Filtración de chats del excustodio de Lacalle sacude al país
La filtración de chats de un excustodio de Lacalle Pou sacude Uruguay
La aparición de una serie de chats en los que el exjefe de la seguridad del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, ofrece a un empresario argentino contactos en Inteligencia y el uso de un programa oficial para intervenir celulares llevó a que el ministro del Interior diera explicaciones ante una comisión del Senado, mientras dirigentes de la coalición opositora de izquierda Frente Amplio hablaron de un “escándalo sin precedentes”.
Alejandro Astesiano estuvo a cargo de la custodia del mandatario uruguayo hasta hace un par de meses, cuando fue detenido acusado de formar parte de una organización que fraguaba documentación para otorgar pasaportes a ciudadanos rusos.
Antes de su detención borró toda la información de su celular, pero la Policía Científica logró recuperar el 100% del contenido, inclusive varios intercambios que había tenido por WhatsApp, que se encuentran a disposición de la Fiscalía y algunos de los cuales trascendieron en estos días en la prensa local.
Según dio a conocer el medio La Diaria, en una serie de conversaciones de septiembre pasado figura un empresario agropecuario argentino, que produce trigo y soja en la Argentina, Paraguay y Uruguay, al que Astesiano le da información, supuestamente obtenida a través del sistema El Guardián, que utiliza el Gobierno para ordenar escuchas telefónicas, así como de sus contactos en Inteligencia.
De acuerdo con el medio, el empresario quería confirmar si algún vehículo «furtivo» participaba sin autorización en descargas de trigo y soja de su propiedad.
Las explicaciones del ministro del Interior
Por su parte, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, compareció el lunes ante la Comisión de Seguridad del Senado y aseguró que es «una mentira» que el exjefe de seguridad presidencial haya podido acceder a El Guardián.
«Sólo puede intervenirse un teléfono cuando lo realizan los operadores telefónicos, y ellos no hacen la interceptación de la llamada si no es con orden judicial, y para que haya orden judicial tiene que haber un pedido de un fiscal, y para que haya un pedido de un fiscal tiene que haber una investigación policial que amerite interceptar ese teléfono. O sea, que es prácticamente imposible que alguien ajeno a la Policía, a la Fiscalía o al Poder Judicial pueda intervenir desde El Guardián”, sostuvo Heber ante la prensa.
El ministro aseguró que no hay otro sistema oficial que no sea El Guardián y que este «está debidamente auditado». «Cada tres meses tiene que auditarse por parte de la Suprema Corte de Justicia”, aseguró, en declaraciones recogidas por el diario El País.
Ante la consulta de la prensa de cómo se explica lo que decía Astesiano en sus chats, el ministro respondió: «No puedo explicar una mentira. Una mentira es una mentira, no tiene explicación”.
En la jornada de ayer participamos de la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia.
Con el fin de informar sobre el correcto funcionamiento del Programa “El Guardián”, y a su vez realizar una puesta a punto sobre los datos estadísticos de delitos en el país. pic.twitter.com/yHfdqcr8Bu
— Luis Alberto Heber (@Luisaheber) November 22, 2022
La fiscal del caso, Gabriela Fossati, había aclarado la semana pasada que no está comprobado que el excustodio haya tenido acceso al sistema. «El hecho de que alguien haga alarde de que puede hacer tal cosa no quiere decir que efectivamente lo haya hecho”, indicó en un comunicado.
De todas formas, la Fiscalía citó para la próxima semana al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el prosecretario Rodrigo Ferrés, así como a otros funcionarios como testigos después de que en las conversaciones de Astesiano éste sugiriera que tenía acceso al sistema de escuchas, así como a las cámaras del Ministerio del Interior.
El contacto con Marcelo Balcedo
De las conversaciones también surge que el excustodio oficial tuvo contacto en julio con alguien supuestamente cercano al sindicalista y empresario argentino Marcelo Balcedo, que fue detenido en 2018 en Uruguay por una condena de evasión fiscal y lavado, que le pide que interceda para lograr una reunión con Lacalle Pou.
