Se compran 1.300 armas por día y ya hay el triple que en 2018
Brasil. Tras más de 40 decretos de Bolsonaro, los brasileños compran 1.300 armas al día
En esta búsqueda frenética para facilitar la adquisición de armas, alegrando a las industrias de armas y municiones como nunca antes en la historia del país, la cantidad de nuevas armas en manos de civiles se ha disparado. En 2018, un año antes de la elección de Bolsonaro, había 350.000 armas registradas a nombre de coleccionistas, tiradores y cazadores (los llamados CAC), número que subió a 1 millón en julio de 2022. Es decir, se triplicó. Taurus, el principal fabricante de armas de Brasil, tuvo una ganancia neta de R$ 307 millones en 2018. En 2021, ganó R$ 1,3 mil millones, un aumento del 323%.
Por decretos gubernamentales, el uso de estas armas debería estar restringido a clubes de tiro cerrados, que a su vez se multiplican, para gusto de los bolsonaristas, que constituyen el principal público comprador de este tipo de productos. Pero el problema es que muchos de ellos están terminando en manos de delincuentes, una amenaza creciente para las familias del país.
Cada vez hay más gente armada -y disparando- en las calles, en las fiestas, en el carro, en la casa, en las escuelas, en todas partes. Un verdadero salvaje oeste, una tierra sin ley. Las búsquedas en sitios de noticias sobre tiroteos aleatorios en las calles muestran numerosos casos. El miércoles pasado (7), dos jóvenes fueron baleados mientras caminaban por la tarde en una calle del barrio de Santa Rita, al este de Juiz de Fora (MG). Según las víctimas, que resultaron heridas en los brazos, los tiradores pasaron en una motocicleta, disparando al azar, sin objetivo determinado.
Un crimen que, salvo las proporciones adecuadas, se asemeja a uno cometido el mismo día en Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Según la policía, un joven de 19 años disparó a varias personas al azar, matando a cuatro, mientras conducía por las calles de la ciudad. Parte de la acción fue retransmitida en directo por las redes sociales. Tennessee es uno de los 25 estados que renuncian a las licencias de armas en un país que se destaca por los ataques a las escuelas, que ya han causado la muerte violenta de cientos de niños, maestros y personal.
Decretos, armas y tragedias familiares
Con Bolsonaro, la facilidad de acceso a las armas también está provocando tragedias familiares, con traumas irrecuperables. Cuando no pones al niño frente a la bala, pones el dedo en el gatillo. En la noche del 8 de agosto, un niño de 8 años, que jugaba con un arma dejada por su cuñado en el asiento trasero del auto, disparó accidentalmente y mató al dueño del arma, en Jacareí, en el interior de São Paulo. El hombre, que se había detenido para recoger a otro niño de 5 años, tenía una licencia CAC. El arma estaba cargada con 12 proyectiles.
En mayo, un niño de 4 años llevó un arma a la escuela, en Capão Redondo, al sur de São Paulo. Según la policía, el arma pertenecía al padre del niño y fue incautada. La historia no tuvo un desenlace grave pues la maestra se percató del momento en que se sacó el arma de la mochila y se colocó sobre la mesa para enseñársela a su amiga. Cogió el revólver y llamó a la policía y al consejo infantil.
A fines de mayo, en Formosa (GO), un niño de 11 años murió por un disparo accidental de su propio padre, dentro de la casa de la familia. Según la Policía Civil, el hombre fue encontrado por agentes policiales con su hijo muerto en el regazo y con una herida de bala en el rostro, en un intento de suicidio. Tirador deportivo, tenía cuatro armas registradas a su nombre.
El 24 de agosto, un hombre de 28 años fue arrestado y confesó haber disparado a familiares. Los disparos alcanzaron a un bebé de 11 meses, que murió, ya otros cuatro familiares, tres de ellos adolescentes. Según la policía, en el crimen, que ocurrió en un barrio de Brumadinho (MG), el tirador era drogadicto, se negó a ser atendido, pero aun así logró comprar las armas.
