, como mínimo, aunque tratándose de CFK como acusada -no como víctima- siempre podrían apurarse. La lógica indica que la vicepresidenta podrá ser candidata en 2023 si así lo desea. El antecedente más conocido es el de Carlos Menem, que aún condenado en la causa del contrabando de armas a Croacia y Ecuador, con la condena confirmada por la Casación, se postuló a senador y obtuvo la banca.
A solas ante el pelotón
Cristina no recurrió a ninguna convocatoria para confrontar con los jueces que estaban presencialmente en Comodoro Py y a los fiscales conectados desde sus oficinas. No apuntó a los magistrados por su relación con la oposición, no mencionó que Giménez Uriburu jugó al fútbol en la quinta de Mauricio Macri, pero reiteró que “no son un tribunal, sino un pelotón de fusilamiento”. Insistió -como lo viene afirmando desde el inicio del juicio- que la condena ya está firmada. Pero en los 20 minutos de sus últimas palabras, se concentró en los fiscales Luciani y Mola: “la increíble diatriba, porque no se le puede llamar alegato a los 20 días que los fiscales Luciani y Mola dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar, no conforme a derecho, sino tal cual un editorial de Clarín o La Nación. Durante 20 días inventaron hechos, ocultaron otros hechos, tergiversaron, mintieron. Y ese 22 de agosto termina el alegato y empieza a agolparse gente frente a mi casa que, finalmente, el 1 de septiembre, aparece una persona, acompañado por una mujer, dispara o intenta disparar. Disparó, lo que pasa que el tiro no salió. Doce días después, Clarín tituló “la bala que no salió y el fallo que sí saldrá”. Miren la identificación con fusilamiento y esta causa”.
Habrá que ver si CFK realiza alguna convocatoria para el día del fallo o para los días posteriores. Numerosos referentes del Frente de Todos le vienen insistiendo con que se realice algún tipo de movilización de respaldo a ella y, al mismo tiempo, de repudio a la persecución judicial.
La asociación ilícita y el celular de José López
Luciani y Mola trataron de sostener la acusación de asociación ilícita con una prueba introducida silenciosamente en el juicio: los mensajes que se encontraron en el celular de José López, el exsecretario de Obras Públicas que tiró los nueve millones de dólares en el convento de General Rodríguez. Tan silenciosa era la utilización de la prueba que los fiscales nunca preguntaron sobre ella en los tres años y medio del juicio. Es más, recién en el alegato final intentaron usar un mensaje para acusar al exsubsecretario Abel Fatala porque el texto decía: “lo de Juana está encaminado”. En su alegato, Fatala contó que no se trataba de ningún negociado, sino que “lo de Juana” era un mensaje referido a una estatua de Juana Azurduy, regalada por Bolivia, que debía traerse a Buenos Aires por las rutas del país.
Cristina otra vez asoció esta maniobra de los fiscales con el atentado que sufrió. “Los jueces, colegas de ustedes, no establecen que sean asociaciones ilícitas las de la gente que se comunicaba por redes y cometía hechos de violencia contra el Estado en la Casa Rosada o en contra de mi casa, con bombas molotov. Personas que además eran financiadas por empresarios muy conocidos en esta causa (en referencia a la familia Caputo). Es lo que nosotros descubrimos, cuando miramos el teléfono del señor López. Al parecer los fiscales habían visto dos o tres comunicaciones, pero no habían visto centenares de chats que revelaban que el trato amistoso, que las redeterminaciones de obras, que las licitaciones las discutían con otros empresarios que no eran precisamente peronistas sino macristas. Es más, López vivía en la casa de uno de esos empresarios macristas. Para los jueces, sí es asociación ilícita un gobierno electo democráticamente en tres oportunidades”.
Los defraudadores están en Qatar
Demolido el delito de asociación ilícita a lo largo del juicio, la vicepresidenta redondeó refiriéndose a la defraudación contra el Estado.
