Régimen de excepción: defensores de DDHH de Argentina, Bolivia y Brasil visitan cárceles
Defensores de derechos humanos visitan cárceles en El Salvador
Defensores de derechos humanos de Argentina, Bolivia y Brasil visitaron cárceles de El Salvador para constatar las condiciones en que se encuentran los reos, en medio del régimen de excepción que vive el país; durante el cual se han detenido a más de 50.500 presuntos miembros de pandillas.
En un video difundido este martes en la plataforma Twitter por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador se detalla que los Ombudsman recorrieron el Complejo Penitenciario de Izalco; el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad (centro), Izalco Fase III; y la Granja Penitenciaria de Izalco; todos en el occidental departamento de Sonsonate.
Se trató de Mariana Jesús Glorgetti (Argentina), Fernando Mauro Barbosa (Brasil) y Nadia Alejandra Cruz (Bolivia), quienes en el marco de la I Cumbre Iberoamericana de Derechos Humanos, señalaron que su propósito fue el de «constatar todos los avances, el proceso y las condiciones de todas las personas privadas de libertad».
Defensores/as del Pueblo de Argentina, Bolivia y Brasil, en compañía del #ProcuradorDDHH #ApolonioTobar verificaron el Complejo Penitenciario de Izalco, el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad, Izalco Fase III y la Granja Penitenciaria de Izalco, en #Sonsonate. pic.twitter.com/xFmspwhiwB
— PDDH El Salvador (@PDDHElSalvador) August 23, 2022
En tal sentido, «consideraron favorables los programas de reinserción de libertad para los reos en fase de confianza, además de comprobar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el procurador José Apolonio Tobar el pasado 11 de julio.
Por su parte, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos confirmó la existencia de atropellos en al menos siete casos durante los primeros días del régimen de excepción, vigente desde finales de marzo.
El procurador ahondó que, de 173 denuncias de supuestas violaciones a derechos humanos, recibidas únicamente en San Salvador en el primer mes del régimen de excepción, en siete se confirmó la existencia de responsabilidad de los funcionarios denunciados.
Comunicado de los/las representantes internacionales de instituciones de #DDHH, en el contexto de la visita realizada en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad fase III y la Granja Penitenciaria, ambos municipio de Izalco #Sonsonate. pic.twitter.com/Mw4AT5MK1x
— PDDH El Salvador (@PDDHElSalvador) August 23, 2022
En tanto pormenorizó el propio funcionario que desde que se aprobó el estado de excepción en la Asamblea Legislativa se han cuantificado más 3.400 denuncias por supuestas violaciones a derechos humanos.
Datos aportados por organizaciones humanitarias y medios locales, dan cuenta de que al menos 63 personas han muerto bajo custodia estatal durante el régimen de excepción; al tiempo que existen 28 expedientes abiertos por ese concepto.
Esa nación centroamericana se encuentra bajo la quinta extensión del régimen de excepción iniciado a finales de marzo, luego de producirse una ola de asesinatos atribuida a las pandillas y la cual dejó un saldo de más de 80 fallecidos.
Gobierno anuncia juicios por cada “clica” de pandillas
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, afirmó que buscarán que los pandilleros capturados en el régimen de excepción sean condenados por “clicas” de cada sector geográfico sin necesidad de utilizar testimonios de las víctimas.
“Vamos a presentar casos en contra de cada de una de estas estructuras dependiendo del sector donde operaban”, dijo el funcionario, en la cumbre de procuradores de derechos humanos que organizó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) el martes.
El Gobierno prepara un nuevo pliego de reformas que permitirían condenar a capturados en el régimen de excepción, que cumplió cinco meses ayer. “Puede que no estemos resolviendo los delitos de homicidios o de extorsión pero sí, al sacar estas células cancerígenas de esas comunidades, andamos haciendo justicia colectiva”, afirmó.
El régimen es cuestionado por organizaciones debido a denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, muertes u otras violaciones a derechos humanos. La PDDH, que ayer entregó un reconocimiento al ministro, ha recibido 3,400 denuncias pero, de 173 que ha investigado, no encontró pruebas en 166, el 95 %.
Las autoridades han reconocido que los jueces han liberado a más de 600 de los arrestados. De acuerdo al Gobierno hay 76,000 pandilleros en el país y han arrestado a 50,576.
Casos contra clicas.
Según el funcionario, las organizaciones criminales superan a sus fundadores. Por ejemplo, dijo, cuando mataron al narcotraficante Pablo Escobar no se acabó la siembra y el tráfico de cocaína.
Por ello, sostuvo que el Estado salvadoreño buscará acusar a las organizaciones y no individuo por individuo, aunque sea “diferente a las líneas internacionales”. Ejemplificó que abrirán casos del Estado contra la clica “Tecla Locos Salvatruchos” y será “contra todos sus participantes”. Garantizarán, dijo, que no necesiten “a ningún salvadoreño de bien para poder condenar a estos terroristas”.
Según Villatoro, El Salvador no es el único país que realizará este tipo de acusaciones.
Récord criminal.
El titular de la cartera de Justicia y Seguridad enfatizó en el récord criminal de los capturados. Negó que capturen personas por “apariencias o nerviosismos” y aseveró que realizan las capturas basándose en “nombre y apellido” de personas que burlaron a la seguridad o al sistema de justicia penal.
Nueva reforma penal.
El Gobierno ha anunciado una reforma a la Ley contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja, que establece un régimen de prueba diferente al común para delitos de crimen organizado que se procesan en tribunales especializados.
Así, establece métodos de investigación como operaciones encubiertas o entregas vigiladas, medios científicos y tecnológicos; recolección de evidencias por parte de los miembros de la Policía, y permite la prueba testimonial de referencia en casos de muerte, enfermedad, operaciones encubiertas o retractación de la víctima, y el reconocimiento por fotografías.
El pasado 9 de agosto, Villatoro se reunió con el fiscal general, Rodolfo Delgado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Sala de lo Constitucional, Óscar López Jerez, y la presidenta de la Sala de lo Penal de la CSJ, magistrada Sandra Luz Chicas de Fuentes, para preparar la reforma.
Anunció “una segunda ola de reformas” para evitar que las personas detenidas durante el régimen de excepción sean liberadas.
El dato
De un total de 44,762 capturados con resoluciones judiciales, fueron liberadas 653 personas y procesadas otras 44,109. Es decir, un 1.45 % de los arrestados han sido liberados.