Disparan a fieles en iglesia evangélica
El aumento de la circulación de armas, asociado al aumento de la violencia, permite situaciones insólitas hasta entonces. El día 2, en Goiânia, un policía militar disparó en la pierna a un “hermano de fe” dentro de un templo de la Congregación Cristiana en Brasil, uno de los más conservadores. El pistolero salió en defensa del pastor, quien había dicho a los fieles que no votaran por “candidatos rojos”. Como el otro asistente del templo no estaba de acuerdo, recibió una bala del agente y ni siquiera estaba de servicio.
La ubicuidad de la posesión de armas también está detrás del aumento de la violencia política. El 9 de julio, el bolsonarista Jorge Guaranho invadió la fiesta de cumpleaños del líder del PT Marcelo Arruda en Foz do Iguaçu (PR). Entró disparando y mató al cumpleañero. El asesinato llevó a los legisladores de la oposición a solicitar al Tribunal Superior Electoral (TSE) que prohibiera las armas.
El TSE aceptó, alegando que no se mezclan armas y votos, y prohibió portar a menos de 100 metros de los lugares de votación los días de elección, en las 48 horas previas y en las 24 siguientes. La prohibición se aplica al personal militar, con excepción de los agentes de seguridad en servicio que hayan sido convocados por la autoridad electoral competente. En la decisión, el tribunal consideró la explosión de armas y municiones en circulación, la mayoría de ellas descontroladas.
La irresponsabilidad de Bolsonaro con la falta de control de armas, recuerda el Instituto Sou da Paz, alimenta un ciclo de tragedias y violencia que tiene como principal blanco a los habitantes de la periferia, las mujeres, los jóvenes negros y la población LGBTQIA+. Llamando la atención sobre el problema, la entidad difundió la semana pasada un video de un minuto de duración que muestra, en cámara lenta, la trayectoria de una bala antes de alcanzar a un niño.
Titulado “La mano que firma es la misma que aprieta el gatillo”, el video destaca en su pie de foto que más de 40 reglas publicadas desde 2019 han facilitado el acceso a las armas en Brasil. Que se vendieron 994 millones de municiones, lo que representa casi cinco tiros por cada brasileño. “Se ha aumentado el límite hasta seis armas por persona y 1200 municiones por año. Y todo empezó con un bolígrafo”, dice el instituto.
Civiles con armas militares
Según los cálculos del Instituto Sou da Paz, todas las medidas tomadas por el gobierno de Jair Bolsonaro (ver la lista al final del informe) permitieron a los ciudadanos comunes poseer armas que antes estaban restringidas a la policía, tener permiso para adquirir un mucho mayor número de armas y municiones y poder portar armas en lugares públicos. Los decretos también armaron a los delincuentes, ya que redujeron la aplicación para evitar el desvío de armas y municiones.
“Estos cambios se hicieron de un plumazo, sin pasar por el Congreso Nacional y sin ningún debate con la sociedad. Como resultado, ahora hay más de 1,000 nuevos registros de armas civiles diariamente y más de 855 millones de rondas de municiones se han vendido en los últimos tres años y medio. Cada día, los civiles compran más de 1.300 nuevas armas. Muchos de ellos ya fueron desviados y terminaron en manos de la delincuencia’, dice el Instituto.
Bolsonaro, que es candidato a la reelección e incluso ha cuestionado si para una mujer de la periferia, víctima de la violencia, si un arma no sería más importante que la Ley Maria da Penha, ha aumentado el límite de armas que la gente puede comprar. a seis Y sin necesidad de justificarlo. También aumentó la cantidad de municiones en la autorización de compra de 50 a 200 municiones por año para cada arma.
