A 20 años de la Masacre de Avellaneda: masivo reclamo para que se condene a los responsables políticos
Por Maxi y Darío: “condena a los responsables políticos y autores intelectuales”
Organizaciones sociales y de derechos humanos, partidos de izquierda y familiares y amigos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, realizaron este domingo una nueva manifestación pública para exigir que se condene a «los responsables políticos y autores intelectuales» de la llamada «Masacre de Avellaneda», ocurrida hace 20 años.
La marcha se realizó desde la estación de trenes de Avellaneda al Puente Pueyrredón, que une ese partido del conurbano con la ciudad de Buenos Aires, en conmemoración de los asesinatos de los jóvenes militantes populares hace dos décadas, el 26 de junio de 2002, a manos de la Policía Bonaerense, en medio las protestas por la crisis social.
En ese lugar hubo un acto donde se leyó una declaración común de los convocantes y luego hablaron Leo y Alberto Santillán, hermano y papá de Darío, y Vanina Kosteki, hermana de Maximiliano.
Todos recordaron la solidaridad y el compromiso social y político de ambos y hubo críticas y señalamientos para Eduardo Duhalde, presidente de la Nación en ese momento, y Felipe Solá, quien era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Antes hubo una vigilia en el Puente Pueyrredón a la espera del acto principal por los 20 años de la «Masacre de Avellaneda».
Durante la mañana, militantes de distintas organizaciones políticas cortaron los dos accesos del Puente Pueyrredón hacia Capital desde Avellaneda: las avenidas Hipólito Yrigoyen y Bartolomé Mitre.
El sábado hubo actividades que incluyeron la tradicional Marcha de Antorchas desde la ex estación Avellaneda, que lleva desde 2013 el nombre de los dos jóvenes asesinados, y culminaron con la vigilia popular.
El documentalista Patricio Escobar proyectó un cortometraje que funciona como adelanto de la segunda entrega de «La crisis causó 2 nuevas muertes», filme que analiza el rol que los medios de comunicación tuvieron en aquella jornada.
«El asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fue una operación represiva preparada por el Consejo de Seguridad de un gabinete de unidad nacional que integraban peronistas y radicales», denunció el dirigente de izquierda Néstor Pitrola a través de un comunicado.
El 26 de junio de 2002 Kosteki y Santillán fueron asesinados en las inmediaciones y en el hall de la estación Avellaneda del Ferrocarril Roca, tras una brutal represión en las que las fuerzas de seguridad dispararon balas de plomo contra quienes habían salido a las calles a reclamar por «trabajo digno, alimentos y planes de trabajo», en el contexto de la crisis económica y social de entonces.
Los exmiembros de la Policía bonaerense Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta, autores materiales de esos asesinatos, fueron condenados en diciembre de 2005 a penas de prisión perpetua.
Kosteki y Santillán: La parálisis de la causa sobre las responsabilidades políticas
El comisario Alfredo Fanchiotti, condenado a prisión perpetua por los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y otros siete intentos de homicidio, estuvo pidiendo acceder a salidas transitorias para ir a ver las abejas porque -dijo- está estudiando apicultura. También solicitó el beneficio de la libertad condicional. La justicia se los denegó, tanto en primera instancia como con un fallo de la Cámara de Apelaciones. Para tomar esta decisión, el juzgado consultó a los querellantes –los heridos en la masacre de Avellaneda y los familiares de Kosteki y Santillán–, que se opusieron. También se opuso la fiscal del caso, Paula Martínez Castro, que señaló que “transcurridos 20 años, parecería que (Fanchiotti) no ha logrado conmoverse subjetivamente ni interpelar su accionar”.
Sobre la represión en la que él con su grupo de policías de la Bonaerense, además de matar a Kosteki y Santillán, hirieron con balas de plomo a 33 personas, Fanchiotti sigue diciendo lo mismo: que “debía resguardar el orden público”. Es la misma definición que pronunció recientemente el expresidente Eduardo Duhalde, entrevistado para el documental Diciembre, en el que admitió que él dio la orden de que los piqueteros que manifestaban en el Puente Pueyrredón no entraran a la Capital Federal. “Dí la orden de que no pasaran”, sostuvo. Y agregó: “La gente no puede hacer lo que quiera”.
La represión en la que fueron asesinados Kosteki y Santillán tuvo una preparación desde el Estado que no está oculta: en los días previos a la marcha piquetera, la SIDE le filtró a los medios hegemónicos un informe de inteligencia en el que aseguraba que los manifestantes iban a derrocar la presidencia de Duhalde, una acusación delirante.
Duhalde coordinó con el gobernador bonaerense Felipe Solá un operativo que reunió a la Policía Federal, la Bonaerense, la Gendarmería y la Prefectura, para impedir que la marcha cruzara el puente Pueyrredón y llegara a manifestar en la Plaza de Mayo. Sus funcionarios más cercanos le dieron títulos paranoicos a la prensa: el jefe de Gabinete, Alfredo Atanassof, dijo por ejemplo que si los piqueteros cercaban la Capital el Gobierno lo tomaría “como una declaración de guerra”; el secretario de Seguridad Juan José Álvarez advirtió que no iban a permitir “que se incomunique a la ciudad de Buenos Aires con los cortes de todos sus accesos”. El canciller Carlos Ruckauf aseguró que “tanto la Policía como la Gendarmería podrían verse ‘desbordadas’ por la emergencia social, con lo cual “las Fuerzas Armadas tendrán un rol a cumplir”.
El operativo policial puso sobre el Puente a 350 efectivos, pero además actuó personal de civil. Iniciada la represión, la policía persiguió a los manifestantes durante una hora, disparándoles. La versión que se intentó instalar desde el poder es que los piqueteros se habían matado “entre ellos”. No sólo lo dijeron fuentes policiales: el gobernador Felipe Solá se lo aseguró ese mismo mediodía a Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora, que lo llamó para pedirle explicaciones.
Todos estos elementos fueron presentados, luego de la condena contra Fanchiotti y sus policías, en una denuncia para que se investiguen las responsabilidades políticas. El expediente, a cargo del juez federal Ariel Lijo, nunca avanzó. Incluso fue archivado, aunque luego logró ser reabierto por los familiares de Santillán y Kosteki. La causa sigue abierta y es mantenida en actividad, básicamente, por las presentaciones que realizan los querellantes.
