Colombia | Petro tras aprobarse la reforma tributaria: “Por primera vez hablamos de impuestos a los más ricos”
“Por primera vez hablamos de impuestos a los más ricos”: Petro sobre la tributaria
Poco más de un mes de discusión le tomó al Congreso aprobar la reforma tributaria propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Este jueves, la Cámara de Representantes aprobó la conciliación del documento, que ya había sido avalado el miércoles por el Senado, por lo que solo falta que sea sancionado por el presidente Petro para que se convierta en Ley.
Durante la celebración de los 103 años de la Fuerza Aérea Colombiana, el mandatario expresó su satisfacción por el trámite de la iniciativa, que si bien tuvo varios traspiés en el Congreso, le servirá para financiar su plan de Gobierno y varias de las promesas que hizo en campaña.
El presidente Petro reiteró que la reforma fiscal impondrá tributos inéditos a quienes más dinero tienen y aplaudió al Congreso por “demostrar que está al servicio de quienes más lo necesitan” y “que está al servicio del interés general y no del particular”.
“Por primera vez, en muchas décadas, hablamos de ponerle impuestos a las capas más ricas de la población para financiar los gastos y las inversiones en la población más pobre del país”, mencionó el mandatario sobre la destinación de los $20 billones que pretende recaudar la reforma tributaria, en que se priorizará la “justicia integral” en el país.
De acuerdo con Petro, tanto los impuestos como el gasto social, que denominó “riqueza nacional”, es su apuesta para que Colombia empiece “un camino hacia la justicia” y deje atrás su pasado como “uno de los países más desiguales de la tierra”.
Aprobada la reforma tributaria, que para muchos era el proyecto más importante de estos primeros meses del Congreso, ahora viene el trámite de las reformas política y pensional. Sobre esta última, que sin embargo tendrá su discusión el próximo año, el mandatario dio algunas líneas que pretende con la iniciativa.
Según dijo, la reforma cuyo proceso de concertación inició este mes y finalizará en febrero, está planteada para dar resultados en tres años. En los dos primeros años, dijo, el objetivo es bajar la deuda para que a partir del tercero se implemente un sistema pensional de cobertura total para quienes cumplan con la edad de pensión.
El mandatario explicó que el objetivo es “liberar $18 billones del presupuesto anual que hoy se gastan subsidiando el pago de pensiones para tener más capacidad de reducir la deuda en los dos primeros años: $9 billones de ellos; y a partir del tercer año lograr un sistema que sea del 100% de cobertura”. Su visión es que de esta forma 3 millones de ancianos que no cuentan con pensión tengan, al menos, medio salario mínimo de pensión individual.
Así quedó la reforma tributaria de Petro aprobada en el Congreso
Por María Camila González Olarte y Manuela Galvis
Después de tres meses de discusiones, el nuevo Gobierno de Gustavo Petro logró aprobar la reforma tributaria más grande en la historia reciente. El proyecto aprobado hoy en el Congreso recaudaría unos 20 billones de pesos en promedio entre el 2023 y el 2026, según el Ministerio de Hacienda.
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Esos ingresos equivalen al 26 por ciento del presupuesto de inversión del Gobierno. Se trata de una inyección enorme con la que se financiará el programa político de Petro, aunque aún no han detallado exactamente cómo. Según ha dicho el ministro, José Antonio Ocampo, tramitarán una adición presupuestal que incluya lo que se consiguió para los gastos de 2023, un año electoral.
La reforma final de Ocampo obtiene la mayoría de su recaudo con una mayor carga a las empresas, sobre todo al sector de hidrocarburos, y a las personas más ricas. En ese sentido, cumple con su objetivo principal de hacer más progresivo el sistema tributario.
Sin embargo, lo hace recostándose sobre todo en el sector empresarial, ahondando una dependencia del sistema tributario colombiano en las personas jurídicas. De acuerdo con cálculos del Minhacienda, el 57 por ciento de los recursos en 2023 provendrá de los impuestos a las empresas de petróleo y carbón.
Ese monto bajaría a 35 por ciento en 2024, 20 por ciento en 2025 y 14 por ciento en 2026, en la medida en que la sobretasa de renta se reduzca en la medida en la que baja el precio del petróleo, el gas y el carbón. Con eso, desde el 2025 la reforma dependerá en gran medida de la eliminación de unos beneficios al sector empresarial, más impuestos a los más ricos y de los impuestos saludables, que se introducen por primera vez en el país.
