Ecuador | Organizaciones sociales piden no criminalizar a líderes indígenas y garantizar derecho a la protesta
Carta: Proteger el derecho de los pueblos indígenas a la protesta
Las organizaciones de la sociedad civil firmantes pedimos con urgencia al Estado Ecuatoriano, particularmente a las instituciones de justicia, que garanticen el debido proceso y no usen de manera abusiva el derecho penal para perseguir y desalentar la labor de líderes del movimiento indígena que hoy está criminalizado por ejercer su legítimo derecho a la protesta.
Asimismo, al Presidente Guillermo Lasso y a la Fuerza Pública, les exhortamos a que respeten la movilización y el derecho a la protesta social, no hagan uso indebido de la fuerza y garanticen la independencia judicial para respetar el ejercicio de derechos a los manifestantes, y a líderes/as indígenas y defensores/as de derechos humanos, y que puedan desempeñar sus funciones tan importantes en un estado democrático y de derechos.
Esta movilización nacional en Ecuador inició el lunes 13 de junio de 2022, y fue convocada por la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y diversas organizaciones indígenas y sociales.
La movilización está motivada por la imposición de políticas neoliberales del gobierno que ha llevado a la exacerbación de la pobreza, la disminución del presupuesto general del Estado en Salud y Educación y la reducción de políticas sociales de igualdad social, el incremento de la inseguridad y la violencia en varias zonas del país, la imposición agresiva de políticas y actividades extractivas (minería y petróleo), la vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes; y en general, por la falta de garantías para el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales de la población.
Desde el inicio de esta movilización nacional, la respuesta estatal ha sido la de estigmatizar, reprimir y criminalizar la protesta en diversos puntos del país, fruto de lo cual se han dado múltiples hechos de persecución, uso abusivo y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado y privación de libertad contra dirigentes y manifestantes.
El 14 de junio de 2022, el presidente de CONAIE y líder del Movimiento Indígena ecuatoriano, Leonidas Iza Salazar, fue detenido arbitrariamente y privado de libertad por miembros de Fuerzas Armadas del Ecuador y agentes de la Policía Nacional, durante 24 horas, durante las cuales permaneció en aislamiento por más de 15 horas, desaparecido gran parte de ellas; incomunicado de su familia y abogados, retenido en instalaciones policiales o militares y sin haber sido informado de las razones de su detención.
Pese a estas vulneraciones a sus derechos, una Jueza declaró la legalidad de su detención y se inició un proceso penal contra él por supuesta paralización de servicio público; en un claro ejemplo de criminalización y de intento de aplastar el ejercicio del derecho universal a la protesta social encarnado en el líder del Movimiento indígena.
El futuro legal de Iza sigue siendo incierto mientras espera la audiencia del 4 de julio donde los jueces determinarán su presunta responsabilidad en los actos por los que se le investiga.
Es una gran preocupación que, con el ánimo de silenciar al líder indigena y desalentar al Movimiento Indígena, se abuse del derecho y se condene al Sr. Iza. Por ello hacemos un enfático llamado al Consejo Nacional de la Judicatura y Fiscalía General para que se garantice el debido proceso y especialmente para que se proteja el derecho constitucional a la protesta. La criminalización de la protesta social viola los derechos de las comunidades indígenas que intentan resistir la precarización de las condiciones de vida,
el desempleo y las actividades extractivas que amenazan su salud, territorios y formas de vida.
El tratamiento que dé el actual gobierno del Ecuador a la protesta social en curso y la resolución del caso judicial contra Leonidas Iza enviarán un claro mensaje a los territorios, al país y al mundo de si Ecuador es un país en el que se reprimen los derechos de los pueblos indígenas y del movimiento social o existe independencia judicial y se respetan sus derechos para exigir políticas más justas e inclusivas que aseguren el bienestar de su gente y sus territorios.
Firmantes a partir del 22 de junio de 2022:
Organizaciones denuncian 44 violaciones a DD.HH.; Policía realizó balance de manifestaciones
Este miércoles 22 de junio del 2022 se cumplieron 10 días de paro nacional y la Policía realizó un nuevo balance de lo ocurrido durante las manifestaciones contra el gobierno de Guillermo Lasso.
El comandante general de Policía, Fausto Salinas, indicó que durante las jornadas de protestas se han producido 2 741 eventos de alteración pública, a escala nacional.
Además, desde el 13 al 22 de junio del 2022, 28 policías han sido retenidos por los manifestantes. Dos faltaban por ser rescatados pero ya fueron entregados por las comunidades indígenas.
También 114 gendarmes han resultado heridos y se han detenido a 106 personas. La mayoría fue aprehendido por tenencia de armas de fuego, ataque y resistencia, paralización de servicios públicos.
