Comité de la ONU aprueba la 40° resolución sobre libre determinación e independencia de la isla
Por Maricarmen Rivera Sánchez
El Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó unánimemente una nueva resolución para reconocer que Puerto Rico tiene derecho a la libre determinación y la independencia.
Luego de la tradicional vista anual en la sede de la ONU en Nueva York ayer, el comité escuchó y aprobó la resolución que llegó tras las ponencias de unas 46 personas que llegaron allí, en su mayoría para abogar para que Puerto Rico sea incluido en la lista de colonias de la ONU.
Esta resolución es la número 40 aprobada con fines similares y marca los 50 años desde aquella primera declaración en la que se aprobó endosar la descolonización de Puerto Rico.
El primero en deponer fue el expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas, Eduardo Villanueva, quien habló a nombre de la organización y pidió reconocer que el borrador de proyecto de estatus que podría ser radicado en el Congreso “viola el derecho a la autodeterminación” por contar con una ruta autoejecutable a la estadidad.
El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, manifestó, por su parte, que “el pueblo de Puerto Rico tiene el derecho inalienable a la libre determinación e independencia y los Estados Unidos tienen el deber de descargar su responsabilidad descolonizadora con respecto a Puerto Rico”.
‘No’ a subordinación política
“Estados Unidos insiste en mantener a Puerto Rico en una condición de subordinación política. Las decisiones fundamentales las toman sus tres ramas de gobierno. Ello constituye una violación a los derechos humanos y, por lo tanto, debe ser tarea impostergable resolverlo. Para colmo, las consecuencias económicas del colonialismo son graves”, dijo Dalmau.
Los dos estadistas en puestos electivos que acudieron ante el comité de la ONU fueron el representante novoprogresista José Enrique “Quiquito” Meléndez y el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien acudió como delegado congresional.
Fueron varias las personas que comparecieron como “delegados extendidos” de la referida delegación congresional e incluso otros que utilizaron la ponencia para defender la gobernación de Rosselló Nevares, quien renunció a su puesto en el verano de 2019 en medio de un escándalo y de protestas masivas. Su esposa y ex primera dama, Beatriz Rosselló, también compareció a favor de la estadidad para la Isla.
Rosselló recordó cuando compareció ante la ONU hace nueve años pidiendo atender la situación de Puerto Rico.
“Era idealista y estaba lleno de ilusión de que tomarían en serio la petición de eliminar el colonialismo. Ahora estoy con la delegación extendida. Un poco mayor, con algunas cicatrices y un poco menos idealista”, sostuvo el exmandatario.
“Pueden escoger respaldar una opción que nunca ha tenido el 10% del favor o aceptar la decisión de la gente de Puerto Rico. Pueden hacer que esto signifique algo por fin. La selección es suya. Mi solicitud es que respalden el proyecto (de estatus) del Congreso y, más importante, que lleven al Congreso a actuar en esta pequeña ventana de oportunidad. Yo respaldo la estadidad, pero, sobre todo, respaldo la democracia”, puntualizó Rosselló Nevares.
En varias instancias salió a relucir el hecho de que, mientras se da esta vista en la ONU, en la capital federal se discute un borrador de proyecto que –de concretarse– llevaría a la celebración de un plebiscito de estatus con aval del Congreso entre las opciones de independencia, estadidad y libre asociación.
La medida deja fuera la opción del Estado Libre Asociado (ELA).
Respaldo unánime
La resolución aprobada unánimemente fue endosada por países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Rusia. En la misma, se resalta el hecho de que este año se cumplen los 50 años de la primera resolución aprobada en la ONU a favor de la descolonización de Puerto Rico y los 124 años de la invasión de Estados Unidos a la Isla. El documento menciona los problemas económicos del País, enmarcados en el huracán María, los terremotos y la pandemia de covid-19, así como la imposición de la Junta de Control Fiscal.
Habla de que “el estatus actual impide al pueblo tomar decisiones soberanas para atender sus necesidades y definir su futuro”. Menciona la deuda pública y recuerda decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos en las que se aclara que los poderes de la Isla residen en el Congreso estadounidense.
“Se toma nota de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, de conformidad con una consulta legal del Departamento de Justicia (federal), resolvió en el caso de Puerto Rico versus Sánchez Valle que la fuente original y última de la voluntad de Puerto Rico es el Congreso, dejando en evidencia que cualquier concesión del gobierno puede ser revocada”, reza la resolución aprobada.
Sobre la pena de muerte
En la audiencia salieron a relucir lo que para algunos deponentes son las consecuencias de un estatus colonial. Mádelin Colón Pérez, coordinadora de la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte, resaltó que en la Isla se puede imponer la pena capital a través de una sentencia en el Tribunal Federal, a pesar de ser anticonstitucional en Puerto Rico.
“Por años este tribunal (el Tribunal Federal) ha tratado de imponer esto en Puerto Rico con más insistencia y perseverancia que ninguna jurisdicción. No han obtenido ningún jurado dispuesto a imponerla. Puerto Rico es una nación hispanoparlante. Los acusados de pena de muerte que tienen que defenderse, tienen que hacerlo en inglés. La mayoría de la población no habla ni entiende inglés, lo que limita la participación de un jurado de pares”, afirmó la letrada.
“Esta ponencia no intenta poner criterio sobre países soberanos. A ninguna otra nación se le impone la pena de muerte por parte de un país extranjero y eso está relacionado con el tema de la autodeterminación”, recalcó Colón Pérez.
