Colombia | Senado trata ley de «paz total» que da facultades al gobierno para negociar con grupos armados
Por Mateo García
La ‘paz total’ del gobierno de Gustavo Petro arranca una semana decisiva. Este lunes y martes se va a discutir en el Senado y en la Cámara de Representantes, respectivamente, la Ley 418 o ley de orden público, que da facultades al Gobierno Nacional para adelantar negociaciones de paz.
Su aprobación es fundamental para iniciar los diálogos con la guerrilla del Eln, los cuales, según ha manifestado el Ejecutivo, deberían arrancar en las primeras semanas de noviembre, por lo cual es fundamental que la Ley 418 sea pronto ley de la república.
Y en las cuentas del Gobierno, el ambiente político está dado para que la iniciativa sea aprobada y pase a sanción presidencial, teniendo en cuenta que la coalición de gobierno es mayoría en el Congreso y el Ejecutivo pidió a los ponentes retirar dos puntos que causaron polémica y retrasaron una semana el debate.
“Esperamos que el martes tengamos el marco aprobado. El Presidente, la siguiente semana, seguramente, anunciaría los equipos negociadores y la segunda semana de noviembre estaríamos arrancando la negociación con el Eln”, explicó el senador de la Alianza Verde Ariel Ávila, quien es el ponente en el Senado.
«Esperamos que el martes tengamos el marco aprobado. El Presidente, la siguiente semana, seguramente, anunciaría los equipos negociadores».
Todo estaba listo para que el proyecto fuera aprobado el miércoles de la semana pasada en las dos cámaras, teniendo en cuenta que en su primer debate en las comisiones primeras tuvo un resultado muy favorable.
Pero un día antes del debate aparecieron varios artículos que fueron calificados por algunos sectores como ‘micos’, teniendo en cuenta que no estaban en lo aprobado en las comisiones primeras que debatieron la iniciativa en conjunto, pues el proyecto tiene mensaje de urgencia.
Uno de ellos hablaba de darle facultad al Presidente de la República de indultar a personas capturadas por cometer delitos en medio de la protesta social.
Otro le daba al jefe de Estado facultades para realizar sometimiento y acuerdos parciales con estructuras criminales que no son de origen político a través de decretos reglamentarios sin pasar por el Congreso.
“Son temas que se deben debatir mucho más, que deben, además, ir en leyes especiales dedicadas al tema, particularmente el tema de las facultades de ley de sometimiento. Estos artículos fueron iniciativas de congresistas. El Gobierno comparte la intención de los ponentes, pero después de escuchar a las bancadas, les sugerimos retirarlos”, le manifestó el ministro del Interior, Alfonso Prada, a EL TIEMPO, y agregó que esos artículos se discutirán en futuras iniciativas parlamentarias.
¿Qué es la ley 418 o ley de orden público?
La Ley 418 existe desde 1997 y cada cuatro años los gobiernos la prorrogan y le agregan elementos según las necesidades y objetivos que se tengan desde la Casa de Nariño. Permite adelantar “diálogos, negociaciones y la firma de acuerdos con voceros y miembros de grupos organizados al margen de la ley”.
El Gobierno tiene la necesidad de que sea aprobada porque con esta podrá adelantar los diálogos de paz con la guerrilla del Eln según el marco jurídico de las intenciones del Ejecutivo.
Los ponentes de la iniciativa han insistido en que el proyecto permite adelantar negociaciones de paz con grupos de origen político, tal como lo es el Eln y en su momento lo fue la guerrilla de las Farc. Pero han dejado claro que con estructuras de crimen organizado de alto impacto solo se hablará de sometimiento a la justicia, y eventuales negociaciones o diálogos serán para determinar cómo será dicho sometimiento. Es decir, el Estado no cederá ante estos grupos ni dará concesiones, por así llamarlo, como sí puede llegar a ocurrir en el caso del Eln.
El documento que espera ser aprobado indica que una vez se inicien dichas negociaciones, se suspenderán las órdenes de captura.
Entre otros aspectos que contempla la ley se destaca la creación del servicio social, una alternativa al servicio militar obligatorio.
