Puerto Rico: maestros preparan alegatos contra la Ley de Retiro
Mientras el gobernador Alejandro García Padilla parece tomarse tiempo en reaccionar a la propuesta que le presentó la Comisión de Diálogo y Negociación sobre el Retiro de Maestros (conocida como Comité de Diálogo), el magisterio trabaja en los argumentos que presentarán al Tribunal Supremo para rebatir el informe del comisionado especial, juez Ángel Pagán Ocasio, además de prepararse para presionar por cambios a la ley en la Legislatura.
El portavoz del Frente Amplio del Magisterio, Emilio Nieves, afirmó en entrevista que no ha habido una declaración oficial del Gobernador respecto a la propuesta entregada por el Comité de Diálogo como tampoco hay un acuerdo, ni espacio de tiempo para ello. Sí dijo que todos los miembros del Comité entienden que el proceso debe provocar algún resultado. Ésta es la postura incluso del secretario de Estado, David Bernier, quien es miembro del Comité. En el Comité participan además Vance Thomas, secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, el alcalde de Vega Baja, Aníbal Vega Borges, el abogado laboral Alejandro Torres Rivera, el Monseñor Roberto González Nieves, el Reverendo Ángel Luís Rivera Agosto, y en representación del magisterio los profesores Aida Luz Díaz, Jorge Soto, Domingo Madera, Justina Ocasio, María Elena Lara y Eva Ayala, además de Nieves.
Según Nieves, el informe del juez Pagán Ocasio es el mismo discurso del gobierno que ya ha sido discutido por demás. “Me refiero a que dice que hay una crisis en el Sistema de Retiro de Maestros. En eso estamos todos de acuerdo, que supuestamente se queda sin fondos a partir del 2020 a partir de los activos que tiene el sistema”.
Destacó que el debate no es si el sistema está o no en crisis, sino cómo se atiende ese déficit. En ese aspecto acusó que el juez no hizo un análisis amplio ni profundo. En su lugar, lo que hizo fue validar el discurso del gobierno sin entrar en el análisis de las razones por las cuales los maestros demandaron al gobierno para que se declare inconstitucional la ley del retiro de maestros (Ley 160) sobre las bases del menoscabo de las pensiones y la manera unilateral en que el gobierno terminó con el contrato social que tenía con los maestros.
“Nosotros no decimos que no hay crisis, hay crisis. Por eso presentamos propuestas. El juez tampoco hace un análisis económico para evaluar si las propuestas que hacen los maestros el gobierno las consideró, si las consideró en parte, por qué las consideró en parte, por qué descartó algunas otras, por qué no hizo un análisis más adecuado, por qué no se consideraron las propuestas incluso en el proceso legislativo. Porque la inconstitucionalidad no es sólo que el Gobernador lo firme, es un proceso que empieza en la Legislatura y si se declara inconstitucional lo que hizo la Legislatura y la firma del ejecutivo. Por lo tanto, en el proceso los maestros con nuestras demandas estamos demostrando que el Legislativo tampoco cumplió con el proceso de atender las propuestas y alternativas que el magisterio planteaba para atender el déficit operacional del SRM”, manifestó el portavoz de los maestros.
Ante el hecho de que las casas acreditadoras degradaron el crédito del país, –una de las razones por las que el Gobernador y las casas acreditadoras afirmbana que la reforma no se debía revertir– Nieves enfatizó que ese argumento se fue al piso y que la degradación es evidencia clara y contundente de que la reforma del SRM que hizo el gobierno no resuelve el problema del déficit. La casa acreditadora Moodys, específicamente dio a entender que la ley 160 no atiende el problema del déficit, por no dar garantías sobre los ingresos y lo que hay que pagarle a los pensionados.
“Cuando plantean eso le están diciendo al Gobierno ustedes aprobaron una ley que no resuelve el problema, la misma conclusión a la que llegó el Comité de Diálogo de que la ley 160 no resuelve el problema de déficit. Ese mismo planteamiento es el que recoge Moodys”, reiteró.
