Límites del hiperrentismo bolivariano, “ajuste” y dislates en la “apertura” – Por Manuel Sutherland
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Límites del hiperrentismo bolivariano, “ajuste” y dislates en la “apertura”
Manuel Sutherland*
Es indudable que Venezuela tiene una dinámica notablemente diferente a la de los años 2016 y 2017, donde la escasez y desabastecimiento, eran moneda corriente. En espacios muy acotados surgen “burbujas” de consumo de lujo que son muy llamativas. De forma habitual se pueden ver algunas nuevas construcciones y la apertura de nuevos locales.
Los estantes vacíos o repletos de mercancías repetidas ya son parte del pasado. Todo ello ha impulsado a muchos a replicar el estribillo popular: Venezuela se arregló. A pesar de que el país está a años luz de recuperarse, es decir, se estima que entre 2013 y 2021 el PIB pudo haber caído en alrededor de 80 %. Salarios de 20 dólares mensuales en el sector privado (y 2 dólares mensuales en el sector público), han crecido a 120 dólares en el ámbito privado y a 25 dólares en la administración estatal.
Aunque los precios en divisas han crecido mucho, mermando el poder adquisitivo en divisas debido a la muy elevada sobrevaluación del tipo de cambio, la inflación (aún la más alta del planeta), es notablemente más baja que en los últimos años. Las tímidas medidas de flexibilización y apertura económica han traído buenos resultados a la economía.
A pesar de todo lo anterior, el país presenta una mar de obstáculos importantes para que el proceso de recuperación económica y social pueda ser sostenible. Las enormes dificultades, endógenas y exógenas, para salir de la crisis merecen un largo ensayo ajeno a la disponibilidad de espacio de esta revista. Por ende, en estas líneas se tratará de abordar el asunto de una manera muy sintética y centrada en: las causas de la crisis, el impacto de las sanciones, el “ajuste económico”, la contracción fiscal y los yerros de la “apertura económica”. Un resumen sumarial de los límites actuales del híper rentismo bolivariano.
El estallido era inevitable o el núcleo del rentismo
El híper rentismo bolivariano estalla justo cuando la renta se encuentra en pleno apogeo, es, diríase, un problema de sobreabundancia de ingresos que devienen de un incremento en los precios del petróleo, ello no pasa por un aumento en la cantidad de barriles extraídos.
Por ende, se lo considera como una especie de provento, un ingreso adicional a la economía que es generado en centros industriales foráneos, y que es transferido a los capitales que trabajan en condiciones naturales ventajosas, donde la faena se hace más productiva debido a un aumento vertiginoso del precio y de una demanda que debe comprar esa mercancía, en las tierras menos “rendidoras”, donde el trabajo es menos eficiente[1]. Cuando es inmenso el ingreso en divisas y no puede ser absorbido por la economía, no de manera orgánica, ahí surge el “problema de la absorción”[2] que se genera por la entrada masiva de dichos capitales.
El rentismo trae aparejado una sobrevaluación del tipo de cambio que crea un país ficticio en el que la economía luce mucho más grande de lo que en verdad es, al equiparar la productividad del sector petrolero con otros fragmentos de capital menos eficientes. Ello ofrece un poder de compra más grande que el que deviene de la productividad de los factores económicos no petroleros.
Cuando la renta cae estrepitosamente, no hay divisas para importar y se sobreviene un fuerte ajuste cambiario que trae inflación, caída en la demanda solvente, baja de salarios y una maciza fuga de capitales, ello agudiza el ciclo recesivo de la economía. Todo esto tenía que terminar muy mal, el estallido de la crisis era inevitable. En la figura 1, se muestra, la evolución de un PIB per cápita desde 1997 hasta 2021. Para el año 2021 el PIB per cápita había caído a un nivel similar al registro del año 1950, un retroceso económico de casi 72 años, sin parangón.
Fuente: Gráfico de elaboración propia con base a la data oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) para el período 1997-2018. Para el período 2019-2021 se usó la estimación que provee el estudio del personal del FMI en su informe de octubre de 2021. Para la población se usó la proyección anual que, con base al censo de 2011, realiza el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), disponible en su página web.
¿Son las sanciones culpables de la crisis y la caída salarial?
En este punto, lo primero sería recordar que las sanciones son impuestas (agosto de 2017) cuando ya la economía venezolana atravesaba el punto más bajo de su historia, en cuanto a caídas porcentuales acumuladas, hasta esa fecha. De 2013 a 2016 la economía había caído ya en casi 25 %, y por primera vez en su historia registraba una caída sostenida de 12 trimestres.
En los primeros 2 trimestres de 2017 la economía había disminuido en alrededor de 8 %, por ende, ya había caído en al menos 30 % (desde 2013), una de las peores caídas del PIB en la historia de América. Por tanto, cuando las sanciones ingresan, ya la economía estaba en una senda muy destructiva.
La prohibición de reestructurar la deuda externa con los bonistas estadounidenses dificultó de manera grave la posibilidad de renegociar la deuda externa de la República (y de PDVSA) con empresas y personas naturales estadounidenses. Pero estas ordenanzas no implican que otras firmas, no estadounidenses, no puedan recomprar los bonos, que por tener la denominación de “junk bonds”, hace que tengan un precio muy por debajo de su valor facial.
Por ende, la imposibilidad de reestructurar la deuda no es culpa de las sanciones sino del devenir desastroso de la economía. Ya en agosto de 2017 Venezuela estaba en default selectivo, ya había impuesto reestructuraciones de pago (forzadas) sobre diversos bonos.