Las armas poderosas, para uso militar, también pueden ser compradas por civiles. Antes eran solo de potencia media, como revólveres y pistolas. Pero la gente común tenía acceso a calibres cuatro veces más potentes, antes restringidos a las fuerzas de seguridad. El grupo de los llamados cazadores, tiradores y coleccionistas (CAC) tenía un límite aumentado, pudiendo comprar rifles semiautomáticos. Y se aumentó el límite de armas de 12 a 30, incluidas 15 de calibre restringido, como rifles. A los tiradores deportivos, que podían comprar hasta 16 armas, se les permitió 60, incluidas 30 de calibre restringido.
Para tantas armas, el límite de municiones saltó a 5000 por año para un arma de calibre permitido y hasta 1000 por año para un arma de calibre restringido. Esta categoría también se volvió más fácil de fabricar municiones no rastreables en el hogar.
Con Bolsonaro, los “buenos ciudadanos” pueden portar un arma
Uno de los decretos establece que los CAC pueden portar un arma de fuego cargada y cargada en el trayecto entre el lugar de vigilancia autorizado y los lugares de entrenamiento, instrucción, competencia, mantenimiento, exhibición, caza o matanza. En la práctica, se trata de un permiso para circular por la calle armado, que la legislación permite únicamente a determinadas categorías profesionales.
También se redujeron los controles para la compra de armas, con la exención de justificación para la Policía Federal y se aumentó, de 3 a 10 años, el plazo para presentar antecedentes penales, pruebas psicológicas y pruebas de tiro, de conformidad con la ley de armas. Bolsonaro también ordenó al Ejército revocar las ordenanzas que mejoraban el marcaje y la trazabilidad de armas y municiones, una acción fundamental para prevenir desvíos y esclarecer delitos por parte de la policía.
Para colmo, el gobierno de Bolsonaro ha reducido el presupuesto del Ejército para inspeccionar fábricas y almacenes de armas y municiones, además de clubes de tiro, CAC y comercio de explosivos. Los recursos cayeron de BRL 3,6 millones en 2018 a BRL 1,7 millones en 2021.
Instituto Sou da Paz enumera una serie de impactos traídos por las medidas de Bolsonaro. Y no tiene nada que ver con la cacareada seguridad que sólo un arma es capaz de garantizar. El desvío de armas para el crimen se ha vuelto más frecuente. Mientras que en 2015, en promedio, 31 armas de CAC fueron robadas o robadas por mes en el país, el número aumentó a 112 en 2022. Una investigación del Instituto Sou da Paz muestra que entre 2011 y 2020, solo en el estado de São Paulo , 9 armas por día salieron de las manos de dueños legales y terminaron en manos de delincuentes.
El día 6, el Ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, presentó de manera parcial y cautelar tres acciones directas de inconstitucionalidad para limitar la tenencia de armas y la cantidad de municiones que se pueden adquirir, promovidas por PT, Rede y el PSB. El ministro consideró la proximidad de las elecciones, que tendrán la primera vuelta el día 2.
Argumentando que el “riesgo de violencia política hace extrema y excepcionalmente urgente la necesidad de otorgar una medida cautelar”, Fachin determinó que la tenencia de un arma de fuego sólo puede ser autorizada a personas que demuestren concretamente la necesidad efectiva, por motivos profesionales o personales. Y que la adquisición de armas de fuego para uso restringido sólo debe autorizarse en interés de la seguridad pública o de la defensa nacional, no por interés personal.
También según Fachin, los límites cuantitativos de municiones que se pueden adquirir deben limitarse a aquellas que, de manera diligente y proporcionada, garanticen solo lo necesario para la seguridad de los ciudadanos. Y que la actividad normativa del Poder Ejecutivo no puede crear presunciones de necesidad efectiva más allá de las ya disciplinadas por la ley. En su opinión, la necesidad de usar un arma de fuego siempre debe verificarse concretamente y no asumirse.
Por lo tanto, hasta que el pleno del STF juzgue el fondo de las acciones y declare la inconstitucionalidad de los decretos de Bolsonaro, o sea, que faciliten el acceso a las armas, el occidente brasileño permanece, irónicamente, bajo los auspicios de la regulación del Estatuto de Desarme.
