Claroscuros de la Asamblea de la OEA en Lima – Por Ariela Ruiz Caro
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Claroscuros de la Asamblea de la OEA en Lima
Ariela Ruiz Caro*
El lema «Juntos contra la desigualdad y la discriminación» elegido para la LII Asamblea General de la OEA realizada en Lima del 5 al 7 de octubre fue lo positivo del evento. Con ese paraguas, en la Declaración final suscrita por los cancilleres, y en el discurso inaugural del secretario general, Luis Almagro, se condena la discriminación basada en religión, clases sociales, raciales y reivindica el derecho de las minorías, incluidas la LGTB, lo que generó la protesta de miles de ciudadanos de la ultraderecha conservadora contra el organismo.
Lo negativo fue haber permitido que el presidente Vlodomiro Zelensky disponga de diez minutos en la sesión inaugural para exhortar a los países del continente a involucrarse en esta guerra, y que el imaginario presidente Juan Guaidó continúe representando a Venezuela en esta organización.
La luminosidad estuvo determinada también por el reconocimiento de las abismales desigualdades económicas que hacen de nuestra región, la más violenta y la más afectada por la Covid-19 en el mundo, por lo que se deduce que las políticas económicas aplaudidas por esa organización, son determinantes del desastre ocurrido en la región, que a su vez determina el giro político que han tenido los gobiernos latinoamericanos más cercanos a Washington.
Ello explica la visita del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, a tres países que evidenciaban cierto descarrilamiento con respecto a las directrices de Washington, en vísperas de la Asamblea de la OEA. Blinken mostró su preocupación por la creciente presencia de las inversiones chinas en estos países y su objetivo principal fue lograr el respaldo de América Latina y el Caribe a su liderazgo en la guerra en Ucrania, mediante una drástica condena a Rusia y un apoyo irrestricto a Ucrania.
El tour de Blinken
La gira se inició el lunes pasado en Colombia. Al igual que el presidente Pedro Castillo, la primera medida de política exterior que implemento el de Colombia, Gustavo Petro, fue restablecer las relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro. Con ello, abandonaron el Grupo de Lima creado en 2017 bajo la genialidad de John Bolton, ya que en la OEA no se lograba obtener los votos necesarios para condenar a Venezuela. Petro, además, reabrió los más de 2 mil kilómetros que separan (mejor dicho, unen) a Colombia y Venezuela para reactivar el comercio y la economía en esa región. Recientemente le restituyó el control de la empresa de fertilizantes Monómeros, filial de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven) ubicada en Colombia, que Iván Duque le había entregado a Guaidó.
Blinken continuó a Chile para entrevistarse con Gabriel Boric. En la Cumbre de las Américas, realizada en Los Ángeles en junio pasado, este fue uno de los muchos presidentes que protestaron porque Biden no había invitado a Cuba, Nicaragua ni a Venezuela, y dijo que los problemas de esos países debían ser debatidos en estos foros.
Sin embargo, la principal preocupación de Blinken es hoy la creciente presencia de inversiones chinas en esos países y su principal objetivo en la Asamblea de la OEA, lograr una condena rotunda a Rusia y un apoyo irrestricto a Ucrania, como expresión de respaldo del continente americano a futuras acciones que lleve adelante Estados Unidos en la guerra que Rusia mantiene con dicho país y la OTAN en territorio ucraniano.
Torcer la mano
Al día siguiente de la llegada de Blinken a Bogotá, Gustavo Petro suscribió una declaración dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU por el denominado Grupo de Amigos (GoF) responsables de seguir los hechos ocurridos después de la invasión de Rusia a Ucrania en febrero. Este grupo fue fundado por Albania, Colombia (de Iván Duque), Dinamarca, las Islas Marshall, los Países Bajos y Ucrania.
La declaración, que rechaza tajantemente la anexión de territorios a Rusia fue suscrita por 46 países. Colombia y Guatemala son los únicos países latinoamericanos y caribeños que participaron de la misma. Hasta antes de la visita de Blinken, habían dudas sobre la posición que adoptaría Petro ya que él consideraba que armar a Ucrania podría impulsar la escalada del conflicto.
