México denunciará a la ONU por incumplimiento en la entrega de vacunas del mecanismo Covax

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Denunciará la Federación a la ONU por no entregar vacunas

Por Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

El gobierno mexicano presentará una denuncia contra el mecanismo Covax y la Organización de Naciones Unidas (ONU) –que encabeza el mecanismo a través de la Organización Mundial de la Salud– por el retraso de casi un año de una parte de las vacunas para combatir el covid-19, pagadas por México de manera anticipada. Por esto se adeuda al país 75 millones de dólares, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Vamos a presentar una denuncia porque no nos han entregado vacunas del organismo que se creó en la ONU (Covax). Nos deben 75 millones de dólares. (La denuncia es) contra Covax y la ONU porque ya es mucho, ya es el colmo», adelantó durante su conferencia de prensa matutina. El recurso, dijo, se presentará ante Naciones Unidas lo más pronto posible.

«Imagínense, darles dinero adelantado por las vacunas. Hemos buscado un acuerdo, siendo tolerantes, porque se trata de un organismo internacional, sí, pero no somos encubridores. Además, hace falta ya una renovación en esos organismos internacionales», agregó.

Al reprochar que hay organizaciones que «se dedican a administrar la violación de derechos humanos y el dolor de la gente», cuestionó a la ONU porque «no se pronuncia con fuerza frente a la monstruosa desigualdad que existe y que tiene responsables, o ante las guerras».

Issste, la más devastada en el país

Por otro lado, López Obrador anunció que se avanza en una reforma integral al Issste, la que calificó como la institución más devastada por el modelo neoliberal: «Es el que estaba más abandonado, más privatizado, es como regresarlo a lo público, porque lo habían privatizado. Nada más quedaba el nombre y el cascarón administrativo, porque hasta los edificios estaban privatizados, los laboratorios; todos los servicios integrales de salud estaban subvencionados o subcontratados».

Tras mencionar que solicitó a la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, involucrarse en la reforma, aseveró que han resentido unas «presiones fuertísimas» porque detrás de estos prestadores de servicios, a los que se subcontrató, están políticos e incluso gente que trabajó en puestos altos del Issste y que tienen poder al interior del instituto.

Recordó que cuando empezaron los procesos de renovación de estos servicios «me echaban la culpa de todo. Decían a la población que la falta de equipos y medicamentos (era porque) el Presidente había cancelado los presupuestos».

La Jornada

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