Após mais de 40 decretos de Bolsonaro, brasileiros compram 1.300 armas por dia
Desde que chegou ao poder em 2019, Jair Bolsonaro (PL) editou mais de 40 decretos para facilitar o acesso da população civil às armas, escancarando um mercado que registra média de cerca de 1.300 armas compradas por brasileiros por dia. O relatório é do Instituto Sou da Paz.
Nessa busca frenética para facilitar a aquisição de armamentos, proporcionando uma alegria para as indústrias de armas e munições como nunca ocorreu na história do país, o número de novas armas nas mãos de civis explodiu. Em 2018, um ano antes de Bolsonaro ser eleito, havia 350 mil armas registradas em nome de colecionadores, atiradores e caçadores (os chamados CACs), número que passou para 1 milhão em julho de 2022. Ou seja, triplicou. A Taurus, principal fabricante de armas do Brasil, teve lucro líquido de R$ 307 milhões em 2018. Em 2021 lucrou R$ 1,3 bilhão, um aumento de 323%.
Pelos decretos do governo, o uso dessas armas deveria se restringir a clubes fechados de tiro, que por sua vez se multiplicam, para o prazer dos bolsonaristas, que compõem o principal público comprador desse tipo de produto. Mas o problema é que muitas delas estão indo parar nas mãos de criminosos, numa ameaça crescente às famílias do país.
Há cada vez mais gente armada – e atirando – nas ruas, nas festas, no carro, em casa, nas escolas, em todo lugar. Um verdadeiro faroeste, uma terra sem lei. Buscas em sites de notícias sobre disparos a esmo nas ruas mostram inúmeros casos. Na última quarta-feira (7), dois jovens foram atingidos por disparos enquanto caminhavam à tarde por uma rua no Bairro Santa Rita, zona leste de Juiz de Fora (MG). Segundo as vítimas, que foram atingidas nos braços, os atiradores passaram em uma moto, atirando a esmo, sem alvo determinado.
Um crime que, salvo as devidas proporções, lembra um cometido no mesmo dia em Memphis, no Tennessee, Estados Unidos. Segundo a polícia, um jovem de 19 anos atirou a esmo contra diversas pessoas, matando quatro, enquanto dirigia pelas ruas cidade. Parte da ação foi transmitida ao vivo pelas redes sociais. O Tennessee é um dos 25 estados que dispensam a licença para o porte de armas naquele país notabilizado pelos ataques a escolas, que já causaram a morte violenta de centenas de crianças, professores e funcionários.
Os decretos, as armas e as tragédias familiares
Com Bolsonaro, a facilidade de acesso às armas está provocando também tragédias familiares, com traumas irrecuperáveis. Quando não coloca a criança na frente da bala, coloca seu dedo no gatilho. Na noite de 8 de agosto, um menino de 8 anos, que brincava com uma arma deixada pelo cunhado no banco de trás do carro, acertou um tiro acidental e matou o dono da arma, em Jacareí, interior de São Paulo. O homem, que havia parado para pegar uma outra criança, de 5 anos – tinha licença de CAC. A arma estava carregada com 12 projéteis.
Em maio, uma criança de 4 anos levou uma arma para a escola, no Capão Redondo, zona sul da capital paulista. Segundo a polícia, a arma era do pai da criança e foi apreendida. A história não teve um grave desfecho porque a professora percebeu o momento em que a arma foi retirada da mochila e colocada em cima da mesa para mostrar ao amigo. Ela recolheu o revólver e chamou a polícia e o conselho tutelar.
No final de maio, em Formosa (GO), um menino de 11 anos morreu atingido por um disparo acidental pelo próprio pai, dentro da casa da família. Segundo a Polícia Civil, o homem foi encontrado por policiais com o filho morto no colo e com um ferimento de bala no próprio rosto, em uma tentativa de suicídio. Atirador esportivo, tinha quatro armas registradas em seu nome.