Actualmente, el 25 por ciento del recaudo de impuestos en Colombia depende de las empresas y el 6 por ciento de las personas naturales, según el informe de la Comisión de expertos en beneficios tributarios. Esto va en contravía de lo que sucede en países más desarrollados.
Por ejemplo, el promedio de la Ocde entre personas y empresas es de 24 por ciento versus 9 por ciento. De esa forma, los impuestos se recogen sobre todo de la riqueza de las personas y no tanto de las empresas, que son los vehículos para innovar y crear empleo.
Aunque aún no hay cálculos de cómo modifica el balance la reforma de Ocampo y Petro, de entrada es evidente que no le quita la carga a las empresas, sino que la aumenta.
Por eso, esta reforma ha dividido las opiniones de economistas y empresarios, muchos de los cuales la consideran profundamente lesiva para el sector privado y el emprendimiento individual.
“Cuando se mira lo que es el impuesto de renta para las empresas, que es del 35 %, pues también tenemos hoy en día, ya en Colombia, la tasa de impuesto de renta más alta entre los países de la Ocde. Es decir, no somos competitivos en términos de tributación de la empresa”, dijo en una entrevista Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.
Con una mayor dependencia, al menos en los dos primeros años, de los impuestos a los hidrocarburos, la reforma también ha creado diferencias entre las posiciones de la empresa más grande del país, Ecopetrol, que tiene como accionista mayoritario al Estado, y los privados de ese sector.
Francisco José Lloreda, presidente del gremio de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP, ha dicho en varios espacios que la tributaria asfixiará al sector y que el efecto será que el país “recaude menos en 3 o 4 años de lo que que recauda sin la tributaria”.
Pero Felipe Bayón, el recién ratificado presidente de Ecopetrol, salió en medios a decir que el efecto de la tributaria será “significativamente menor” que lo previsto. “Si los precios están más altos y a la industria le está yendo bien, nosotros consideramos que es absolutamente razonable que la industria pague más, y desde Ecopetrol, que paguemos más”.
Sin embargo, como señaló en repetidas ocasiones el ministro Ocampo, más allá de los detalles puntuales, el espíritu de la reforma fue avalado por organizaciones multilaterales como el FMI, tuvo el visto bueno de la Ocde, y uno de sus puntos principales, el impuesto a las compañías de hidrocarburos, fue impulsado por el mismo Secretario de la ONU, Antonio Guterres.
La deuda de bajar la tarifa de renta a las empresas, que se quedó en 35 por ciento y es una de las más altas de los países miembro de la Ocde, quedó como un objetivo explícito para el futuro. Y Ocampo ya dijo este miércoles que la próxima reforma será para “bajarle los impuestos a las empresas y no subirlos”. Aunque las promesas de quitar impuestos son difíciles de cumplir, sobre todo para políticos de izquierda.
Una reforma progresiva para un Estado más grande
Una de las banderas de Gustavo Petro en campaña era que esta reforma sería más progresiva, en la medida en la que los que ganan más pagan más.
Eso lo logró en cuanto a los impuestos a los más ricos y la creación de un impuesto al patrimonio permanente. En el cálculo inicial de la reforma, cuando recaudaba 25 billones, modificaba el Gini de 0,514 a 0,419, que es la medida para saber qué tan desigualdad es o no un país.
Con esa progresividad y el mayor recaudo, Colombia mejora su capacidad de financiar el crecimiento del Estado y mejorar su sostenibilidad fiscal. Un cálculo inicial señala que con la tributaria de Petro Colombia el recaudo pasa del 18,7 por ciento del PIB al 20 por ciento (asumiendo que la reforma recauda el 1,3%). Aún así, sigue lejos del promedio Ocde de 34 por ciento, incluso por debajo del regional de 22 por ciento.
La otra deuda de la reforma tributaria y que fue un pedido de varios analistas, como los de la Comisión de expertos en beneficios tributarios, es que se eliminen las exenciones que hay al IVA y que se desmonten beneficios preferenciales a unos sectores empresariales.
La tributaria no tocó el IVA para no afectar los precios de la canasta básica, que explican buena parte de la inflación que sólo cederá hasta el próximo año. El otro motivo, más político, es que el Gobierno quiso evitar un paro nacional como el que se vio en 2021 por la tributaria de Carrasquilla, que sí le quitaba esas exenciones al IVA y eso afectaba a los hogares más pobres y vulnerables.
