Fiscalía investigrá por lavado de activos al excustodio de Lacalle Pou
Cometen asociación para delinquir quienes se asocien para cometer delitos en un número no menor de cuatro. Y es uno de los delitos precedentes de lavado de activos, lo que implica que los bienes adquiridos por quienes son castigado por integrar una organización delictiva, quedan bajo sospecha.
En el curso de la indagatoria dirigida por la fiscal Gabriela Fossati sobre la trama del negocio de los pasaportes truchos entregados a ciudadanos rusos, descubrió que Alejandro Astesiano, el excustodio del presidente Luis Lacalle Pou, tenía varias propiedades aunque no estaban bajo su titularidad sino a nombre de testaferros: algunos apartamentos, un club nocturno y una empresa de seguridad, entre otras empresas, según supo El Observador con fuentes de la investigación.
Fossati indagará ahora el origen de los fondos con los que adquirió esos bienes y si logra probar que fueron fruto de la actividad delictiva del custodio, también podrá imputarlo por lavado.
Hasta ahora la fiscal de Flagrancia de 12º turno logró imputar con prisión Astesiano y tres personas más por los delitos de suposición de estado civil, asociación para delinquir y tráfico de influencias. Se probó que los cuatro formaban parte de la organización que se dedicaba a falsificar documentación para permitir a ciudadanos rusos sacar la cédula y el pasaporte uruguayo, que actuaban al menos desde fines de agosto de 2021 y que incluso llegó a tener reuniones con otros dos integrantes en su oficina del piso 4 de la Torre Ejecutiva.
Los hechos que ahora derivaron en la imputación habían sido denunciados en 2019 pero el caso fue archivado, y reabierto en 2021 a partir de una nueva denuncia que daba cuenta que varios ciudadanos rusos estaban utilizando documentación uruguaya apócrifa y mencionaba como gestor a Alexey Slivaev, un ruso que vivía en Montevideo. Este hombre figuraba como creador de un grupo de Facebook “Todo sobre inmigración a Uruguay”, en el que hay casi 8.000 rusos.
La organización que integraba Astesiano contactaba a los rusos, luego adulteraba sus partidas de nacimiento para que figuraran como “ciudadanos naturales” uruguayos y por último los acompañaban en el proceso de emisión de la cédula de identidad y el pasaporte, a cambio de una suma de dinero que en algún caso llegó a los US$ 10 mil.
El escribano Álvaro Fernández gestionaba las partidas y oficiaba de gestor. Slivaev intervenía como traductor y gestor: conseguía los clientes y acordaba los montos.
La Fiscalía indaga para qué estos ciudadanos rusos pretendían utilizar los pasaportes uruguayos. Sospechan que eran usados para ingresar a Europa y vincularse a bandas criminales.
La indagatoria dio sus frutos el martes 21, cuando Roman Karpov, un ruso de 46 años que había llegado siete días antes, fue detenido al intentar sacar la cédula en Montevideo. Los oficiales observaron algunas irregularidades en su partida de nacimiento: las tintas eran diferentes, los datos de sus padres y abuelos estaban reimpresos y el código QR que debía redireccionar hacia un sitio oficial no llevaba a ningún destino.
Karpov, además, supuesto nieto del uruguayo Alexis Montes, fallecido en 1991, no hablaba una palabra de español y estaba junto a una rusa de 20 años que oficiaba de traductora. La policía logró contactarse con los hijos de Montes, quienes manifestaron no tener hermanos ni familiares rusos. Luego, ante la Fiscalía, reconoció que le pagó US$ 100 a la traductora y que ella lo había contactado a través de las redes sociales para que le hiciera algunos trámites.
Con Karpov detenido, la Fiscalía solicitó la detención de Slivaev y del escribano Fernández. La participación del jefe de seguridad del presidente fue detectada a partir de las conversaciones de teléfono del escribano imputado. Este martes, cuando pidió que la imputación recayera sobre Astesiano, señaló que él ofrecía “contactos” reales o “simulados” con funcionarios públicos ubicados en puestos estratégicos. Esos “contactos” les organizaban los trámites. La investigación continuará también por ese lado.
De sorpresa en sorpresa
Desde que trascendió el lunes la noticia de que el ahora exjefe de seguridad presidencial integraba una banda delictiva, no han dejado de surgir nuevas implicancias. Este miércoles se supo que Astesiano fue condenado por la Justicia en setiembre de 2014 por el delito de estafa a la pena de 18 meses de prisión. Por ese caso estuvo preso cuatro meses en 2013 en la cárcel de Las Rosas, en Maldonado.
Esa condena, de la que el mandatario se enteró esta semana, generó que le pidiera al Ministerio del Interior una investigación administrativa de urgencia para determinar por qué los antecedentes de Astesiano no aparecieron en dos informes que le enviaron en 2020 y 2021. En el Poder Ejecutivo existe la sospecha de que esa información fue ocultada a propósito.
Simulando ser agente inmobiliario, previo a la temporada 2011-2012 ofrecía casas mostrando fotos de propiedades que ubicadas en Brasil o Argentina, como si estuvieran en Punta del Este. A través de esta estafa se hizo de U$ 30 mil. «Ofrecía esta propiedad a un precio demasiado barato para el mes y la zona (900 pesos uruguayos por día). Al ser preguntado por el extremo, por los interesados, sostenía que unos argentinos habían alquilado la casa y a último momento le habían cancelado», señala la sentencia judicial.
Según informó MVD Noticas, Astesiano también figura como deudor grado 5, que significa irrecuperable del Banco República, según la clasificación que hace el Banco Central.
Otra sorpresa es que fue indagado por última vez en 2022 el 17 de enero, según el legajo policial al que accedió El Observador. Ese día declaró ante la Dirección de Investigaciones por «aprovechamiento de la falsificación», previsto en el artículo 235 del Código Penal. Ese artículo indica que quien use «billetes» falsos será castigado con 20 a 200 Unidades Reajustables de multa o prisión equivalente.
En este caso Astesiano pudo haber sido indagado por un delito similar, que fue investigado como «aprovechamiento de la falsificación».