Em 24 de agosto, um homem de 28 anos foi preso e confessou ter atirado contra parentes. Os tiros atingiram um bebê de apenas 11 meses, que morreu, e outros quatro familiares, três deles adolescentes. Conforme a polícia, o crime, que ocorreu em um bairro de Brumadinho (MG), o atirador era dependente de drogas, se negava a ser tratado, mas mesmo assim conseguiu comprar o armamento.
Fiel atira em fiel em igreja evangélica
O aumento da circulação das armas, associado ao aumento da violência, permite situações até então inusitadas. No último dia 2, em Goiânia, um policial militar acertou com um tiro a perna de um “irmão de fé” dentro de um templo da Congregação Cristã no Brasil, das mais conservadoras. O atirador saiu em defesa do pastor, que havia dito aos fieis não votarem em “candidatos vermelhos”. Como o outro frequentador do templo não concordou, levou bala do agente que nem em serviço estava.
A onipresença do porte de armas também está por trás do aumento da violência política. Em 9 julho, o bolsonarista Jorge Guaranho invadiu a festa de aniversário do dirigente do PT em Foz do Iguaçu (PR) Marcelo Arruda. Entrou atirando e matou o aniversariante. O assassinato levou parlamentares da oposição a pedir ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a proibição de armas nos dias que antecedem as eleições.
No pleito de 2018, bolsonaristas postaram nas redes sociais fotos com armas sobre a urna eletrônica mostrando o voto no então candidato à Presidência da República pelo PSL.
O TSE acolheu, alegando que armas e votos não combinam, e proibiu o porte em até 100 metros dos locais de votação nos dias de eleição, nas 48 horas anteriores e nas 24 seguintes. A probição vale para militares, exceto agentes de segurança em serviço que tenham sido convocados pela autoridade eleitoral competente. Na decisão, o tribunal considerou a explosão de armas e munição em circulação, a maioria delas sem controle.
A irresponsabilidade de Bolsonaro com o descontrole das armas, lembra o Instituto Sou da Paz, alimenta um ciclo de tragédias e violência que tem como maior alvo os moradores das periferias, mulheres, jovens negros e a população LGBTQIA+. Chamando atenção para o problema, a entidade lançou na última semana um vídeo de um minuto de duração que mostra, em câmera lenta, a trajetória de uma bala antes de chegar a uma criança.
Intitulado “A mão que assina é a mesma que aperta o gatilho”, o vídeo destaca em sua legenda que mais de 40 regras publicadas desde 2019 facilitaram o acesso às armas no Brasil. Que 994 milhões de munições foram vendidas – o que representa quase cinco tiros para cada brasileiro. “O limite passou para até seis armas por pessoa e 1200 munições por ano. E tudo começou com uma caneta”, diz o instituto.
Civis com armas militares
Pelos cálculos do Instituto Sou da Paz, todas as medidas do governo de Jair Bolsonaro (confira lista no final da reportagem) permitiram que cidadãos comuns possuam armas que antes restritas às polícias, tenham permissão para adquirir um número muito maior de armas e munições e possam andar armados em lugares públicos. Os decretos também armaram criminosos, já que diminuíram a fiscalização para impedir que armas e munições sejam desviadas.
“Essas mudanças foram feitas na canetada, sem passar pelo Congresso Nacional e sem nenhum debate com a sociedade. Como resultado, hoje são mais de mil novos registros diários de armas para civis e mais de 855 milhões de munições foram vendidas nos últimos três anos e meio. A cada dia são mais de 1.300 novas armas compradas por civis. Muitas delas já foram desviadas e pararam nas mãos do crime’, afirma o Instituto.
Bolsonaro, que é candidato à reeleição e chegou a questionar se para uma mulher de periferia, vítima de violência, uma arma não seria mais importante do que a Lei Maria da Penha, aumentou para seis o limite de armas que as pessoas podem comprar. E sem a necessidade de justificativas para isso. Ampliou também a quantidade de munições na autorização de compra de 50 para 200 munições por ano para cada arma.