El desmonte de los beneficios a las empresas fue más agresivo en el proyecto de ley radicado el 8 de agosto, pero en el tire y afloje en el Congreso se quedaron unas tarifas de renta más bajas al sector hotelero, al turismo y las editoriales.
Y a última hora del debate legislativo, los congresistas lograron conseguir unas tarifas más bajas, de 30 por ciento, para las mipymes que tengan una renta líquida gravable de 155,8 millones de pesos al año.
Los pulsos que se libraron durante el trámite de la tributaria
Cuando Ocampo habla de la reforma tributaria en eventos públicos dice que ha sido una de las más consensuadas y debatidas de la historia. Él mismo cuenta que se ha reunido por lo menos unas 400 horas con congresistas, empresarios y gremios para discutir el articulado.
El resultado de eso fue una reforma que no cambió mucho frente a la primera ponencia, porque el Gobierno no cedió en los puntos clave de recaudo como los impuestos a los hidrocarburos, pero sí le dio mermelada técnica a los partidos tradicionales con cambios en artículos menores.
Los impuestos a las bebidas azucaradas y a los ultraprocesados lograron pasar en el Congreso después de varios intentos fallidos en el pasado, pero el gobierno cedió para favorecer a los grandes productores de esas bebidas, sobre todo a Postobón.
En la pelea, los congresistas consiguieron que esos impuestos no entraran en vigencia en enero de 2023, sino en en noviembre de ese mismo año y que además se subiera el umbral para que menos productos paguen impuestos.
Los partidos tradicionales lograron también que se les destinara 3 de los 5 puntos porcentuales del recaudo de la sobretasa a las entidades financieras a proyectos de vías en zonas rurales, beneficiando al partido Conservador que tiene su cuota en el Ministerio de Transporte con Guillermo Reyes, el ministro.
El gran golpe a la progresividad de la reforma fue la caída de un impuesto de renta a las pensiones altas. Ahí ganaron los congresistas y sus padrinos políticos que se ven directamente beneficiados de no tener que pagar impuestos por pensiones que superan los 13 millones de pesos y que para ellos pueden ser rentas que son de hasta 25 millones de pesos.
Los ambientalistas también tuvieron su parte en la reforma. Lograron que la mitad del recaudo del impuesto al carbono estuviera destinado a proyectos ambientales y la otra mitad se fuera para financiar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis.
Diálogo Gobierno-Eln: conteo regresivo para su reanudación
Los diálogos entre el gobierno de Gustavo Petro y el Eln están a tres días de comenzar formalmente. Aunque todavía no hay un pronunciamiento oficial de Presidencia, ya se han hecho públicos los nombres de algunos negociadores designados por el mandatario, así como lugares y fechas claves dentro de la reanudación de este proceso, dadas a conocer a El Espectador por fuentes cercanas a la mesa, cuya instalación se espera sea a más tardar el próximo lunes 21 de noviembre, todo enmarcado en la iniciativa gubernamental de “paz total”.
El lugar de los diálogos
Las conversaciones, suspendidas durante el mandato de Iván Duque, parecen ahora, con el nuevo Gobierno, ver una nueva luz para buscarle una salida al conflicto con esa guerrilla, algo que no parecía posible desde la administración de Juan Manuel Santos. Petro ha jugado sus cartas y, además de volver a hablar de paz con distintos actores armados, ha apostado por retomar las relaciones con Venezuela, hechas trizas hace más de siete años, dándole un rol casi protagónico dentro de su búsqueda de paz. Fuentes cercanas al Gobierno y a la oficina del Alto Comisionado para la Paz le aseguraron a este diario que será el vecino el lugar donde se reinstale la mesa de diálogos en los que, según dicen, cada fase durará entre 20 y 24 días.
La participación de Venezuela será fundamental, porque además de ser sede del inicio de las conversaciones, es también país garante. A pesar de esto, y de que se deposite tanta responsabilidad en el país gobernado por Nicolás Maduro, existen algunas dudas de la pertinencia de que esa nación asuma esas funciones. Según la organización Insigth Crime, el Eln es una guerrilla binacional, es decir, que se ubica y opera en los dos países, por lo cual resultaría inconveniente que uno de los garantes tenga el problema en su propio territorio. Por otra parte, diputados, académicos e investigadores venezolanos han asegurado incluso que opera en su país como un “grupo paramilitar” afín al gobierno Maduro.