“Dale, movete que hay mucha guita”, le dice este hombre a Astesiano. Balcedo cumple actualmente prisión domiciliaria en el este de Uruguay y en mayo inició un juicio por 22 millones de dólares contra el Estado uruguayo, al que acusa de haber frustrado un negocio millonario.
El Frente Amplio (FA) anunció este lunes la creación de un grupo de seguimiento a la investigación de Astesiano. «El FA tiene que dar un seguimiento porque posiblemente en el futuro tenga que haber acciones parlamentarias más de fondo», dijo el presidente de la coalición opositora, Fernando Pereira.
«No nos precipitamos, no queremos generar un tema de fácil solución, creemos que hubo actos de corrupción graves en el gobierno al lado del presidente y nadie se lo advirtió. Fallaron todos los mecanismos de prevención», aseguró.
Por su parte, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, que es considerado uno de los posibles candidatos del FA para las próximas elecciones presidenciales de 2024, habló hoy de un «escándalo sin precedentes».
«Dije que con lo de Astesiano no habían cuidado a la Presidencia. Es mucho peor. La Presidencia hoy aparece involucrada en un escándalo sin precedentes. Más allá de lo que dictamine la Justicia, hay una responsabilidad política que se tiene que asumir. Por el bien de la República», manifestó hoy en Twitter.
Lacalle Pou defendió la actuación y aseguró que se está colaborando en la investigación: «El Gobierno no tiene cola de paja. Estamos tranquilos con lo que hicimos. Me puedo equivocar, pero hacer las cosas mal, afuera de la ley, no. Me parece que en este tema hay que ir hasta el hueso”.
Astesiano es uno de los cinco imputados por falsificación de documentos para que ciudadanos rusos obtuvieran el pasaporte uruguayo. Además de él, están implicados en el caso dos ciudadanos rusos, un escribano y su esposa, acusados de formar una red ilícita.
A su vez, hay dos jerarcas policiales que están indagados por el caso, uno con cargo «jerárquico» y otro con un cargo «muy jerárquico», según la fiscal.
Las razones que hacen «imposible» que Astesiano accediera a El Guardián, según Heber
El Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, consideró imposible que el exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano -o bien otra persona ajena al sistema que administra las escuchas telefónicas legales- haya accedido a El Guardián.
Las posibilidades de acceso de Astesiano –imputado por asociación para delinquir, suposición de estado civil y tráfico de influencias vinculado a la concesión irregular de pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos- fue el tema excluyente de la presencia de Heber este lunes en el Parlamento-.
Sobre todo luego que el excustodio hubiera ofrecido a particulares -a partir de lo que surge de la investigación fiscal- el uso de El Guardián para efectuar escuchas telefónicas. Si bien en los chats de Astesiano queda claro que ofrecía ese servicio, no existen indicios que efectivamente lo haya utilizado, según la información que manejan en fiscalía. «Es mentira, no puede (usarlo)», remarcó Heber. » Es mentira suya o de algún otro. No existe la posibilidad de que pueda ingresar», agregó según consta en la versión taquigráfica.
Pese a que ingresó a la sesión con la voluntad firme de «no hablar de Astesiano», sobre le que dijo desear «que caiga todo el peso de la ley», Heber se refirió largamente al imputado y sus afirmaciones. Así, fueron varias las veces que remarcó como imposible que el excustodio tuviera la potestades que dijo tener en referencia al sistema de escuchas.
«No lo puedo hacer yo ni el presidente de la República, ni nadie que no esté debidamente autorizado por la unidad policial», insistió el jerarca.
Heber elevó a los legisladores un extenso informe, al que accedió El Observador, que según su punto de vista iría a despejar cualquier duda. «Estoy seguro que después de la información no vamos a tener dos opciones», dijo Heber, ante las cinco preguntas que le formuló el Frente Amplio. «De lo contrario, nunca nos vamos a entender». El ministro pasó allí a explicar cómo funciona el sistema.