Armas potentes, de uso militar, também puderam ser compradas por civis. Antes eram apenas de média potência, como revólveres e pistolas. Mas pessoas comuns tiveram acesso a calibres quatro vezes mais potentes, antes restritos às forças de segurança. O grupo dos chamados caçadores, atiradores e colecionadores (CACs) teve limite aumentado, podendo comprar fuzis semi-automáticos. E o limite de armas passou de 12 para 30, incluindo 15 de calibre restrito, como fuzis. Atiradores esportivos, que podiam comprar até 16 armas, foram autorizados a 60, incluindo 30 de calibre restrito.
Para tanta arma, o limite de munições saltou para 5 mil por ano por arma de calibre permitido e até mil por ano por arma de calibre restrito. Esta categoria também passou a ter mais facilidade para fabricar munições não rastreáveis em casa.
Com Bolsonaro, “cidadão de bem” pode andar armado
Um dos decretos prevê que CACs podem portar uma arma de fogo municiada e carregada no trajeto entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate. Na prática, isso é uma permissão para circular nas ruas armado, o que é permitido pela legislação apenas a algumas categorias profissionais.
O controle para a compra de armas também foi reduzido, com dispensa da justificativa para a Polícia Federal e aumento, de 3 para 10 anos, do prazo para entrega de atestados de antecedentes, teste psicológico e teste de tiro, conforme a lei de armas. Bolsonaro também mandou o Exército revogar portarias que melhoravam a marcação e rastreabilidade de armas e munições, ação fundamental para prevenir desvios e esclarecer crimes pelas polícias.
Para completar, o governo Bolsonaro reduziu o orçamento do Exército para fiscalizar fábricas e lojas de armas e munições, além de clubes de tiros, CACs e comércio de explosivos. Os recursos caíram de R$ 3,6 milhões em 2018 para R$ 1,7 milhão em 2021.
O Instituto Sou da Paz enumera uma série de impactos trazidos pelas medidas de Bolsonaro. E nada tem a ver com a propalada segurança que só uma arma é capaz de garantir. Os desvios de armas para o crime se tornaram mais frequentes. Enquanto em 2015, em média, 31 armas de CACs eram furtadas ou roubadas por mês no país, o número saltou para 112 em 2022. Pesquisa do Instituto Sou da Paz mostra que entre 2011 e 2020, só no estado de São Paulo, 9 armas por dia saíram das mãos de proprietários legais e foram parar nas mãos de criminosos.
No último dia 6, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin atendeu de maneira liminar e parcial três ações diretas de inconstitucionalidade para limitar a posse de armas e a quantidade de munições que podem ser adquiridas, movidas pelo PT, Rede e o PSB. O ministro considerou a proximidade das eleições, que terá o primeiro turno no próximo dia 2.
Argumentando que o “risco de violência política torna de extrema e excepcional urgência a necessidade de conceder o provimento cautelar”, Fachin determinou que a posse de arma de fogo só pode ser autorizada às pessoas que demonstrem concretamente a efetiva necessidade, por razões profissionais ou pessoais. E que a aquisição de armas de fogo de uso restrito só deve ser autorizada no interesse da segurança pública ou da defesa nacional, não em razão do interesse pessoal.
Ainda segundo Fachin, os limites quantitativos de munições adquiríveis devem se limitar aos que, de forma diligente e proporcional, garanta apenas o necessário à segurança dos cidadãos. E que a atividade regulamentar do Poder Executivo não pode criar presunções de efetiva necessidade além das já disciplinadas em lei. A seu ver, a necessidade de uso de arma de fogo deve ser sempre concretamente verificada, e não presumida.
Portanto, até que o plenário do STF julgue o mérito das ações e declare a inconstitucionalidade dos decretos de Bolsonaro, ou melhor, facilitam o acesso às armas, o faroeste brasileiro segue, ironicamente, sob os auspícios da regulamentação do Estatuto do Desarmamento.