Por ejemplo, este 22 de junio del 2022, se capturaron a dos personas dentro del parque El Ejido, en Quito. Ambos individuos son señalados como presuntos responsables de realizar detonaciones con explosivos en contra de uniformados.
En relación con los daños materiales, un Distrito de Policía fue destruido. Esto ocurrió la noche del 21 de junio en Puyo, Pastaza. Un grupo de personas incineró ese recinto.
Otras cuatro Unidades de Policía Comunitarias también se destruyeron en esa provincia. 39 patrulleros sufrieron daños materiales y 10 más fueron destruidos. 14 motocicletas también fueron atacadas y tres radios de comunicación se extraviaron.
Tras realizar una revisión en las unidades policiales del Puyo se comprobó que están extraviadas armas de fuego de dotación de la Policía. Actualmente se verifica el número exacto.
Postura de organizaciones de derechos humanos
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, en cambio, denunció “graves violaciones de derechos humanos cometidos por agentes estatales durante el paro”.
Según un informe estadístico de la Alianza, hasta el momento se habrían cometido 44 presuntas violaciones a los derechos humanos. Además, de la muerte de dos personas “en contexto de represión”.
También hay 74 manifestantes heridos, tres de ellos están en estado crítico, cinco tienen lesiones oculares y una tiene una amputación parcial de un brazo.
Conaie pide que cese la represión, se derogue el estado de excepción y que existan veedores para dialogar con el Gobierno
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) frente al llamado del Gobierno al diálogo solicitó el cese a la criminalización de la protesta, se derogue el estado de excepción y se atiendan los 10 puntos de la agenda, entre otros aspectos.
En seis puntos, dirigidos a la ciudadanía nacional e internacional, la dirigencia indígena condicionó el diálogo público insistiendo en que se respeten los derechos más básicos para una supervivencia con dignidad.
En el primer punto precisó la voluntad al diálogo siempre que existan las condiciones de buena fe y garantías para su realización.
En el segundo mencionó que durante un año ha entregado al Gobierno las demandas y que a pesar de los acercamientos se ha insistido en una narrativa racista que se ha replicado en los medios públicos.
En el tercer punto, la Conaie insistió en la dotación de medicinas, la atención a la infraestructura educativa, al desempleo, al alto costo de la vida, al precio de los combustibles que repercute en una economía inalcanzable para la mayoría de los ecuatorianos, la inseguridad, el extractivismo violando el derecho a la vida, al consentimiento previo de los pueblos indígenas, así como a los 21 derechos colectivos.
Como cuarto punto, la organización indígena exhortó al Gobierno que escuche al pueblo, luego que impone el neoliberalismo y cumple la agenda del Fondo Monetario Internacional (FMI) de una manera “ciega” que golpea a la población con las medidas de ajuste.
En quinto punto, los indígenas precisaron que cese la represión para sentarse a dialogar. Este aspecto fue complementado con el sexto que señala que se derogue el estado de excepción y se dé nuevas garantías de no imponer nuevos decretos en el marco del actual paro nacional, así como se frene el ataque a las zonas de paz y se cumplan los 10 puntos de la agenda.
Consideraron que el diálogo que proponen es frontal y directo por lo que no necesitan mediadores ni intermediarios, pero sí veeduría de colectivos, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
🔴 #ATENCIÓN | Mediante un comunicado, @CONAIE_Ecuador, @FEINE_EC, @FENOCIN_EC y organizaciones sociales solicitan que se derogue el estado de excepción y se brinde garantías de no imponer nuevos decretos en el marco del #ParoNacional, para llevar a cabo un proceso de diálogo.⬇ pic.twitter.com/KmiOMtXrt0
— Radio Pichincha (@radio_pichincha) June 22, 2022
Presidente Guillermo Lasso dio positivo para COVID-19
La Secretaría General de Comunicación dio a conocer que el presidente Guillermo Lasso dio positivo para la enfermedad del COVID-19.
Se detalló que el mandatario se encuentra trabajando desde el Palacio de Carondelet y que no presenta síntomas ya que se encuentra vacunado con tres dosis (la dosis de refuerzo colocada en diciembre pasado). Además se añadió que cumplirá con los protocolos médicos correspondientes.
En los últimos días, el mandatario había confirmado su presencia al diálogo, que aún no tiene fecha, con la dirigencia indígena para poder levantar las restricciones generadas durante el paro nacional. Aún el Gobierno no ha indicado quiénes acudirán en caso de concretarse la reunión con la Conaie.
La tarde de este miércoles, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dio por recibida la carta de respuesta que envió la dirigencia indígena sobre el proceso de diálogo.
En la última semana, el mandatario ha compartido imágenes de reuniones con el vicepresidente Alfredo Borrero, representantes del sector de la producción de alimentos, entre otros actos.