«Es muy común creer que El Guardián intercepta teléfonos, pero no es así», remarcó el ministro. «No tenemos sistema de interceptación de teléfonos en El Guardián». Quienes lo hacen, precisó, son las operadoras telefónicas. «Esto debe quedar claro, así no nos confundimos». Así, ninguna operadora puede intervenir un teléfono sin que un abogado de esa misma operadora certifique que existe una orden judicial correspondiente.
Lo que hace El Guardián, insistió, es procesar esa información, analizarla y aplicarle inteligencia. Así es, dijo, desde que el sistema comenzó a funcionar. Allí Heber apeló a precisiones del exsubsecretario del Interior Jorge Vázquez y del exdirector general Charles Carrera -hoy senador del Frente Amplio- dando garantías en cuanto a su instrumentación.
Heber insistió: la legislación determina que el único actor que puede autorizar interceptaciones legales es un juez luego de recibida la solicitud por parte de un fiscal. El magistrado es que determina si existe mérito para hacerlo. Todo el proceso, además, debe haberse por escrito. La Policía, dijo, puede sugerir la interceptación, puede hablar y dar argumentos al fiscal, «pero el que habla con el juez es el fiscal», afirmó.
Es imposible, o no tanto
«Rotundamente no», señaló Heber ante la pregunta de si es la Policía la que administra el sistema. La Policía, al igual que fiscales y jueces, debe tramitar credenciales de acceso y capacitación. «Técnicamente no somos los que pinchamos los teléfonos, sino que la operadora nos pasa la información de lo que se escucha», remarcó. Las interceptaciones, además, tienen fecha pautada de inicio y finalización.
Todo forma parte del Sistema de Administración de Interceptaciones Legales (SAIL), que entre otros mecanismos de seguridad marca un acceso restringido a través de la intranet del ministerio, desde redes definidas por cada unidad policial. El SAIL, además, genera un reporte trimestral con todas las tramitaciones del período. La Suprema Corte de Justicia, por otra, parte, audita al ministerio regularmente. «Es imposible que alguien ajeno a todo esto pueda ingresar», insistió.
El Frente Amplio -que en el pasado gobierno defendía la integridad del sistema- ahora lo cuestiona. «Cualquier sistema, por bien diseñado y dirigido que esté, puede ser perforado» apuntó el senador Enrique Rubio, que aventuró como «muy arriesgado» decir que lo que afirmó Astesiano es falso o que el excustodio es un mentiroso. «O es un gran delincuente o se convirtió en la cabeza de una trama delictiva de impacto destructivo en los más diversos niveles», estimó.
«No hay sistema que no pueda ser perforado en la medida en que lo maneja gente», precisó. A Rubio le resulta «poco verosímil» que el contenido de la secuencia de chats de Astesiano que se ha difundido sea una mera invención «dadas las otras actividades y modus operandi del sujeto de la banda que estaba detrás de esto».
Rubio recordó que a mediados de 2021 el Frente Amplio cursó un pedido de informes sobre El Guardián. La respuesta, contó, llegó el 17 de junio de este año. Allí el ministro Heber solo respondió una de las preguntas. Otro pedido de informes, presentado este 22 de setiembre, aún no tuvo respuesta.
Al respecto, el ministerio aportó este lunes información complementaria. Allí se indicó que 462 policías cuentan con acceso al sistema de interceptaciones en un total de 29 unidades.
«Para perforar el sistema tendría que generarse una acción policial que generara a su vez una sugerencia al fiscal», insistió Heber. El fiscal, a su vez, tendría que implicar a un juez en la decisión. Además -en momentos de feria judicial- cuando los jueces son subrogados, las acciones son detenidas. «Es muy díficil, para mí imposible, perforar al sistema«, remarcó. «Quien diga que ingresó en El Guardián por el solo hecho de levantar un teléfono y tener un contacto, miente».
El Frente Amplio consideró que las explicaciones del ministro no fueron suficientes y analiza ahora interpelarlo.