“¿En serio creen que nuestros gobiernos cometieron un fraude en perjuicio de la administración pública? ¿Mi gobierno que entregó un país desendeudado? ¿El doctor Néstor Kirchner que le pagó al Fondo Monetario Internacional? ¿Nosotros estafamos al país, defraudamos al país cuando las condiciones de vida de la gente eran muy superiores a las de hoy? ¿Esto es una defraudación al Estado? Sin embargo, quienes trajeron al Fondo Monetario Internacional y 45 mil millones de dólares que no sabemos dónde están, esos no tienen ningún problema. Están en Qatar mirando el mundial» (en obvia referencia a Mauricio Macri).
La Vicepresidenta detalló las «Veinte Mentiras de la Causa Vialidad»
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner enumeró las «Veinte Mentiras de la Causa Vialidad», una suerte de catálogo sobre las acusaciones que se formularon en su contra en esa investigación, tras formular sus últimas palabras en el juicio oral y público que se sigue por el supuesto desvío de fondos para favorecer la realización de obras públicas en Santa Cruz.
Previo al veredicto, que se conocerá el próximo 6 de diciembre -tal como anunció hoy el Tribunal Oral Federal (TOF) número 2- la titular del Senado escribió en sus redes sociales un listado con las acusaciones que considera falsas y fundamentan la imputación en su contra en este juicio.
El detalle de la denuncia
• Como la «mentira 1«, la exmandataria aseguró que tanto el expresidente Néstor Kirchner como ella «asignaron fondos a la provincia de Santa Cruz para obras viales de manera ilegal y arbitraria».
Al respecto detalló que «las decisiones en materia de inversión pública son de resorte exclusivo de los órganos políticos y no existe ninguna norma jurídica que fije límites sobre cómo se debe llevar a cabo su distribución».
• Al exponer «la mentira 2«, sostuvo que «los proyectos de ley de presupuesto elaborados por el Poder Ejecutivo (entre 2003 y 2015) fueron diseñados de manera arbitraria e ilegal por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner», la vicepresidenta señaló que «se acreditó en el juicio» que el proceso «cumplió con todos los controles legales y financieros y contó con la intervención de todas las oficinas competentes».
«Se acreditó que desde la Presidencia de la Nación jamás se impartió directiva alguna a la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) indicándose cómo debían efectuar su tarea» y «la Fiscalía nunca convocó como testigos al juicio ni a los Ministros de Economía del período 2003-2015 ni al personal técnico que cumplió funciones dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública».
• En «la mentira 3«, Cristina recordó que «el Congreso de la Nación tuvo una participación marginal en la sanción de las leyes de presupuesto».
La expresidenta aclaró que «la ley de presupuesto es conocida como la «ley de leyes» y resulta ser una de las normas más debatidas en el Congreso» lo que también quedó «acreditado» en el juicio.
• En «la mentira 4«, afirmó que «los legisladores fueron obligados desde el Poder Ejecutivo Nacional para votar de manera afirmativa los proyectos de leyes de presupuesto que eran remitidos al Congreso».
La Vicepresidenta reseñó que en el juicio «quedó acreditado que jamás se presionó o coaccionó a los legisladores para votar favorablemente las leyes de presupuesto del período 2004-2015».
Además afirmó que «la propia oposición durante los ejercicios 2010 y 2011 presentó proyectos de presupuesto alternativos que incluían las mismas obras que son cuestionadas».
Asimismo, dijo que » las leyes de presupuesto del período fueron votadas afirmativamente por legisladores de la oposición, tales como Graciela Camaño, Federico Pinedo, Cristian Ritondo, Gerardo Morales y Pablo Tonelli. Y naturalmente, por quien se desempeñó en todo el período como jefe del bloque de senadores del oficialismo, Miguel Ángel Pichetto».
• En «la mentira 5«, explicó que ni Néstor Kirchner ni ella aumentaron las partidas del presupuesto a través de DNU sin intervención del Congreso para beneficiar a las empresas de Lázaro Báez».
«Todos los DNU que ampliaron partidas fueron expresamente validados por el Congreso de la Nación» y contaron con «los controles de legalidad practicados por los servicios jurídicos» y además todos, «ampliaron partidas presupuestarias con carácter general», herramienta «utilizada por todos los gobiernos constitucionales a partir de la reforma del año 1994 y tiene una clara justificación económica».