Lo que sucedió a partir de 2014 es el aterrizaje en el ciclo depresivo de la economía que llega con la caída de los precios del petróleo, primeramente, en: 2009-2010, y luego con la combinación de precios bajos y la caída de la extracción petrolera (a partir de 2014).
Desde 2014 el ciclo depresivo de la economía profundiza el declive natural del ciclo económico rentístico, exacerbado por pésimas políticas económicas (hipertrofia del gasto), con la dificultad adicional del estallido virulento de las principales distorsiones económicas que se habían venido acumulando. Si se compara el año 2006 con el año 2017 se puede ver que, en ese período previo al estallido definitivo de las sanciones, ya se observa un descenso salarial de: 83 %. Por ende, la ruina no fue causada por las sanciones.
“Ajuste económico”, apertura a medias y contracción fiscal
La ineludible crisis trajo consigo lo evidente, el advenimiento de un dramático recorte en el presupuesto nacional, que la dantesca emisión de dinero sin respaldo quería maquillar. Hablar con cifras sobre el presupuesto es harto complicado. Las estadísticas básicas de gasto público no se publican desde 2016 y el último proyecto de ley presupuestaria (enero de 2022), carece de los guarismos más elementales.
Hablamos de “recorte presupuestario”, y no de “ajuste”, debido a que un ajuste económico es una especie de plan de ahorros y gastos, aparejado con una proyección de ingresos formal dotada de metas concretas y explicaciones sobre cómo llegar a ellas, de acuerdo a un “Plan de Estabilización Macroeconómica” que no se ha diseñado, ni publicado.
En palabras de la vicepresidente de la República, el presupuesto 2022, se ubica en 62.379.454.806 bolívares digitales (cantidad aprobada en un primer debate), equivalentes a 13.437 millones de dólares, según el tipo de cambio vigente del BCV: 4,61 Bs. por dólar, a la fecha de su anuncio: 10 de diciembre de 2021[3]. Si aplicamos el tipo de cambio del BCV, vigente al 6 de junio de 2022, tendríamos que el presupuesto proyectado ya es 12 % menor, en dólares.
Si queremos medir la magnitud del “recorte presupuestario”, podríamos comparar el año 2012 con el 2021. En ese 2012 el presupuesto alcanzaba alrededor de 31 mil millones de dólares, unos 1.055 dólares[4] per cápita[5]. Para diciembre de 2021, esa cifra sólo llega a 458 dólares per cápita. Ello quiere decir que hay un enorme recorte de 57 % en el presupuesto nacional per cápita[6].
En los ajustes que generalmente se recomiendan para equilibrar las cuentas nacionales y reducir el déficit fiscal, nunca he visto una contracción ni tan siquiera parecida. Una disminución tan severa y violenta de los derechos económicos y sociales de la población, al cancelar proyectos e inversiones destinados a sostener un nivel mínimo de condiciones de vida. Un gasto tan bajo está lejos de garantizar esas exiguas condiciones de bienestar, e imposibilita el desarrollo sostenible.
A los recortes presupuestarios les ha seguido una serie de “flexibilizaciones” a las muy duras leyes y normativas que impone el Ejecutivo en contra del libre desarrollo social, económico y productivo de la población. Dicha relajación parcial ha sido positiva para la nación, pero en muchos casos es completamente insuficiente o está orientada por las vías que conducen a una mayor opacidad en el manejo estatal.
En octubre de 2020, luego de permitir la circulación de divisas como medios de pagos corrientes y de dejar de aplicar la funesta “Ley de Precios Justos”, la supraconstitucional Asamblea Nacional Constituyente aprobó la denominada “Ley Antibloqueo”, ella permite la transferencia, concesión o venta de activos de la República a inversionistas privados.
La polémica ley abre la puerta a la privatización de activos estatales, que ya se ha venido haciendo con: Abastos Bicentenarios y la red de expendio de alimentos: MERCAL y PDVAL[7]. En la ley no se contempla un reglamento con respecto al proceso legal de liquidación de activos; no hay una normativa que regule las formas con las cuales proceder: licitación, concurso, subasta pública, entre otras[8].
La otra estrella de las reformas gubernamentales son las: Zonas Económicas Especiales (ZEE), suerte de espacio geográfico ultra ventajoso para la inversión, para la elusión de impuestos y el incumplimiento de normativas ambientales y laborales. Las ZEE han fracasado en muchos países[9], por lo general se enfrentan a problemas de escasez de recursos, infraestructura y fuerza de trabajo capacitada. La crisis eléctrica venezolana, la carestía de agua potable, la caída en la distribución de gas y de combustibles se erige como un gran obstáculo para la instalación de las ZEE[10].
Las ZEE son la continuidad del modelo de acumulación de capital “bodegonero”, concentrado en elites alejadas de las necesidades de desarrollo más importantes para la nación[11]. Las ZEE parecen estar en la dirección opuestas a las necesidades de desarrollo nacional que tiendan a garantizar los derechos económicos y sociales, a través de un crecimiento económico realmente inclusivo.
Por todo lo anteriormente escrito, se puede considerar que la propuesta del “capitalismo bodegonero”, como fase superior del híper rentismo bolivariano, parece tener un techo muy bajo, es decir, muy poca capacidad de impulso al desarrollo a través de un proceso de crecimiento enfocado en la expansión de la subjetividad productiva del trabajador.
Así las cosas, el explosivo crecimiento económico que requiere la nación, parece ser imposible bajo las trabas que las políticas económicas estatales imponen. Hace falta un cambio muy drástico en este sendero.
*Economista y director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO), en Caracas.