Las Cámaras de Presidencia
El Ministerio del Interior precisó además que la custodia presidencial -de la que Astesiano era el encargado- nunca tuvo usuario en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP) por el que se registran más de 300 mil eventos, tanto delitos como accidentes, en forma anual. La información allí contenida, se precisó, es reservada desde 2017. Eso implica que quienes pueden ver una denuncia en todo su desarrollo son los «cinco o seis policías» que investigan el caso. Así, aunque Astesiano pudiera tener acceso al sistema, no podría acceder a una información particular, ya que el sistema contempla más de 420 roles y permisos distintos.
Lo que sí puede hacer la custodia presidencial es ver o consultar información de personas y vehículos requeridos. Presidencia además tiene acceso a todas las cámaras que el Centro de Comando Unificado (CCU) tiene en todo el país. «Es una condición que tiene el presidente y también la gente que lo rodea», precisó el ministro Heber.
Además, según precisó el director de la División Sistemas de Información, Fabricio Fagúndez, todo el sistema queda auditado. Precisamente la Fiscalía ha solicitado recientemente auditorías de determinada información que ha surgido a raíz de la investigación. Para el comisario es seguro que Astesiano no tenía acceso al SGSP y que, por lo tanto, desde allí tampoco tenía acceso a información relativa a movimientos migratorios. «Al no tener usuario no tenía esa información. Al menos por cuenta y orden suya, no la tenía», dijo.
Lacalle Pou sobre fiscal del caso Astesiano: “Si lo empezó, que siga y lo termine”
El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este martes al caso que investiga la fiscal Gabriela Fossati sobre la falsificación de documentos que involucra al exjefe de seguridad del mandatario, Alejandro Astesiano. La fiscal ha pedido públicamente abandonar el caso, algo que deberá resolver el fiscal de Corte, Juan Gómez. Al respecto, Lacalle Pou opinó este martes en una rueda de prensa que Fossati debería quedarse hasta el final.
Lacalle, que se encontraba en Punta del Este, aclaró que no es un tema en el que él tenga que decidir, pero opinó que “la persona que tiene este caso que lo siga hasta el final”. Según el presidente, a Fossati se “le ha brindado toda la información que requiere y se le va a dar todavía más, toda la que pida; hay que hacerlo”.
A su entender, el traslado del caso a otro fiscal no es buena idea porque “no puede quedar la duda, si se cambió el fiscal o no se cambió”. “Agarró ese fiscal, está haciendo ese trabajo, me imagino que a conciencia o quiero creer que a conciencia, como la mayoría de los fiscales”, agregó.
“Hay que darle toda la información y que termine el caso, y que después se sepa toda la verdad. El gobierno no tiene cola de paja, nosotros no tenemos cola de paja, estamos tranquilos con lo que hicimos. Una vez más: me puedo equivocar, capaz que más de una vez -ojalá que no, por el bien de Uruguay-, ahora, ¿hacer las cosas mal, fuera de la ley? No. Entonces me parece que en este tema, como en todos, hay que ir hasta el hueso”, dijo el presidente.
En esta línea dijo que desde Presidencia se presta toda la colaboración posible y mencionó, por ejemplo, que acudirán a declarar como testigos el secretario y el prosecretario de presidencia, Álvaro Delgado y Rodrigo Ferrés. “La fiscal entenderá cuáles son las preguntas que les tienen que hacer, nosotros no tenemos nada que esconder”, reiteró.
“Es una opinión personal. Le corresponde al fiscal de Corte [definir] quién va a quedar, pero me parece que si [Fossati] empezó el caso, ¿por qué se va ir? Que lo termine, si es la que tiene todos los elementos y sabe dónde va, supuestamente sabe a dónde va”, dijo Lacalle Pou y agregó: “¿La suspicacia cuál es? La cambiaron, ¿por qué? Si empezó, que siga, que termine, y los que tengan que ir presos que vayan presos y los que no, que se declaren inocentes, de eso se trata”, lanzó el mandatario.