Por otro lado, la declaración “Continuo apoyo para el fin de la agresión rusa en Ucrania» presentada por Guatemala, ante la Asamblea de la OEA, en Lima, fue respaldada por 24 países de la región, entre ellos Colombia, Chile y Perú. México, Argentina, Brasil y Bolivia no la suscribieron a pesar que todos han condenado la guerra y se han opuesto a la violencia. Además de intereses particulares en su relación comercial con Rusia, o la participación de tres de ellos en el G20 y en el BRICS, hay algunas cuestiones de principio para no haberla suscrito.
El enunciado “Rechazar la prolongación de la guerra por parte de la Federación Rusa ya que afecta a todos los países del mundo” es ambigua. Hay poderosos intereses para prolongar la guerra. El complejo militar industrial de la primera potencia, cuyas acciones tienen rendimientos excepcionales en los mercados de valores, así como sus empresas petroleras son grandes beneficiarias.
La oposición al suministro de gas natural a través del gasoducto Nordstream II para vender su gas natural licuado con técnicas contaminantes (fracking) mucho más costosas a Europa, es una política de Estado que venía siendo aplicada por Trump mediante sanciones a empresas europeas que participaban de la construcción de ese gasoducto.
Otro punto controvertido del texto es el que condena enérgicamente “la invasión ilegal, injustificada y no provocada de Ucrania”. En la condenable invasión de Rusia a Ucrania, no puede desconocerse el incumplimiento de los Acuerdos de Minsk, la guerra con víctimas civiles por militares ucranianos en la región separatista de Donbás durante ocho años –donde Occidente miró al costado para encubrir a Ucrania, el informe “Redemit Russia” publicado en 2019 por el think tank Rand Corporation –financiada por el gobierno de Estados Unidos y corporaciones y entidades privadas– donde recomiendan un conjunto de acciones para debilitar a Rusia.
Asimismo, lo establecido en la Estrategia de Defensa Nacional de 2018 donde se señala que la competencia estratégica a largo plazo con China y Rusia son la prioridad del Departamento de Defensa, lo cual requiere “una inversión mayor y sostenida, debido a la magnitud de las amenazas que ello supone para la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos”.
Guaidó presidente
Que Guaidó continúe teniendo un representante en una organización de la cual Venezuela no forma parte, al haber denunciado el Tratado, es tragicómico, especialmente cuando esto ocurre en el templo de la democracia. Es cierto que, a la OEA y a Estados Unidos, en realidad, no les importa mucho la democracia, a pesar de las prédicas.
La instrumentación del Plan Cóndor en el Cono Sur, las invasiones militares en Centroamérica y, después del fin de la Guerra Fría, la incalificable injerencia de la misión electoral de la OEA que derivó en el quiebre institucional en Bolivia en 2019 y, tal como lo denunció el representante de Honduras, en la reciente Asamblea de la OEA en Lima, su apoyo a un gobierno dictatorial de doce años en ese país, son apenas unas muestras. Solo se mencionan algunas en nuestro hemisferio.
En la última Asamblea General de la OEA se impulsó una iniciativa para retirar al representante de Juan Guaidó de la OEA. Solo cuatro países (Canadá, Estados Unidos, Guatemala y Paraguay) se opusieron a la propuesta. Otros nueve se abstuvieron y 19 votaron a favor, entre ellos Perú, Chile y Colombia.
En realidad, el gobierno estadounidense debe haber deseado, en su fuero interno, que algunos de los países que se abstuvieron votaran a favor de la expulsión para acabar de una vez con esa fantochada, que poco favor le hace a la democracia y a la institucionalidad. Sobre todo, porque los altos representantes estadounidenses dialogan con el gobierno de Maduro, y no con Guaidó, sobre las posibilidades de aumentar la producción de gas y petróleo en ese país.