En este proceso Nieves atribuyó que la decisión del TS de concederle 10 días a los grupos magisteriales –la Asociación de Maestros y Educamos- para que respondan al informe del juez Pagán Ocasio evidencia que éste no hizo el análisis completo que se le pidió. Nieves se expresó confiado en que en su contestación el magisterio va a demostrar que el Juez no hizo el análisis sobre el menoscabo, y las implicaciones e impacto que la ley 160 tiene en los maestros y en el sistema educativo. “Por eso las declaraciones juradas de cerca de 40 maestros que tiene que evaluar el Tribunal Supremo, pues son base para ilustrar al juez Pagán Ocasio que no las utilizó. ¿Cuál es el efecto que tiene que miles de maestros tengan que renunciar o retirarse sin completar sus años de servicio, afectando al servicio educativo porque son maestros que tienen experiencia, por un lado, y por otro lado tienen una gran preparación con maestrías que privan al estudiante de esa calidad de maestros?”.
Las organizaciones tienen hasta el viernes 21 de febrero para contestar el informe del juez Pagán Ocasio y el 3 de marzo se espera que cada parte presente sus alegatos finales ante el TS.
Las propuestas del magisterio
El Informe Final que el CD entregó al Primer Ejecutivo contiene 10 recomendaciones para atender el problema del déficit. En primera instancia, Nieves destacó que el déficit operacional del SRM, según datos del mismo Gobierno, es de $322 millones. El CD hizo un cálculo para allegar unos $372 millones, como mínimo, y $403 millones, como máximo, para atender el déficit.
Reveló que en términos de los ingresos, el Comité identificó que una de las propuestas más viables es la imposición de una contribución de 15% a los premios de los juegos de azar. Esta medida puede generar unos $172 millones anuales. Explicó que datos de la Compañía de Turismo (CT) revelan que en Puerto Rico los juegos de azar generan $5.2 billones anuales. De ese dinero, $1.8 billones se va en premios.
Nieves fue enfático al plantear que ahora mismo en Puerto Rico ese renglón no paga impuestos y la gente gana y se lleva el dinero, mientras que en prácticamente todos los países, los premios de los juegos de azar pagan impuestos, incluso en estados de Estados Unidos. Reveló además que desde el 2004 hay un reglamento de Rentas Internas de Puerto Rico que establece que a los extranjeros no residentes se le descuente un 29% del premio y eso no se ha implantado.
“Estamos hablando de 15%, un número bastante conservador. Las propuestas generan fondos en los próximos tres años porque dentro de la propuesta está que a partir del 2017 se le imponga a las compañías foráneas no 1%, sino 0.75%. Eso solo generaría $330 millones. O sea, que todavía con esa medida solamente es suficiente para atender el déficit operacional del sistema de retiro”, insistió el líder magisterial.
En cuanto al impuesto a las foráneas, reclamó que entendían que es una variante a lo que alega el Gobierno de que no le puede cambiar las reglas a las empresas foráneas y que ya en el contexto de la degradación todo es válido.
Nieves reclamó: “Cuando terminamos de identificar las propuestas y totalizamos una cantidad que supera el déficit, la conclusión lógica inmediata es que la ley 160 no hace falta. Por eso, en las conclusiones del documento, al final se plantea que dado esos ingresos que se pudieron identificar se puede concluir que la pensión del maestro pueda volver a ser un 75%. Para todas las partes ese dato es importante porque lo que plantea es que se puede volver a la ley 91”.
Sobre el conjunto de las propuestas, resaltó que éstas son importantes porque ya no se trata de propuestas de los maestros, sino de un comité en el cual participaron representantes del Gobierno, que aunque reconoció que no lo negociaron de forma final, en el proceso descubrieron que fue un ejercicio válido, correcto e incluso en dos ocasiones en que se discutió estuvo presente el asesor de Fortaleza, Fernando Oronoz.
Entregada la propuesta, y mientras transcurre el proceso en el TS, Nieves anunció que los próximos pasos del magisterio serán generar presión en la Legislatura para provocar una nueva discusión de la ley. “Los que mayor resistencia han demostrado son los que menos evaluaron la ley 160. El Comité de Diálogo en diez días le pudo demostrar al país que el proceso de vistas públicas, que no se nos permitió tener, de eso se trata las vistas públicas un ejercicio para identificar alternativas económicas, era lo que tenía que hacerse y la Legislatura se opuso a eso”. Denunció que la Legislatura hizo vistas públicas por un mes para un llamado “plan de educación decenal”, pero se resistió a celebrar vistas públicas para un asunto tan importante como la pensión de retiro de las y los maestros.
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