• En la «mentira 6«: negó que los gobiernos kirchneristas hayan utilizado los fondos del fideicomiso creado por el Decreto N° 976/2001 sin intervención del Congreso para financiar de forma ilegítima a las obras viales en la provincia de Santa Cruz», la Vicepresidenta afirmó que ese fideicomiso «existía con anterioridad al año 2003 y había sido creado durante la Presidencia de Fernando De la Rúa, con el propósito de financiar proyectos de inversión viales».
• En tanto, en la «mentira 7«, que sostiene que Cristina dictó el Decreto N° 54/2009 incorporando a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) como beneficiaria del fideicomiso creado por el Decreto N° 976/2001 pese a la opinión contraria de los servicios jurídicos y con el propósito de que se asignaran fondos a las empresas de Lázaro Báez».
Cristina señaló que «quedó acreditado en el juicio que este decreto constituyó una simple norma de asignación de funciones» y que el mismo «fue refrendado por distintos Ministros» y «contó con todos los controles de legalidad practicados por los distintos servicios jurídicos en la esfera administrativa» así como también «jamás existió un dictamen jurídico que aconsejara que este decreto no fuera firmado» y, por otra parte, «el decreto no tenía relación alguna con la asignación de fondos para ninguna obra vial en particular».
• En el ítem siguiente, titulado «mentira 8, se dijo que se hizo uso de las decisiones administrativas, cuya competencia corresponde a los Jefes de Gabinete, para redireccionar recursos económicos en favor de Lázaro Báez».
La funcionaria explicó que «todos los ex Jefes de Gabinete declararon bajo juramento de decir verdad que jamás recibieron instrucciones direccionar partidas presupuestarias para financiar proyectos viales en la provincia de Santa Cruz».
• En la «mentira 9«, desestimó que el Ministerio de Planificación y la Dirección Nacional de Vialidad hayan aumentado ilegalmente las partidas correspondientes a las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez».
Cristina aclaró que » Las decisiones adoptadas en el área de Planificación y en la DNV se corresponden con las autorizaciones otorgadas expresamente por la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de decisiones administrativas y no con directivas impartidas desde la Presidencia de la Nación».
• Sobre la «mentira 10, que sostiene que durante los años 2003 y 2015, el Poder Ejecutivo Nacional impidió que el Congreso de la Nación tuviera conocimiento sobre cuál era el destino de las partidas presupuestarias incluidas en las leyes de presupuesto (apagón informativo)», la Vicepresidenta dijo que «quedó demostrado que la Fiscalía deliberadamente ocultó los créditos presupuestarios aprobados por el Congreso para cada una de estas obras en las sucesivas leyes de presupuesto, lo cual desmiente el argumento de que fueran subvaluadas».
• En la «mentira 11«, que afirma que el Congreso aprobó las Cuentas de Inversión sin efectuar ninguna evaluación seria», la Vicepresidenta remarcó que «las Cuentas de Inversión contienen un detalle exhaustivo de los pagos» y que «El personal administrativo de la DNV explicó que no hubo ningún pagos efectuados a las empresas de Lázaro Báez o a cualquier otro contratista que no estuviese debidamente registrado ante los sistemas del organismo y en los sistemas informáticos administrados desde la ONP».
• En «la mentira 12«, es la que sostiene que a finales de noviembre de 2015, se ordenó aumentar las partidas presupuestarias de las obras adjudicadas a Lázaro Báez para que le fuera pagada una suma superior a los 500 millones de pesos».
Fernández de Kirchner recordó que «durante el año 2015 el PEN redujo considerablemente las partidas presupuestarias asignadas por el Congreso a Santa Cruz para realizar obras viales» y que «a finales del mes de noviembre de 2015 no se hizo ningún pago en favor de las empresas de Lázaro Báez».