Los equipos negociadores
El presidente Petro ha demorado el anuncio, pero algunos nombres han ido sonando en la posible lista que se espera sea entregada de manera oficial entre hoy y el domingo. Lo que sí dejó claro el mandatario es que Otty Patiño, exintegrante del M-19 y exconstituyente de 1991, será el jefe negociador. A su lado, de acuerdo con fuentes cercanas al Congreso y a la Presidencia, estará el senador Iván Cepeda, una de sus fichas dentro del Capitolio de la coalición gubernamental y una de las mentes detrás de la apuesta de “paz total”, apoyándola como presidente de la Comisión de Paz del Legislativo.
También se ha dicho que otro de los puestos en la mesa será para la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro. La legisladora es la hija del asesinado candidato presidencial y exdirigente del M-19 Carlos Pizarro Leongómez. En la lista, al parecer, también están los nombres de Alberto Castilla, líder campesino e integrante del Polo Democrático; Horacio Guerrero, exalcalde (e) de Ciudad Bolívar (Bogotá); Olga Lucía Silva, entre otros. Y aunque no lo esperan como negociador, voces cercanas al Eln dicen que al grupo armado le gustaría que el expresidente Álvaro Uribe formara parte del diálogo en algún momento, pues lo consideran como una importante figura política que hoy camina de la mano con la paz.
Al equipo de negociadores se suma el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), José Félix Laufurie. El inesperado anuncio lo hizo el presidente Petro en la noche del pasado jueves durante la Instalación del 39º Congreso Nacional de Fedegán, cuando se le ofreció un puesto en la mesa que se instalaría el próximo 21 de noviembre en Venezuela, propuesta que el ganadero aceptó de inmediato. Laufurie, esposo de la senadora opositora María Fernanda Cabal, ha ido ganando participación durante algunas de las iniciativas del mandatario, pues además suscribió el acuerdo con el gobierno en el cual su gremio se comprometió a vender tres millones de hectáreas para la reforma rural integral que busca la actual administración nacional.
En cuanto a los delegados de la guerrilla, el fin de semana pasado definió a Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell, Bernardo Téllez, Gustavo Martínez, Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, Isabel Torres, Óscar Serrano, Vivían Henao, Ricardo Pérez, Cataleya Jiménez, Eduin Restrepo, Américo Trespalacios, Manuela Márquez, Mauricio Iguarán y Simón Pabón.
La vía libre para negociar
Desde el día de su posesión, Petro ha movido su iniciativa a pasos agigantados y su mayoría parlamentaria le ha permitido destrabar reformas en el Congreso. En relación con la “paz total”, el Gobierno estaba a la espera de la modificación de la Ley de Orden Público (418 de 1997), conocida ahora como “ley de ‘paz total’”, que lo faculta para adelantar negociaciones con actores armados. Esta modificación hace que la paz sea una política de Estado, en la que cada ministerio tendrá que trabajar en pro de ese objetivo. Asimismo, propone una salida al servicio militar obligatorio, dejando como alternativa el social para la paz. Aunque ya se venían adelantando algunas conversaciones con el Eln, Petro estaba de manos atadas hasta que la modificación no pasara su trámite en el Congreso donde fichas como Roy Barreras, Iván Cepeda y María José Pizarro fueron determinantes.
Lo que le queda pendiente
Una vez se instale formalmente la mesa en Venezuela, el tiempo corre para que en el Congreso se presente lo que será la salida al conflicto para los demás actores armados: una ley de sometimiento. Con esto se le muestra al Eln que no estarán ni juntos ni revueltos con otros grupos armados con los que esta guerrilla no quería juntarse. Lo que se dice es que un equipo de juristas, que viene asesorando a Ejecutivo y Legislativo, considera que lo mejor en este momento sería apostarle a una modificación de la justicia ordinaria y no crear una jurisdicción transicional, como fue el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), nacida del Acuerdo con las Farc.
La apuesta de “paz total” es realmente ambiciosa, por lo cual la ley de acogimiento que llegue a las puertas del Capitolio tendrá que ser igual de completa y fuerte para impartir justicia cuando llegue la hora, en caso de que los distintos diálogos lleguen a feliz término. En este aspecto, dicen los juristas, el Eln tiene una característica que lo diferenciará del resto de actores armados: la calidad de actor político. Los demás grupos armados, señalan los abogados, tendrán que someterse a la justicia, pues usan la violencia como herramienta para lucrarse y no para llegar al poder político, como lo buscó en un inicio la guerrilla.