Este podrá realizarse promoviendo la alfabetización digital, trabajo social con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus derechos, y la protección de la naturaleza y la biodiversidad, entre otros. “Vamos hacia un país diferente con un servicio militar social. Los jóvenes escogerán entre uno y el otro”, explicó en su momento el ministro Prada.
De otro lado, se crearán regiones de paz en municipios del Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), los municipios más golpeados por el conflicto y territorios con presencia de organizaciones criminales.
Con esto se pretende priorizar inversión y crear el servicio social, que es un complemento del servicio militar obligatorio. No obstante, el documento aclara que “las regiones de paz no serán zonas de ubicación temporal”.
¿Qué viene para la paz total propuesta Gustavo Petro?
El Gobierno prepara, además, una ley de sometimiento que permita desmovilizar a estructuras criminales que no son de origen político. En unas dos semanas podría estar radicado.
De hecho, ya está casi lista y su borrador tiene 85 artículos. De estos, el Ejecutivo prevé que unos cuatro podrían llegar a ser polémicos, pero esperan que las dudas se aclaren a medida que avancen los debates e, incluso, se pueda fortalecer el articulado.
Con estas dos leyes, de ser aprobadas, el Gobierno queda blindado jurídicamente para comenzar la búsqueda de la ‘paz total’ propuesta por Petro.
Exclusión de ‘micos’ fue celebrada, pero hay controversia
Tras conocer la eliminación de los polémicos artículos de la Ley 418, confirmada por el ministro del Interior, Alfonso Prada, y los ponentes de la iniciativa, Ariel Ávila y Alirio Uribe, desde el Congreso de la República celebraron la decisión.
David Luna, senador por Cambio Radical, afirmó que su partido, que es independiente, acompañó el proyecto en los primeros debates, pero la aparición de esos artículos les causó preocupación, por lo que celebró que el Gobierno “haya entrado en razón retirando los dos ‘orangutanes’, los dos ‘micos’ (…). Cambio Radical acompañó este proyecto en comisiones primeras conjuntas porque consideramos que es una herramienta fundamental para avanzar en la construcción de la paz.
Sin embargo, la inclusión de estos dos ‘micos’ nos generaron una gran desconfianza que, esperamos, pueda resolverse en el debate de este lunes”. Pero, de todas maneras, aseveró que harán una “gran veeduría” al nuevo articulado y, sobre todo, a las proposiciones que se radiquen.
Desde los partidos de gobierno también destacaron la decisión. El senador Humberto de la Calle aplaudió la decisión del Gobierno y la calificó como una actitud “sensata que crea un buen clima para continuar discutiendo ley de orden público”, y agregó que tiene unos reparos que espera discutir en el debate.
Y desde el Pacto Histórico se dieron opiniones divididas. El senador Iván Cepeda comentó frente a la eliminación de los artículos que el gobierno de Gustavo Petro “sabe escuchar”, pero Gustavo Bolívar, uno de los más cercanos al jefe de Estado, hizo un fuerte pronunciamiento.
Dijo que no está de acuerdo con el retiro, pues si bien se buscará el indulto en una ley aparte, “indigna que partidos que presionaron esto tienen corruptos en sus filas que han gozado de impunidad toda la vida. Y que los partidos de oposición se aterran con el indulto a jóvenes”.
Las preocupaciones del Centro Democrático
Durante los debates que se han realizado, la oposición, principalmente la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, ha expresado varias preocupaciones. Por ejemplo, dice que el Eln no debe ser tratado como un grupo de origen político, por lo que no se puede hablar de acuerdo de paz.
“Se deben hacer acercamientos para el desarme”, comentó durante uno de los debates.
Y sobre las disidencias de las Farc, especialmente con la que lidera ‘Iván Márquez’, insistió en que no se puede negociar. “Es una burla con los miembros de las Farc que sí cumplieron el acuerdo y contra los colombianos. Firmaron e incumplieron y ahora vuelven a recibir todos los beneficios”. “A eso súmele los anuncios, que ya no hay bombarderos, que ya no hay extradición”, cuestionó la senadora Valencia.
