Las claves de la reforma política que presentó el gobierno en el Congreso
Las cinco claves de la reforma política de Gustavo Petro
Por Juan Esteban Lewin
El ministro del Interior, Alfonso Prada, acudió este martes al Senado para radicar la reforma política, una de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro. El ministro presentó el proyecto de reforma constitucional después de que el presidente del Senado, el petrista Roy Barreras, se quejase por el retraso del Gobierno en presentar la propuesta. Prada prometió que la iniciativa del Gobierno se combinará con las presentadas por varios congresistas. El senador Ariel Ávila (Alianza Verde, gobiernista), uno de los legisladores que fue parte de las negociaciones previas sobre la reforma, comenta a EL PAÍS que la ve como una muy buena reforma.
Ávila, que también es analista político, matizó que este no es el único proyecto necesario en la materia, pues no reforma el Código Electoral ni los órganos electorales y de control. “Le faltan las otras partes”, resaltó. El ministro Prada declaró este martes que la propuesta para crear una nueva Corte Electoral, que circuló en borradores previos, será planteada más adelante. El texto presentado, sin embargo, hace referencia a un Consejo Electoral Colombiano, que hoy no existe en la Constitución.
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— Alfonso Prada (@alfonsoprada) September 13, 2022
Más allá de eso, estos son los cinco cambios claves que propone el proyecto:
Crea listas cerradas y paritarias que acaban el voto preferente
El proyecto propone modificar el artículo 262 de la Constitución Política para establecer “listas únicas, cerradas, bloqueadas y con alternancia entre hombre y mujer”, que en Colombia se han llamado listas cremallera. Según el ministro, el objetivo es que los partidos organicen elecciones primarias en las que se establezca el orden en el que los candidatos quedan en la lista, pero el proyecto no hace que esas primarias sean obligatorias. Las conformación final deberá tener paridad entre hombres y mujeres, una promesa de la campaña de Petro, y se deberá facilitar la participación de personas con identidades de género diversas.
Como hace obligatorio que las listas tengan esa conformación, propone eliminar la posibilidad de que los ciudadanos voten por candidatos individuales, el llamado voto preferente que han criticado muchos expertos pues debilita la cohesión de los partidos y mantiene los cacicazgos. Esta iniciativa ha llegado varias veces al Congreso en los últimos años y estaba en la reforma electoral planteada en desarrollo del Acuerdo con las FARC, pero siempre ha sido derrotada por los políticos tradicionales, que tienen menos peso en la composición actual del Legislativo.
Esta propuesta, sin embargo, tiene el riesgo de interrumpir la renovación política, como explicaba Ávila hace algunos años. “Se van a debatir mucho y seguramente vamos a quedar con lista cerrada durante dos períodos y después se pueden abrir voluntariamente”, dijo Ávila a EL PAÍS.
Limita la financiación de las campañas al Estado
Una modificación central es la enmienda al artículo 109 para restringir el financiamiento privado de las campañas electorales, que se propone que sea exclusivamente estatal. La nueva redacción establece que recibirán el 50% como anticipo y el 50% por reposición de votos (es decir, calculados a partir del éxito electoral de cada lista). Según el ministro Prada, esto es “un golpe a la corrupción y la manipulación de sectores económicos en su relación con el Congreso de la República”. Este ajuste también es un viejo reclamo de expertos, que usualmente han pedido en paralelo un sistema más robusto de vigilancia y sanción de la financiación ilegal, algo que no contempla el texto que presentó el Gobierno.
Aclara que solo los jueces pueden suspender o destituir a funcionarios electos
La reforma aclara que los políticos electos por voto popular solo podrán ser sancionados por “una autoridad judicial competente”. Así, consolida la postura de Petro y de muchos expertos sobre las funciones de la Procuraduría General, entidad encargada de vigilar disciplinariamente a los funcionarios y que destituyó al hoy presidente cuando era alcalde de Bogotá en 2012. El proyecto busca incluir en la Constitución la jurisprudencia que determinó en 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia del caso entre el hoy presidente y el Estado colombiano. El texto explica que la Corte IDH establece la obligación del Estado de “eliminar la facultad de destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular por parte de la Procuraduría General de la Nación”.
Abre la puerta a congresistas más jóvenes
La iniciativa del Gobierno propone reducir la edad mínima necesaria para ser congresista, de 30 a 25 años para el Senado y de 25 a 18 años para la Cámara de Representantes. Prada ha admitido que se trata de un guiño del Gobierno a sus votantes más jóvenes: “Es un mensaje de confianza enorme en la juventud colombiana, que es bastante responsable de que Gustavo Petro sea hoy presidente”.
Da un chance para que los congresistas actuales cambien de partido o entren al Gobierno
El proyecto propone que, por una vez, los congresistas puedan cambiar de partido, en los dos meses siguientes a la entrada en vigencia del proyecto, en caso de que se apruebe. Eso permitiría realinear las fuerzas políticas y las bancadas justo cuando el Gobierno tienen más poder. El proyecto también les permitirá dejar sus cargos para integrarse a los equipos del Gobierno, una vieja reivindicación del presidente del Senado y curtido político Roy Barreras, quien ya había hecho la propuesta en fallidos intentos de reformas políticas en los últimos años.