• En relación a la «mentira 13: El 30 de noviembre de 2015 Fernández de Kirchner viajó a la provincia de Santa Cruz para reunirse con Lázaro Báez y diseñar el plan limpiar todo, que consistía en el abandono de las obras realizadas en Santa Cruz y el despido de todos los empleados de las empresas de Báez» la funcionaria manifestó que «la noticia periodística aportada por la Fiscalía tendiente a acreditar dicho encuentro no correspondía al día 30/11/2015 sino al 29/11/2015» y que «el día 30/11/2015, en el mismo momento en que según la Fiscalía Fernández de Kirchner tenía un encuentro con Báez, Fernández de Kirchner participaba de un acto público en Río Negro que fue transmitido en vivo y en directo para todo el país».
• Sobre la «mentira 14«, la que asegura que las relaciones comerciales entre Lázaro Báez y Néstor Kirchner y Cristina Fernández eran actos ilegales que encubrían el retorno de ganancias ilícitas producidas a raíz de la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz», la Vicepresidenta señaló que «los contratos comerciales que enumera la Fiscalía como prueba de un delito ya habían sido denunciados muchos años antes, determinando la justicia que no constituían ilícito» y que «es falso que tales contratos representen supuestos retornos en favor de la familia Kirchner, pues son actos en los cuales se intercambian prestaciones reciprocas (vgr., pago del precio de un alquiler o la compra de un bien)».
• La «mentira 15, es la que señala que la expresidenta dio las órdenes para que se adjudicaran de manera ilegítima obras viales en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez» fue descartada por la titular del Senado al explicar que «la Presidencia de la Nación no tiene competencia alguna en los procesos de licitación, ejecución o pago de los proyectos viales investigados en la causa ni en ningún otro que se hubiese realizado en el período 2003 y 2015».
• La «mentira 16«, que se omitieron llevar a cabo controles que impidieran la comisión de irregularidades en las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez, pese a las alertas efectuadas por el ex Ministro de (Economía) Roberto Lavagna y por la AGN» fue desestimada también en el hecho de que «no existe ninguna disposición constitucional, legal o reglamentaria que imponga a la Presidencia de la Nación el deber de controlar los actos administrativos que lleva a cabo la DNV ni mucho menos los que desarrolla un órgano provincial (AGVP)».
«El ex Ministro Lavagna explicó que su denuncia fue canalizada a través de la Comisión de Defensa de la Competencia y que Néstor KIrchner no debía tomar ningún tipo de intervención en ese trámite»
• En el punto 17, la exmandataria desmintió el uso del aparato estatal para que la obra pública vial de Santa Cruz se concentrara en un único grupo empresario y que su titular (Báez) pudiera apropiarse de otras empresas radicadas en la provincia de Santa Cruz».
Recordó que «la concentración de obra pública en empresarios locales es un fenómeno que se da en forma generalizada en el resto del país» y que «los testigos que vinieron al juicio explicaron detalladamente las razones por las que se producen tales concentraciones sin que ello pueda suponer ningún tipo de irregularidad (así lo declaró entre otros Ángelo Calcaterra, -un empresario vinculado a las empresas del expresidente Mauricio Macri-«.
• La «mentira 18«, es la que sostiene que de los gobiernos se dictaron leyes provinciales fundamentales (obra pública) con el exclusivo propósito de que las empresas de Báez ganaran las licitaciones de Santa Cruz».
Eso, según la titular del Senado, fue refutada en el hecho de que «se encuentra acreditado en el juicio que casi todas las provincias argentinas cuentan con sus propias leyes de obra pública», y que el Congreso de Santa Cruz votó libremente» esa normas»
• Respecto de la «mentira 19«, que asegura que en todas las licitaciones ganadas por las empresas de Lázaro Báez se pagaron sobreprecios millonarios», Cristina sostuvo que «la Fiscalía jamás pidió un estudio pericial que demostrara esta acusación» y que «el estudio pericial se realizó exclusivamente a instancias de las defensas y fue limitado por el Tribunal a sólo cinco obras elegidas según criterios fijados por los acusadores».
• Por último, «la mentira 20«, Cristina indició que el argumento que las obras «no se demoraron de manera injustificada, ni presentaron deficiencias constructivas».
«La prueba incorporada al juicio (documental, testimonial y pericial) demostró que las demoras que las obras registraban se encontraban debidamente justificadas en los distintos expedientes administrativos sustanciados al respecto», puntualizó.
